Derecho

Europa traza un nuevo plan de ruta antiblanqueo para los próximos doce meses

13 mayo, 2020

La Comisión Europea ha presentado con fecha 12 de mayo un enfoque global para reforzar la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se trata de «un ambicioso y polifacético plan de acción«, tal y como lo califica Bruselas en un comunicado, en el que se establecen las medidas concretas que adoptará en los próximos doce meses con el fin de mejorar el cumplimiento, la supervisión y la coordinación de normas en esta materia.

El objetivo de este nuevo enfoque global es eliminar las debilidades de la normativa europea que dejó patente el paquete aprobado en julio de 2019 y suprimir los vacíos legales.

Hasta el próximo 29 de julio, autoridades, partes interesadas y ciudadanos podrán expresar su opinión sobre el Plan de Acción en la consulta pública abierta por la Comisión.

6 pilares para un Plan de Acción Global

-Aplicación efectiva de las normas de la UE con el fin de garantizar que las normas nacionales sean lo más rigurosas posible. En paralelo, el Plan de Acción anima a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a hacer pleno uso de sus nuevas competencias supervisoras para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

-Un código normativo único más armonizado que se propondrá para el primer trimestre de 2021. Y es que aunque las actuales normas de la UE sean eficaces, los Estados miembros tienden a aplicarlas de formas muy diversas. Las divergencias en la interpretación provocan vacíos legales que pueden ser aprovechados por los delincuentes.

-También en el primer trimestre de 2021, la Comisión propondrá la creación de un supervisor a escala de la UE. En la actualidad, es cada Estado miembro el que supervisa las normas europeas, lo que puede dar lugar a divergencias.

-Un mecanismo de coordinación y apoyo a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de los 27 que se propondrá entre enero y abril de 2021.

Aplicación del Derecho penal de la UE e intercambio de información que se garantizará con la cooperación judicial y policial basada en instrumentos y disposiciones institucionales europeas. Como la intención es que también el sector privado contribuya en la lucha antiblanqueo, se publicarán orientaciones acerca del papel de las asociaciones público-privadas que aclaren la puesta en común de datos.

-La UE como único actor mundial ante el GAFI, para lo que, en particular, deberá ajustar su enfoque con una nueva metodología respecto de los terceros países que presentan deficiencias en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Metodología perfeccionada

El objetivo de esta nueva metodología es «aportar mayor claridad y transparencia» al proceso de detección de esos terceros países.

Las mejoras están relacionadas con la interacción entre los procesos de inclusión en las listas de la UE y del GAFI; y el refuerzo de la colaboración con los terceros países, así como de la consulta a los expertos de los Estados miembros. El Parlamento Europeo y el Consejo tendrán acceso a toda la información en las distintas fases de los procedimientos.

Lista actualizada

A la espera de que empiece a aplicarse esta nueva metodología, Bruselas ha revisado su lista de terceros países, teniendo en cuenta la evolución de la situación a escala internacional desde 2018. Ahora, la nueva lista «está más en sintonía con las publicadas por el GAFI», señalan, e incluye a Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panamá y Zimbabue.

Como consecuencia de la crisis del coronavirus, el Reglamento que recoge la inclusión de estos nuevos países en la lista no será de aplicación hasta el 1 de octubre de 2020, de forma que todas las partes interesadas dispongan de suficiente tiempo para prepararse. En cambio, la retirada de países entrará en vigor de forma inmediata, tras su publicación en el DOUE. Se trata, en concreto, de Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Guyana, República Democrática Popular de Laos, Sri Lanka y Túnez.

El Supremo valida la denuncia anónima para descubrir conductas delictivas en las empresas

13 febrero, 2020

La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como notitia criminis en especial en los casos como el analizado en el que la empresa no tenía un programa de cumplimiento normativo interno.

Con este fallo, el Alto Tribunal reconoce la eficacia y utilidad de las denuncias anónimas para poner en conocimiento de los responsables de una empresa o entidades, prácticas delictivas sin necesidad de que se identifique el autor de la denuncia, sino que tendrá eficacia con la puesta en conocimiento del hecho para permitir la investigación interna.

El tribunal recuerda que el ‘canal de denuncias interno’, también denominado ‘whistleblowing’, ha sido incluido en la reciente directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, que protege a las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión. Los Estados miembros dispondrán hasta el 2021 para transponerla y hacerla ley nacional.

