El Supremo y el régimen sancionador del blanqueo de capitales

29 diciembre, 2014

Cuando no se cumple con los requisitos mínimos de la prueba por parte de los sujetos sancionados por conductas relacionadas con el blanqueo de capitales, el Tribunal Supremo no puede ser benevolente en la aplicación de las multas.

Así se desprende de una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que desestima un recurso de casación y confirma la sanción impuesta por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales superior a 300.000 euros.

El sujeto sancionado, un hombre a quien fue levantada acta de intervención de moneda por los Servicios de Aduana del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuando pretendía subir a un vuelo con destino a Italia, por ser portador de más de 300.000 euros sin haber realizado la correspondiente declaración de movimientos de medios de pago.

El dinero no declarado lo llevaba guardado en cajas de galletas y de patatas fritas en el interior del equipaje y fue detectado por el escáner. Al ser preguntado por el dinero, contestó que lo había traído de Italia a España y en ese momento lo retornaba al país transalpino para meterlo en una caja fuerte.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la sanción impuesta por la Comisión porque “el sancionado llevaba el dinero oculto, por el alto importe de la cantidad intervenida y porque no había quedado acreditado suficientemente el origen lícito de los fondos“.

El Supremo ha validado la sanción impuesta en su día al rechazar el recurso de casación presentado por la persona sancionada. Y lo ha hecho tras interpretar el régimen de la prueba para este tipo de procedimientos sancionadores.

El Alto Tribunal explica que –en contra de lo que creía el recurrente-, no se puede desplazar la carga de la prueba a la Administración acerca del origen de los fondos. Y ello funciona así porque, como señala la sentencia, “la justificación del origen de los fondos es un hecho positivo cuyas consecuencias son favorables a la persona sancionada y cuyos medios de prueba se hallan, de existir, a su plena disposición por tratarse de operaciones económicas en las que hubo intervenido. Es indiscutible entonces que la falta de prueba de ese específico hecho debe repercutir en perjuicio de su pretensión”.

Pero el pronunciamiento, dictado el pasado mes de septiembre de 2014, va más allá y al revisar la jurisprudencia del Tribunal Superior de Madrid expone dos supuestos en que sí se admitió la prueba presentada por los sujetos sancionados.

En una de las sentencias, el TSJ consideró acreditado el origen lícito de los fondos intervenidos “a la vista de las específicas pruebas aportadas por la demandante en cuanto administradora de una sociedad de responsabilidad limitada, de la contabilidad exhibida, de los extractos y demás movimientos bancarios incorporados a los autos y tras subrayar ‘su dedicación a una actividad comercial de forma profesional y que ya llevaba tiempo en España’”.

En la otra, el TSJ de Madrid también hizo lo propio con los fondos, una vez que analizó “la constancia de las importaciones efectivamente realizadas, en los extractos y demás movimientos bancarios acreditativos de los movimientos de fondos tras subrayar igualmente la ‘dedicación a una actividad comercial de forma profesional y que ya llevaba tiempo en España’”.

Por último, hay que apuntar que el Tribunal Supremo tampoco aceptó el planteamiento del recurrente de que no existió “ganancia” porque “los fondos intervenidos provienen de la actividad comercial y laboral del recurrente y familiares y amigos”. En ello ha influido el hecho de que el Tribunal Superior de Madrid rechazara en su día, “como no probados, sus alegatos sobre el origen de los fondos”.

Financiación del terrorismo: flujos financieros vinculados al tráfico de drogas

23 diciembre, 2014

Los vínculos entre el terrorismo internacional y el tráfico ilegal de drogas no son solo innegables sino sólidos. Se trata de una de las fuentes principales de financiación.

El propio GAFI, no ajeno a esta realidad, ha realizado un completo informe para identificar las corrientes financieras ilícitas vinculadas con la producción y el tráfico de drogas en Afganistán, líder mundial en la producción y el tráfico de opiáceos.

Los opiáceos y los flujos financieros asociados no siguen las mismas rutas.

Y aunque existe poca información sobre el “modelo de negocio” del comercio de estas sustancias en el país afgano, lo que sí se sabe es que a nivel mundial, sólo una pequeña parte de los fondos o activos relacionados con las drogas se confisca, mientras que casi todos los beneficios se integran legalmente en el sistema financiero del mundo, tras un proceso de blanqueo.

Los grupos terroristas están muy relacionados con este tráfico ilegal de drogas, y no exclusivamente en la parte operativa sino también en la lucrativa ya que este creciente comercio suele ser una de sus principales fuentes de ingresos, proporcionándoles los medios financieros necesarios para convertirse en una gran amenaza para la seguridad internacional.

