Con ocasión de la reunión de los ministros de finanzas del G-20 los días 9 y 10 de febrero en Estambul, la OCDE ha hecho una presentación previa de los últimos avances sobre el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), que ya ocupó también la agenda en la Cumbre de Brisbane, en Australia.

Estamos ante un proyecto que, en definitiva, trata de garantizar que las multinacionales tributen en aquellos países en los que están generando valor y luchar, así, contra la evasión fiscal de las grandes empresas desde un enfoque de cooperación internacional.

Durante la última ronda de trabajos, los países miembros de la OCDE y del G-20 han acordado tres elementos clave que permitirán su implementación y poder llegar así a la consecución de un conjunto único de normativas fiscales internacionales.

Entre estos elementos, el principal, que se inicien las negociaciones para el desarrollo de un instrumento multilateral para la implantación internacional de estas normas impositivas que ofrecerá a los países una sola herramienta para la actualización de sus sistemas de tratados fiscales, de una manera ágil.

Y es que hay que tener en cuenta que, una vez se ponga en marcha el Plan BEPS,  habrá que hacer modificaciones en más de 3.000 tratados fiscales bilaterales, en todo el mundo.

Además, ven necesario que exista un paquete de implementación, país por país, para la presentación de informes en 2016, así como criterios para evaluar si los regímenes de tratamiento preferencial para la propiedad intelectual son perjudiciales o no.

El proyecto BEP se estructura en 15 acciones que encierran un conjunto de recomendaciones para realizar cambios en normas fiscales unilaterales y bilaterales, que deberán abordarse a finales de 2015.

El pasado 16 de septiembre de 2014,  la OCDE publicó su primer informe en el que se recogen los avances de 7 de estas 15 acciones. Se centran en ayudar a los países a garantizar la coherencia de su fiscalidad empresarial a nivel internacional, así como a realinear los impuestos para recuperar los beneficios y evitar el abuso de los tratados fiscales.

Además de  garantizar que los resultados de la fijación de precios estén en línea con la creación de valor; mejorar la transparencia de las administraciones fiscales; hacer frente a los desafíos de la economía digital; facilitar la implementación del acuerdo para sustituir los tratados bilaterales; y, acabar con las prácticas fiscales dañinas.