Derecho

Los denunciantes de corrupción ya tienen respaldo normativo en Europa

22 abril, 2019

Por una clamorosa mayoría de 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones, y en lo que puede considerarse un hito histórico, el Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción (conocidos en inglés como whistleblowers), tras una negociación in extremis entre la propia Eurocámara, la Comisión y el Consejo para llegar a tiempo antes de que se celebren las elecciones del 26 de mayo de 2019.

El siguiente paso para que el texto de la Directiva sea una realidad es que reciba el respaldo de los ministros de los 28 países miembros. A partir de ese momento, el plazo para su aplicación será de dos años.

Aunque ya en la quinta Directiva se había incorporado una referencia a la figura del whistleblower será con la nueva norma donde se establezcan estándares europeos para proteger a quienes revelen infracciones de la legislación comunitaria relativas a un amplio espectro de áreas como contratación pública, servicios financieros, blanqueo de capitales, seguridad de productos y transportes, seguridad nuclear, salud pública, consumo y protección de datos.

Un estudio llevado a cabo por la Comisión Europea en el año 2017 estimó que la falta de protección efectiva a los delatores produce, solo en el ámbito de la contratación pública, entre 5.800 y 9.600 millones de euros de pérdidas anuales en el conjunto de la UE.

A pesar de este dato, solo una decena de países europeos ofrece una protección legal adecuada. Entre ellos no está España donde, hasta ahora, esta protección es parcial o afecta solo a algunos sectores.

Escándalos como ‘LuxLeaks‘ o los ‘Panama Papers‘ han puesto de manifiesto la importancia de las revelaciones de los delatores para detectar y prevenir infracciones. Pero también evidencian que la falta de protección puede tener consecuencias negativas para el interés público y el bienestar social y que las infracciones pueden extenderse a otros Estados miembros o al conjunto de la UE.

Canales seguros

Para asegurar que los potenciales delatores están protegidos y que la información que revelan mantiene la confidencialidad, la nueva ley permite que las denuncias se lleven a cabo internamente en las organizaciones -ya sea pública o privada por encima de 50 empleados-, ante la autoridad legal o directamente ante las autoridades nacionales o las instituciones, cuerpos, oficinas u agencias de la UE competentes.

En los casos en los que no se tomen las medidas pertinentes ante la denuncia inicial de los delatores, o si éstos consideran que se puede causar un daño inminente a las personas interesadas o que hay riesgo de represalias, el delator también gozará de protección si decide denunciar las infracciones públicamente.

Protección contra las represalias

La ley prohíbe explícitamente las represalias contra los whistleblowers  e introduce mecanismos para impedir que sean suspendidos, degradados o intimidados. Las personas que cooperen con los delatores (intermediarios, compañeros o parientes) también estarán protegidos.

Los Estados miembros deberán asegurar que los delatores tienen acceso a información completa e independiente y a orientación sobre los trámites y posibles soluciones, así como a asesoramiento legal adecuado durante el curso del procedimiento.

Nuevo intento desde Europa de estrechar el cerco a la criminalidad financiera

29 marzo, 2019

Con 505 votos a favor, 63 en contra y 87 abstenciones, el Pleno de la Eurocámara aprobó el 26 de marzo de 2019 el texto de recomendaciones que pone punto final al trabajo que durante un año ha llevado a cabo la comisión especial sobre delitos financieros, evasión y fraude fiscal denominada TAX3.

El objetivo es que se lleve a cabo una profunda revisión de los mecanismos para combatir los delitos financieros, la evasión y la elusión fiscal, sobre todo mejorando la cooperación entre las numerosas autoridades implicadas. Además, plantean crear nuevos organismos a nivel europeo e internacional.

España también queda en el centro de estas recomendaciones.

La TAX3 inició su andadura en marzo de 2018, a la luz de las revelaciones de ‘Luxleaks’, los ‘papeles de Panamá’, los ‘football leaks’, los ‘papeles del Paraíso’ y, más recientemente, el fraude fiscal ‘Cum‑Ex’, así como los casos de blanqueo de capitales en los que están implicados, en particular, bancos de Dinamarca, Estonia, Alemania, Letonia, los Países Bajos y el Reino Unido.

