El pago en efectivo superior a 2.500 euros está prohibido por ley en España desde el pasado 19 de noviembre. La puesta en marcha de esta medida, recogida en la ley contra el fraude fiscal en vigor desde el 31 de octubre, respondía a una lucha común: limitar la circulación de dinero negro y atajar la economía sumergida. Su incumplimiento conlleva además sanciones de hasta el 25% del importe de la factura. Pero lo que aún hoy sigue levantando recelos entre los expertos en la materia es el límite en sí.

Meses antes de que se aprobase dicha medida, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya demandaban una cifra considerablemente menor: un pago en efectivo máximo de 1.000 euros. “Esto permitiría rebajar la tasa de la economía sumergida en 5,1 puntos, reduciendo así a la mitad la brecha que separa a España -donde un 23,3% del PIB se encuentra sumergido- de los países de nuestro entorno”, afirmaba en su día el secretario general del colectivo, José María Mollinedo. El mismo que una vez confirmada la cifra de los 2.500 euros denunció que el límite fuese similar al de Francia en ese momento (3.000 euros), “cuando el volumen de nuestra economía sumergida duplica al francés, mientras que países con una tasa de fraude similar a la nuestra, como Italia, optaron por fijar el tope en 1.000 euros”, puntualizó Mollinedo.

¿Llegarían las declaraciones de los técnicos de Hacienda a oídos del ministro francés de Presupuestos, Jérôme Cahuzac? Lo cierto es que ese límite que pedían desde Gestha es precisamente la cifra a la que se ha reducido en Francia la cantidad que se puede abonar en metálico, desde esos 3.000 euros fijados en 2010 a los 1.000 euros de ahora. El tope para los no residentes en el país galo pasa de 15.000 a 10.000 euros, frente a los 15.000 euros que persisten en España.

Al margen de bailes de cifras entre unos países y otros, ¿tiene sentido seguir bajando el umbral de los pagos en efectivo, tiene un efecto real en el control de capitales? Desde Soluciones Confirma, Santiago Lago, abogado y especialista en prevención del blanqueo, apunta: ‘Lo que hace realmente efectiva la medida es la capacidad que el Estado tiene de garantizar su cumplimiento real, y comprobamos diariamente que, por desgracia, esas garantías no se dan en la mayoría de los casos’.

La intención en este tipo de medidas es positiva, ya que juegan a favor de la transparencia en los movimientos de capitales. Su efectividad, no tanto. ‘La tentación de ‘bancarizar’ la economía para controlar con mayor facilidad las transacciones -comenta Lago- va en la línea de lograr una mayor transparencia, y la tecnología actual no presenta barreras en ese sentido. Pero la libertad de los comerciantes y los ciudadanos, junto con la inercia de la tradición del pago en efectivo en la sociedad, quizá sean fuerzas demasiado poderosas como para tratar de frenarlas con esta medida‘.