El origen de la investigación surge de una denuncia anónima recibida en el departamento de recursos humanos de una empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero que advertía de que se estaban realizando maniobras fraudulentas en las entregas y clasificación de la chatarra, lo que dio pie a una investigación interna que acabó en el descubrimiento de los hechos.

En consecuencia, la Sala avala el uso de las denuncias anónimas para la detección de ilícitos penales que sea corroborada, como aquí ocurrió, con la posterior investigación interna en la empresa y policial: “importancia tiene la denuncia llevada a cabo y en la que, con la inexistencia de un programa de cumplimiento normativo interno, sí que resulta notablemente interesante que en el periodo de los hechos probados se lleve a cabo una mecánica de actuación ‘ad intra’ en el seno de la empresa que ha sido recientemente regulada en el denominado “canal de denuncias interno” o, también denominado ‘whistleblowing’, y que ha sido incluido en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”.

Sobre esta necesidad de implantar los canales de denuncia, y que se vio en este caso con una alta eficacia al constituir el arranque de la investigación como “notitia criminis”,  la doctrina recoge que la Directiva se justifica en la constatación de que los informantes, o denunciantes, son el cauce más importante para descubrir delitos de fraude cometidos en el seno de organizaciones; y la principal razón por la que personas que tienen conocimiento de prácticas delictivas en su empresa, o entidad pública, no proceden a denunciar, es fundamentalmente porque no se sienten suficientemente protegidos contra posibles represalias provenientes del ente cuyas infracciones denuncia.

La denuncia interna, «al modo del canal de denuncias aquí expuesto, provoca la apertura de la investigación que desemboca en el descubrimiento de las operaciones que estaban realizando los recurrentes durante el periodo de tiempo indicado en los hechos probados, y que causó el perjuicio económico que se ha considerado probado”, recoge el texto.

Y es que la implantación de este canal de denuncias forma parte integrante de las necesidades del programa de cumplimiento normativo, ya que con el canal quien pretenda, o planee, llevar a cabo irregularidades sabrá que «desde su entorno más directo puede producirse una denuncia anónima que determinará la apertura de una investigación que cercene de inmediato la misma».

“Resulta, pues, necesaria -añaden los magistrados- la correlación entre el programa de cumplimiento normativo en la empresa para evitar y prevenir los delitos cometidos por directivos y empleados ‘ad intra’, como aquí ocurrió con los tres empleados, a fin de potenciar el control interno y el conocimiento de directivos y empleados de la posibilidad de que dentro de su empresa, y ante el conocimiento de alguna irregularidad, como aquí ocurrió perjudica a la propia empresa, y, al final, a los propios trabajadores, si el volumen de la irregularidad podría poner en riesgo y peligro hasta sus propios puestos de trabajo, pero más por el propio sentimiento de necesidad de la honradez profesional y evitación de actividades delictivas, o meras irregularidades en el seno de la empresa, circunstancia que de haber existido en este caso hubiera cortado la comisión de estos hechos, aunque sin que por su ausencia, por falta de medidas de autoprotección, derive en una exención de responsabilidad penal, como se propone en este caso por el recurrente.”

Asimismo, añade la sentencia, se busca reforzar la protección del whistleblower y el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión e información reconocida en el art. 10 CEDH y 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y con ello incrementar su actuación en el descubrimiento de prácticas ilícitas o delictivas que, como en este caso, se llevó a cabo y propició la investigación policial y el descubrimiento de los hechos.

Los hechos probados recogen que tres trabajadores de una empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector de chatarrería.

De esta manera, los trabajadores, encargados de clasificar la chatarra por categorías y de establecer el porcentaje de descuento por estériles mezclados con la chatarra útil para la transformación en acero, cuando llegaba la carga de chatarra a la empresa transformadora efectuaban un descuento por estériles muy inferior a la cantidad que realmente estaba mezclada con la chatarra útil de manera que su propia empresa pagaba por chatarra convertible estériles inservibles para la transformación.

Ello ocasionó un fraude tasado en la responsabilidad civil de 456.340’27 euros, en el caso de un grupo de acusados, y otra de 340.650’66 euros, en otro grupo.

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos por los acusados que propugnaban su absolución, así como el de la acusación particular en cuanto a la responsabilidad civil fijada en la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Tercera.

Cinco de los acusados fueron condenados por un delito de estafa a la pena de dos años de prisión y a nueve meses de prisión a un sexto como cómplice.

¿En qué consiste la consulta pública lanzada por Europa sobre el marco regulatorio de los criptoactivos?

