Un experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido a la Asamblea General que combata la evasión fiscal y suprima los paraísos fiscales que privan de recursos esenciales a la protección de los derechos humanos y el desarrollo mundial.

El anuncio supone un aviso al recién elegido secretario general, Antonio Guterres, para que, entre sus prioridades, tome medidas enérgicas sobre esta cuestión, ya que tiene una “oportunidad única” para luchar contra la evasión fiscal y los movimientos financieros ilícitos y, por lo tanto, debería convocar una conferencia mundial.

Teniendo en cuenta que según las estimaciones de este organismo internacional, al menos 32.000 billones de dólares se encuentran en estos territorios offshore, Alfred de Zayas pide en un informe el establecimiento de una Autoridad Internacional Fiscal que combata la evasión de impuestos y promueva el cierre de los paraísos fiscales.

Y es que, en su opinión, mantener esos billones de dólares en territorios offshore al objeto de escapar a la tributación, limita los recursos necesarios para combatir la pobreza extrema

La principal competencia de la Autoridad Internacional Fiscal, como ente regulador, se centraría en combatir estas jurisdicciones que “propician la corrupción, el soborno, el fraude en materia de impuestos y el lavado de dinero”.

En el mismo informe también se alerta de la necesidad de mejorar la transparencia y se propone que la creación de un órgano tributario intergubernamental sirva para redactar y hacer cumplir medidas que aseguren que las multinacionales paguen sus impuestos.

De Zayas solicita, en este sentido, la celebración de una conferencia mundial que permita la adopción de un instrumento legal que obligue a las corporaciones a pagar impuestos y a que declaren públicamente las actividades sujetas a gravamen en los países en que operan.

El experto también reclama la protección para los denunciantes, que son los más “eficaces” a la hora sacar los casos de corrupción a la luz. “Los denunciantes, que deben ser considerados como defensores de los derechos humanos, ya que contribuyen de manera significativa a una cultura de transparencia y de rendición de cuentas, suelen pagar un precio muy alto”.

Así, insta a que en un orden internacional democrático y equitativo se adopte “una legislación que proteja a los denunciantes y testigos de las represalias y les proporcione vías de fácil acceso para hacer las revelaciones”.