¿Qué recomienda el Comité de Basilea para la identificación de clientes?

31 enero, 2014

Es un hecho que los órganos de supervisión de todo el mundo han intensificado los controles y procedimientos con los que deben contar las entidades financieras para conocer a sus clientes.

Ya no es anecdótico el titular en un medio de comunicación de que un banco ha sido sancionado por no aplicar una política eficaz en la prevención del blanqueo de capitales.

Y, precisamente, no ejercer la debida diligencia con respecto a clientes nuevos y antiguos es una parte muy importante de estas sanciones.

Así lo entiende el Comité de Basilea que si bien matiza “no pretende duplicar los esfuerzos del GAFI”, ha desarrollado su propia guía en la que, según las últimas tendencias de supervisión,  presenta las “normas mínimas aplicables mundialmente a todos los bancos”.

Reconoce el Comité que, probablemente, estas normas haya que “complementarlas con otras confeccionadas en función de los riesgos de determinadas instituciones y de los sistemas bancarios de cada país”.

En su documento, el Comité empieza por definir el concepto cliente en el que incluye tres modalidades: la persona o entidad que mantiene una cuenta con el banco o aquella para la que se mantiene la cuenta; los beneficiarios de transacciones efectuadas por intermediarios profesionales; así como toda persona o entidad ligada a una transacción financiera y que pudiera representar un riesgo a la entidad.

Así, en el caso de nuevos clientes, se marca como principio que los bancos establecerán una relación comercial sólo después de haber verificado satisfactoriamente su identidad.

Y para ello se recomienda el uso de documentos difíciles de falsificar o de obtener ilícitamente.

Vemos que el proceso de identificación del cliente se realiza al comienzo de la relación. No obstante, para asegurar que los registros se mantengan al día, el Comité señala que deben efectuarse revisiones regulares y un buen momento para hacerlo es “cuando se realiza una transacción importante, cuando varían las normas de documentación de un cliente o cuando se produce un cambio relativamente importante en la forma de operar la cuenta”.

Por tanto, como punto de partida y seguimiento del proceso de identificación, los bancos deben obtener los documentos de identificación de los clientes y guardar copias durante al menos cinco años desde el cierre de la cuenta. También deberían conservar todos los registros de transacciones financieras, como mínimo, durante cinco años después de efectuada la transacción.

Asimismo, en el caso de clientes no residentes, donde se precisa que requerirá particular atención, la entidad no deberá soslayar los procedimientos de verificación de identidad sólo porque el nuevo cliente no pueda presentarse a una entrevista. El banco “deberá preguntarse porqué el cliente decidió abrir una cuenta en una jurisdicción extranjera”, dice el documento.

También las entidades que ofrecen servicios bancarios privados, están especialmente expuestos y deberían aplicar mayor diligencia a dichas operaciones. En este caso, hay que considerar que las cuentas bancarias privadas pueden abrirse a nombre de un particular, negocio comercial, fideicomiso, intermediario o una compañía de inversión personalizada.

La identificación formal constituye, pues, el elemento base de toda política de prevención de blanqueo de capitales. En este sentido, no hay que obviar que esta identificación de clientes con los que se vaya a iniciar una relación comercial, queda bajo la responsabilidad de las entidades, empresas o profesionales considerados como sujetos obligados.

Un enfoque global para poner fin a la economía sumergida

24 enero, 2014

El nuevo dictamen que el Comité Económico y Social Europeo (EESC) dedica a la economía sumergida, pone de manifiesto que su extensión e impacto en la economía difiere enormemente entre los diferentes Estados miembros y las regiones, con porcentajes que van desde menos de un 10% en unos casos, a más del 30% de la producción total, en otros. Estas cifras también varían considerablemente de un sector económico a otro.

Las estimaciones muestran que la economía sumergida y el trabajo no declarado en Europa suponen, en este momento, más de 2,1 billones de euros.

En España, durante el pasado año, el importe estimado de la economía no declarada se situó alrededor del 19% del PIB.