23 enero, 2020

Cuenta atrás para la regularización de los criptoactivos desde Europa. Hasta el 12 de marzo tendrán de plazo los ciudadanos y organizaciones europeas que estén interesados en contribuir a la consulta pública puesta en marcha por la Comisión Europea sobre la regulación de los criptoactivos en la que son «especialmente bienvenidas» las opiniones de los Estados miembros, las autoridades nacionales competentes, los participantes del mercado del sector de criptoactivos y del sector de servicios financieros, señala Bruselas en su presentación.

El cuestionario, que consta de 4 apartados, está disponible en inglés, alemán y francés aunque las respuestas pueden contestarse en cualquiera de los idiomas de los Estados miembros. En una parte más general, la consulta contiene una serie de preguntas destinadas a obtener comentarios y feedback sobre el uso que los ciudadanos de a pie hacen de los activos criptográficos. Los otros tres apartados están dirigidos principalmente a las autoridades públicas, el mercado financiero y el sector.

Así, la segunda parte busca hacer una clasificación de los criptoactivos recogiendo tanto los que ya están incluidos en la legislación de la UE (instrumentos financieros y dinero electrónico) como los que no. Precisamente, el tercer apartado se centra en estos último con el objetivo de determinar si se necesita un marco regulatorio para ellos. Las respuestas también ayudarán a identificar los principales riesgos que plantean. La última parte de la consulta ya se enfoca hacia una serie de cuestiones bien definidas relacionadas con elementos específicos de la legislación de la UE.

Promover las finanzas digitales

En lo que pretende ser un entorno más favorable a la innovación que mejore la resistencia operativa digital del sistema financiero, este nuevo marco regulatorio tiene como objetivo la profundización del Mercado Único para los servicios financieros digitales, la promoción de un sector financiero basado en datos en la UE, al tiempo que se abordan sus riesgos y se garantiza una igualdad de condiciones.

Y es que entre las directrices políticas para la nueva Comisión fijadas por su presidenta Ursula von der Leyen, «es crucial» que Europa capte todo el potencial de la era digital y fortalezca su industria y su capacidad de innovación, dentro de límites seguros y éticos. La digitalización y la tecnología están transformando significativamente el sistema financiero europeo y la forma en que proporciona sus servicios a las empresas y a los ciudadanos.

Casi dos años después de que la Comisión adoptara el ‘Plan de Acción Fintech’ en 2018, ya se han implementado en gran medida las acciones establecidas en él.

La tecnología blockchain en el sector financiero

En la introducción de la consulta, la Comisión recuerda que tiene «un interés político declarado y confirmado» en desarrollar y promover la adopción de esta tecnología en toda la UE. Blockchain es una tecnología transformadora junto con la Inteligencia Artificial, por ejemplo.

Como una de las principales aplicaciones de blockchain para las finanzas, los criptoactivos se definen para los fines de esta consulta como «un activo digital que puede depender de la criptografía y que existe en un libro mayor distribuido», es decir, el registro contable de todas y cada una de las transacciones que realiza una entidad dentro de una blockchain.

Desde el lanzamiento del bitcoin en 2009, se han emitido miles de activos criptográficos, con diferentes características y funciones. En una taxonomía básica de los criptoactivos se podrían diferenciar tres categorías principales: ‘tokens de pago’ que pueden servir como medio de intercambio o pago; ‘tokens de inversión’ que llevan aparejadas ciertas ganancias; y ‘tokens de utilidad’ que permiten el acceso a un producto o servicio específico.

Estamos ante un mercado donde se abren camino también diferentes actores, como los proveedores de billeteras que ofrecen el almacenamiento seguro de criptoactivos o plataformas comerciales que facilitan las transacciones entre los participantes.

La incursión de las «monedas estables»

Además ha surgido un subtipo de activos criptográficos denominado “stablecoins” o «monedas estables» que ya empieza a llamar la atención de público y reguladores de todo el mundo. Buscan introducirse entre los consumidores al incorporar características destinadas a estabilizar su «precio» (el valor al que los consumidores pueden intercambiar sus monedas). Como subraya un reciente informe del G78, si esas «monedas estables» fueran aceptadas por grandes redes de clientes y comerciantes, y por lo tanto alcanzaran una escala global, plantearían desafíos adicionales en términos de estabilidad financiera, transmisión de la política monetaria y soberanía monetaria.

