21 Abr COVID-19: casi un centenar de organizaciones piden protección para los denunciantes
Más de 90 organizaciones de la sociedad civil integradas en el proyecto EAT (Expanding Anonymous Tipping) financiado por la Comisión Europea, han impulsado un documento dirigido a todas las autoridades e instituciones públicas para que protejan a quienes alerten o expongan los daños, abusos y faltas graves que se produzcan durante este período de crisis causado por la pandemia COVID-19 a nivel global.
El escrito fechado el 20 de abril, bajo el título de «Coalición para alertar de forma segura durante el COVID-19 y más allá«, advierte que en esta crisis ya se han visto «ejemplos de malas prácticas y mala gestión» en las instituciones públicas, mercados comerciales y empresas.
Los firmantes subrayan que «cuando se toman decisiones en condiciones de emergencia, a menudo lejos del escrutinio democrático», el papel de los alertadores es «vital», sobre todo, en momentos tempranos.
Y es que, en su opinión, los denunciantes son «el mecanismo correctivo a prueba de fallos» en cualquier sociedad, especialmente en una crisis sanitaria internacional en la que el derecho del público a saber puede tener consecuencias de vida o muerte.
Alertar irregularidades, añaden, ha demostrado ser «una herramienta poderosa» para luchar y prevenir acciones que socavan el interés público.
De ahí que estas organizaciones hagan un llamamiento a todas las autoridades públicas y a las instituciones corporativas para proteger a los denunciantes, especialmente dicen, a los trabajadores de servicios esenciales como los servicios de salud, atención a mayores y otros servicios sociales y públicos, así como el suministro de alimentos y la logística, entre otros.
Consideran que estas alertas, así como las de todos los ciudadanos, «son vitales para prevenir grandes desastres y reducir los impactos de la crisis» sobre todo en los miembros más vulnerables.
«Es preciso reconocer y proteger a estos importantes trabajadores, así como su derecho a un entorno de trabajo seguro y a alertar las amenazas a la salud y la seguridad públicas, la corrupción y otros abusos», precisa el escrito.