Derecho

Los 28 contarán con un reconocimiento mutuo más eficaz de las resoluciones de embargo preventivo y de decomiso

7 noviembre, 2018

Bruselas ha aprobado con fecha 6 de noviembre un Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso que entrará en vigor en dos años a partir de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Se estima que, actualmente, casi el 100 % de los beneficios generados por actividades delictivas no se decomisa y sigue estando en manos de los delincuentes.

Por eso, con la nueva norma se pretende atajar la financiación de las actividades delictivas, incluidos los actos terroristas ya que se asegura la eficacia en toda la UE del embargo y el decomiso de los bienes de origen delictivo.

Con un Reglamento único se resolverán los problemas relacionados con la aplicación de los instrumentos existentes, que han dado lugar a un reconocimiento mutuo insuficiente. El nuevo texto establece solo un número limitado de motivos para el no reconocimiento y la no ejecución.

Este principio general de reconocimiento mutuo se refiere a que todas las resoluciones judiciales en materia penal adoptadas en un país de la UE serán reconocidas y ejecutadas directamente por otro Estado miembro.

Con la entrada en vigor de esta nueva norma, los 28 contarán, además, con una gran variedad de tipos de decomiso en materia penal, como el decomiso por valor equivalente o el decomiso civil, y entre ellos determinados sistemas de decomiso preventivo, siempre que haya algún vínculo con un delito.

Y para propiciar unas medidas de embargo y decomiso rápidas y eficaces, tendrán disponibles certificados y procedimientos normalizados junto a disposiciones para garantizar que en los casos transfronterizos se respete el derecho de las víctimas a una indemnización o restitución.

De hecho, el Reglamento, una vez definidos sus 41 artículos, contiene dos anexos con el certificado de embargo y el de decomiso, respectivamente, en los que se solicita una detallada información sobre las personas afectadas, las propiedades a las que se refiere la orden, las conductas delictivas que se le atribuyen o los detalles de la autoridad competente.

Asimismo, los plazos se concretan y agilizan. Así, para el reconocimiento de una resolución de decomiso se fijan 45 días, plazo que se reduce a 48 horas en casos de urgencia y que se aplica también para la ejecución. Esos plazos podrán ampliarse únicamente en circunstancias muy concretas.

El nuevo Reglamento viene a sustituir a la Decisión marco sobre reconocimiento mutuo de resoluciones de embargo preventivo y a la relativa al reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, que se remontan a 2003 y 2006, respectivamente.

Se presenta en sociedad el Registro de Titularidades Reales

25 octubre, 2018

El 25 de octubre, los registradores, en la figura de su decana, María Emilia Adán, ha presentado de forma oficial el Registro de Titularidades Reales, tras meses de disputa con sus compañeros los notarios, desde la publicación en marzo de la Orden 319/2018 del Ministerio de Justicia, por ‘tutelar’ el registro público donde suministrar información precisa sobre el titular real de las personas jurídicas.

Esta nueva herramienta de lucha contra el blanqueo de capitales y las actividades que suelen encontrarse detrás, como el narcotráfico, el contrabando o el terrorismo contiene la información completa y actualizada sobre las titularidades reales de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta.

Dicha información proviene del Registro Mercantil en el que, desde este año y según determina la Orden ministerial, las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales.

Cumplimiento de la Cuarta Directiva

Hay que recordar que el gobierno aprobó esta Orden para dar cumplimiento al artículo 30.3 de la cuarta Directiva europea antiblanqueo de capitales (Directivas (UE) 2018/843 y 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015).

La directiva establece que “los Estados miembros se asegurarán de que la información (…) sobre la titularidad real se conserve en un registro central en cada Estado miembro, por ejemplo un registro mercantil o un registro de sociedades (…) o en un registro público”.

Se obliga, por tanto, a crear, gestionar y desarrollar un sistema registral nacional de identificación de esos titulares últimos o reales que debe asegurar la cooperación internacional (a través de la plataforma europea de acceso estandarizado).

Los notarios, desde que se publicó la Orden pusieron de manifiesto que ellos cuenta con la base de datos de titularidad real del Consejo General del Notariado como registro público, establecido por el Reglamento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en su artículo 9.6.

No obstante, serán finalmente los registradores los que gestionen el Registro que, según lo definen, “se adapta a las necesidades contra el blanqueo; es público, está reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales”. Asimismo “está interconectado con los países de la Unión Europea, a través del proyecto BRIS, en el que se integra el Registro Mercantil español”, añaden.