El 75% de las sentencias por corrupción dictadas en el tercer trimestre de 2019 fueron condenatorias

20 diciembre, 2019

Durante el tercer trimestre de 2019 los jueces abrieron juicio oral o procesaron a 20 personas físicas y 9 sociedades por corrupción en nuestro país. Además, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019, los órganos judiciales concluyeron seis procedimientos por este tipo de delitos .

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ofrece información referida a la denominada corrupción pública, entendiendo que es «la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía».

Cataluña es la Comunidad con mayor número de personas acusadas, un total de 12 tanto físicas (9) como jurídicas (3). El segundo puesto lo ocupa la Comunidad Valenciana con 8 acusados en total (4 físicas y otras 4 jurídicas). Baleares con 5 acusados, Madrid con 2 y Galicia y País Vasco con 1, respectivamente, completan la lista.

Fuente: CGPJ

El 75 por ciento de las sentencias fueron condenatorias. En cifras absolutas, los Juzgados y Tribunales dictaron 12 sentencias en estos procedimientos. De ellas, 9 fueron total o parcialmente condenatorias. En este último caso tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados enjuiciados.

Por Comunidades Autónomas, encabezan Baleares y Canarias con 2 sentencias cada una, seguidas de Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Extremadura con una sentencia cada una.

Las 3 restantes fueron absolutorias y se distribuyen en Andalucía, Aragón y Canarias.

De este modo, los datos de los procedimientos judiciales tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).

Los claroscuros del arte en el blanqueo de capitales

20 noviembre, 2019

Se calcula que a finales de 2018 el mercado de arte ascendió a 67.400 millones de dólares a nivel mundial. Frente a estas cuentas claras están los datos oscuros que ofrece la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: el mercado clandestino de arte, que incluye robos, falsificaciones, importaciones ilegales y saqueos organizados movería 6.000 millones de dólares anuales. De esta cantidad, la mitad se atribuye al lavado de dinero y otros delitos financieros.

El tráfico de material saqueado y de contrabando de países asolados por la guerra que se lleva a cabo por grupos terroristas para recaudar fondos ha agravado el problema en este sector ya de por sí vulnerable.

El arte es un medio más que atractivo para blanquear dinero porque puede esconderse o introducirse de forma ilegal, son operaciones generalmente privadas y los precios son absolutamente subjetivos. Incluso el cine lo ha recogido en películas como «Mickey Ojos Azules«, que con aires de comedia romántica, conduce al espectador de la normalidad de un inglés que trabaja en una sala de subastas de Manhattan, a los círculos y negocios de la mafia italiana.

Además, en el ámbito normativo, los galeristas y las casas de subastas a diferencia de otros sujetos obligados como las entidades financieras, aseguradoras, agencias de cambio, casinos o compraventa de oro y metales preciosos no tienen que informar a la autoridad de las transacciones de gran cuantía. Es más, se usan intermediarios y testaferros que facilita mantener el anonimato de compradores y vendedores.

Por ejemplo, en el caso de EE.UU, como señala el periodista especializado, Tom Mashberg, estamos ante un sector, que al contrario de otras empresas estadounidenses que negocian con grandes sumas de dinero, no tienen que presentar los llamados informe de actividad sospechosa al Departamento del Tesoro si tienen dudas sobre el origen del dinero que reciben como pago.

El Congreso de EE.UU tramita en la actualidad un proyecto de ley de prevención del tráfico ilícito de arte y antigüedades donde se recoge la exigencia de que quienes comercien con estos productos establezcan programas de prevención y lucha contra el blanqueo, mantengan registros de compras en efectivo e informen a los reguladores federales de las operaciones sospechosas y de aquellas superiores a 10.000 dólares.

La futura norma también obligará a la industria a investigar los antecedentes de los clientes y a examinar con diligencia las compraventas en busca de pruebas.

En el ámbito de la Unión Europea, la quinta Directiva se refiere de forma expresa a que este sector debe desplegar «mayores esfuerzos» para examinar a los clientes y discernir «en la medida de lo razonablemente posible» la finalidad de todas las transacciones de gran cuantía, más complejas de lo habitual o secretas.

Ya en España, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias elaboró, a modo de ejemplo, un Catálogo de operaciones de riesgo con alertas y recomendaciones para contribuir a que su operativa de negocio cumpla con las obligaciones tendentes a prevenir y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por eso, el documento se centra en los riesgos relacionados con la identificación del cliente, con los pagos y cómo se comporta, así como con los características de la operación que realiza con las obras de arte.