Una de las últimas Guías que ha hecho pública el GAFI de forma monográfica hace un llamamiento para que no se impida “indebidamente” que las entidades financieras compartan información con el objetivo de gestionar el riesgo en materia de blanqueo y financiación del terrorismo.

Según el organismo internacional, la información compartida entre entidades es clave para promover la transparencia financiera y proteger la integridad del sistema en la medida que proporciona a las instituciones financieras y a las autoridades la inteligencia, el análisis y los datos necesarios para prevenir y combatir estas conductas delictivas.

Participar en ficheros de información compartida tiene un objetivo doble de reportar beneficios para los ciudadanos y a las entidades financieras que acceden a esos datos.

El GAFI identifica una serie de mecanismos con los que las instituciones financieras podrían compartir información clave del cliente y posibles transacciones sospechosas con protocolos apropiados y controles de acceso.

Existen bases de datos públicas que contienen listas oficiales de sanciones internacionales que las entidades pueden consultar y las bases de datos privadas que tienen esa misma información pero categorizada y con información de perfiles de Personas con Responsabilidad Pública (PRPs), familiares y allegados.

Un ejemplo de esto último sería la Plataforma IdConfirma que, con un potente motor de búsqueda, amplía las posibilidades de consulta para realizar la identificación formal de los clientes en la actividad diaria de los sujetos obligados. Nuestro país también cuenta con el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) que inició su andadura en 2016.

La Guía, que pretende identificar entre otras cuestiones por qué las entidades que no pertenecen al mismo grupo son reacias a extender la información compartida, resalta ejemplos de países donde se lleva a cabo esta colaboración y analiza las restricciones normativas.

Y es que los diferentes marcos legales sobre el Derecho de Privacidad y Protección de Datos marcan uno de los principales retos para extender a todos los países la disponibilidad, el acceso, el intercambio y el procesamiento de información para fines ALD.

También las cuestiones operacionales pueden añadir barreras. Las entidades manejan cierta información del cliente que es de gran utilidad pero que no puede integrarse en su sistema AML porque se solicitó para otro propósito y, por tanto, no podría compartirse.

A esto hay que unirle que, en muchos casos, las herramientas tecnológicas son inadecuadas, los formatos de datos son diferentes o que no hay políticas y procedimientos sobre cómo tratar la información ya que de fondo “subyace una falta de valoración por parte del sector público y privado de lo que supone disponer de esa información”, señala el GAFI.