Dos tercios de las empresas españolas manifiestan carencias graves en materia de compliance penal, solo una de cada diez dispone de un verdadero sistema para su gestión a pesar de que resulta imprescindible con independencia del tamaño y la actividad y, en general, los empresarios muestran un alto grado de desconocimiento sobre los riesgos penales que pueden derivar para la empresa y sus administradores.

Son algunas de las principales conclusiones del Informe “Hacia sistemas de cumplimiento avanzados”, que Grant Thornton ha elaborado a partir de 400 entrevistas a altos directivos de empresas de entre 50 y 500 empleados con sede en España.

El estudio acredita también que solo una de cada cuatro empresas españolas cuenta con un presupuesto específico para la materia, que la mitad destina menos de 10.000 euros anuales y, en general, que muestran una gran variedad de aproximaciones al compliance.

Para Ignacio Ripol, director de Compliance de Grant Thornton, “el reto de las empresas españolas es pasar de una visión negativa del compliance, consistente en evitar potenciales responsabilidades, a establecer una verdadera cultura de cumplimento que consolide los principios éticos de la organización”.

Baja percepción de riesgo

En los últimos 5 años, los procesos sancionadores contra personas jurídicas que se han producido en nuestro país ascienden a 10 con multas superiores a los 900.000 euros. Sin embargo, el estudio revela que el 45% de los empresarios españoles no son conscientes de que carecer de un programa adecuado de compliance puede acarrear responsabilidades a los administradores.

Según Ripol, “un tercio de las acciones contra administradores sociales en nuestro país se fundamentan en incumplimientos legales, de modo que la falta de desarrollo de la función de compliance en nuestro tejido empresarial es una importante amenaza”.

Preguntados sobre qué riesgos legales podrían dañar más a sus compañías, los empresarios consideran en primer lugar las sanciones administrativas por incumplimiento de obligaciones legales (54%), seguido de los cambios legislativos en su actividad y de las conductas delictivas de sus empleados o directivos, con un 44% en los dos casos.

Consultados por cuáles son los riesgos legales que consideran más probables que les afecten, los cambios legislativos en su actividad pasan a la primera posición (50%) seguidos de las sanciones administrativas (28%), y, en cambio, solo un 15% considera probable una conducta delictiva de alguno de sus empleados o directivos.

Sobre las áreas en que ven más probable que se produzca una responsabilidad penal, la reciente aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDRP) ha derivado en una toma de conciencia generalizada sobre los riesgos penales del ámbito tecnológico y del específico de la protección de datos, que es en el que la mitad de los encuestados cree que podría incumplir la ley. Le siguen el ámbito laboral (42%) y preocupan también el medioambiental (38%) o el de la corrupción (22,5%).

La pérdida de reputación, principal consecuencia de un mal modelo

Para ocho de cada diez directivos, la pérdida de credibilidad o reputación es el principal impacto de la comisión de delitos por parte de sus organizaciones. Un 71% se muestra preocupado por el coste de las sanciones por esos incumplimientos, y un 57% teme que provoquen distorsiones operativas en su empresa.

El estudio revela asimismo que, en los últimos cinco años, el 4% de las empresas encuestadas reconocen haber hecho frente a algún procedimiento por la comisión de delitos. Dos tercios de las mismas han recibido reclamaciones por cuestiones laborales, y la mitad por temas tributarios.

Por qué tener un programa de cumplimiento

Preguntados por las principales ventajas de contar con programa de compliance, los empresarios sitúan en primer lugar evitar sanciones económicas (22%), daños reputacionales y de imagen (15%) e implantar una cultura ética y de integridad en sus organizaciones (10%). Por detrás de estos beneficios, se sitúan la mejora del servicio al cliente, la credibilidad en el mercado y la responsabilidad con la sociedad.

Además, siete de cada diez directivos correlacionan disponer de políticas y normas éticas con suscitar comportamientos adecuados entre sus empleados.

Sobre los motivos que conducen a las empresas españolas a adoptar programas de prevención de delitos, ocho de cada diez de las que ya cuentan con uno sitúan en primer lugar las motivaciones éticas, seguidas del temor a demandas o sanciones (59%) y las exigencias de sus matrices (49%). En cambio, solo tres de cada diez afirman haberse dotado de un sistema de compliance tras detectar que sus competidores ya contaban con uno.

Radiografía de la adopción del compliance en España

El 75% de los directivos encuestados manifiesta que su sistema de gestión cuenta con un órgano encargado de garantizar el cumplimiento normativo. En tres cuartas partes de los casos, ese órgano es además independiente. En el resto de las ocasiones se reparte en las áreas de administración, legal o de recursos humanos.

Siete de cada diez empresas incorporan a su sistema de compliance bien un código de conducta o un código ético: un instrumento mucho más generalizado a los documentos-resumen de la estrategia y política de compliance (54%), los canales éticos o de denuncias (46%) o a las políticas anticorrupción (42%).

En materia presupuestaria, solo dos de cada diez empresas afirman disponer de un presupuesto específico para cuestiones de ética y compliance, y más de la mitad destinan a esta área menos de 10.000 euros.

Pese a esa dotación presupuestaria relativamente baja, el 70% de las empresas analizadas revisan por lo menos periódicamente sus riesgos. Alrededor de la mitad lo hace con carácter anual, pero todavía hay un 40% que no tiene una periodicidad fija para esas evaluaciones de su modelo de prevención de delitos.

Por último, las empresas españolas también presentan margen de mejora a la hora de brindar a sus empleados formación específica sobre ética, integridad y compliance. Una de cada cuatro no lo ha hecho nunca, si bien el 40% lo hace de forma ocasional y el 30% las realizada anualmente. Además, las que sí llevan a cabo este tipo de formaciones reciben una buena puntuación por parte de sus empleados –7,6 puntos sobre 10–, y, tras las mismas, el 31% de esas plantillas declara que sus organizaciones están muy preparadas para prevenir delitos.