Después que en abril de 2019, la Eurocámara consiguiera aprobarla in extremis antes de las elecciones de mayo y que, además, lo hiciera por una clamorosa mayoría de 591 votos a favor, con 29 en contra y 33 abstenciones, la directiva que protege la figura del denunciante de irregularidades ha recibido la luz verde del Consejo de ministros de la UE.

Una vez se publique en el Diario Oficial de la UE, la nueva norma entrará en vigor a los 20 días y los Estados miembros dispondrán hasta el 2021 para transponerla y hacerla ley nacional.

Con ello, es de esperar que dejen de perderse entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales de beneficios potenciales en todo el territorio europeo. Y esto solo en el ámbito de la contratación pública. En eso cifra la Comisión Europea lo que supone la falta de protección de los denunciantes o ‘whistleblowers’, según recoge en un estudio realizado en 2017.

Y aunque sea el sector de la contratación pública el de mayor concentración, las irregularidades o prácticas corruptas se extienden a otros como los servicios financieros, el blanqueo de capitales, la seguridad de los productos y de los transportes, la seguridad nuclear, la salud pública, el consumo o la protección de datos. Es decir, que la nueva norma tendrá un ámbito de aplicación amplio que garantice un nivel elevado de protección a quienes denuncien sea cual sea el tipo de conducta delictiva.

Para ello, la directiva aprobada exigirá que se establezcan cauces seguros para poder denunciar infracciones tanto dentro de una organización –privada o pública– como a las autoridades públicas. Además, brindarán a los denunciantes un elevado nivel de protección contra las represalias y exigirán a las autoridades nacionales que informen debidamente a los ciudadanos y formen a los funcionarios sobre el modo de proceder ante las denuncias.

Cauces de denuncia internos y externos

Las empresas con más de cincuenta trabajadores y los municipios de más de 10.000 habitantes tendrán la obligación de establecer cauces de denuncia efectivos y eficaces, de forma que el denunciante contará tanto con cauces internos como externos a pesar de que el texto establece una jerarquía y anima a utilizar en primer lugar los de su organización «lo que contribuirá a desarrollar una cultura empresarial sana», señala.

En cualquier caso, los denunciantes no quedarán sin protección si deciden recurrir directamente a los cauces externos que los poderes públicos están obligados a establecer.

Amplia protección

La directiva brinda protección a numerosas categorías de personas: por ejemplo, a aquellas que pueden tener acceso a información sobre infracciones cometidas en un contexto laboral, como empleados –incluidos los funcionarios de la administración nacional o local–, voluntarios y trabajadores en prácticas, miembros no ejecutivos, accionistas, etc.

Y ofrece, además, salvaguardias para proteger de represalias –como la suspensión, la degradación o la intimidación– a los denunciantes. También están protegidas las personas que presten asistencia a los denunciantes, como sus compañeros de trabajo o sus familias.

El nuevo texto incluye también una lista de todas las medidas de apoyo que se establecerán a favor de los denunciantes.

Finalmente, se establece la obligación de dar respuesta al denunciante y tramitar su denuncia en el plazo de tres meses (con la posibilidad, en casos debidamente justificados, de prorrogarlo hasta seis meses para los cauces externos).