Las gestoras deben identificar al comercializador y no al partícipe en la prevención de blanqueo

27 junio, 2014

Hace ahora casi dos meses que entró en vigor en nuevo Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y con él, se cierra la puesta en marcha de todo un elenco de nuevas prácticas que sitúan a España entre los países más avanzados en la materia. En lo que afecta a la industria de la inversión colectiva, se establece que las gestoras (SGIIC) deben considerar a las entidades comercializadoras como clientes a los efectos de la prevención del blanqueo de capitales en los casos de comercialización de IIC mediante cuentas globales. Esto supone que la obligación de identificación se debe cumplir respecto del comercializador y no del partícipe.

El nuevo reglamento trae consigo el inicio de la cuenta atrás para la puesta en marcha del fichero de titularidades financieras. En el plazo de dos años a contar desde la publicación en el BOE de esta norma, una orden ministerial debe establecer el marco para que las entidades de crédito cumplan con la nueva obligación de declarar al SEPBLAC la apertura o cancelación de cuentas corrientes, de ahorro, de valores y depósitos a plazo. El objetivo es crear un fichero al que tendrán acceso jueces, fiscales, policía, CNI y Hacienda para luchar contra el blanqueo.

Según resumen los expertos de Allen&Overy, el nuevo reglamento gira en torno a cinco cuestiones básicas: las medidas de diligencia debida que se deben adoptar, las obligaciones de información y comunicación, el control interno, el fichero de titularidades financieras y la organización institucional.

Obligaciones de identificación aplicables a las SGIICs

Las medidas de diligencia debida se establecen en tres niveles niveles: normal, simplificado y reforzado. Las normales incluyen, entre otros, las obligaciones de identificación formal sobre clientes, titulares reales y propósito e índole de las relaciones de negocio. En este contexto de identificación, se incluye a las entidades gestoras para especificar que deben considerar a las entidades comercializadoras como clientes a los efectos de prevención del blanqueo de capitales. De manera general, el nuevo Reglamento (artículos 6.3 y 7) hace referencia a lo dispuesto en el artículo 40.3 de la Ley de IIC, artículo cuyos efectos se han producido a partir del 1 de enero de 2014. Asimismo, el texto especifica la obligación de identificación respecto de los trusts anglosajones.
Según explica el equipo de Allen & Overy, la consideración del comercializador como cliente de cara a la obligación de identificación que incumbe a las SGIICs implica dos cuestiones en la comercialización de IIC mediante la utilización de cuentas globales. Por un lado, que la obligación de identificación se ha de cumplir respecto de la entidad comercializadora (en lugar de respecto a los partícipes) y, por otro lado, que existe la posibilidad, respecto del comercializador, de aplicar medidas de diligencia simplificada en la medida en que sean entidades financieras domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes.

Las medidas simplificadas de diligencia debida están pensadas para determinadas operaciones y algunos productos y clientes. Por ejemplo, podrán aplicarse a las pólizas de seguros de vida cuya prima anual no exceda de 1.000 euros o cuya prima única no exceda de 2.500 euros o a los instrumentos de previsión social complementaria y a los seguros colectivos bajo ciertos requisitos. Por clientes, se aplican, entre otros, a las entidades financieras (exceptuadas las entidades de pago) y a sus filiales o sucursales domiciliadas en la UE o en países equivalentes que sean objeto de supervisión a los efectos de prevención de blanqueo.
De manera sintética, las medidas simplificadas consisten en rebajar o suavizar determinadas prácticas. Por ejemplo, se puede evitar el tener que recabar información sobre la actividad profesional o empresarial del cliente pudiendo deducirla del tipo de operaciones que se realicen. El Reglamento no dice cómo deben concretarse estas medidas simplificadas, sólo especifica que deben ser congruentes con el riesgo por lo que queda en manos de las entidades concretar estos aspectos.

EAFIs eximidas

Respecto a las obligaciones de información, el Reglamento sigue la división ya marcada de comunicación por indicios y comunicación sistemática. En la primera, se trata de informar puntualmente de una determinada operación cuando hay “indicios o certeza” de relación con el blanqueo o la financiación del terrorismo. La comunicación sistemática se traduce en la obligación de comunicar mensualmente al SEPBLAC cierto tipo de operaciones. En este punto, el Reglamento no solo mantiene esta obligación mensual sino que establece más supuestos de comunicación sistemática que en la anterior regulación y abre la puerta a que se incluyan más supuestos por la vía de la orden ministerial. Asimismo, exime de esta obligación de comunicación a las EAFIs, lo que en su opinión es muy comprensible, ya que en la práctica es extraño que se den este tipo de comunicaciones por parte de estas entidades.

