Más de 90 organizaciones de la sociedad civil integradas en el proyecto EAT (Expanding Anonymous Tipping) financiado por la Comisión Europea, han impulsado un documento dirigido a todas las autoridades e instituciones públicas para que protejan a quienes alerten o expongan los daños, abusos y faltas graves que se produzcan durante este período de crisis causado por la pandemia COVID-19 a nivel global.

El escrito fechado el 20 de abril, bajo el título de «Coalición para alertar de forma segura durante el COVID-19 y más allá«, advierte que en esta crisis ya se han visto «ejemplos de malas prácticas y mala gestión» en las instituciones públicas, mercados comerciales y empresas.

Los firmantes subrayan que «cuando se toman decisiones en condiciones de emergencia, a menudo lejos del escrutinio democrático», el papel  de los alertadores es «vital», sobre todo, en momentos tempranos.

Y es que, en su opinión, los denunciantes son «el mecanismo correctivo a prueba de fallos» en cualquier sociedad, especialmente en una crisis sanitaria internacional en la que el derecho del público a saber puede tener consecuencias de vida o muerte.

Alertar irregularidades, añaden, ha demostrado ser «una herramienta poderosa» para luchar y prevenir acciones que socavan el interés público.

De ahí que estas organizaciones hagan un llamamiento a todas las autoridades públicas y a las instituciones corporativas para proteger a los denunciantes, especialmente dicen, a los trabajadores de servicios esenciales como los servicios de salud, atención a mayores y otros servicios sociales y públicos, así como el suministro de alimentos y la logística, entre otros.

Consideran que estas alertas, así como las de todos los ciudadanos, «son vitales para prevenir grandes desastres y reducir los impactos de la crisis» sobre todo en los miembros más vulnerables.

«Es preciso reconocer y proteger a estos importantes trabajadores, así como su derecho a un entorno de trabajo seguro y a alertar las amenazas a la salud y la seguridad públicas, la corrupción y otros abusos», precisa el escrito.

Organizaciones firmantes