Las claves del G5 contra la planificación fiscal de las multinacionales

29 abril, 2014

España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido han reforzado su compromiso con la lucha contra el fraude fiscal y el intercambio de información tributaria, en una reunión de alto nivel celebrada en París el pasado 28 de abril.

En el marco de este encuentro, los ministros de Finanzas han suscrito un comunicado conjunto sobre fraude y evasión fiscal, y una declaración conjunta sobre intercambio de información tributaria.

En relación al comunicado, el G5 muestra su apoyo al proyecto BEPS (Base Erosión and Profit Shifting) de la OCDE ya ratificado por el G20, para evitar la erosión de bases imponibles a escala internacional y la transferencia artificial de beneficios empresariales.

El G5 entiende que en el proyecto deben incluirse una serie de propuestas:

Economía digital

Los países donde las empresas relacionadas con la economía digital desarrollan sus actividades deben poder obtener una parte proporcional de la recaudación fiscal ligada a las mismas.

Precios de transferencia

En la medida que son precios que establecen la valoración de las transacciones realizadas entre entidades vinculadas en diferentes países, el G5 cree necesario revisar las normas sobre este particular para asegurar que los beneficios se gravan donde se produce la creación de valor.

Así, una parte del trabajo se llevará a cabo sobre los llamados intangibles que, dado su elevado valor, su difícil valoración y el hecho de ser fácilmente deslocalizables, pueden ser utilizados para desviar bases imponibles y minimizar la tributación.

Se trataría de poder recaracterizar o recalificar las transacciones cuando una operación vinculada no tiene otro sentido que obtener una ventaja fiscal. La recaracterización implicaría cambiar la calificación de una transacción de manera que se trate la operación como si la hubiesen realizado empresas independientes (no vinculadas).

Híbridos

El G5 es unánime al pedir reglas contra los efectos de ciertos instrumentos que, dada su naturaleza de híbridos (tienen un tratamiento distinto en un país de otro), pueden dar lugar a situaciones de “doble no imposición” (desimposición).

El ejemplo más típico es un instrumento que es considerado como deuda en un país y como fondos propios en otro; los abusos se producen cuando este instrumento se utiliza para obtener deducciones por intereses en el país en el que se considera que es deuda, y dividendos exentos de gravamen en el país en el que se consideran que son fondos propios.

Abuso de tratados

Proponen, además, que los beneficios de los convenios para evitar la doble imposición entre dos países deben ser denegados en los casos en los que se demuestre que los contribuyentes estén abusando de los mismos. El objetivo es evitar que se consigan indebidamente los beneficios contenidos en un convenio y, por tanto, reducir la carga impositiva sin que la transacción tenga motivos económicos válidos.

Información “país por país”

Los cinco países consideran relevante realizar informes que incluyan tanto información fiscal como otro tipo de información necesaria para poder realizar análisis de riesgos. Se trata de que los Estados reciban la información de las multinacionales sobre cómo reparten su carga tributaria en distintos países. El objetivo es detectar los casos en los que una empresa realiza un reparto de su carga impositiva desviándola artificialmente de donde se crea valor.

Ámbito europeo

España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido afirman que todo este tipo de iniciativas relacionadas con la erosión de bases imponibles deben extenderse especialmente en el ámbito de la Unión Europea por ser un espacio en el que tiene limitada la fiscalidad sobre los pagos trasfronterizos.

De esta forma, el G-5 reclama expresamente a la Comisión Europea que inicie cambios legislativos sobre las directivas comunitarias relacionadas con la fiscalidad empresarial, con el ánimo de evitar esquemas de planificación fiscal agresiva.

Intercambio de información automático estandarizado

En su declaración conjunta, el G5 refuerza su compromiso a favor de la extensión a nivel internacional de un modelo de intercambio de información tributaria, de forma automática y estandarizada.

El compromiso parte del proyecto piloto puesto en marcha precisamente hace un año por este Grupo, siguiendo el modelo FATCA adoptado por estos cinco países con EEUU.

Hasta el momento otras 39 jurisdicciones de todo el mundo han hecho público ya su compromiso con este modelo, que sigue también los estándares de la OCDE.

Este compromiso político se plasmaría en una firma conjunta en el marco del Foro Global que tendrá lugar en octubre próximo en Berlín.

Tras la firma, los países y territorios firmantes se comprometen a intercambiar información fiscal de forma homologada y automática, a partir de 2017. El intercambio afectará ya a cuentas que estén abiertas a finales de 2015.

