Tras dos años de trabajo, y con el objetivo de ser debatido por los ministros de Finanzas del G20 en su reunión del 8 de octubre 2015, la OCDE ha presentado el paquete definitivo de medidas para llevar a cabo una reforma “integral, coherente y coordinada” de la normativa tributaria internacional que acabe con los abusos fiscales de ciertas empresas.

El Proyecto OCDE/G20 de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en inglés) dota a los distintos Estados de soluciones para limitar los vacíos normativos existentes a nivel internacional que permiten que los beneficios de las empresas desaparezcan o sean trasladados artificialmente hacia jurisdicciones de baja o nula tributación, en las que se desarrolla una escasa o inexistente actividad económica.

Las estimaciones indican que estas prácticas se traducen en unas pérdidas globales de recaudación en el ámbito del impuesto de sociedades de entre el 4% y el 10%, un porcentaje que representa entre 100 y 240 mil millones de dólares al año. En el caso de los países en vías de desarrollo el impacto potencial es mayor si se tiene en cuenta que su dependencia en la recaudación por este impuesto es generalmente más alta.

El paquete definitivo de medidas BEPS incluye nuevos estándares mínimos que establecen requisitos sobre los informes país por país (country by country reporting) que, por primera vez, brindarán a las administraciones tributarias una visión global de las operaciones de las empresas multinacionales; la prevención del abuso de los tratados, lo que se conoce como “treaty shopping”, para erradicar el uso de sociedades “canalizadoras de inversiones” (tipo conduit); la limitación de las prácticas tributarias perniciosas, principalmente en el ámbito de la propiedad intelectual y mediante el intercambio automático de ciertos acuerdos entre la administración y el contribuyente (tax rulings); y, por último, procedimientos de acuerdo mutuo efectivos, con el fin de garantizar que la lucha contra la doble no imposición no genere situaciones de doble imposición.

Además, el paquete BEPS analiza, por un lado, las directrices relativas a la aplicación de las normas de precios de transferencia encaminadas a impedir que los contribuyentes recurran a ciertas entidades, como son las denominadas cash boxes, establecidas en países de baja o nula tributación, que sirven para evitar impuestos sobre sus beneficios y, por otro, redefine el concepto clave de “establecimiento permanente” para poner fin al uso de acuerdos que impiden determinar la existencia de una presencia fiscalmente imponible en un determinado país por remitirse a una definición obsoleta.

Los Estados deberán implementar estas medidas a partir de modificaciones de derecho interno, teniendo en cuenta, además, que en este momento cerca de 90 países trabajan conjuntamente en el desarrollo de un instrumento multilateral capaz de incorporar las medidas del paquete BEPS a la red de convenios bilaterales en vigor. Este instrumento podrá suscribirse en 2016.

El próximo paso será presentar las medidas ante los líderes del G20, con ocasión de la cumbre anual que tendrá lugar los días 15 y 16 de noviembre 2015 en Antalya (Turquía). En la agenda, entre otras cuestiones, se incluirá el diseño y la puesta en marcha de un marco inclusivo para la monitorización de BEPS, así como el apoyo en la implementación del paquete definitivo.