Desde 2013 hasta abril de 2018, España aprobó 24.755 residencias a inversionistas y sus familiares. Con la concesión de estas denominadas ‘visas doradas’, es decir, residencias y ciudadanías que se otorgan a los extranjeros a cambio de inversiones sustanciales en el país, España ha ganado 976 millones de euros anuales. Son datos que se recogen en el informe European getaway: inside the murky world of golden visas, elaborado por Transparency International y Global Witness.

La mayoría de los Estados miembros han adoptado regímenes de ciudadanía por inversión (CPI) y de residencia por inversión (RPI). Y, a pesar de que hay poca transparencia en las cifras, según señala la propia UE, en los últimos 10 años los 28 habrían concedido más de 6.000 ciudadanías y 100.000 residencias a través de estos programas.

Nuestro país es uno de los países que más visas doradas ha otorgado —específicamente residencias—, junto a Hungría, Letonia, Portugal y Reino Unido. Y lo ha hecho en su mayoría a personas que provienen de China (7.118), Rusia (4.715), Estados Unidos (4.327), India (3.233) y Venezuela (3.116).

Riesgos de corrupción

Sin embargo, de lo que alertan las organizaciones en su informe es de que estos programas migratorios para inversionistas encierran «serios riesgos de corrupción» fundamentalmente por una insuficiente diligencia debida, porque existen conflictos de interés y un amplio margen de discrecionalidad por parte de los Estados.

En su opinión, el problema de estas visas es que «se convierten en un atractivo para los corruptos ya que a través de ellas, pueden permitirse estilos de vida lujosos, evitar las sospechas de los bancos —gracias a la seguridad que ofrecen los pasaportes europeos—, y escapar más fácilmente de la justicia en sus países de origen». Además, se quejan de que en el caso específico de España, el otorgamiento de este tipo de visados lleva aparejado unos plazos simplificados de tramitación, lo que supone «una diferencia inaceptable para las personas sin medios que se ven abocadas a acudir a la tramitación regular».

El informe indica que las visas doradas comparten tres características asociadas a altos riesgos de corrupción. La primera es el perfil de los solicitantes y la suma de dinero que se necesita para pedirlas. En Chipre, por ejemplo, se requieren hasta 2 millones de euros para obtener la ciudadanía de inversionista; en España, la cifra para conseguir una residencia va de 500.000 a 2 millones de euros.

La segunda característica que citan es la falta de integridad operativa en la gobernanza de estos programas. Y la tercera, la ausencia de estándares y prácticas en toda la UE.

Medidas propuestas

Para contrarrestarlo, Transparency International y Global Witness proponen precisamente establecer unos estándares para los programas que incluyan diligencia debida y transparencia; que se identifiquen y evalúen los riesgos de estos programas para toda la UE, y se hagan las correcciones necesarias; trabajar en la ampliación de la normativa antiblanqueo para que puedan aplicarse a todos los involucrados en la industria de las visas doradas; establecer mecanismos para reunir y coordinar la información sobre las solicitudes, las inversiones y las denegaciones; e iniciar procedimientos legales contra los Estados Miembros cuyos programas puedan menoscabar la seguridad colectiva del resto de países de la UE.

La UE recomienda su eliminación progresiva

Con el fin de estrechar el cerco a la criminalidad financiera, la comisión especial sobre delitos financieros, evasión y fraude fiscal de la UE (TAX3) emitió una serie de recomendaciones aprobadas por la Eurocámara el 26 de marzo de 2019 donde se incluye la intención de eliminar progresivamente estos programas porque, en su opinión, los beneficios económicos potenciales de estos regímenes “no compensan los graves riesgos” de seguridad, blanqueo de capitales y evasión fiscal que suponen. Y mira especialmente a Malta y Chipre, dadas “las escasas exigencias a los solicitantes”.

Hasta que la medida desaparezca, la TAX3 solicita que los Estados miembros exijan la presencia física en el país como condición para beneficiarse de los regímenes y garantizar “adecuadamente” que se aplican las medidas reforzadas de diligencia debida a los solicitantes.

Y es que señalan que las inversiones realizadas en el marco de estos programas “no fomentan necesariamente la economía real del Estado miembro” que concede la ciudadanía o residencia y que “a menudo no exigen que los solicitantes pasen tiempo en el territorio en el que se realiza la inversión y que, incluso cuando existe formalmente este requisito, normalmente no se comprueba su cumplimiento”.

Entienden que la obligación de considerar a los solicitantes de CPI y RPI como de alto riesgo durante su proceso de diligencia debida, no exime a los Estados miembros de su responsabilidad de establecer y llevar a cabo por sí mismos una diligencia debida reforzada. Y lamentan el hecho de que la opacidad que rodea al origen del dinero conectado con los regímenes de CPI y RPI ha aumentado “considerablemente” los riesgos políticos, económicos y de seguridad para los países europeos.