Los denunciantes de irregularidades o whistleblowers pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad.

Ahora, junto a la referencia que se incorpora en la Quinta Directiva antiblanqueo, Europa aprueba otra propuesta de Directiva que garantizará un elevado nivel de protección para esta figura.

La nueva ley establecerá canales seguros de notificación tanto dentro de una organización como a las autoridades públicas. También protegerá a los denunciantes contra el despido y otras formas de represalia, y exigirá que las autoridades nacionales informen a los ciudadanos y formen a las autoridades públicas sobre el trato que deben dispensar a los denunciantes de irregularidades.

Protección de infracciones del Derecho de la UE

La propuesta ofrece protección en toda la UE para los denunciantes que notifiquen infracciones de la legislación de la UE en materia de contratación pública; servicios financieros, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; seguridad de los productos; seguridad en el transporte; protección del medio ambiente; seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales; salud pública; protección de los consumidores; privacidad, protección de datos y seguridad de las redes y los sistemas de información. También se aplica a las infracciones de las normas de competencia de la UE, las vulneraciones y el abuso de las normas relativas al impuesto sobre sociedades y el daño a los intereses financieros de la UE.

Obligaciones para los empleadores

Todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros deberán crear un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes. La nueva ley también se aplicará a todas las administraciones nacionales y regionales, así como a los municipios que tengan más de 10.000 habitantes.

Mecanismos

  • Canales claros de notificación, dentro y fuera de la organización, para garantizar la confidencialidad
  • Sistema de notificación con canales internos; aquellos dirigidos a las autoridades competentes si los internos no funcionan o no puede esperarse razonablemente que funcionen; y a los medios de comunicación o al público si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales, o en caso de peligro para el interés público o daños irreparables
  • Obligaciones de notificación aplicables a las autoridades y las empresas, que tendrán que responder y dar curso a las notificaciones de los denunciantes en el plazo de tres meses en el caso de los canales internos de notificación
  • Prevención de represalias y protección eficaz con acceso a asesoramiento gratuito y a las vías de recurso adecuadas. La carga de la prueba se invierte en tales casos, de modo que la persona u organización deberán demostrar que no se trata de una represalia contra el denunciante. Estos también recibirán protección en los procesos judiciales, especialmente mediante una exención de la responsabilidad por la revelación de información

Regulación en otros países

Hasta ahora, solo 10 Estados miembros de la UE (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido) cuentan con legislación específica para proteger y garantizar plenamente la seguridad de los whistleblowers.

Entre ellos no figura España aunque en el anteproyecto de ley que refuerza las medidas contra el blanqueo se establece que las entidades sujetas a la norma como bancos, aseguradoras y abogados, entre otros deberán crear mecanismos de denuncia interna, mientras que el SEPBLAC contará con un sistema para recibir y canalizar denuncias.

Hasta ahora, en nuestro país, lo más relacionado, aparte de un proyecto de ley que se discute en las Cámaras, es una cláusula que permite a los ciudadanos reportar de manera anónima los conflictos de intereses de los funcionarios de alto rango y miembros del parlamento. Los testigos en los procesos penales pueden recibir protección.

Razones para no denunciar

Los ciudadanos que revelen actividades ilegales no deben ser castigados por su actuación. Sin embargo, en la vida real, muchos de ellos pierden su empleo, su reputación o incluso su salud. Basta conocer que el 36 % de los trabajadores que han notificado conductas irregulares ha sufrido represalias (2016 Global Business Ethics Survey).

En consecuencia, el miedo a sufrir represalias tiene un efecto directo en los denunciantes potenciales. El 81% de los encuestados en el Eurobarómetro especial de 2017 sobre corrupción, declaró que no informaron sobre la corrupción que habían experimentado o presenciado. Del mismo modo, el 85% de los encuestados en una consulta pública de la Comisión expresó la opinión de que los trabajadores rara vez informan sobre amenazas o daños al interés público. El temor a las consecuencias legales y financieras fue la razón más ampliamente citada para no informar.