España invirtió hacia paraísos fiscales uno de cada cuatro euros entre 2015 y 2016 con lo que se ha multiplicado por cuatro

Entre los años 2008 y 2016 la inversión internacional hacia paraísos fiscales aumentó alrededor de un 45%, más del doble del crecimiento de la economía mundial en el mismo período. Desde 2001 se ha multiplicado por cuatro.

Son algunas cifras que publica Oxfam Intermón en su nuevo informe ‘El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad’ que vuelve a denunciar que estos territorios offshore “suponen una vía de escape para que grandes empresas y fortunas reduzcan su aportación fiscal al mínimo”.

La inversión española hacia paraísos fiscales entre 2015 y 2016 se ha multiplicado por cuatro, según señala el informe. En la actualidad, “uno de cada cuatro euros de inversión española va hacia un paraíso fiscal”.

Según Oxfam, paraísos fiscales, fraude fiscal y reforma del Impuesto de Sociedades son tres de las principales causas que lastran la recaudación y trasladan el peso desde las grandes empresas hacia los trabajadores.

La bajada del Impuesto de Sociedades ha supuesto la pérdida de 23.000 millones de euros desde 2007.

Todo ello hace que la brecha de recaudación de nuestro país se sitúe en los 6 puntos frente a los países de la zona euro.

A pesar de que en los últimos años los beneficios de las empresas internacionales se han triplicado, este incremento no se ha visto reflejado en su contribución tributaria. Entre 2007 y 2014 los ingresos fiscales sobre los beneficios empresariales cayeron del 3,6% del PIB al 2,8%, según la OCDE. En ello juegan un papel fundamental los paraísos fiscales.

En este sentido, la organización calcula que los países en desarrollo pierden 85.000 millones de euros en recursos que se escapan de grandes empresas a través de paraísos fiscales.

Una ley contra la evasión fiscal

Oxfam Intermón califica como “necesaria en España una ley de evasión fiscal que ponga fin a la evasión y elusión fiscal de grandes empresas y grandes fortunas”. Por ello, pide al Gobierno, al parlamento y a las Administraciones públicas estatales, autonómicas y locales que definan y aprueben de forma urgente esta norma.

Los objetivos de esa ley deben de ser, entre otros, adoptar una definición sobre paraísos fiscales vinculante y elaborar una lista en la que se establezca claramente cuáles son, reducir la evasión y elusión fiscales a la mitad en el plazo de 5 años. Asimismo, lograr que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal en vigor y supere la presión fiscal que soportan las Pymes.

Además, promover que la contratación pública penalice a grandes empresas que operan en paraísos fiscales, uniéndose a la propuesta de la organización sobre zonas libres de paraísos fiscales.

La organización pide además al Gobierno y a los grupos parlamentarios que impulsen desde España una reforma en profundidad del sistema fiscal internacional, que reequilibre también los intereses de los países en desarrollo y ponga fin a las prácticas de ingeniería fiscal de las grandes empresas.