Con 505 votos a favor, 63 en contra y 87 abstenciones, el Pleno de la Eurocámara aprobó el 26 de marzo de 2019 el texto de recomendaciones que pone punto final al trabajo que durante un año ha llevado a cabo la comisión especial sobre delitos financieros, evasión y fraude fiscal denominada TAX3.

El objetivo es que se lleve a cabo una profunda revisión de los mecanismos para combatir los delitos financieros, la evasión y la elusión fiscal, sobre todo mejorando la cooperación entre las numerosas autoridades implicadas. Además, plantean crear nuevos organismos a nivel europeo e internacional.

España también queda en el centro de estas recomendaciones.

La TAX3 inició su andadura en marzo de 2018, a la luz de las revelaciones de ‘Luxleaks’, los ‘papeles de Panamá’, los ‘football leaks’, los ‘papeles del Paraíso’ y, más recientemente, el fraude fiscal ‘Cum‑Ex’, así como los casos de blanqueo de capitales en los que están implicados, en particular, bancos de Dinamarca, Estonia, Alemania, Letonia, los Países Bajos y el Reino Unido.

El documento de la comisión, que contiene más de 400 puntos, se ha redactado después de que sus miembros hayan organizado encuentros con ministros y comisarios y hayan viajado para recabar información a Estados Unidos, la Isla de Man, Dinamarca, Estonia y Letonia.

Los ‘pasaportes dorados’

La mayoría de los Estados miembros, incluido España, han adoptado regímenes de ciudadanía por inversión (CPI) y de residencia por inversión (RPI), conocidos como programas de visados de oro y pasaportes para inversores. Con ello, se concede la ciudadanía o la residencia a ciudadanos de la Unión o de fuera de ella a cambio de una inversión financiera.

Como mínimo, según datos que ofrece Bruselas, 5.000 ciudadanos de países no miembros han obtenido la ciudadanía de la Unión a través de esta fórmula, si bien indican la falta de transparencia en relación con el número y origen de los solicitantes, el número de personas a las que se ha concedido la ciudadanía o la residencia mediante estos regímenes, el importe invertido y su origen.

Ahora, la comisión especial aboga por eliminar progresivamente estos programas porque, en su opinión, los beneficios económicos potenciales de estos regímenes «no compensan los graves riesgos» de seguridad, blanqueo de capitales y evasión fiscal que suponen. Y mira especialmente a Malta y Chipre, dadas «las escasas exigencias a los solicitantes».

Hasta que la medida desaparezca, la TAX3 solicita que los Estados miembros exijan la presencia física en el país como condición para beneficiarse de los regímenes y garantizar «adecuadamente» que se aplican las medidas reforzadas de diligencia debida a los solicitantes.

Y es que señalan que las inversiones realizadas en el marco de estos programas «no fomentan necesariamente la economía real del Estado miembro» que concede la ciudadanía o residencia y que «a menudo no exigen que los solicitantes pasen tiempo en el territorio en el que se realiza la inversión y que, incluso cuando existe formalmente este requisito, normalmente no se comprueba su cumplimiento».

Entienden que la obligación de considerar a los solicitantes de CPI y RPI como de alto riesgo durante su proceso de diligencia debida, no exime a los Estados miembros de su responsabilidad de establecer y llevar a cabo por sí mismos una diligencia debida reforzada. Y lamentan el hecho de que la opacidad que rodea al origen del dinero conectado con los regímenes de CPI y RPI ha aumentado «considerablemente» los riesgos políticos, económicos y de seguridad para los países europeos.

Policía financiera y sociedades fantasma

La TAX3 recomienda, asimismo, la creación de una policía financiera europea, enmarcada en Europol, con capacidad para llevar a cabo investigaciones, así como contar con una unidad de inteligencia financiera. Esto se completaría con el establecimiento de un organismo de la ONU centrado en la fiscalidad.

La protección reforzada para los denunciantes y los periodistas de investigación en casos de corrupción como el ‘Cum-Ex’ es otra de las medidas incorporadas en el documento que también pide, en referencia a este escándalo financiero, que los acuerdos fiscales sean multilaterales y no bilaterales.

Se recomienda la prohibición de las sociedades fantasma, aunque residan en un Estado miembro de la Unión.

Y si bien no existe una definición única de sociedad fantasma, se hace referencia a aquellas registradas en una jurisdicción únicamente para fines de evasión o elusión fiscales y sin ninguna presencia económica significativa y recomienda que cualquier organización que cree una estructura extraterritorial proporcione a las autoridades competentes las razones legítimas subyacentes de esa decisión, a fin de garantizar que las cuentas extraterritoriales no se utilicen con fines de blanqueo de capitales o de evasión fiscal.