Un organismo como el Grupo del Banco Mundial que ofrece asistencia financiera a países en desarrollo y en transición, debe velar para prevenir y evitar el fraude y la corrupción en sus proyectos y actividades derivadas.

Para ello, su sistema de compliance se fija desde una oficina específica creada en 2010 que, bajo la denominación de Integrity Compliance Office (ICO), depende de la unidad de integridad institucional (INT, por sus siglas en inglés).

Así, cuando hay sospecha de prácticas fraudulentas, corruptas, coercitivas u obstructivas por parte de una entidad o de una persona física, la INT inicia una investigación que puede terminar en una sanción de inhabilitación.

Esto quiere decir que las personas jurídicas o físicas sobre las que recaiga esta sanción quedarán inhabilitadas para la adjudicación de un contrato financiado por el Grupo del Banco Mundial, ya sea de forma permanente o por un período determinado de tiempo.

De ahí que desde la oficina de compliance se haga hincapié en vigilar que las partes inhabilitadas cumplan ciertas normas de “integridad” o códigos de conducta antes de que puedan volver a participar en otros proyectos financiados.

Además de esta tarea de vigilancia, la ICO también decide si la condición del cumplimiento como parte de una inhabilitación ha sido satisfecha.

Como principios regulatorios, cuenta con una Guía de Cumplimiento que sin pretender ser exhaustiva, a lo largo de once puntos, establece unos procedimientos internos para las entidades. Se pretende inculcar en ellas una cultura organizacional inclusiva que fomente el buen gobierno y el cumplimiento normativo. Y todo ello buscando el compromiso de los directivos, la supervisión de un departamento específico de compliance y la obligatoriedad de su aplicación en todos los niveles jerárquicos.

A partir de aquí, la ICO recomienda que el programa que se defina vaya precedido de una evaluación basada en el riesgo potencial de fraude, corrupción u otras conductas delictivas, donde se tengan en cuenta variables como el tamaño, el sector o dónde realiza esa entidad sus operaciones.

También recomienda que esta evaluación de riesgos se revise y actualice periódicamente, no solo para adecuar las circunstancias de la entidad sino también para incorporar en el programa de cumplimiento los estándares internacionales. Y siempre teniendo en cuenta la identificación de deficiencias para hacer las modificaciones necesarias.

Posteriormente, es momento de aplicar la diligencia debida con los empleados, socios y posteriores beneficiarios del proyecto, así como promover políticas internas que desarrollen y definan los procedimientos para prevenir, detectar, investigar y resolver las malas prácticas.

En otro de los puntos, la ICO señala necesario establecer controles sobre regalos para que “no afecten indebidamente al resultado de un negocio”, que se conozcan públicamente las aportaciones a organizaciones políticas o donaciones y, desde luego, que se supervise la ejecución de todos los contratos con el fin de garantizar que su ejecución es transparente.

Fijar controles internos en el área financiera y de contratación aparece como recomendación antes de referirse a las medidas disciplinarias, denuncias y al deber de los empleados de informar de cualquier operación sospechosa.