España se sitúa a la cola de los países de la Unión Europea en materia de protección legal y social de los alertadores o whistleblowers, sin una ley específica que garantice la seguridad de estos ciudadanos. También las referencias en la legislación actual son indirectas.

Y aunque en este momento se discute un proyecto de ley forzado por las nuevas formaciones políticas, la única regulación con algo de relación es una cláusula que permite a los ciudadanos reportar de manera anónima los conflictos de intereses de los funcionarios de alto rango y miembros del parlamento. Los testigos en los procesos penales pueden recibir protección.

Por otra parte, en 2014 se introdujo una línea directa de correo electrónico para los whistleblowers que permite la denuncia anónima de comportamientos anticompetitivos.

Como dato positivo, en comparación con otros países europeos, la sociedad civil es muy activa protegiendo y apoyando a los alertadores españoles.

Los mejores índices de protección a todos los niveles los presentan los Países Bajos, Irlanda o el Reino Unido. Por el contrario, Finlandia y Dinamarca son los países que tienen las deficiencias más graves.

Estos datos se desprenden del Estudio coordinado desde marzo 2016 por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) para el proyecto “A Change of Direction”, de la Comisión Europea y que analiza la situación legal, judicial, social y política, así como la percepción social del papel de estos ciudadanos en los 28 países miembros.

La principal conclusión se centra en la necesidad de construir entre los estados miembros un marco de protección que garantice la seguridad de los alertadores.

El trabajo se plasma en un mapa interactivo, el “Informe País”, consistente en una investigación cualitativa en la que no sólo se analiza la existencia de legislación dedicada a la protección de los alertadores, sino también se tiene en cuenta la legislación laboral y penal, así como otras herramientas legales que pueden dares soporte, desincentivar las denuncias o poner a los whistleblowers en riesgo. Este trabajo exhaustivo tiene también en cuenta el contexto socio-político en cada país.

Además, el mapa ilustra la existencia de protección completa o parcial a través de una ley, autoridad competente para otorgar dicha protección, definición legal, iniciativas políticas en trámite, término adaptado al idioma nacional, – ya que resulta difícil hallar un concepto equivalente a whistleblower en otros idiomas y que no sea despectivo, – estudio de casos emblemáticos y percepción positiva del papel de estos ciudadanos.