22 Abr Los denunciantes de corrupción ya tienen respaldo normativo en Europa
Por una clamorosa mayoría de 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones, y en lo que puede considerarse un hito histórico, el Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción (conocidos en inglés como whistleblowers), tras una negociación in extremis entre la propia Eurocámara, la Comisión y el Consejo para llegar a tiempo antes de que se celebren las elecciones del 26 de mayo de 2019.
El siguiente paso para que el texto de la Directiva sea una realidad es que reciba el respaldo de los ministros de los 28 países miembros. A partir de ese momento, el plazo para su aplicación será de dos años.
Aunque ya en la quinta Directiva se había incorporado una referencia a la figura del whistleblower será con la nueva norma donde se establezcan estándares europeos para proteger a quienes revelen infracciones de la legislación comunitaria relativas a un amplio espectro de áreas como contratación pública, servicios financieros, blanqueo de capitales, seguridad de productos y transportes, seguridad nuclear, salud pública, consumo y protección de datos.
Un estudio llevado a cabo por la Comisión Europea en el año 2017 estimó que la falta de protección efectiva a los delatores produce, solo en el ámbito de la contratación pública, entre 5.800 y 9.600 millones de euros de pérdidas anuales en el conjunto de la UE.
A pesar de este dato, solo una decena de países europeos ofrece una protección legal adecuada. Entre ellos no está España donde, hasta ahora, esta protección es parcial o afecta solo a algunos sectores.
Escándalos como ‘LuxLeaks‘ o los ‘Panama Papers‘ han puesto de manifiesto la importancia de las revelaciones de los delatores para detectar y prevenir infracciones. Pero también evidencian que la falta de protección puede tener consecuencias negativas para el interés público y el bienestar social y que las infracciones pueden extenderse a otros Estados miembros o al conjunto de la UE.
Canales seguros
Para asegurar que los potenciales delatores están protegidos y que la información que revelan mantiene la confidencialidad, la nueva ley permite que las denuncias se lleven a cabo internamente en las organizaciones -ya sea pública o privada por encima de 50 empleados-, ante la autoridad legal o directamente ante las autoridades nacionales o las instituciones, cuerpos, oficinas u agencias de la UE competentes.
En los casos en los que no se tomen las medidas pertinentes ante la denuncia inicial de los delatores, o si éstos consideran que se puede causar un daño inminente a las personas interesadas o que hay riesgo de represalias, el delator también gozará de protección si decide denunciar las infracciones públicamente.
Protección contra las represalias
La ley prohíbe explícitamente las represalias contra los whistleblowers e introduce mecanismos para impedir que sean suspendidos, degradados o intimidados. Las personas que cooperen con los delatores (intermediarios, compañeros o parientes) también estarán protegidos.
Los Estados miembros deberán asegurar que los delatores tienen acceso a información completa e independiente y a orientación sobre los trámites y posibles soluciones, así como a asesoramiento legal adecuado durante el curso del procedimiento.
