«Vastas sumas de dinero, que podrían usarse para mejorar la vida de la gente son depositadas en paraísos fiscales o perdidas debido a la corrupción». Con esta afirmación arranca el número correspondiente a septiembre de la revista del Fondo Monetario Internacional (FMI) dedicada a los rincones ocultos de la economía mundial.

Y es que si para algo ha servido la crisis económica del 2008 ha sido para rebajar el nivel de tolerancia de ciertas instancias hacia los paraísos fiscales. Hace una década su expansión no parecía tener freno por parte de los gobiernos hasta que dejaron de salirles las cuentas. Ahora, sin embargo, tras los ‘Papeles de Panamá’ y las filtraciones de Luxemburgo han pasado de percibirse como exóticas atracciones secundarias de la economía mundial reservadas a famosos adinerados y grandes entidades a verse como un grave peligro que perjudica en igual medida a las naciones remitentes de miles de millones de divisas y a las destinatarias de esos fondos.

Este es el nuevo enfoque en el que trabaja el FMI que sugiere que los flujos financieros atraídos a los paraísos fiscales no benefician a los países receptores sino a grupos de interés de esas jurisdicciones.

Se estima que el coste de los paraísos fiscales, medido como pérdida de recaudación del impuesto sobre sociedades, oscila entre los 500.000 a 600.000 millones de dólares anuales. De esa recaudación perdida, 200.000 millones corresponden a economías de bajo ingreso, con un impacto como porcentaje del PIB más fuerte que en las economías avanzadas. Todo un agujero si tenemos en cuenta que la asistencia para el desarrollo que reciben del exterior se cifra en 150.000 millones de euros.

A estas pérdidas habría que sumar lo que se deja de recaudar por el impuesto sobre la renta personal porque no pensemos que solo se benefician las empresas. Se cree que el montante económico que personas físicas tienen en paraísos fiscales podría ascender a 36 billones de dólares, lo que se traduce en unas pérdidas de 200.000 millones de dólares anuales.

Sin embargo, como señalan los expertos, el sistema offshore sigue creciendo y enquistándose con la connivencia de poderosos, multinacionales con cientos de subsidiarias en otros países e instituciones. El dinero continúa fugándose de los países pobres a los ricos. De ahí que las jurisdicciones ricas encabecen las listas de estos territorios offshore. Véase el ejemplo en que los tres primeros puestos del Índice de paraísos fiscales corporativos de la Red para la Justicia Fiscal corresponden a las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda y las Islas Caimán, territorios británicos de ultramar.

Como explica el analista Nicholas Shaxson «cuando una jurisdicción encuentra una laguna fiscal o diseña un mecanismo de secreto financiero que logra atraer dinero móvil, otros la copian o superan en una competencia nociva».

La presión de la OCDE

Este organismo que fija las normas sobre impuestos internacionales puso en marcha dos proyectos tras la crisis con los que intentar neutralizar los «fines nefastos» de los paraísos fiscales. Uno es el Estándar de intercambio automático de información entre países que ayuda a las autoridades fiscales a identificar los activos de contribuyentes en el exterior.

Y a pesar de algún vacío, como por ejemplo, que permitiría que personas con determinados pasaportes declaren ser residentes en un paraíso fiscal en vez del país en el que viven, según destaca Shaxson, los resultados de julio de 2019 estiman que 90 países habían compartido información sobre 47 millones de cuentas valoradas en 4,9 billones de euros, que los depósitos en paraísos fiscales se habían reducido en un 20%–25%, y que las declaraciones voluntarias previas a la implementación del estándar habían generado 95.000 millones de euros de recaudación tributaria adicional para miembros de la OCDE y del Grupo de los Veinte, que incluye a las principales economías de mercados emergentes.

El segundo proyecto fue el BEPS (erosión de la base imponible y traslado de ganancias) que, aunque parece que mejoró la transparencia de las multinacionales, la propia OCDE lo habría considerado «un fracaso» sobre todo en lo que se refiere a la economía digitalizada.