17 Sep Las primeras siete medidas contra la evasión fiscal de multinacionales
La OCDE ha hecho públicas con fecha 16 de septiembre las primeras recomendaciones para luchar contra la evasión fiscal de las multinacionales desde un enfoque de cooperación internacional.
Con ello, las grandes empresas se verán obligadas a suministrar a todas las administraciones de los países en los que operen o residan la información necesaria sobre la asignación mundial de sus ingresos, la actividad económica y los impuestos pagados en cada jurisdicción, aplicando un modelo común.
Se trata de una iniciativa que se presentará al G20 como parte de un proyecto en el que trabajan ambas entidades (BEPS Action Plan), y que busca crear un conjunto único de normativas fiscales internacionales que acabe con la erosión de las bases fiscales y con el movimiento artificial de beneficios a otras jurisdicciones para evitar pagar impuestos.
El objetivo es ayudar a los Estados a proteger sus bases fiscales y ofrecer una mayor seguridad y previsibilidad a sus contribuyentes, al tiempo que se pone la alerta frente a nuevas normativas nacionales que se traduzcan en una doble imposición, en unas cargas injustificadas o en restricciones a la actividad transfronteriza legítima.
Estas recomendaciones “constituyen los bloques de construcción para una respuesta coordinada y acordada a nivel internacional a las estrategias de planificación fiscal de las empresas que explotan las lagunas y los vacíos legales del actual sistema para mover artificialmente sus beneficios a localizaciones donde estén sujetos a un tratamiento fiscal más favorable«, explicaba el secretario general de la OCDE, Angel Urría, en rueda de prensa.
Las siete primeras medidas de un total de 15 que compondrán el Plan de Acción y que se conocerán a lo largo de 2015, se centran en ayudar a los países a garantizar la coherencia de su fiscalidad empresarial a nivel internacional, así como a realinear los impuestos para recuperar los beneficios y evitar el abuso de los tratados fiscales.
Además, busca garantizar que los resultados de la fijación de precios están en línea con la creación de valor; mejorar la transparencia de las administraciones fiscales; hacer frente a los desafíos de la economía digital; facilitar la implementación del acuerdo para sustituir los tratados bilaterales; y, acabar con las prácticas fiscales dañinas.
Ya en abril 2014, el G5 daba su apoyo al proyecto y pedía incluir una serie de propuestas que son prácticamente las mismas que las ahora recogidas por la OCDE.
