Finalmente los inspectores de hacienda no podrán investigar ni denunciar los rastros de posibles delitos de blanqueo de dinero de quiénes se hayan acogido a la Ley de Amnistía fiscal que ha puesto en marcha el ejecutivo español este ejercicio.
Según recoge la prensa, el Servicio contra el Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) ha sido incapaz de hacer valer su teoría inicial que exponía que este organismo se rige por normas penales que el gobierno no había modificado y por directivas europea. De esta forma desde el SEPBLAC consideraban que los delitos de blanqueo de capitales quedarían exentos de la amnistía, pero no ha sido así.
De acuerdo con algunos medios de comunicación, los inspectores de hacienda que han intentado perseguir a aquellos sobre los que existe indicios de delito se encuentran con que el sistema informático les impide trasladar la información al SEPBLAC, que sería el que, finalmente, se encargaría de esta investigación.
Curiosamente esta “incapacidad” informática coincide con la respuesta que la Agencia Tributaria (AT) dio a un grupo de grandes bufetes de abogados que expresaron sus reticencias de recomendar acogerse a la amnistía a sus clientes. De acuerdo con las mismas fuentes que citan estos medios, la AT aseguró que no se traspasaría ningún tipo de información al SEPBLAC, lo que impediría la persecución.
El Ministerio de Hacienda que dirige Cristobal Montoro apostó fuerte por esta medida con el objetivo de conseguir una recaudación de 2.500 millones de euros, por lo que necesitaba el apoyo de abogados y asesores fiscales para que los interesados declarasen el dinero al Estado.

Fuente: Vozpopuli