Derecho

Bruselas pide mayor protección para los denunciantes

28 enero, 2019

Según un estudio realizado para la Comisión Europea, la pérdida de beneficios potenciales debido a la falta de protección de los denunciantes o whistleblowers, solo en el ámbito de la contratación pública, se situó en 2017 en una horquilla de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales para el conjunto de la UE.

En la actualidad, la protección de los denunciantes está regulada de manera fragmentada. De hecho, solo diez Estados miembros tienen una legislación integral en este ámbito y a escala de la UE, la legislación específica solo se aplica a ciertos sectores, principalmente los servicios financieros.

El pasado 24 de abril de 2018, junto a la referencia que se incorpora en la Quinta Directiva antiblanqueo, Europa aprobó otra propuesta de Directiva que garantizará un elevado nivel de protección para esta figura.

Para ir más allá, los representantes permanentes del Consejo han acordado con fecha 25 de enero su posición sobre la Directiva, de forma que iniciarán las negociaciones con el Parlamento Europeo para alcanzar un acuerdo antes de que finalice la legislatura.

Las nuevas normas obligan a las organizaciones privadas o públicas con 50 o más empleados y a los poderes públicos a establecer cauces seguros de denuncia. Además, ofrecerán un elevado nivel de protección a los denunciantes contra las represalias y exigirán a las autoridades nacionales que informen debidamente a los ciudadanos y formen a los funcionarios sobre el modo de proceder ante las denuncias.

Aumentar la seguridad jurídica

Entre los elementos de la posición adoptada por el Consejo respecto de la propuesta inicial, y con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica,

  • Sistema de denuncias: los denunciantes deberán utilizar en primer lugar cauces internos en su organización antes de recurrir a cauces externos (establecidos por los poderes públicos), y en último lugar podrán informar al público. No obstante, el principio del sistema de tres etapas prevé excepciones en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público que permiten al denunciante recurrir a cauces externos o incluso informar al público
  • Personas protegidas por las nuevas normas: se han mantenido los elementos de la propuesta de la Comisión, de modo que quedan protegidas numerosas categorías de personas que pueden tener acceso a información sobre infracciones cometidas en un contexto laboral, como por ejemplo empleados (incluidos funcionarios a nivel nacional/local), voluntarios y trabajadores en prácticas, miembros no ejecutivos, accionistas, etc.
  • Obligaciones de información para los poderes públicos y las empresas: dispondrán de un plazo de tres meses para informar al denunciante y tramitar las denuncias, con la posibilidad, en casos debidamente justificados, de prorroga hasta seis meses para los cauces externos
  • Revelación pública de información: el Consejo ha añadido un artículo que establece las condiciones que debe cumplir la persona protegida por las nuevas normas en caso de que esta revele públicamente información
  • Ámbito de aplicación: la posición del Consejo mantiene el propuesto por la Comisión, que abarca aspectos como la contratación pública, los servicios financieros, la prevención de blanqueo de capitales, la salud pública, etc.

Refuerzo desde Europa a la supervisión como respuesta a los últimos casos de blanqueo en entidades financieras

19 diciembre, 2018

La reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, el ECOFIN, celebrada el 4 de diciembre de 2018 en Bruselas aprobó una serie de Conclusiones sobre un plan de acción para luchar de forma más eficaz contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Es la respuesta a los últimos casos de blanqueo detectados e investigados en entidades financieras como el escándalo del grupo holandés ING que después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos el 4 de septiembre, pagará 775 millones de euros para cerrar la investigación por deficiencias en su sistema de prevención y prácticas corruptas entre 2010 y 2016.

Para reforzar la supervisión, a través de ocho objetivos principales recogidos en 11 puntos, las Conclusiones establecen varias acciones no legislativas a corto plazo para mejorar la supervisión de las actividades de lucha contra el blanqueo y estimular la cooperación entre las autoridades competentes. El calendario de implementación se iniciará en enero de 2019 y se prolongará a lo largo de todo el año.