 

Las nuevas reglas en la financiación de los partidos europeos aumentan la transparencia

25 abril, 2014

Con el fin de asegurar un nivel elevado de transparencia y responsabilidad, el pleno de la Eurocámara ha aprobado la reforma de las normas de financiación y del estatuto jurídico de los partidos políticos europeos y sus fundaciones.

Las nuevas reglas, que entrarán en vigor a partir de enero de 2017, clarificarán las subvenciones que reciben estas formaciones. El acuerdo incluye, además, un sistema de control e imposición de sanciones en caso de incumplimiento.

Desde julio de 2004, los partidos políticos europeos pueden recibir financiación anual del Parlamento Europeo que también asume desde septiembre de 2008 la de las fundaciones políticas.

Esta financiación consiste en una subvención para su funcionamiento y puede abarcar hasta el 85% de los gastos subvencionables de un partido o fundación; el 15% restante lo debe sufragar el propio partido o fundación con cargo a sus propios recursos como, por ejemplo, las cuotas que abonan los miembros o las donaciones.

La subvención puede utilizarse para sufragar los gastos directamente relacionados con los objetivos establecidos en el programa político del partido, como por ejemplo, reuniones y conferencias; publicaciones, estudios y publicidad; gastos administrativos, de personal y de viaje, y gastos de campañas relacionadas con las elecciones europeas.

No son gastos subvencionables los que se deriven como consecuencia de campañas para referendos y elecciones que no sean las europeas; financiación directa o indirecta de partidos y candidatos a elecciones nacionales y fundaciones políticas nacionales y europeas, y deudas y gastos relacionados con su amortización.

Con el nuevo Reglamento, se facilitará tanto a los partidos como a las fundaciones políticas generar recursos propios al elevar el límite de donaciones de 12.000 euros a 18.000 euros anuales por donante. En cuanto a las donaciones por encima de los 3.000 euros, se harán públicos los nombres de los donantes y las cantidades correspondientes. Cuando la cantidad donada oscile entre los 1.500 y los 3.000 euros, será necesario el consentimiento del donante.

El Parlamento y una autoridad independiente serán responsables de evaluar el cumplimiento de estas normas y de la correcta aplicación de otros requisitos ligados a los fondos que no proceden de la UE, como donaciones y contribuciones.

La Eurocámara impondrá sanciones por el mal uso de los fondos de la UE en casos de incumplimiento de las obligaciones de información y transparencia o cuando haya una condena penal.

Control de la economía digital y detección precoz de actividades ocultas, ejes de la lucha contra el fraude fiscal

24 abril, 2014

Como novedad en este ejercicio, la Agencia Tributaria ha iniciado una investigación en profundidad de la llamada economía digital, un ámbito en el que se aprovecha la deslocalización que permite la red para ocultar diversas formas de fraude, incluyendo tanto actividades totalmente sumergidas, como otras que disimulan su operativa bajo apariencia extranjera para eludir las obligaciones fiscales en España.

Estas actuaciones marcarán el Plan de Control Tributario 2014, junto con el papel protagonista que jugará el personal dedicado a la auditoría informática en las investigaciones sobre economía sumergida, las actuaciones directas de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) y la explotación de la nueva información y herramientas de control recogidas en la ley antifraude de 2012 (Ley 7/2012).

Y es que tras un primer estudio de las principales operativas de gestión de negocio asociadas a actividades realizadas exclusivamente a través de la red y sus patrones de riesgo fiscal, la Agencia Tributaria ha puesto el foco de atención sobre dos grandes áreas de control en este ámbito de la economía digital.

Así, al objeto de garantizar una correcta tributación en nuestro país de las rentas generadas en la actividad económica, habrá una atención prioritaria sobre fabricantes o prestadores de servicios que comercializan a través de internet, así como sobre aquellas personas físicas o entidades titulares de páginas web receptoras de publicidad, para asegurar la adecuada tributación de los ingresos publicitarios.

Lucha contra la economía sumergida

Paralelamente, se está desarrollando una estrategia coordinada de lucha contra la economía sumergida, buscando la detección precoz de actividades ocultas y potenciando las actuaciones presenciales.

La principal novedad en este ámbito es el papel protagonista del personal especializado en técnicas de auditoría informática que deberán detectar manipulaciones de los libros de contabilidad y de los libros registro, de llevanza de doble contabilidad o de ocultación parcial de la actividad.

