Tan solo unos días después del asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia que investigó sobre el que puede considerarse uno de los mayores escándalos financieros de los últimos tiempos tras las filtraciones de cuentas opacas en paraísos fiscales, la comisión especial del Parlamento Europeo (PE) sobre los Papeles de Panamá acaba de presentar su informe final.

Con 47 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, la comisión ha sido tajante al señalar que algunos estados miembros de la UE no facilitan e incluso “obstruyen” la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

Tras 18 meses de investigación, y con algunas voces críticas que opinan que se ha perdido una oportunidad para haber sido aún más contundentes, los eurodiputados consideran que hay falta de voluntad política entre los países de la UE para avanzar en las reformas y su aplicación, lo que ha permitido no solo que varios estados miembros aparecieran en los Papeles de Panamá sino que continúe el fraude y la evasión fiscal.

«Algunos Estados miembros tienden a no proporcionar información relevante en la cantidad y con la calidad deseadas y, en general, no parecen hacer esfuerzos auténticos para tomar medidas contra la elusión y la evasión fiscales», señalan.

Entre sus recomendaciones, aprobadas con 29 votos a favor, 2 en contra y 18 abstenciones, la comisión pide que se haga una definición internacional común de lo que constituye un Centro Financiero Offshore (OFC), paraíso fiscal, paraíso secreto, jurisdicción impositiva no cooperativa y país de alto riesgo.

Y es que en el informe se afirma que antes de los Papeles de Panamá la legislación de la UE «no era suficiente», si bien reconoce que desde entonces ha habido avances y «se ha producido una mejora gradual significativa».

Además, se pone de relieve la necesidad de que el Consejo de Europa establezca para finales de este año una lista de estados miembros de la UE con «donde existen las jurisdicciones fiscales no cooperativas».

Los miembros de la comisión también apoyaron una propuesta de que cualquier entidad con una estructura offshore debería justificar a las autoridades su necesidad de disponer de esa cuenta.

Se destacó la necesidad de que los registros de titularidad real estén “actualizados, estandarizados, interconectados y públicamente accesibles».

En cuanto a las sanciones, la comisión insiste en que deben ser más disuasorias tanto a nivel de la UE como nacional contra bancos e intermediarios «que están deliberadamente, voluntaria y sistemáticamente involucrados en esquemas ilegales de blanqueo o evasión fiscal».

El informe, que no tiene carácter vinculante, será sometido en diciembre a la votación del pleno del Parlamento.