El documento de la comisión, que contiene más de 400 puntos, se ha redactado después de que sus miembros hayan organizado encuentros con ministros y comisarios y hayan viajado para recabar información a Estados Unidos, la Isla de Man, Dinamarca, Estonia y Letonia.

Los ‘pasaportes dorados’

La mayoría de los Estados miembros, incluido España, han adoptado regímenes de ciudadanía por inversión (CPI) y de residencia por inversión (RPI), conocidos como programas de visados de oro y pasaportes para inversores. Con ello, se concede la ciudadanía o la residencia a ciudadanos de la Unión o de fuera de ella a cambio de una inversión financiera.

Como mínimo, según datos que ofrece Bruselas, 5.000 ciudadanos de países no miembros han obtenido la ciudadanía de la Unión a través de esta fórmula, si bien indican la falta de transparencia en relación con el número y origen de los solicitantes, el número de personas a las que se ha concedido la ciudadanía o la residencia mediante estos regímenes, el importe invertido y su origen.

Ahora, la comisión especial aboga por eliminar progresivamente estos programas porque, en su opinión, los beneficios económicos potenciales de estos regímenes “no compensan los graves riesgos” de seguridad, blanqueo de capitales y evasión fiscal que suponen. Y mira especialmente a Malta y Chipre, dadas “las escasas exigencias a los solicitantes”.

Hasta que la medida desaparezca, la TAX3 solicita que los Estados miembros exijan la presencia física en el país como condición para beneficiarse de los regímenes y garantizar “adecuadamente” que se aplican las medidas reforzadas de diligencia debida a los solicitantes.

Y es que señalan que las inversiones realizadas en el marco de estos programas “no fomentan necesariamente la economía real del Estado miembro” que concede la ciudadanía o residencia y que “a menudo no exigen que los solicitantes pasen tiempo en el territorio en el que se realiza la inversión y que, incluso cuando existe formalmente este requisito, normalmente no se comprueba su cumplimiento”.

Entienden que la obligación de considerar a los solicitantes de CPI y RPI como de alto riesgo durante su proceso de diligencia debida, no exime a los Estados miembros de su responsabilidad de establecer y llevar a cabo por sí mismos una diligencia debida reforzada. Y lamentan el hecho de que la opacidad que rodea al origen del dinero conectado con los regímenes de CPI y RPI ha aumentado “considerablemente” los riesgos políticos, económicos y de seguridad para los países europeos.

Policía financiera y sociedades fantasma

La TAX3 recomienda, asimismo, la creación de una policía financiera europea, enmarcada en Europol, con capacidad para llevar a cabo investigaciones, así como contar con una unidad de inteligencia financiera. Esto se completaría con el establecimiento de un organismo de la ONU centrado en la fiscalidad.

La protección reforzada para los denunciantes y los periodistas de investigación en casos de corrupción como el ‘Cum-Ex’ es otra de las medidas incorporadas en el documento que también pide, en referencia a este escándalo financiero, que los acuerdos fiscales sean multilaterales y no bilaterales.

Se recomienda la prohibición de las sociedades fantasma, aunque residan en un Estado miembro de la Unión.

Y si bien no existe una definición única de sociedad fantasma, se hace referencia a aquellas registradas en una jurisdicción únicamente para fines de evasión o elusión fiscales y sin ninguna presencia económica significativa y recomienda que cualquier organización que cree una estructura extraterritorial proporcione a las autoridades competentes las razones legítimas subyacentes de esa decisión, a fin de garantizar que las cuentas extraterritoriales no se utilicen con fines de blanqueo de capitales o de evasión fiscal.