De forma paralela, los registradores de la propiedad y mercantiles como sujetos obligados en la normativa de prevención antiblanqueo, disponen desde hace tres años del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que anualmente recibe más de 16.000 alertas por operaciones sospechosas.

Ventajas del Registro

Entre las bondades que le otorgan los registradores a este nuevo sistema está que sea “público, fiable y reglado”.

Se refieren a que el Registro Mercantil garantiza la adecuada publicidad de los datos relativos a las sociedades mercantiles y los registradores mercantiles, como funcionarios públicos, resolverán sobre las peticiones de información presentadas por cualquier particular, puesto que las administraciones públicas y los sujetos obligados tienen un acceso privilegiado.

Lo describen además como “completo” teniendo en cuenta que la constancia de la titularidad real en el Registro Mercantil se extiende a todas las sociedades mercantiles y es ajena al documento que haya generado esta ya que incluye tanto los titulares resultantes de documentos notariales españoles como los que deriven de documentos notariales extranjeros, judiciales, administrativos o privados.

También estará sometido a una actualización “continuada” del titular real en virtud del documento presentado por el administrador de la sociedad. Además, con la presentación de las cuentas sociales es obligatoria la actualización una vez al año.

Asimismo, se adapta a las necesidades de la lucha contra el blanqueo ya que los nuevos requerimientos de Europa en cuanto a exigir más datos sobre los titulares reales como fecha de nacimiento, residencia, estructuras societarias interpuestas, etc. se añaden al modelo de cuentas anuales para completar la información en el siguiente ejercicio.

Y como parte del proyecto BRIS, está interconectado con otros países a través de una plataforma en la que se integra el Registro Mercantil español, por la que se dará la publicidad de los titulares reales a nivel europeo. El punto de conexión que se prevé con los distintos países es el domicilio social, lo que hace más fácilmente controlables todas las operaciones referidas a una misma sociedad con independencia del lugar en que se realicen.

A esto le suman que no supone un incremento de costes para las mercantiles, que ofrece una información contrastada ya que el origen es el depósito de cuentas realizado por el administrador de la sociedad cuyo cargo es comprobado por el registrador mercantil; y que la falta de depósito de cuentas lleva consigo sanciones.

Las asignaturas pendientes de Arabia Saudí en la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo

24 septiembre, 2018

Perseguir a los blanqueadores a gran escala y confiscar sus activos son los dos grandes retos identificados en la evaluación del sistema en Arabia Saudí que ha realizado, de forma conjunta, el GAFI y el Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y África del Norte (MENAFATF).

La evaluación es una revisión exhaustiva de la efectividad del sistema ALD/CFT de un país y su nivel de cumplimiento de acuerdo con las Recomendaciones del GAFI.

Arabia Saudí, país islámico situado en la península arábiga, enfrenta un riesgo significativo y dinámico de financiación del terrorismo, a lo que hay que sumarle la presencia de células de Al Qaeda, ISIS y otros grupos, así como un gran número de combatientes terroristas extranjeros.

Y, aunque según el Informe del GAFI, ha tenido una buena capacidad y predisposición para luchar principalmente contra la financiación del terrorismo nacional como lo prueban las más de 1.700 investigaciones emprendidas desde 2013, las medidas para implementar sanciones financieras específicas contra la financiación del tráfico de armas y para prevenir la evasión de sanciones, son débiles.

Lo que sí es sólido es su mecanismo para implementar las sanciones financieras contra el terrorismo que establecen Naciones Unidas.

En cualquier caso, es significativo que el país, tras dos evaluaciones de riesgos nacionales separadas, ha entendido cuáles son los riesgos derivados para su sistema financiero y sus entidades bancarias.

Cambios en su régimen ALD/CFT

Recientemente el Reino saudita realizó cambios fundamentales en su régimen ALD / CFT para alinear su marco legal e institucional con las Recomendaciones actualizadas del GAFI.

Precisamente la reciente introducción de algunas de estas medidas, impide que pueda demostrarse aún su efectividad.

Si bien las investigaciones sobre el blanqueo de capitales han aumentado en los últimos años, hay evidencia de que las autoridades sauditas no están investigando y enjuiciando de manera proactiva a quienes realizan estas prácticas delictivas asociadas al blanqueo de capitales, especialmente cuando se trata de esquemas complejos.

