Los Veintiocho y los eurodiputados no han querido terminar el año sin alcanzar un acuerdo para que los registros centrales nacionales incluyan información sobre los propietarios finales de las empresas, personas jurídicas corporativas y fidecomisos.

Con esta medida, los datos serán accesibles a las autoridades nacionales competentes y a sus unidades de inteligencia financiera, así como a entidades financieras, medios de comunicación y ciudadanos afectados, entre otros, siempre que exista un “interés legítimo”.

El acceso será a través de internet tras registro electrónico y pagar una tasa de gastos administrativos. Serán visibles el nombre del beneficiario, el mes y el año de nacimiento, la nacionalidad, su residencia y detalles sobre su propiedad acerca de la entidad o compañía.

En el caso de los PEPs, habrá “medidas adicionales” para aclarar el origen de sus ingresos y fondos cuando se den “relaciones de negocios de alto riesgo”.

Para el ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el eurodiputado letón Krisjanis Karins, este acuerdo termina con años en los que “los criminales en Europa han usado el anonimato de compañías extraterritoriales y de cuentas para ocultar sus pactos financieros”.

En su opinión, “crear registros sobre los propietarios beneficiarios ayudará en la lucha contra el blanqueo y la evasión fiscal”.

El Consejo y el Parlamento europeo han llegado a este acuerdo con el fin de avanzar en la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales que también exigirá a los casinos, bancos, auditores, abogados, agentes inmobiliarios como sujetos obligados a ser “más vigilantes frente a transacciones sospechosas de sus clientes”.

Según algunas estimaciones, los fondos sujetos al blanqueo de capitales supondrían entre un 2% y un 5% del PIB de la Unión Europea.

El acuerdo pasará por Comisiones antes de ir al Pleno de la Eurocámara a lo largo de 2015.

Por otra parte, a petición de España, en la reunión del Consejo Europeo del 18 de diciembre, los líderes europeos se han comprometido además a “intensificar los esfuerzos en la lucha contra la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva, tanto a nivel mundial como de la UE”.