La última decisión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE, reunidos en Luxemburgo el pasado 14 de octubre, pretende añadir mayores dificultades a quienes hacen de la evasión fiscal una práctica habitual. Los paraísos fiscales y el secreto bancario ¿estarían escribiendo el final de una etapa?

De hacerlo,  será a partir de un acuerdo político adoptado sobre la aplicación de la revisada Directiva sobre cooperación administrativa, que da mayor alcance al intercambio automático de información bancaria con el objetivo de luchar contra el fraude y la evasión fiscal transfronteriza.

Una vez más, Bruselas pone sobre la mesa la posibilidad de acabar con el secreto bancario, una cuestión que haría mucho menos frágiles las diluidas fronteras de los paraísos fiscales.

“El secreto bancario está muerto y el intercambio automático de información será aplicado en su forma más amplia”, señalaba el comisario saliente de Fiscalidad y Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta.

La revisada Directiva que iniciará su aplicación a partir del 1 de enero de 2016 y el primer intercambio automático de información en septiembre de 2017, servirá para abarcar los datos de todas las clases de rentas que tendrán que ser “obligatoriamente” proporcionados a los demás Estados miembros.

Y es que amplía su alcance a los dividendos, las ganancias de capital, todas las otras formas de ingresos financieros y los balances de las cuentas bancarias desde las cinco categorías ya establecidas con anterioridad, y que, a partir del 1 de enero de 2015, serían objeto del intercambio si la información está “disponible”.

Este criterio de disponibilidad se revisará en 2017 y las cinco categorías hacen referencia a los rendimientos del trabajo, honorarios de directivos, productos de seguros de vida, pensiones y propiedad de bienes inmuebles y rendimientos inmobiliarios

El acuerdo político, tal cual, fue adoptado inicialmente por 26 de los 28 Estados miembros ya que, según apunta EFE, se ha incluido una salvaguarda para Austria, así como un cumplimiento condicionado de Luxemburgo.

El argumento del ministro austriaco: que la mayoría de los países del G20 participarán en el intercambio automático de información a partir de 2018 y “Viena tiene que crear un sistema desde cero que conecte los datos del sector bancario con la administración”, extremo que requiere tiempo y desarrollo técnico.

Austria, por tanto, tendrá “un año más” para comenzar a intercambiar automáticamente datos, pero deberá hacer todo lo que pueda para implementarlo al mismo tiempo que los 27 restantes.

Luxemburgo, por su parte, dio su voto a favor de incorporarlo en 2017 siempre que se mantengan tres condiciones: que la CE revoque la directiva revisada  sobre la fiscalidad del ahorro para evitar duplicidades; que haya solo el estándar global de la OCDE; y que la UE revise los acuerdos con países terceros, como Suiza, por ejemplo.

La Comisión Europea presentó sus propuestas en junio de 2013 y, desde entonces, el trabajo sobre los textos normativos han ido en paralelo al desarrollo por parte de la OCDE del estándar global común que, recordemos se publicó en julio de 2014 y fue posteriormente aprobado por el G20.