Claramente, esta pérdida de ingresos tiene graves consecuencias en la calidad de los productos y servicios de un país, y también para la sociedad en cuanto a su impacto en las condiciones de trabajo o la explotación de los colectivos de mayor vulnerabilidad.

Aunque no estamos ante un problema de reciente aparición, se trata de una materia que ha cobrado especial relevancia por el actual contexto de crisis económica y por las cifras alcanzadas.

Para el ponente de esta iniciativa, Stefano Palmieri, todavía “son muchos los que ven la economía sumergida como algo normal” y se muestran tolerantes a la hora de contribuir al mercado negro, ya sea para contratar, proporcionar mano de obra barata o realizar compra-venta de mercancías eludiendo impuestos.

Además, añade Palmieri, “muchos países aún carecen de una postura clara” sobre la economía sumergida y el trabajo no declarado.

El Comité defiende que una lucha eficaz contra la economía sumergida pasa por desarrollar una evaluación cuantitativa y cualitativa de su impacto en los Estados y en Europa.

Con un enfoque integral y único que mida la magnitud, el impacto y su desarrollo, es decir, una metodología única,  “podremos comparar números y elaborar políticas específicas”, afirman.

Por su parte, desde la Fundación Estudios Financieros, en su Documento de Trabajo sobre “La economía sumergida en España” también hace referencia a las dificultades de estimación del tamaño de las economías sumergidas. Son, en suma, problemas derivados del uso de distintas metodologías y de la aplicación de indicadores a países muy distintos y difícilmente comparables.

En el ámbito fiscal, el estudio recoge una serie de recomendaciones para luchar contra el fraude fiscal que lleva aparejado la economía sumergida.

Se propone combatir la existencia de paraísos fiscales y del fraude con el impulso de una serie de medidas, entre las que destacan, la tipificación como infracción tributaria del ofrecimiento de productos o servicios destinados al fraude; exigir la responsabilidad a quienes comercializan productos diseñados con técnicas de ingeniería fiscal; simplificar la regulación y “evitar la creación de oportunidades de arbitraje tributario”; y, adoptar “una posición mucho más beligerante” para erradicar los paraísos fiscales.

La élite china confía su riqueza a los paraísos fiscales

22 enero, 2014

La nueva bomba informativa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) nos sitúa en China donde, a través del acceso a una base documental, se ha conocido que familiares directos de los líderes del régimen, incluido el actual presidente, han tenido relación con empresas ubicadas en paraísos fiscales para ocultar bienes y dinero del control oficial.

Es más, junto a su participación en empresas ya constituidas en territorios opacos, alguno de ellos sería titular de otras sociedades secretas . Este es el caso del cuñado del presidente, que aparece en los documentos como propietario de una empresa inmobiliaria. También el hijo y el yerno de un exprimer ministro son titulares de empresas en las Islas Vírgenes.

En los archivos obtenidos por ICIJ, procedentes de una filtración de más de dos millones de archivos de las gestoras Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust que operan en las Islas Vírgenes Británicas, aparecen en torno a 22.000 clientes extranjeros con direcciones en China y Hong Kong. Entre ellos, los hombres y mujeres más poderosos y ricos del país.

Y es que desde que China vive su particular proceso de transformación y apertura, las élites cercanas al régimen se han enriquecido de manera acelerada.

Como intermediarios, los documentos señalan a PricewaterhouseCoopers, UBS, Credit Suisse y otros bancos o empresas auditoras occidentales. Así, estas entidades facilitan que sus clientes chinos establezcan inversiones en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes o Samoa.

No es casual esta predilección de la élite china por el Caribe si tenemos en cuenta que hasta 2010 este territorio británico de ultramar era el segundo inversor directo del gigante asiático.

Esta investigación plasma, en definitiva, una dependencia desmesurada de la segunda mayor economía mundial en islas diminutas a miles de kilómetros de distancia, que ofrecen un ventajoso régimen tributario.