En relación con las medidas de control interno, el Reglamento desarrolla la elaboración de un manual de prevención; la designación de un representante responsable del cumplimiento; el establecimiento de un órgano de control interno responsable de la aplicación de los procedimientos de prevención; y el contenido y los plazos (dos meses) del informe que debe elaborar un experto independiente sobre la idoneidad de las medidas de control interno adoptadas.

Fuente: FundsPeople.com

¿Qué normativa aplica al informe de experto externo? ¿Cómo se realiza y por quién?

24 junio, 2014

Como ya informamos en un post anterior, el pasado 6 de mayo se publicó el RD 304/2014 por el que se aprobó el Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que en su artículo 28, señala el carácter que tendrán los informes de experto externo y las medidas y correcciones que se deben aplicar a los mismos en caso de ser necesario.

Así mismo, el informe de experto externo y según lo destacado en la disposición derogatoria única de dicho reglamento, se basa en la Orden Ministerial EHA/244/2007, de 31 de Julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el RD 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales.

Las entidades que se dediquen a las actividades que indica el artículo 2 de la Ley 10/2010 deben someterse a un examen por Experto Externo periódicamente, cada año si son del régimen general, o cada tres años si son del régimen especial y realizarán una auditoría interna anual excepto los empresarios o profesionales individuales, entendiendo por tales aquellas personas físicas que realizan, en nombre propio, una actividad empresarial o profesional, los corredores de seguros y los sujetos obligado comprendidos en el art 2.1, párrafo i) a u), ambos inclusive, que con inclusión de los agentes ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocio anual o cuyo balance genera anual no supere los 2 millones de euros, salvo que estén integrados en un grupo empresarial que superen dichas cifras.

El informe debe incluir:

  1. Datos generales de la empresa y del experto externo.
  2. Información sobre el sujeto obligado y la normativa interna del mismo (descripción, valoración de la eficacia operativa, deficiencias detectadas, rectificaciones y mejoras propuestas).
  3. Órganos de control interno y comunicación: representante ante el SEPBLAC.
  4. Identificación y conocimiento de clientes: procedimientos de identificación y conocimiento de clientes, procedimiento de verificación de las actividades declaradas por los clientes, procedimiento para conocer los beneficiarios últimos de relaciones con clientes que actúan por cuenta ajena, excepciones a la identificación y conocimiento de los clientes, política de admisión de clientes, medidas adicionales y procedimientos de verificación de transacciones.
  5. Conservación de la documentación.
  6. Detección, análisis y comunicación de operaciones susceptibles de estar vinculadas con el blanqueo de capitales.
  7. Declaración mensual obligatoria de operaciones.
  8. Cumplimentación de los requerimientos del servicio ejecutivo u otras autoridades.
  9. Formación de empleados y directivos del sujeto obligado.
  10. Filiales, sucursales, agentes u otros mediadores.
  11. Procesos de auditoría y verificación interna.

“Dicho informe no debería referirse solamente a la adaptación teórica de dichos procedimientos, sino ser capaz de determinar el cumplimiento efectivo de los nuevos principios de la Ley 10/2010, especialmente en lo que a la diligencia debida se refiere. Es por ello que la oportunidad de su realización habría de situarse, como mínimo, en un periodo de seis meses posterior a la entrada en funcionamiento de los nuevos procedimientos, con el fin de disponer ya entonces de elementos de juicio suficientes para su valoración práctica” (fuente: Servicio de Información de los Sujetos Obligados)

Según lo indicado en el artículo 28 de la Ley 10/2010, los resultados del examen serán consignados en un informe escrito que describirá detalladamente las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras. No obstante, en los dos años sucesivos a la emisión del informe podrá éste ser sustituido por un informe de seguimiento emitido por el experto externo, referido exclusivamente a la adecuación de las medidas adoptadas por el sujeto obligado para solventar las deficiencias identificadas.

