El pleno del Parlamento Europeo en su sesión del 23 de octubre, ha votado a favor de las propuestas finales de la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero (CRIM), lo que supone el respaldo a un plan de acción comunitario para el periodo 2014-2019, en el que se plantean medidas para afrontar la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero.

Con 526 votos a favor, 25 en contra y 87 abstenciones, los eurodiputados piden la exclusión de los condenados por delincuencia organizada, blanqueo de dinero o corrupción de las listas de candidatos a las elecciones europeas y nacionales de los Estados miembros.

Además, la Eurocámara propone a los países que retiren de cargos políticos, directivos o administrativos a todas las personas culpables de estos delitos, al tiempo que reclaman una mayor transparencia en los presupuestos de los partidos y sanciones disuasorias en caso de violaciones de la ley de financiación.

Según Europol, en la actualidad existen 3.600 organizaciones criminales internacionales que operan dentro de la UE. De ellas, el 70% se compone de miembros procedentes de diferentes países.

Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que las actividades ilegales suponen el 3,6% del PIB mundial, mientras que la Comisión calcula que el daño causado por la corrupción en la UE asciende a 120.000 millones de euros al año, lo que equivale al 1,1% del PIB de los Estados miembros.

En este sentido, el ponente Salvatore Iacolino ha señalado durante el debate que estamos ante un problema que tiene “una dimensión mundial”. Así, esta resolución supone “una lista de acciones concretas para que se implementen durante el próximo periodo legislativo”.

Este plan de acción comunitario también destaca entre sus prioridades la confiscación de los activos financieros de las redes de delincuencia y el bloqueo de sus fuentes de ingresos.

Y con el doble objetivo de combatir los crímenes que afectan a los intereses financieros de la UE, así como de coordinar las investigaciones nacionales, los eurodiputados han reiterado su petición de crear una Fiscalía Europea. Esta oficina “debe estar equipada con los recursos humanos y financieros necesarios”, han subrayado.