Tampoco persiguen sistemáticamente la confiscación de los activos procedentes del crimen organizado. Las autoridades no rastrean ni confiscan de forma rutinaria el producto del delito, y no han podido repatriar activos desde otro país durante el período 2013 a 2016, a pesar de que se estima que la gran mayoría de los ingresos generados en Arabia Saudita abandonan el país .

Las instituciones financieras están aplicando medidas preventivas como la diligencia debida con el cliente, el mantenimiento de registros y la verificación de los titulares reales. “Esto es en gran parte el resultado de una supervisión efectiva y proactiva de este sector”, señala el Grupo de Acción Financiera.

Sin embargo preocupa la falta de informes de operaciones sospechosas, en particular sobre casos de financiaciación del terrorismo.

Por otra parte, han identificado que las casas de cambio, los agentes inmobiliarios, los contables y otras empresas y profesiones no financieras no llegan a interiorizar y comprenden los riesgos a los que están expuestos y, en consecuencia, presentan un número bajo de informes de transacciones sospechosas.

En cuanto a la Unidad de Inteligencia Financiera de Arabia Saudí (SAFIU) no puede realizar un análisis financiero sofisticado, aunque proporciona una amplia variedad de información que está disponible y es utilizada por las autoridades competentes.

La Eurocámara aprueba que se persiga el blanqueo mediante el Derecho Penal y con más control del efectivo

13 septiembre, 2018

El Parlamento Europeo ha aprobado dos nuevas normas con las que combatir la financiación del terrorismo, atajando mediante el Derecho Penal el delito de blanqueo de capitales y reforzando los controles al movimiento de efectivo.

Ahora deberán ser adoptadas de manera formal por el Consejo de Europa y publicadas en el Diario Oficial.

Según datos de Bruselas, anualmente se generan 110.000 millones de euros a partir de actividades delictivas en la Unión Europea, lo que representa el 1 % de su producto interior bruto. Está probado que los ingresos procedentes de actividades delictivas y el blanqueo de capitales también pueden utilizarse para financiar actividades terroristas.

Teniendo en cuenta la clara dimensión transfronteriza de este fenómeno, la cooperación policial y judicial entre los Estados miembros se hace necesaria.

Y es que un marco jurídico de la UE reforzado brinda mejores herramientas a las autoridades competentes.

Lucha contra el blanqueo mediante el Derecho penal

Esta normativa se ha aprobado por el pleno de la Eurocámara con 634 votos a favor, 46 en contra y 24 abstenciones.

Entre sus principales novedades, presenta definiciones comunes para los 28 estados miembros de los delitos relacionados con el blanqueo de dinero. Asimismo, establece una pena máxima de prisión de al menos cuatro años para las actividades de blanqueo y circunstancias agravantes en caso de vínculos con organizaciones delictivas o si el delito se comete en el ejercicio de determinadas actividades profesionales.

El texto establece también sanciones adicionales, como multas, exclusión del acceso a la financiación
pública o prohibición temporal de ejercer cargos electos o públicos, así como la responsabilidad de las personas jurídicas y las sanciones correspondientes.

Y aclara las normas sobre el establecimiento de la jurisdicción y señala la necesidad de cooperación en casos de carácter transfronterizo, con la participación de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal.

Los Estados miembros tendrán 24 meses para trasponer esta normativa desde la fecha de entrada en vigor de la directiva.

Movimiento de efectivo

Por su parte, el nuevo Reglamento sobre movimientos de efectivo amplía la definición de efectivo para incluir el oro y las tarjetas electrónicas de prepago.

Asimismo, habilita a las autoridades para registrar información sobre movimientos de efectivo por debajo del actual umbral de 10.000 euros y les permite incautar temporalmente el capital ante la sospecha de actividad criminal.

La directiva introduce la obligación de informar sobre los movimientos de efectivo por correo o mensajería.

El texto legislativo recibió el apoyo de 625 eurodiputados, 39 votaron en contra y 34 se abstuvieron.

En opinión del español Juan Fernando López Aguilar, co-ponente del informe, “para combatir de forma efectiva el fraude económico, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la UE debe reforzar su control sobre el dinero que entra o sale de su territorio. Hemos incorporado las mejores prácticas a nivel internacional a estas nuevas normas y hemos solventado algunas deficiencias y defectos en el actual marco legal”.

