Infografía: Unidad para el tratamiento y análisis de la información

28 noviembre, 2014

Recogida en el artículo 35.3 del Reglamento de la Ley 10/2010, es otro órgano de control interno para la prevención del blanqueo de capitales

Info3_TAI2

Delito fiscal y blanqueo de capitales

27 noviembre, 2014

¿Lleva implícito el delito fiscal el de blanqueo de capitales? o, por el contrario, ¿hay que considerarlos de manera independiente?

De atrás viene ya la controversia en el ámbito del Derecho Penal entre aquellos que mantienen uno u otro criterio. Incluso, el Tribunal Supremo no es unánime en alguna de sus resoluciones sobre esta cuestión.

Será en la sentencia número 974/2012, donde el Alto Tribunal, por primer vez, manifieste que el delito fiscal y blanqueo de capitales van de la mano y que la comisión del primero lleva implícito automáticamente el segundo, un argumento similar al seguido por la Agencia Tributaria hasta ahora.

También alude el tribunal al derecho comparado ya que la legislación de otros países de nuestro entorno asume idéntica teoría y establece que la comisión de un delito fiscal supone, a su vez, el blanqueo de capitales.

La sentencia manifiesta que el hecho de que la cuota defraudada no se incorpore al patrimonio del autor al cometer el delito fiscal, así como el ahorro obtenido por ese hecho, no se habría producido sin la comisión del delito. Es por eso que cabe entender que su origen es ilícito, base del delito de blanqueo. En suma, los bienes que proceden de un delito tributario tienen un origen delictivo y por tanto pueden ser objeto material de un delito de blanqueo.

Además, la propia Ley 10/2010 establece que “a los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mimos, con inclusión de la cuota defraudad en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública”.

Por otra parte, la resolución recoge la disconformidad de uno de los magistrados que, a través de un voto particular, alegaba ser contrario a la doctrina de la unificación. En su argumentación señala que esa decisión supone juzgar un mismo hecho desde dos frentes diferentes, lo que conllevaría una doble punición por el mismo hecho. Además, añade, la comisión del delito fiscal no siempre se produce con un dinero obtenido ilegítimamente, base que define el delito de blanqueo de capitales.

Según el magistrado, la deuda tributaria nunca procede del delito ya que ésta es presupuesto del delito y no su consecuencia. Sólo los denominados delitos de enriquecimiento pueden producir bienes susceptibles de blanqueo.

En cualquier caso, con su fallo, el Supremo unificaba doctrina aunque el debate volvía a abrirse con la nueva redacción dada al artículo 305 del Código Penal por la L.O. 7/2012, de 28 de diciembre, así como con el texto de la STS 182/2014, de 11 de marzo que, aunque no desdice a la de 2012, sí incorpora matices.

En esta última resolución, la Sala no aplica el delito de blanqueo procedente de delitos fiscales porque “la sentencia recurrida de la Audiencia Nacional, no precisa qué cuota tributaria concreta relativa a qué ejercicio fiscal ha sido objeto de blanqueo”. Es decir, debe existir una relación directa demostrada entre el dinero procedente del delito fiscal y los bienes aflorados como consecuencia del delito de blanqueo de capitales.

La Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de Información: función y actividades, por Sonia Gógova

20 noviembre, 2014

sonia (1)Sería utópico creer que el fraude o el blanqueo de dinero llegarán algún día a desaparecer, por muy acertadas y de rigurosa ejecución que fueran las medidas adoptadas para tal fin. Y si nos permitimos una cierta simplificación, podríamos decir que el fraude y el blanqueo de capitales no se evitan; se controlan.

Los defraudadores y los blanqueadores de capitales son, en el fondo, otro tipo de negocio, o mejor dicho, un anti-negocio, ya que se basan en reglas y criterios ubicados en las antípodas de la economía generativa. Estos anti-negocios también trazan estratégicas, desarrollan modelos y sistemas informáticos innovadores para conseguir sus objetivos. Y muchas veces se adelantan a los mecanismos y sistemas que luchan contra ellos.

El Reglamento 304/2014 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 estipula que la Unidad técnica de tratamiento y análisis de información (en adelante, Unidad técnica TAI) es preceptiva en sujetos obligados que tengan un volumen de negocio anual de más de 50 millones de euros, o con un balance general anual que exceda de 43 millones de euros (Art. 35.3 del Reglamento). También se especifica que dicha Unidad contará con personal especializado, en dedicación exclusiva y con formación adecuada en materia de análisis.

