Los créditos rápidos han crecido exponencialmente de nuevo en los últimos meses, el crecimiento se ha producido primordialmente por la entrada en el mercado empresas que ya tenían experiencia en otros países dentro de este sector y que han exportado su modelo de negocio a España.

Los créditos rápidos se han convertido en una alternativa al crédito tradicional que sigue sin ser una solución de financiación para los hogares. Su auge está provocado por una mezcla entre el aumento de la necesidad de conseguir liquidez y las reticencias de la banca tradicional en la concesión de crédito.

Ventajas y razones del éxito de estos productos

Este tipo de créditos están pensados para reducir los “inconvenientes” asociados a los préstamos tradicionales. Acortar los plazos desde el momento de la solicitud hasta el momento en que el dinero llega a las manos del cliente, reducir los trámites gracias al uso de internet que hace innecesario el desplazamiento a una oficina bancaria, facilitando el envío online de documentación, y principalmente la rapidez en la concesión que se erige es la principal ventaja a la hora de contratar este tipo de productos. Por otro lado, estos créditos están enfocados a la solicitud de cantidades inferiores a los 1.000€.

Prevención de blanqueo de capitales asociada a estos productos

A pesar de lo reducido del importe de las operaciones, estas entidades deben cumplir con las medidas de prevención del blanqueo de capitales, aunque en función del tipo de operación, pueden reducir las medidas de diligencia aplicadas en sus procedimientos.

Se genera entonces una duda razonable en la aplicación de la normativa vigente en prevención de blanqueo de capitales en cuanto a las medidas de diligencia a aplicar.

Si tenemos en cuenta el artículo 16 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sería suficiente con la aplicación de medidas simplificadas al no superar los créditos la cantidad de 2.500€, pero si nos atenemos a los artículos 19 y 21 que establecen los supuestos de aplicación de medidas de diligencia reforzada, serian estas las medidas de aplicación al tratarse de servicios de banca privada y de operaciones no presenciales.