El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ha hecho público el Informe de su 5ª ronda de evaluación a España sobre la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en el gobierno y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El resumen de sus 19 recomendaciones es que hay que aplicar las leyes anticorrupción.

Este organismo dependiente del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo pide a España que desarrolle una estrategia global contra la corrupción y mejore su marco jurídico para prevenir la corrupción entre el personal con altas funciones ejecutivas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

El informe, que se presentó en el plenario de junio de 2019 junto con otro sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas a España en cuanto a la prevención de la corrupción con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales reconoce los progresos de nuestro país. Así, se refiere a que se han realizado «esfuerzos positivos» en los últimos años para adoptar y modificar las leyes y reglamentos anticorrupción.

Sin embargo, GRECO pide nuevos progresos ya que considera que existe un punto débil en la supervisión y la rendición de cuentas. «Actualmente existe una gran brecha entre la legislación y su aplicación en la práctica», señala.

En 2013, nuestro país puso en marcha una serie de reformas estructurales para promover la integridad en la vida pública en el marco del denominado ‘Plan de regeneración democrática’. Un año más tarde se inició en el Parlamento la tramitación de una proposición de Ley Integral contra la Corrupción y la Protección de Denunciantes aún pendiente, que prevé, entre otras cosas, la creación de una Autoridad Anticorrupción, así como disposiciones más estrictas en materia de transparencia financiera, ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese, actividades de los grupos de interés y sanciones.

Los altos cargos

El Informe recoge que la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado constituye «un esfuerzo notable» para modernizar la política de prevención de la corrupción para los altos cargos, recordando que sus disposiciones regulan la transparencia, la integridad y la prevención de conflictos de intereses, así como la responsabilidad en el cargo.

No obstante, según el órgano europeo, «queda trabajo por hacer en el control de su aplicación práctica, en particular en lo que se refiere a su régimen de asesoramiento, supervisión y ejecución».

Y recomienda realizar «mejoras decididas» en la transparencia y la prevención de conflictos de intereses para funcionarios de alto rango, incluidos asesores políticos, una categoría que actualmente «cae en una zona gris». También establece que la independencia, las competencias y los recursos de la Oficina de Conflictos de Interés y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deben mejorar significativamente.

Además, pide normas y procedimientos «más estrictos» para hacer frente a los riesgos de las denominadas ‘puertas giratorias’ cuando los funcionarios gubernamentales dejan sus funciones para trabajar en el sector privado. Asimismo, se debe revisar el aforamiento.

Protección al denunciante

El GRECO lamenta que en España aún no se haya adoptado «un marco holístico y efectivo» para la protección de los denunciantes. Y manifiesta que esta «delicada cuestión» también es crucial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por ejemplo en cuanto a los mecanismos de protección de la identidad física de los denunciantes que, según el Informe, deberían intensificarse sustancialmente para garantizar que se dé prioridad y se refuerce su confianza.

Finalmente, el organismo confía en que las 19 recomendaciones incluidas en su informe ayuden al gobierno español en su agenda anticorrupción. La aplicación de estas recomendaciones será evaluada en 2021.

Parlamento, jueces y fiscales

Por lo que respecta al Informe de cumplimiento en el que evalúan los progresos realizados en la aplicación de las 11 recomendaciones relativas a parlamentarios, jueces y fiscales emitidas en su informe de evaluación de 2013, GRECO concluye que, teniendo en cuenta los progresos logrados, el nivel de cumplimiento de España ya no es «globalmente insatisfactorio» y, por lo tanto, ya no está sujeto a su procedimiento de incumplimiento.

Así, del total de recomendaciones, nuestro país ha aplicado plenamente dos: la creación de un código de conducta de los jueces de fácil acceso para los ciudadanos, así como la extensión de la caducidad de los procedimientos disciplinarios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han pasado de 6 meses a un año.

Hay otras 8 medidas cumplidas parcialmente como las novedades destinadas a infundir una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial; o, a nivel parlamentario, la necesidad de que se adopte un código de conducta para diputados y senadores. El GRECO espera, además, que se modifique el sistema de nombramientos de vocales del CGPJ y de la cúpula del poder judicial.