Es muy probable que no todos los sujetos obligados decidan asumir la creación de tal Unidad organizativa en su propia estructura; es plenamente viable la opción de externalizar tales actividades. Sobra decir que el papel vinculante y concluyente en las empresas siempre queda “reservado” para los Directivos que tomaran decisiones en base a los análisis proporcionados por dicha Unidad técnica  TAI.

¿De qué funciones y actividades estamos hablando cuando nos referimos a las Unidades técnicas TAI?

Entre las actividades genéricas podríamos mencionar las siguientes:

  • OBTENCIÓN de información

En esta fase se requieren conocimientos en identificación de fuentes relevantes, reglas de validación de información, técnicas de investigación, manejo de herramientas, etc.

  • CATEGORIZACIÓN de información

Categorizar significa asociar más discernir atributos/características. Para ello se ha de contar con criterios predefinidos y aplicar técnicas de estandarización con el fin de registrar la información en un Sistema específico.

  • RELACIONAR la información

Es la antepuerta de la actividad de análisis. Se necesita aplicar técnicas de identificación de causa-efecto/correlaciones, conexiones en dimensiones temporal y espacial, criterios para identificación de amenazas y vulnerabilidades.

  • ANALIZAR la información

En esta fase tienen lugar los procesos de razonamiento, las estrategias de evitación de sesgos en el análisis, la formulación de escenarios, la generación de matrices de criticidad, así como las proyecciones, las técnicas de prospectiva, etc.

  • Elaborar CONCLUSIONES

Esta sería la última fase del proceso analítico cuando la Unidad técnica TAI forma parte de la empresa/sujeto obligado (es decir, no está externalizada). Las conclusiones estarían basadas en el cruce de los resultados de la fase anterior con determinada información interna del cliente, matrices de riesgo, alertas procedentes de otras bases de datos en la empresa, la normativa interna, los requisitos regulatorios, indicios/señales, etc.

Unidades de AnálisisA continuación se citan algunos de los productos y servicios genéricos que una Unidad Técnica TAI podría facilitar al resto de procesos de la empresa:

–          Detección de Actividades Externas Sospechosas de Clientes

–          Comportamiento Externo Anómalo de Clientes

–          Alianzas, Adquisiciones, Fusiones, Concursos, Licitaciones, etc. de Clientes

–          Identificación de nuevos patrones de fraude (por canales, tecnologías, casuística, etc.)

–          Elementos facilitadores del fraude y/o el blanqueo de capitales (por canales, tecnologías, etc.)

–          Sugerencias para generación de nuevas reglas contra el fraude

–          Novedades tecnológicas (en falsificación de documentos, seguridad en pagos electrónicos, suplantación de identidad, herramientas de hacking, etc.)

Entre los elementos diferenciadores de las Unidades Técnicas TAI destacaría los dos siguientes:

–          Es una unidad que complementa con análisis cualitativos a los sistemas existentes que dan soporte a los procesos de Prevención del Fraude, Gestión y/o Análisis de Riesgos.

–          Enriquece las metodologías analíticas existentes en la empresa con información extendida y externa sobre los Clientes y el Entorno.

El fraude y el blanqueo de capitales tienen un impacto devastador y multidimensional: económico, administrativo, jurídico y de imagen. Hoy en día, la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales requiere cuanto antes de una perspectiva mucho más innovadora e integradora a la vez.

Hace falta completar los clásicos Mapas de Riesgos Inherentes y Residuales con Mapas de Riesgos Potenciales y Proyectivos, éstos últimos basados primordialmente en la explotación de información cualitativa y externa.

Hoy por hoy, no existe un marco desarrollado, y mucho menos comúnmente aceptado, para la creación de las Unidades técnicas de tratamiento y análisis de información en el contexto del Reglamento 304/2014. Cada sujeto obligado tendrá que responsabilizarse de definir tanto las correspondientes funciones y actividades, como el modelo operativo y de gobierno de dicha Unidad, en coherencia con los existentes sistemas, procesos y aspiraciones formales de la entidad en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales. Una tarea tan importante, como urgente y retadora.

