Aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos fiduciarios es el objetivo principal de la propuesta adoptada por la Comisión Europea el pasado 5 de julio con la actualización de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Esta propuesta de la Comisión, activada tras el escándalo de los Papeles de Panamá, es la primera iniciativa para llevar a la práctica el Plan de Acción aprobado en febrero de 2016.

Con ello, las autoridades nacionales podrán localizar a las personas que ocultan sus finanzas para cometer delitos de terrorismo, así como conseguir y compartir información sobre quién es el titular real de las sociedades y los fondos fiduciarios, quién negocia divisas online y quién emplea tarjetas prepago.

La actualización de la Cuarta Directiva busca, en definitiva, cubrir las lagunas existentes en Europa “que permiten a los terroristas, a los delincuentes o a los que intentan eludir la normativa fiscal financiar sus actividades”, señalan fuentes europeas.

En qué consiste la actualización de la Directiva

  • Se ampliará la información accesible a las unidades de información financiera de la UE, que tendrán acceso a la información de los registros centralizados de cuentas bancarias y cuentas de pago y de los sistemas centrales de búsqueda de datos, que los Estados miembros deberán poner en marcha para identificar a los titulares de cuentas bancarias y de cuentas de pago.
  • A fin de evitar la utilización indebida de las monedas virtuales se propone incluir las plataformas de cambio de monedas virtuales y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos en el ámbito de aplicación de la Directiva. Estas entidades tendrán que aplicar controles de diligencia debida con respecto al cliente a la hora de intercambiar monedas virtuales por reales, poniendo fin al anonimato asociado a dichos intercambios.
  • Minimizar el uso de pagos anónimos con tarjetas prepago, mediante la rebaja de los umbrales para la identificación de 250 € a 150 € y la ampliación de los requisitos de verificación de la identidad de los clientes. Se ha tenido en cuenta la proporcionalidad, especialmente en lo que se refiere a la utilización de esas tarjetas por los ciudadanos económicamente vulnerables.
  • Armonizar la lista de controles aplicables a los países con deficiencias en sus sistemas preventivos. Las entidades tendrán que poner en marcha medidas de diligencia debida en relación con los flujos financieros procedentes de estos países.
  • Acceso público pleno a los registros de titularidad real: los Estados miembros publicarán determinada información de los registros de titularidad real de las sociedades y fondos fiduciarios vinculados a empresas. En los registros se incluirán los titulares reales que tengan el 10% de la titularidad en determinadas sociedades que presenten un riesgo de utilización para fines de blanqueo y evasión fiscal. El umbral permanecerá en el 25% para todas las demás sociedades. Además, la propuesta prevé la interconexión directa de los registros para facilitar la cooperación entre los Estados miembros.
  • Ampliación de la información accesible a las autoridades: las cuentas existentes y las de nueva creación deben ser objeto de controles de diligencia debida para impedir que puedan ser utilizadas para actividades ilícitas y escapen a la detección. Las sociedades y los fondos fiduciarios pasivos, como los mencionados en los papeles de Panamá, también estarán sujetos a un mayor control y a unas normas más estrictas.