La Comisión ha desarrollado un plan de acción para dar desde la UE una respuesta más efectiva a los problemas de la evasión y la elusión fiscales.

Esta medida se justifica en las enormes pérdidas que supone para la Unión Europea la existencia de paraísos fiscales. Así, según Algirdas Šemeta, Comisario de Fiscalidad, “cada año se pierde en la UE alrededor de un billón de euros por causa de la evasión y la elusión fiscales. Esto, señala,  “es una pérdida escandalosa de ingresos muy necesarios, además de una amenaza contra la equidad del sistema impositivo”.

Asimismo, el Comisario destaca la importancia de que exista una posición fuerte y coordinada en esta materia ya que “aunque los Estados miembros deban reforzar las medidas nacionales contra la evasión fiscal, es cierto que las soluciones unilaterales no lograrán funcionar por sí solas. En un mercado único y en una economía globalizada como la actual, las incoherencias y las lagunas a nivel nacional se convierten en útiles instrumentos para quienes tratan de esquivar el pago de impuestos”

El plan establece, por tanto, un paquete completo de medidas que ayudarán a los Estados miembros a proteger sus bases imponibles y a recuperar legítimamente el dinero perdido.

Como primera medida inmediata, la Comisión adoptaba dos recomendaciones que animan a los Estados miembros a tomar medidas rápidas y coordinadas frente a esta problemática. La primera de ellas  prevé la adopción en la UE de una posición de fuerza contra los paraísos fiscales, es decir, se promueve que los Estados miembros identifiquen esos paraísos y se incorporen en listas negras nacionales. Se establecen también medidas específicas para convencer a esos países no miembros de la UE de la necesidad de aplicar las normas de gobernanza que rigen en la Unión.

La segunda Recomendación, por su parte, aborda el tema de la planificación fiscal agresiva. En ella se proponen diferentes vías para corregir los tecnicismos y las lagunas que algunas empresas aprovechan para evitar el pago de lo que les corresponde. Se anima, pues, a los Estados miembros a reforzar sus convenios de doble imposición para evitar que puedan dar como resultado una ausencia total de tributación, así como a adoptar para la lucha contra las prácticas abusivas una norma general común que permita basar los impuestos en las actividades económicas reales y dejar de lado cualquier montaje artificial con el que se pretenda eludirlos.

Entre las otras iniciativas que prevé el plan de acción figuran la adopción de un código del contribuyente, la creación de un número de identificación fiscal de la UE, la revisión de las disposiciones que establecen para la lucha contra las prácticas abusivas las directivas de la UE más importantes y el establecimiento de unas directrices comunes para rastrear los flujos de dinero.