La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), existente en casi todos los países de la Unión Europea, nació en octubre de 2015 como un instrumento de apoyo al Gobierno en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción a través de la gestión de los bienes procedentes del delito y la reversión de las ganancias obtenidas ilícitamente en proyectos de ayuda a las víctimas y de lucha contra el crimen.

Esta figura responde a la transposición de la Directiva Comunitaria sobre embargo y decomiso que demanda la utilización de herramientas útiles para que los jueces, tribunales y fiscales puedan ejecutar con eficacia estos embargos y decomisos.

Desde su creación y entrada en funcionamiento que ha sido gradual en materia operativa, la Oficina ha tramitado 563 expedientes, ha asumido la investigación de 140 personas y localizado 543 bienes (en su mayoría cuentas corrientes), ha ingresado casi 17 millones de euros y ha gestionado 442 bienes, a los que hay que sumar los 588 correspondientes a la actuación de choque. En el marco de esta actuación que pretende evitar los costes derivados del depósito de bienes carentes de valor, se han destruido 222 vehículos y 3 embarcaciones, con un ahorro de costes anuales de depósito de más de 152.000 euros.

Las investigaciones de la ORGA se inician con la encomienda de un juez o tribunal y, en su caso, del Ministerio Fiscal, con lo que supone de descarga de trabajo a los órganos judiciales que, hasta ahora, eran los responsables de localizar y administrar los bienes y efectos derivados del delito.

Durante 2016 entre las encomiendas de actuación recibidas se encuentra el transporte de una obra de arte desde Suiza en el marco de la Operación Púnica, el seguimiento de la venta internacional de unos inmuebles ubicados en Costa Rica, la gestión de unos contenedores con pescados incautados en Vietnam o de unos buques amarrados en Cabo Verde y Senegal.

La Oficina actúa, por tanto, como auxiliar sin contar con autonomía propia. Y teniendo en cuenta que los bienes se encuentran tanto en España como en el extranjero, su actividad requiere de la coordinación y colaboración con oficinas análogas de otros países.

Para ello dispone, entre otros medios, de efectivos adscritos de la policía judicial, convenios de colaboración con entidades para la consulta de datos procedentes de fuentes abiertas y de una creciente presencia en las redes y foros internacionales de recuperación de activos.