El Instituto de Basilea ha publicado su sexta edición del Índice AML, un ranking anual que analiza el riesgo global de 146 países y sus debilidades para combatir el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo.

España ocupa la octava posición con respecto al total de 28 países europeos medidos, con una puntuación general de 4.87 basada en la nueva evaluación del GAFI. A nivel global, es decir, entre los 146 países incluidos en el estudio, se sitúa en el puesto 114. Estos resultados son bastante similares a los del pasado ejercicio 2016 donde obtuvo un 4.94 y el puesto 109 del ranking.

Los diez países con mayor riesgo son Irán (8.6), Afganistán (8.38), Guinea-Bissau (8.35), Tayikistán (8.28), Laos (8.28), Mozambique (8.08), Malí (7.97), Uganda (7.95), Camboya (7.94) y Tanzania (7.89).
En el otro extremo de la tabla, Finlandia es el país que mejor puesto ocupa con 3.04 puntos, seguida por Lituania y Estonia.

Los países que más se deterioraron en sus puntuaciones en 2017 son Jamaica, Túnez, Hungría, Uzbekistán y Perú.

Con respecto al Índice de 2016, las mejoras más significativas las registran Sudán, Taiwán (China), Israel y Bangladesh.

Tal como señala esta institución, el Índice es hasta la fecha la única calificación de riesgo basada en la investigación de los países en este campo que emite un organismo independiente y sin ánimo de lucro.

Son 14 indicadores que evalúan cuestiones como la regulación y el cumplimiento normativo, la corrupción, las normas financieras o el papel que desempeñan los políticos y el poder judicial.
Con la combinación de todos los indicadores, que se agregan en una puntuación global de riesgo, se llega a una evaluación holística de elementos estructurales y funcionales en el marco ALD / CFT.

Además, el Instituto de Basilea precisa que dado que no existen datos cuantitativos fiables sobre el blanqueo de capitales, el Índice AML no mide la existencia real de este tipo de actividades o cantidad de dinero ilícito dentro de un país, sino que indica el nivel de riesgo y las vulnerabilidades del país.

Es una herramienta útil con fines comparativos no entre países sino para proporcionar un panorama general del nivel de riesgo de un país y servir como un sólido punto de partida para examinar el progreso a lo largo del tiempo.