Este importante centro financiero de Europa tipificó por ley el delito de blanqueo de capitales (Geldwäsche) en 1992. Su Código Penal lo castiga con penas de prisión de entre 3 meses a 5 años, también para el grado de tentativa. La imprudencia se castiga con penas de prisión de hasta dos años, que se elevan de los 6 meses a 10 años para la comisión continuada del delito por medio de quienes actúan profesionalmente o como banda organizada.

A diferencia de nuestro país, el autoblanqueo no es punible puesto que entraría en contradicción con los principios fundamentales del derecho alemán.

El 29 de noviembre de 1993, entró en vigor la ley denominada Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten. Este texto se actualizó el 15 de agosto de 2002 con la trasposición de la segunda Directiva, y se modificó el 30 de julio de 2009 para trasponer la tercera. A lo largo de sus 17 artículos, la ley alemana pone en evidencia su semejanza con la normativa europea.

Paralelamente, en mayo de 2002, el sector bancario, el mercado de valores y los reguladores de la industria de seguros se fusionaron para crear un solo ente regulador del sector financiero conocido como BAFIN.

Alemania

Operaciones sospechosas comunicadas por los sujetos obligados a la UIF alemana

Sin embargo, cuando en 2010 el GAFI realizó su evaluación al país germano, entre otros estados, lo señaló como una de las jurisdicciones con las 40+9 recomendaciones aprobadas, pero afirmó que “la lucha contra el blanqueo y financiación del terrorismo no estaba totalmente en línea con estas Recomendaciones y existían debilidades en el marco jurídico y en las sanciones por incumplimiento de las normas”.

Posteriormente, Alemania ha ido dando pasos para mejorar sus obligaciones y aumentar sus niveles de supervisión como, por ejemplo, el acuerdo bilateral con Estados Unidos -que también firmó España, Reino Unido, Francia e Italia-, para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la Foreign Account Tax Compliance Act, más conocida como FATCA.

Este acuerdo supuso que junto a estos cuatro países, Alemania liderase el desarrollo de un nuevo estándar internacional de intercambio automático y multilateral de información que entrará en vigor en 2017.

Junto a la legislación vigente y los acuerdos suscritos, cuenta con una Unidad de Información Financiera hasta donde llegan las operaciones sospechosas que es la State Prosecution Service y que trabaja en colaboración con la autoridad principal encargada de la investigación de blanqueo de capitales, la German Custom Office – INZOLL.

La INZOLL cumple, además, una función divulgativa en la medida que publica las prácticas delictivas internacionales, y atiende consultas técnicas a los sujetos obligados y a los ciudadanos.

Ambos supervisores son dependientes del Ministerio de Finanzas, órgano que en mayo de 2016, tras hacerse público el escándalo de los Papeles de Panamá impulsaba un plan de acción internacional para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.