Según un estudio realizado para la Comisión Europea, la pérdida de beneficios potenciales debido a la falta de protección de los denunciantes o whistleblowers, solo en el ámbito de la contratación pública, se situó en 2017 en una horquilla de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales para el conjunto de la UE.

En la actualidad, la protección de los denunciantes está regulada de manera fragmentada. De hecho, solo diez Estados miembros tienen una legislación integral en este ámbito y a escala de la UE, la legislación específica solo se aplica a ciertos sectores, principalmente los servicios financieros.

El pasado 24 de abril de 2018, junto a la referencia que se incorpora en la Quinta Directiva antiblanqueo, Europa aprobó otra propuesta de Directiva que garantizará un elevado nivel de protección para esta figura.

Para ir más allá, los representantes permanentes del Consejo han acordado con fecha 25 de enero su posición sobre la Directiva, de forma que iniciarán las negociaciones con el Parlamento Europeo para alcanzar un acuerdo antes de que finalice la legislatura.

Las nuevas normas obligan a las organizaciones privadas o públicas con 50 o más empleados y a los poderes públicos a establecer cauces seguros de denuncia. Además, ofrecerán un elevado nivel de protección a los denunciantes contra las represalias y exigirán a las autoridades nacionales que informen debidamente a los ciudadanos y formen a los funcionarios sobre el modo de proceder ante las denuncias.

Aumentar la seguridad jurídica

Entre los elementos de la posición adoptada por el Consejo respecto de la propuesta inicial, y con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica,

  • Sistema de denuncias: los denunciantes deberán utilizar en primer lugar cauces internos en su organización antes de recurrir a cauces externos (establecidos por los poderes públicos), y en último lugar podrán informar al público. No obstante, el principio del sistema de tres etapas prevé excepciones en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público que permiten al denunciante recurrir a cauces externos o incluso informar al público
  • Personas protegidas por las nuevas normas: se han mantenido los elementos de la propuesta de la Comisión, de modo que quedan protegidas numerosas categorías de personas que pueden tener acceso a información sobre infracciones cometidas en un contexto laboral, como por ejemplo empleados (incluidos funcionarios a nivel nacional/local), voluntarios y trabajadores en prácticas, miembros no ejecutivos, accionistas, etc.
  • Obligaciones de información para los poderes públicos y las empresas: dispondrán de un plazo de tres meses para informar al denunciante y tramitar las denuncias, con la posibilidad, en casos debidamente justificados, de prorroga hasta seis meses para los cauces externos
  • Revelación pública de información: el Consejo ha añadido un artículo que establece las condiciones que debe cumplir la persona protegida por las nuevas normas en caso de que esta revele públicamente información
  • Ámbito de aplicación: la posición del Consejo mantiene el propuesto por la Comisión, que abarca aspectos como la contratación pública, los servicios financieros, la prevención de blanqueo de capitales, la salud pública, etc.