Así mismo, deben ser realizadas por Expertos profesionales que acrediten una adecuada formación y experiencia profesional, y que además se hallen inscritos en el registro que lleva el SEPBLAC.

Según el SEPBLAC, los requisitos que ha de cumplir la persona que se acredita como experto externo han de ser solamente los de comunicar al Servicio Ejecutivo su pretensión de actuar como experto externo antes de iniciar su actividad, e informarle semestralmente de la relación de sujetos obligados cuyas medidas de control interno haya examinado.

Ante esta falta de regulación administrativa por parte de los poderes públicos de la figura del Experto Externo, los profesionales dedicados a esta labor han ido dando pasos con el objetivo de aportar mayor seguridad al mercado, mediante la auto regulación y la fijación de estándares comunes que definan las mejores prácticas en sus labores de auditoría.

De esta manera, en el año 2004 nació APREBLACA, la primera asociación de expertos externos independientes, impulsada por profesionales de primer nivel, y personas fuertemente vinculadas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España, u otras áreas de la Administración, y que este año celebra su décimo aniversario.

Más recientemente han surgido nuevas asociaciones como INBLAC o ASEBLAC, con la misión de certificar o acreditar la labor de profesionales en la materia, y generar valor añadido a través del intercambio de experiencias y criterios recogidos en la práctica profesional.

Soluciones Confirma cuenta en sus departamentos de Consultoría y Auditoría con la experiencia de más de diez años que aportan los profesionales de la firma especializada Rubí Blanc Abogados, y mantiene acuerdos de colaboración con otros despachos para poder responder a las necesidades exactas de sus clientes.

Nuevo acuerdo de los 28 para combatir el blanqueo de capitales

23 junio, 2014

Los países de la UE han alcanzado este miércoles día 18 de Junio un acuerdo político, que ahora debe negociarse con la Eurocámara, sobre nuevas reglas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las nuevas reglas se aplicarán a los casinos y a los servicios de apuestas transfronterizos, pero los Estados miembros pueden introducir exenciones para el resto de juegos de azar.

La legislación consta en concreto de una directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de un reglamento sobre la información que debe acompañar a las transferencias de fondos para garantizar su trazabilidad.

El compromiso prevé la creación de registros nacionales de información sobre los titulares reales de las sociedades, al que tendrán acceso sin restricciones las autoridades competentes, las unidades de inteligencia financiera y, si lo permiten los Estados miembros, las entidades obligadas, por ejemplo el banco.

No obstante, los Estados miembros tendrán flexibilidad sobre los mecanismos concretos bajo los que operarán estos registros, aunque la norma da una serie de ejemplos.

Además de para los juegos de azar, la legislación permite a los Estados miembros conceder exenciones a determinados instrumentos de dinero electrónico (e-money), aunque con condiciones.

Las sanciones para los incumplidores se fijan en un mínimo de 1 millón de euros, aunque el umbral podría aumentar hasta 5 millones tanto para las personas físicas como para las jurídicas para infracciones que impliquen a entidades de crédito o instituciones financieras.

(fuente: Europa Press)

En la actualidad los países están apostando por crear un cerco ante situaciones delictivas relacionadas directamente con el blanqueo de dinero procedente de prácticas ilegales, que se manifiesta en el incremento de acuerdos específicos y cambios legislativos para adaptar la normativa a la realidad de cada uno de esos países.

Un claro ejemplo lo tenemos en la información que exponíamos en un Post anterior sobre la evolución de la normativa sobre prevención del blanqueo en el sector del juego y en concreto del juego online en España:

“En general, todos los países europeos han querido dar respuesta a la solicitud de regulación de este sector mediante la implementación de cambios en sus legislaciones de juego en los últimos años, adaptándolas a los nuevos canales, como ha pasado con la nueva ley del juego online en España, cuyo objetivo es el de garantizar un juego justo, íntegro, fiable y transparente”

Los bancos tendrán que identificar a Hacienda a los titulares de cuentas

12 junio, 2014

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el día 7 de Junio de 2014 un real decreto que modifica un reglamento de inspección tributaria por el que se obliga a la banca a identificar a los titulares de cuentas financieras con la intención de luchar contra el fraude fiscal.

Prevención del blanqueo de capitales y fraude fiscal en el sector asegurador

11 junio, 2014

Según los datos presentados por Unespa (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras) correspondientes al primer trimestre del 2014,