Sonia GógovaDirectora de Soluciones de Inteligencia Competitiva Aplicada y Jefa de la primera unidad de Inteligencia Competitiva en Telefónica

Cumbre: avances del G20 contra la evasión fiscal

18 noviembre, 2014

Brisbane, Australia, ha sido el escenario de esta Cumbre celebrada durante los días 15 y 16 de noviembre en la que, entre otros temas de agenda, los países del G20 han vuelto a revisar las medidas contra la evasión fiscal transfronteriza, en un debate muy marcado por la polémica de Luxemburgo y la práctica del ‘tax ruling’ en acuerdos adoptados con Juncker de primer ministro.

No obstante, y pese al ruido de fondo, los líderes han acordado que el intercambio automático de información fiscal no comenzará hasta 2017 o incluso finales de 2018.

Y es que aunque ha sido el propio presidente de la Comisión Europea quien ha mostrado mayor interés por conseguir una regulación para la UE antes de ese plazo, fuentes diplomáticas señalan que la rápida implementación del estándar de intercambio cuenta con la negativa de países como Australia, Japón y Reino Unido.

En cualquier caso, los líderes del G20 han asumido la adopción de este estándar buscando también el compromiso de los principales centros financieros.

Dicen, además, “haber tomado acciones para garantizar que el sistema fiscal internacional sea justo y para asegurar los flujos de ingresos públicos de los países”. De esta forma, se pretende que las ganancias graven donde se desarrolla la actividad económica que deriva dichas ganancias y donde se crea el valor.

En este sentido, el G20 se ha comprometido a finalizar para 2015 los trabajos sobre el Plan de Acción Contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS), que tiene como finalidad modernizar las normas impositivas internacionales.

Hay que recordar que sólo han transcurrido quince días desde la reunión anual del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para fines Fiscales en Berlín, donde ya se había preparado el terreno para impulsar la cooperación internacional contra la evasión fiscal. Medio centenar de jurisdicciones daban su respaldo al estándar de la OCDE/G20 sobre el intercambio automático de información.

Así, 51 Jurisdicciones, muchas de ellas representadas a nivel ministerial, tradujeron sus compromisos en acciones durante una firma de un Convenio Multilateral de Autoridades Competentes que activará el intercambio automático de información, con base en la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa en Materia Fiscal. Los primeros en firmar el acuerdo hacían patente su compromiso para trabajar en lanzar sus primeros intercambios de información en septiembre de 2017. Otros lo harán en 2018.

El Reglamento al detalle: los órganos centralizados de prevención

14 noviembre, 2014

Para algunas profesiones colegiadas cuyos miembros son sujetos obligados, la Ley 10/2010 establece la creación de los órganos centralizados de prevención (OCPs) como canal directo con las autoridades responsables de la prevención del blanqueo de capitales.

Como antecedente, el OCP del Notariado, el primero autorizado en España, que se crea por la Orden EHA/2963/2005. Dependiente del Consejo General de Notariado, esta estructura altamente especializado coordina el cumplimiento de políticas de prevención de blanqueo de capitales de todos los notarios españoles, obligados a formar parte del OCP por su consideración funcionarial.

Con la aprobación del Reglamento de la Ley 10/2010, su artículo 44 enmarcado en las disposiciones especiales regula las funciones de estos órganos y, junto a los notarios, los concreta para registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Todos ellos tienen la obligación de incorporarse a un OCP establecido por sus organizaciones colegiales de ámbito nacional.

Serán las organizaciones colegiales las que velen para que los órganos centralizados cuenten con los medios humanos, materiales y técnicos, y  el SEPBLAC, por su parte, podrá comprobar el funcionamiento y la adecuación de las medidas de control interno de estos órganos, así como la idoneidad de sus medios.

Además de funciones institucionales de colaboración, los OCPs tienen, por tanto, el objetivo de facilitar a los sujetos obligados pertenecientes a estas profesiones colegiadas, el cumplimiento de las políticas antiblanqueo, incluidas las medidas de control interno a aplicar.

De esta forma, con plena autonomía técnica, centralizan y examinan la información de operaciones que, con independencia de su cuantía, puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo generadas en la actividad profesional de los distintos miembros colegiados, y promueven su coordinación operativa.

Tras este examen, los OCPs tienen una función de comunicación ante el SEPBLAC de las operaciones sospechosas y tentativas.

De forma paralela, estos órganos abarcan una labor formativa con los profesionales que los integran y, también, se les capacita para efectuar análisis de riesgo de la actividad desarrollada, en función de los tipos de intervinientes, áreas geográficas y operaciones.

Son, en definitiva, órganos de colaboración con la administración, con capacidad para comunicar, investigar, ejercer control interno y formar.