Para la otra co-ponente, Mady Delvaux, de Luxemburgo, “el efectivo es difícil de rastrear y fácil de transferir”. De ahí que este reglamento “fortalezca las herramientas para combatir el blanqueo, a través de un mejor y más rápido intercambio de información entre autoridades, así como con la adopción de una definición más completa de lo que es efectivo”.

Las nuevas reglas sobre control de efectivo serán de aplicación a los 30 meses de su entrada en vigor.

Las criptomonedas vuelven a la agenda de trabajo del GAFI y el G20

23 julio, 2018

En el informe que el GAFI redactó como documento base para la reunión en Buenos Aires (Argentina) los días 21 y 22 de julio de los ministros de Economía y gobernadores de Bancos Centrales del G20, las criptomedas en su relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, vuelven a ocupar gran parte del debate.

El documento explica que el GAFI ha desarrollado un enfoque integral para responder al uso cada vez más habitual de cripto-activos en estas actividades ilícitas.

Un enfoque, dicen, destinado a garantizar que todos los países ejerzan un nivel suficiente de supervisión de las actividades que tienen lugar dentro de su jurisdicción con estas monedas y para potenciar entre los países “una mayor coherencia” entre sus diferentes regulaciones.

Avances

El programa de trabajo que el GAFI describe en el informe incluye la monitorización activa de los riesgos asociados a productos y servicios de pago de moneda virtual, incluidas tarjetas prepago vinculadas a este tipo de divisa, cajeros automáticos de bitcoin y ofertas iniciales de monedas (ICO).

En junio de 2018, el GAFI actualizó su inventario basado en casos nuevos y emergentes. Y es que, además del tráfico de drogas y el fraude a pequeña escala, el vínculo entre criptomonedas y otros delitos parece estar creciendo.

En cuanto al entorno regulatorio, este organismo ha llevado a cabo una evaluación para identificar los diferentes enfoques entre los integrantes del G20, así como en otros países.

El rango de respuestas regulatorias entre los países encuestados es amplio. Algunos han prohibido el uso de todas las monedas virtuales o que las instituciones financieras las tramiten.

Otros aplican la regulación que ya tienen en materia de ALD/CFT y extienden las medidas del intercambio de activos y servicios de transferencia tradicionales al ámbito de las criptomonedas.

También hay países que, aunque no lo regulan específicamente, aplican los requisitos para informar sobre transacciones sospechosas a aquellas relacionadas con transacciones de monedas virtuales.

Finalmente, el GAFI constata que muchos países están en proceso de establecer leyes específicas entre los que cita a España.

Comunicado del G20

Entre las conclusiones adoptadas en su reunión de dos días, los ministros de Economía y gobernadores de Bancos Centrales del G20 admiten que si bien “los cripto-activos no implican actualmente un riesgo para la estabilidad financiera global, “permanecemos alerta”.

Le piden al GAFI que clarifique para octubre de 2018 cómo sus estándares serán de aplicación a este tipo de moneda virtual.

Y dicen expresamente que las innovaciones tecnológicas, incluyendo aquellas subyacentes a los cripto-activos, pueden aportar beneficios significativos al sistema financiero y a la economía en su conjunto.

Sin embargo, como carecen de las principales características que tienen las monedas oficiales, alertan de que hay que tener muy en cuenta cuestiones relacionadas con la protección de los consumidores e inversores, la integridad de los mercados, la evasión impositiva, el lavado de dinero, y la financiación del terrorismo.

“Celebramos las actualizaciones provistas por el Consejo de Estabilidad Financiera y los organismos que establecen estándares internacionales y esperamos su continuo trabajo de monitorización de los potenciales riesgos de los cripto-activos y la evaluación de acciones multilaterales que sean necesarias”, añaden.

En su anterior encuentro en marzo de 2018, estos dirigentes ya se comprometieron a ir implementando los estándares del GAFI también en lo que respecta a las monedas virtuales. Y pidieron al Grupo de Acción Financiera avanzar en su implementación global, un trabajo que este organismo llevará a cabo bajo la presidencia que EE.UU. ostenta desde el pasado 1 de julio de 2018 hasta el próximo 30 de junio de 2019.

La toma de medidas para promover una regulación más consistente y efectiva de este tipo de monedas está entre los objetivos de esta presidencia.