Estas acciones persiguen:

  • determinar qué factores han contribuido a los recientes casos de blanqueo en bancos de la UE, lo que servirá para articular mejor las posibles acciones adicionales a medio y largo plazo
  • determinar los riesgos derivados de esas prácticas ilícitas y también las mejores medidas de supervisión prudencial para hacerles frente
  • mejorar la convergencia en materia de supervisión y tener en cuenta de manera más apropiada, en el proceso de supervisión prudencial, las cuestiones relacionadas con la lucha contra el blanqueo
  • garantizar que los supervisores prudenciales y los supervisores en materia de lucha contra el blanqueo cooperen de forma efectiva
  • aclarar las cuestiones relacionadas con la revocación de la autorización de un banco en caso de que se constaten infracciones graves
  • mejorar la supervisión y el intercambio de información entre las autoridades competentes
  • compartir mejores prácticas y determinar las posibilidades de convergencia entre las autoridades nacionales
  • mejorar la capacidad de las autoridades europeas de supervisión para utilizar mejor los poderes e instrumentos que existen

Supervisión reforzada de los bancos

De manera complementaria, los representantes permanentes de la UE han acordado el 19 de diciembre la posición de negociación del Consejo sobre una propuesta para reforzar la función de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en lo que respecta a los riesgos que representan las actividades de blanqueo para el sector financiero.

La ABE es una autoridad independiente de la UE que trabaja para garantizar un nivel efectivo y coherente de regulación y supervisión prudencial en todo el sector bancario europeo. Sus objetivos generales son mantener la estabilidad financiera en la Unión Europea (UE) y velar por la integridad, la eficiencia y el correcto funcionamiento del sector bancario.

Según el texto acordado, la ABE pasaría a tener las siguientes funciones:

  • recopilar información de las autoridades nacionales competentes sobre las deficiencias detectadas en el contexto de su acción para evitar o combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • mejorar la calidad de la supervisión mediante la elaboración de normas comunes y la coordinación entre las autoridades nacionales de supervisión
  • someter a las autoridades competentes a evaluaciones de riesgos para conocer sus estrategias y recursos destinados a abordar los principales riesgos que surjan en el ámbito del blanqueo de capitales en la UE
  • facilitar la cooperación con los países no pertenecientes a la UE en los casos transfronterizos
  • adoptar decisiones dirigidas directamente a bancos específicos como último recurso si las autoridades nacionales no actúan

¿Tiene futuro el Modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero?

13 diciembre, 2018

Tras casi dos años desde su notificación, recientemente se ha conocido el texto íntegro del dictamen motivado que la Comisión Europea emitió en febrero de 2017 sobre el Modelo 720 y que trasladó a las autoridades españoles en marzo.

Con la finalidad de informar al fisco sobre los bienes situados en el extranjero, este modelo lo estableció el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como procedimiento especial de identificación de cuentas en el extranjero enmarcado en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Una vez que concluyó la denominada “amnistía fiscal”, esta otra medida de control antifraude pretendía aumentar la transparencia de los fondos y capitales.

Proporcionalidad de las sanciones

El dictamen es la consecuencia del procedimiento de infracción iniciado en 2015, con el objeto de analizar la adecuación al Derecho de la Unión Europea de la declaración de bienes en el extranjero. Se cuestionaban las consecuencias tributarias que la normativa española estableció para los casos de incumplimiento o cumplimiento incorrecto de la obligación de informar.

En consecuencia, Bruselas hizo un examen detallado del régimen sancionador y del tratamiento de las ganancias patrimoniales no justificadas derivadas del incumplimiento de la obligación de informar.

En la exposición de motivos del documento, la Comisión no cuestionó el derecho de España a imponer obligaciones de información respecto de los bienes y derechos situados en el extranjero sino la proporcionalidad de algunos de sus aspectos y del régimen sancionador conexo.

“No se discute que la restricción de las libertades fundamentales que podría entrañar esta obligación de información pueda verse justificada por la necesidad de evitar el fraude, el abuso y la evasión fiscales o de garantizar la eficacia de los controles fiscales”, señala. “Lo que sí parece es que el régimen sancionador específico y el régimen aplicable a las ganancias patrimoniales no justificadas en caso de no notificación de los bienes y derechos poseídos en el extranjero pueden resultar desproporcionados y, por tanto, vulnerar el Derecho de la Unión”, matiza el texto.