Hasta ahora, los funcionarios chinos no tienen obligación de hacer públicos sus bienes, cuestión que ha favorecido una economía paralela que permite a los poderosos y bien relacionados evadir impuestos y mantener sus transacciones en secreto.

El cambio de modelo económico ha convertido a China en un referente en el uso de territorios offshore para depositar bienes.

ICIJ

Fuente: ICIJ

¿Qué es el GRECO?

17 enero, 2014

El pasado día 15 de enero, el Consejo de Europa publicaba un informe en el que expresaba su preocupación por la proliferación de casos de corrupción en nuestro país, escándalos que “ponen en cuestión la credibilidad y confianza en las instituciones políticas y judiciales”.

El documento aconseja al Parlamento que establezca una serie de medidas para dar ejemplo. Así, junto a la adopción de un paquete de normas éticas, se insta a aplicar mayores estándares de transparencia sobre las cuentas e intereses financieros de los diputados así como a que exista un sólido sistema sancionador para este tipo de comportamientos corruptos.

En el ámbito judicial, Europa pide garantías adicionales para evitar la politización de los tribunales y anima a jueces y fiscales a continuar realizando su trabajo de manera independiente e imparcial.

La aplicación de éstas y otras recomendaciones realizadas por el Consejo a través del Grupo anticorrupción (GRECO) serán evaluadas en el segundo semestre de 2015 por su grado de cumplimiento.

Pero, qué es el GRECO y cómo funcionan sus evaluaciones.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) fue creado en 1999 con el fin de mejorar la capacidad de los Estados miembros en la lucha contra la corrupción a nivel nacional e internacional.

Con este objetivo, vela por el respeto de las normas establecidas en los 20 principios rectores de lucha contra la corrupción y en dos Convenios del Consejo de Europa: el Convenio de Derecho Civil sobre la Corrupción y el Convenio de Derecho Penal contra la Corrupción.

La evaluación de su cumplimiento se lleva a cabo mediante un proceso dinámico de evaluación mutua, cuyo objeto es la identificación de las lagunas existentes en las políticas nacionales anticorrupción y la propuesta de reformas legislativas e institucionales.

Las evaluaciones se dividen en rondas que comprenden la visita al país, la elaboración de los informes con las recomendaciones del GRECO y la presentación por parte del país evaluado de un informe de cumplimiento de las recomendaciones formuladas.

Actualmente, España está en la cuarta ronda de evaluación que, tal y como se desprende de los datos del informe comentado, se centra en la prevención de la corrupción respecto de parlamentarios, jueces y fiscales.

Novedades desde Europa: supervisión del juego online para prevenir el blanqueo

10 enero, 2014

La futura Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, podría incluir el juego online como actividad susceptible de ser supervisada por los órganos “antiblanqueo” competentes.

Hasta ahora, en el sector del juego, sólo los casinos estaban incorporados en el texto de esta normativa europea que aún continúa en proceso parlamentario. Con esta reciente modificación al borrador se diferencia entre el juego que entraña “un alto riesgo de usarse para el blanqueo de dinero” y aquel en el que el riesgo es muy bajo.

Con este planteamiento, Bruselas entiende que tanto los casinos como los proveedores online deben recibir un trato diferenciado de los proveedores de otros servicios de juego.

También se establece que la futura Directiva sea de aplicación a los juegos que se desarrollen a través de redes sociales, ya que “los riesgos asociados a esta industria implican que todos los juegos sean objeto de las mismas medidas de control, de manera que no existan áreas grises”.

En nuestro país, la Ley 13/2011 regula específicamente la actividad del juego “cuando se realice a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos”.

Y se dispone, igualmente, que los operadores deberán poner en marcha mecanismos de prevención para evitar el fraude y aquellos delitos asociados al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en los términos dispuestos por la Ley 10/2010.

Sin embargo, teniendo en cuenta que se utiliza el dinero electrónico como medio de pago no están obligados a identificar a los usuarios de forma fehaciente, ni a realizar un seguimiento de la relación de negocio, ni a evaluar el riesgo del cliente individual o a identificar el origen de los fondos utilizados.

Fuente: El Economista