También en materia de economía sumergida, serán prioritarias las actuaciones presenciales dirigidas al análisis de la facturación y los medios de pago para verificar el cumplimiento de la limitación de pagos en efectivo establecida en la Ley 7/2012.

Igualmente, se intensifica el cruce de información relativa a flujos de fondos, facturación con tarjetas de crédito o situaciones patrimoniales inconsistentes con las declaraciones tributarias, y se reforzará la explotación de información de otras Administraciones Públicas, especialmente en lo relativo al ejercicio de actividades económicas.

En el caso de profesionales que operen en sectores donde sea habitual el cobro en metálico, se examinará la aplicación de la limitación de pagos en efectivo.

Se plantea también el refuerzo de las actuaciones dirigidas a detectar la utilización abusiva de formas societarias en actividades empresariales en sus relaciones con socios, trabajadores, administradores o personas vinculadas con ellos, dirigidas a una disminución improcedente de la tributación global.

Fiscalidad internacional

En el ámbito de la fiscalidad internacional, a lo largo de 2014 se desarrollarán actuaciones directas de la ONFI que, además de las labores de planificación de áreas de riesgo y fijación de criterios para la coordinación de actuaciones, planificará la selección de contribuyentes susceptibles de inspección.

Según precisa Hacienda, la labor de control en el área de la fiscalidad internacional “pivotará sobre la utilización abusiva de mecanismos “híbridos” que permiten una minoración artificial de la tributación haciendo uso de los convenios para evitar la doble imposición, operaciones con paraísos fiscales, falsos residentes en terceros países, y profesionales no residentes que realizan actividad económica en España”.

En el caso de los paraísos fiscales, para este ejercicio se han planificado más de 340 actuaciones que, coordinadas por la ONFI, irán dirigidas a verificar operaciones realizadas con estos territorios, analizando sus implicaciones fiscales y procediendo a las correspondientes regularizaciones.

Además, se esperan los primeros resultados del proyecto de investigación dirigido por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la ONIF, para la captación de información sobre titulares de tarjetas emitidas con cargo a cuentas en el exterior, o tarjetas ‘offshore’.

¿Qué es el blanqueo de capitales por imprudencia?

16 abril, 2014

Es un delito tipificado en el artículo 301.3 de nuestro Código Penal, con la finalidad de evitar que exista un eximente de responsabilidad por el blanqueo de capitales.

Este tipo delictivo castiga la imprudencia grave del autor, es decir, “aquella en la que se omite las más esenciales reglas del deber objetivo de cuidado”.

Esta imprudencia se relaciona con dos aspectos: asociado tanto al conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes, como al propio comportamiento de blanqueo. Además, es fundamental una injustificable falta de diligencia del sujeto activo en la acción de blanqueo típica o en la constatación del origen ilícito de los bienes.

Así, los sujetos activos pueden ser aquellas personas que, por su profesión o actividad susceptibles de ser utilizadas por las organizaciones delictivas para el blanqueo de capitales, deben guardar las cautelas y prevenciones reguladas por normas nacionales que les exijan deberes y obligaciones.

También se considera sujeto activo aquel que sin desarrollar una actividad sensible, realice una infracción grave de la norma objetiva de cuidado.

Sin embargo, el propio Tribunal Supremo, en su jurisprudencia (STS 22-10-2009, nº 1025/2009; STS nº. 960/2008, que cita, a su vez la STS núm. 1034/2005) lo califica de “delito especial” por la naturaleza de la negligencia, su distinción con el dolo eventual, así como por su relación con el sujeto activo.

El Supremo señala  que en este tipo no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que “por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya actuado al margen de tales cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigibles y los que, incluso, en ciertas formas de actuación, le imponían normativamente averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos, cuando su procedencia no estuviere claramente establecida”.

La imprudencia no recae, por tanto, sobre la forma en que se ejecuta el hecho, sino sobre el conocimiento de la naturaleza delictiva de los bienes, “de tal modo que debiendo y pudiendo conocer la procedencia delictiva de los bienes, actúe sobre ellos, adoptando una conducta de las que describe el tipo y causando así objetivamente la ocultación de la procedencia de tales bienes (su blanqueo) con un beneficio auxiliador para los autores”.

Infografía: ¿Qué es el Repositorio SISO?

9 abril, 2014

Se trata de un fichero de intercambio de información entre los sujetos obligados del sector financiero con datos sobre operaciones de riesgo.

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