La libre circulación de capitales permite que estas redes ilícitas combinen espacios legales e ilegales para invertir los beneficios del tráfico de drogas con facilidad y realizar transacciones financieras desde cualquier parte del mundo en minutos.

Por tanto, la conexión internacional de grupos terroristas con las redes de blanqueo es también una realidad, en ocasiones más cercana de lo percibido.

En el caso del Ejército Islámico (IS), el grupo terrorista mejor financiado hasta ahora y que ya llega a autofinanciarse, sólo con el contrabando de petróleo recibiría dos millones de dólares diarios.

Según The Guardian, antes de la invasión de Mosul, IS tendría unos 875 millones de dólares en cash y otros activos. Tras la conquista de la segunda mayor ciudad de Irak el pasado mes de junio 2014 habría aumentado su riqueza en 1.500 millones de dólares adicionales.

Una vez consigue lavar estos activos que se suman a las donaciones multimillorarias procedentes de particulares –alguno sancionado por la ONU-, se hace con control de recursos como campos de petróleo, plantas de gas y otras compañías.

Debate cuarta Directiva: los registros nacionales incluirán a los propietarios beneficiarios de una empresa

19 diciembre, 2014

Los Veintiocho y los eurodiputados no han querido terminar el año sin alcanzar un acuerdo para que los registros centrales nacionales incluyan información sobre los propietarios finales de las empresas, personas jurídicas corporativas y fidecomisos.

Con esta medida, los datos serán accesibles a las autoridades nacionales competentes y a sus unidades de inteligencia financiera, así como a entidades financieras, medios de comunicación y ciudadanos afectados, entre otros, siempre que exista un “interés legítimo”.

El acceso será a través de internet tras registro electrónico y pagar una tasa de gastos administrativos. Serán visibles el nombre del beneficiario, el mes y el año de nacimiento, la nacionalidad, su residencia y detalles sobre su propiedad acerca de la entidad o compañía.

En el caso de los PEPs, habrá “medidas adicionales” para aclarar el origen de sus ingresos y fondos cuando se den “relaciones de negocios de alto riesgo”.

Para el ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el eurodiputado letón Krisjanis Karins, este acuerdo termina con años en los que “los criminales en Europa han usado el anonimato de compañías extraterritoriales y de cuentas para ocultar sus pactos financieros”.

En su opinión, “crear registros sobre los propietarios beneficiarios ayudará en la lucha contra el blanqueo y la evasión fiscal”.

El Consejo y el Parlamento europeo han llegado a este acuerdo con el fin de avanzar en la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales que también exigirá a los casinos, bancos, auditores, abogados, agentes inmobiliarios como sujetos obligados a ser “más vigilantes frente a transacciones sospechosas de sus clientes”.

Según algunas estimaciones, los fondos sujetos al blanqueo de capitales supondrían entre un 2% y un 5% del PIB de la Unión Europea.

El acuerdo pasará por Comisiones antes de ir al Pleno de la Eurocámara a lo largo de 2015.

Por otra parte, a petición de España, en la reunión del Consejo Europeo del 18 de diciembre, los líderes europeos se han comprometido además a “intensificar los esfuerzos en la lucha contra la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva, tanto a nivel mundial como de la UE”.

El Reglamento viene por Navidad: establecimientos de loterías y juegos de azar

16 diciembre, 2014

La Navidad 2014 será la primera en la que los establecimientos de loterías y otros juegos de azar deban tener presente el Reglamento de prevención de blanqueo de capitales.

Como sujetos obligados por la ley, el nuevo Reglamento dedica un apartado específico en sus disposiciones especiales, y recogido en el artículo 43, a las medidas de control interno de aplicación al pago de premios en loterías y otros juegos de azar.

Y es que no podía ser menos para el Reglamento un sector que históricamente ha tenido, de una forma u otra, estrecha vinculación o confluencia con el blanqueo de capitales.

En los años 90, los grandes procesos al narcotráfico en nuestro país pusieron de manifiesto que algunos escogidos concentraban una gran cantidad de premios consecutivos de lotería. Este método de blanqueo se ha recuperado en las últimas tramas de corrupción.

Por eso, Hacienda ha ido estrechando el cerco de una práctica que suele iniciarse en una entidad bancaria donde se ha depositado el número premiado.

La persona que quiere lavar dinero negro ofrece a un empleado de ese banco una importante comisión a cambio de que medie con el propietario de la lotería. El defraudador ofrece un sobreprecio de entre un 10% y 20% al titular del premio. Si acepta, el propietario del billete se queda sin cobrar el premio, pero recibe más dinero, mientras que la persona que compra el billete ha conseguido blanquear una importante cantidad que puede justificar diciendo que le ha tocado la lotería.

