Como novedad en este ejercicio, la Agencia Tributaria ha iniciado una investigación en profundidad de la llamada economía digital, un ámbito en el que se aprovecha la deslocalización que permite la red para ocultar diversas formas de fraude, incluyendo tanto actividades totalmente sumergidas, como otras que disimulan su operativa bajo apariencia extranjera para eludir las obligaciones fiscales en España.

Estas actuaciones marcarán el Plan de Control Tributario 2014, junto con el papel protagonista que jugará el personal dedicado a la auditoría informática en las investigaciones sobre economía sumergida, las actuaciones directas de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) y la explotación de la nueva información y herramientas de control recogidas en la ley antifraude de 2012 (Ley 7/2012).

Y es que tras un primer estudio de las principales operativas de gestión de negocio asociadas a actividades realizadas exclusivamente a través de la red y sus patrones de riesgo fiscal, la Agencia Tributaria ha puesto el foco de atención sobre dos grandes áreas de control en este ámbito de la economía digital.

Así, al objeto de garantizar una correcta tributación en nuestro país de las rentas generadas en la actividad económica, habrá una atención prioritaria sobre fabricantes o prestadores de servicios que comercializan a través de internet, así como sobre aquellas personas físicas o entidades titulares de páginas web receptoras de publicidad, para asegurar la adecuada tributación de los ingresos publicitarios.

Lucha contra la economía sumergida

Paralelamente, se está desarrollando una estrategia coordinada de lucha contra la economía sumergida, buscando la detección precoz de actividades ocultas y potenciando las actuaciones presenciales.

La principal novedad en este ámbito es el papel protagonista del personal especializado en técnicas de auditoría informática que deberán detectar manipulaciones de los libros de contabilidad y de los libros registro, de llevanza de doble contabilidad o de ocultación parcial de la actividad.

También en materia de economía sumergida, serán prioritarias las actuaciones presenciales dirigidas al análisis de la facturación y los medios de pago para verificar el cumplimiento de la limitación de pagos en efectivo establecida en la Ley 7/2012.

Igualmente, se intensifica el cruce de información relativa a flujos de fondos, facturación con tarjetas de crédito o situaciones patrimoniales inconsistentes con las declaraciones tributarias, y se reforzará la explotación de información de otras Administraciones Públicas, especialmente en lo relativo al ejercicio de actividades económicas.

En el caso de profesionales que operen en sectores donde sea habitual el cobro en metálico, se examinará la aplicación de la limitación de pagos en efectivo.

Se plantea también el refuerzo de las actuaciones dirigidas a detectar la utilización abusiva de formas societarias en actividades empresariales en sus relaciones con socios, trabajadores, administradores o personas vinculadas con ellos, dirigidas a una disminución improcedente de la tributación global.

Fiscalidad internacional

En el ámbito de la fiscalidad internacional, a lo largo de 2014 se desarrollarán actuaciones directas de la ONFI que, además de las labores de planificación de áreas de riesgo y fijación de criterios para la coordinación de actuaciones, planificará la selección de contribuyentes susceptibles de inspección.

Según precisa Hacienda, la labor de control en el área de la fiscalidad internacional “pivotará sobre la utilización abusiva de mecanismos “híbridos” que permiten una minoración artificial de la tributación haciendo uso de los convenios para evitar la doble imposición, operaciones con paraísos fiscales, falsos residentes en terceros países, y profesionales no residentes que realizan actividad económica en España”.

En el caso de los paraísos fiscales, para este ejercicio se han planificado más de 340 actuaciones que, coordinadas por la ONFI, irán dirigidas a verificar operaciones realizadas con estos territorios, analizando sus implicaciones fiscales y procediendo a las correspondientes regularizaciones.

Además, se esperan los primeros resultados del proyecto de investigación dirigido por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la ONIF, para la captación de información sobre titulares de tarjetas emitidas con cargo a cuentas en el exterior, o tarjetas ‘offshore’.