21 May Las infracciones de la normativa antiblanqueo que acabaron con el Banco letón ABLV
La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) alertaba a la tercera entidad financiera de Letonia, el Banco ABLV, de que prohibiría sus cuentas corresponsales en EEUU por realizar operaciones de blanqueo de capitales vinculadas a Rusia y Ucrania, y violar las sanciones a Corea del Norte.
Según sus investigaciones, ejecutivos, accionistas y empleados del ABLV habían institucionalizado el lavado de dinero como un pilar de las prácticas comerciales de la entidad. La administración del ABLV permitía que el banco y sus empleados orquestaran esquemas para el blanqueo de capitales, además de propiciar la actividad de empresas pantalla de alto riesgo para que el banco y sus clientes lavaran fondos.
En consecuencia, no existía un adecuado control sobre las cuentas de este tipo de sociedades y se buscaba obstruir el cumplimiento de la normativa letona a fin de proteger estas prácticas comerciales.
Si bien su marco legal no separa formalmente el negocio bancario nacional y la banca no residente, la mayoría de los bancos letones realizan sus negocios en banca minorista/comercial nacional o servicios bancarios no residentes, y no en ambos.
Así, la banca no residente en Letonia con depósitos por valor de 9.200 millones de euros (los residentes suman unos 12.200 millones de euros) permite que las compañías extraterritoriales, incluidas las compañías pantalla o ficticias, mantengan cuentas y realicen transacciones a través de bancos letones. Se transfiere el capital a través de Letonia, a menudo a través de estructuras legales complejas e interconectadas, a varias sedes bancarias con el fin de reducir el seguimiento de las operaciones y evitar que puedan ser calificadas como transacciones de riesgo. La dependencia del sistema bancario letón de los fondos de no residentes lo expone a un mayor riesgo financiero.
El informe de la FinCEN se enmarca en la Sección 311 de la ‘Patriot Act’, ley aprobada tras los atentados del 11 de septiembre y que controla las entidades bancarias para luchar contra la financiación de grupos terroristas.
Así, según la USA Patriot ACT, todas aquellas entidades bancarias que estén domiciliadas fuera de Estados Unidos y que deseen entablar o mantener relaciones de corresponsalía internacional con una entidad bancaria o un broker/dealer norteamericano, tienen la obligación de aportar cierta información sobre la naturaleza de sus negocios y el grado de supervisión al que está sometido.
Tras el anuncio de la FinCEN, el banco ABLV experimentó una ola de retirada de depósitos por parte de los clientes, así como una falta de acceso a la financiación en dólares estadounidenses.
A los pocos días, el Banco Central Europeo lo declaraba «no viable» al considerar que el banco no sería capaz de hacer frente a sus obligaciones de pago como consecuencia del deterioro «significativo» de su posicion de liquidez. A su vez, ordenó a la autoridad de supervisión de Letonia, la Comisión de Mercados Financieros y de Capital (FCMC), que impusiera una moratoria al banco para darle tiempo a estabilizar su situación. Las autoridades luxemburguesas también impusieron una moratoria a la filial del banco en este país.
El 26 de febrero de 2018, el banco hacía pública la liquidación voluntaria de la entidad.