Vulneración de las libertades fundamentales

Como conclusión a sus 24 páginas, el dictamen determina que la norma vulnera las libertades fundamentales previstas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En concreto, establece que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben, en virtud de los artículos 21 (libre circulación de personas), 45 (libre circulación de trabajadores), 49 (libertad de establecimiento), 56 (libre prestación de servicios) y 63 (libre circulación de capitales) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como los artículos 28 (libre circulación de trabajadores), 31 (libertad de establecimiento), 36 (libre prestación de servicios) y 40 (libre circulación de capitales) del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

En particular, la Comisión Europea describe que el Modelo 720 establece un régimen de declaración fiscal que parece discriminatorio y desproporcionado, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque se imponen multas pecuniarias fijas, por incumplimiento de las obligaciones de información o por la presentación extemporánea del Modelo 720, superiores a las establecidas en el régimen general para infracciones similares reguladas en la Ley General Tributaria.

Asimismo, se somete a tributación las ganancias patrimoniales no justificadas, como consecuencia de la falta de información o de la presentación extemporánea de la información que figura en el Modelo 720, junto con la negación de la prueba de que la propiedad de los activos se mantiene desde un determinado ejercicio fiscal que ha prescrito. Y también se impone una multa pecuniaria proporcional sobre dichas ganancias patrimoniales no justificadas.

Dos meses para modificar la regulación

A partir de la recepción del dictamen, España disponía de dos meses para modificar la normativa reguladora del Modelo 720. Sin embargo, teniendo en cuenta que no se ha hecho nada hasta la fecha, lo que podría pasar es que la Comisión denuncie al Reino de España ante el TJUE o que sean los tribunales españoles quienes planteen una cuestión prejudicial ante el TJUE.

En cualquiera de los casos, será el TJUE quien obligue a modificar la normativa reguladora del Modelo 720.

Según explican juristas expertos en la materia, de la decisión que tome el tribunal con sede en Luxemburgo se podría derivar que no se aplique el régimen sancionador específico respecto del incumplimiento de las obligaciones de información o por su presentación extemporánea; y que los contribuyentes que hubieran regularizado su situación tributaria declarando como ganancias patrimoniales no justificadas, los bienes y derechos localizados en el extranjero y no gravados en su momento, podrían solicitar la devolución de los importes regularizados.

Las Fuerzas de Seguridad tendrán más fácil acceder a la información financiera para prevenir el blanqueo

21 noviembre, 2018

El Consejo de Europa ha adoptado una posición de negociación para mejorar el acceso a la información financiera por parte de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y las fuerzas de seguridad. Se trata de una nueva medida por la que se establecen las normas que facilitan el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves y para reforzar la lucha contra el terrorismo.

Y es que hay que tener en cuenta que las actuales disposiciones contra el blanqueo de capitales se centran principalmente en el mercado interior o en aspectos del Derecho penal.

Así, con la actual Directiva de la UE sobre prevención del blanqueo de capitales, los Estados miembros están obligados a establecer registros centralizados de cuentas bancarias o sistemas de recuperación de datos que permitan identificar oportunamente a los titulares de cuentas bancarias y de pago o cajas de seguridad. La norma en vigor también permite que la información contenida en esos registros sea directamente accesible a las UIF.

No obstante, para reforzar el marco jurídico desde el punto de vista de la cooperación de las fuerzas de seguridad, el 17 de abril de 2018 la Comisión Europea presentó una propuesta de Directiva.

“Los delincuentes que tienen varias cuentas bancarias en uno o más países pueden transferir dinero en cuestión de horas. Para garantizar que las fuerzas de seguridad puedan investigar y, cuando sea necesario, proceder a un embargo preventivo de estos activos antes de que desaparezcan, necesitan un acceso directo y rápido a la información financiera. Las normas propuestas proporcionarán un marco claro en el que será posible acceder a esta información e intercambiarla”, ha manifestado el ministro austriaco Herbert Kickl. 

Cooperación de las Fuerzas de Seguridad

En su intento por ir más allá, la posición de negociación acordada exige a los 28 que garanticen que las fuerzas de seguridad competentes estén facultadas para acceder de forma directa e inmediata a información sobre cuentas bancarias y consultarla con fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de determinados delitos.

Asimismo, se pretende garantizar que las UIF tengan derecho a responder a las solicitudes de información o análisis financieros de las fuerzas de seguridad y que se definan cuáles son las autoridades competentes para acceder directamente a la información de las cuentas bancarias (incluidos al menos los organismos de recuperación de activos) y para solicitar información o análisis a las UIF, así como para notificar esta información a la Comisión.