El impuesto del 20% a los premios superiores a 2.500 euros aprobado en 2013, supone un varapalo a los defraudadores. Un año más tarde, la reglamentación de la norma antiblanqueo, además de prever un conjunto de obligaciones para los establecimientos de loterías, señala que deben estar sujetos a los informes del experto externo contemplados en el artículo 38 del Reglamento.

El Reglamento afirma que estos sujetos obligados deberán establecer “procedimientos adecuados de control interno en relación con las operaciones de pago de premios”, entre los que se establece un manual de procedimientos que incluya:

-La identificación de los ganadores de premios por importe igual o superior a 2.500 €.

-Una relación de operaciones de riesgo, prestando particular atención al cobro repetitivo de premios.

-Un procedimiento para la detección de hechos u operaciones sujetos a examen especial, que debe incluir la descripción de las herramientas informáticas y alertas.

-Un procedimiento estructurado de examen especial.

Asimismo, se recoge como preceptivo el nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión y un plan anual de acciones formativas de los empleados.

Las operaciones sospechosas del 2013: la Memoria del SEPBLAC

10 diciembre, 2014

El pasado año 2013 se cerró con un incremento de las comunicaciones de operaciones sospechosas tramitadas por el SEPBLAC, que ha supuesto un 31,6% más con respecto al ejercicio anterior. En números absolutos, hablamos de un total de 4.025 comunicaciones.

Son datos recogidos en la recién publicada Memoria del SEPBLAC con datos 2013 en la que también se pone de manifiesto que, en el 80% de los casos, la investigación dio paso a un informe externo de inteligencia ante la confirmación de indicios de posibles delitos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

En opinión del órgano supervisor, este incremento en las alertas por posibles actividades irregulares se ha producido “gracias a la mayor vigilancia tanto de los sujetos obligados financieros como de otros sectores“. En el caso del sector financiero destaca el incremento de los asuntos remitidos por los bancos al SEPBLAC: 2.234 comunicaciones, un 24,6% más. Así, la mayoría de casos investigados habrían sido remitidos precisamente por los bancos.

En el caso de las entidades no financieras, por su parte, la actividad en la detección de conductas irregulares aumentó un 37,3%, hasta las 670 comunicaciones. Destaca el mayor número de alertas recibidas de notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, auditores, contables, asesores fiscales, empresas de transporte de fondos y entidades vinculadas con el sector del juego.

Colaboración con otras autoridades

Como recoge el texto de la Memoria, durante el año 2013 se produjo un incremento del 8% en las solicitudes de información al SEPBLAC, como consecuencia del mayor número de peticiones de información por parte del Cuerpo Nacional de Policía, que pasaron de 144 a 182 solicitudes, un 26,4% más.

En el ámbito de la cooperación internacional, el número de solicitudes de información procedentes de otras unidades de inteligencia financiera (UIF) creció significativamente, pasando de 490 en 2012 a 602 en 2013, lo que supone un incremento del 22,9% y la cifra más alta de los últimos cuatro años.

En cuanto a los informes de inteligencia distribuidos por el SEPBLAC a otras autoridades y organismos, destaca el alza en el envío de información a la Policía Nacional (2.475 comunicaciones, un 48,3% más), a la Guardia Civil (1.099 comunicaciones, un 57,9% más) y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (1.306 comunicaciones, un 48,7% más).

Origen de la actividad delictiva

Tras el análisis pormenorizado de 10.000 comunicaciones recibidas entre 2009 y 2013, el SEPBLAC ha identificado que casi el 33% de ellas corresponden a actividades relacionadas con la delincuencia organizada; un 29,3%, a delitos de carácter fiscal; un 17,7%, a delitos económicos; un 9,9%, a actividades ligadas al narcotráfico; un 5,6% están vinculadas a autoridades y funcionarios públicos y un 4,7%, con financiación del terrorismo.

Las operativas más habituales en operaciones sospechosas son:

  • De entrada de fondos: ingresos en efectivo (37% del total de las comunicaciones analizadas), órdenes de pago del exterior (37%) y transferencias nacionales (16%).
  • De salida de fondos: retiradas en efectivo (28%), órdenes de pago al exterior (26%) y transferencias nacionales (20%).

Por su parte, los sectores de actividad en los que se desarrollan las operativas de riesgo los encabeza el comercio (17,5%), seguido del inmobiliario (13,3%), profesiones liberales (5,7%), hostelería (5%), con menor incidencia en entidades de pago (2,9%) o financieras (2,6%).

Las zonas en las que se desarrollan las operativas sospechosas son: Madrid (29%), zona mediterránea (28%), costa andaluza (15%), zona norte (11%) y zona insular (7%). Del análisis se desprende también que el 66% de las operativas comunicadas se desarrolla exclusivamente en España, mientras que el 34% restante tiene lugar, además, en otros países.