El Consejo exige también a los Estados miembros que las autoridades designadas respondan, de manera oportuna, a las solicitudes de información de carácter policial presentadas por la UIF nacional; y que garanticen que tanto las autoridades como la UIF tengan derecho a responder -directamente o a través de la unidad nacional de Europol-, a las solicitudes relacionadas con cuentas bancarias e información financiera presentadas por Europol.

Para dar cumplimiento a este mandato, una vez que la Eurocámara haya aprobado su posición, la presidencia del Consejo iniciará las negociaciones con el Parlamento.

Los notarios ponen al descubierto 180.000 operaciones sospechosas

19 noviembre, 2018

Los notarios son sujetos obligados de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y su papel como funcionarios públicos que tienen el deber de informar a las administraciones, contribuye a dirigir la actividad económica dentro de la legalidad.

La información que manejan estos profesionales se hace clave en la lucha contra el crimen organizado. Sus ejes de actuación se basan en aprovechar al máximo las nuevas tecnologías y el uso centralizado de la información, junto con la especialización de la función de análisis.

Desde su creación en 2006, el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales que gestiona el Notariado española, ha proporcionado información sobre 180.000 operaciones sospechosas a órganos judiciales, Ministerio Fiscal y policía.

Para Francisco Almansa, jefe del departamento de Delincuencia Económica y contra la Corrupción de la UCO, “la herramienta más importante que tiene la policía judicial para la lucha contra el blanqueo de capitales es la colaboración con este Órgano”.

También comunicaron al SEPBLAC otras 5.547 operaciones sospechosas de blanqueo.

Por otro lado, el Órgano de Colaboración Tributaria notarial atendió 133.469 requerimientos informativos de la Agencia Tributaria y las Haciendas Forales (desde enero de 2007).

Estos datos fueron trasladados por el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido, en el trascurso de un foro internacional sobre ‘Delitos económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución’ celebrado en Madrid durante los días 26 y 27 de noviembre.

Colaboración internacional

El notariado español es el más avanzado en la lucha contra estos delitos y debe colaborar con autoridades y Notariados de otros países -como los de América Latina- para ayudarles a desarrollar sistemas que les permitan combatir de manera similar esta lacra”, apuntó Garrido en la inauguración de este foro.

Y es que desde que en 2017 nuestro país ostenta la presidencia del notariado mundial a través de la Unión Internacional del Notariado (UINL), su presidente José Marqueño de Llano, quiere completar su legislatura hasta 2019 concienciando y movilizando en la lucha contra el blanqueo a los 88 notariados que integran la organización, 300.000 profesionales de todos los continentes.

Con las nuevas tecnologías y la globalización, cualquiera puede realizar operaciones al margen de la ley difíciles de seguir. El blockchain y otras criptomonedas también pueden ayudar a blanquear dinero de origen ilícito. Contra ello, la administración apuesta por la colaboración internacional, el análisis del Big Data y la homogeneización de mecanismos y marcos normativos.

La Base de Datos de Titularidad Real

Los notarios cuentan además desde hace más de cuatro años con esta base de datos que permite saber quiénes son las personas ocultas tras sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos, aunque estén detrás de una maraña de sociedades fantasma y testaferros.

De ahí su enfado a que sean los Registradores de la Propiedad quienes tutelen el Registro de Titulares Reales, después de la Orden Ministerial que dictaminó la creación de este instrumento cumpliendo la cuarta y quinta Directivas europeas antiblanqueo.

La Base de Datos de Titularidad Real del Notariado (BDTR) tiene identificados a los titulares reales, de forma acreditada en un 86%, de 2.284.104 personas jurídicas, tanto de sociedades como de asociaciones, fundaciones y partidos políticos.

Desde que entró en funcionamiento en 2013 al amparo de la Ley 10/2010 ha remitido 298.557 informaciones sobre titularidad real a autoridades judiciales y policiales.

Identifica al titular real de forma acreditada y no declarativa, según precisan.

Otra de las fortalezas de la BDTR es que permite conocer la titularidad real de numerosas empresas extranjeras que operan en España, tanto si ejercen su actividad de forma directa o a través de una sociedad española. Es la única base de datos donde esta información queda recogida, ya que estas sociedades no están obligadas a inscribirse en ningún registro mercantil o administrativo.