Hacia una Autoridad Bancaria Europea con mayores competencias supervisoras

22 marzo, 2019

Tras los últimos escándalos investigados en entidades financieras como el grupo holandés ING, el alemán Deutsche Bank o la operación ‘Lavandería Troika’, Bruselas ha dado los primeros pasos para contar próximamente con un marco mejorado de supervisión de estas instituciones en Europa. Con esta medida se pretende dotar de mayores competencias de supervisión a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

De forma complementaria, en diciembre de 2018, el ECOFIN ya aprobó una serie de Conclusiones donde se establecen acciones no legislativas a corto plazo para mejorar la supervisión de las actividades de lucha contra el blanqueo y estimular la cooperación entre las autoridades competentes. El calendario de implementación se inició en enero de 2019 y se prolongará a lo largo de todo el año.

El Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) se creó en 2011 y está compuesto por tres Autoridades (la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados) que se encargan de supervisar sectores y entidades concretos y de proporcionarles directrices normativas; y por la Junta Europea de Riesgo Sistémico, que supervisa el sistema financiero y coordina las políticas de la UE sobre estabilidad financiera.

A raíz de la crisis financiera, la UE remodeló la forma en que se regula y se supervisa el sistema financiero, introdujo un código normativo único y creó las Autoridades Europeas de Supervisión para garantizar la adecuada regulación, fortaleza y estabilidad de los mercados financieros de los Estados miembros.

Principales novedades

Con el acuerdo alcanzado el 21 de marzo entre la Presidencia del Consejo y el Parlamento europeo, la ABE tendrá más competencias en materia de supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales para instituciones financieras y, concretamente, asumirá las tareas de recoger información procedente de las autoridades nacionales competentes, mejorar la calidad de la supervisión mediante el desarrollo de normas comunes, realizar evaluaciones de riesgos y facilitar la cooperación con países no pertenecientes a la UE en casos transfronterizos.

Como último recurso si las autoridades nacionales no actúan, la ABE podrá adoptar una decisión dirigida directamente a bancos específicos.

Asimismo, el texto acordado mejora el actual sistema de convergencia en materia de supervisión y con ello la eficiencia, coherencia y transparencia del proceso. Se basa en herramientas existentes, como las pruebas de resistencia, las consultas de las partes interesadas o las revisiones interpares, e introduce otras nuevas, como el establecimiento de prioridades comunes de supervisión a escala de la UE.

En el acuerdo también se revisa la estructura de gobernanza de las Autoridades Europeas de Supervisión. Se mantiene el principio de que las decisiones deben ser adoptadas por la Junta de Supervisores y se otorga un papel fundamental a las autoridades nacionales competentes dentro de la estructura de gobernanza de las Autoridades Europeas de Supervisión: no debe tomarse ninguna decisión contra la voluntad de la mayoría de los supervisores nacionales, y el máximo órgano decisorio de la Autoridad es la Junta de Supervisores.

Al mismo tiempo, se refuerza la función y los poderes del Consejo de Administración como principal órgano encargado de preparar las reuniones y las decisiones de la Junta de Supervisores. Estará compuesto por un presidente, cinco miembros de la Junta de Supervisores y dos miembros independientes a tiempo completo, elegidos por sus méritos, capacidades de gestión y experiencia en supervisión financiera. El presidente y los miembros a tiempo completo del Consejo de Administración han de responder ante el Parlamento Europeo y el Consejo.

Por lo que respecta al régimen de financiación de las Autoridades, el texto final mantiene en líneas generales el actual sistema de contribuciones —que proceden en parte del presupuesto de la UE y en parte de las autoridades nacionales competentes— y añade la posibilidad de contribuciones voluntarias de los Estados miembros o de los observadores.

En la reforma también se revisan los poderes de cada una de las tres Autoridades Europeas de Supervisión. La Presidencia y el Parlamento han acordado otorgar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados poderes directos de supervisión en materia de índices de referencia cruciales, así como de servicios que ofrecen datos de negociación consolidados sobre la negociación de acciones o instrumentos asimilados e instrumentos distintos de las acciones o instrumentos asimilados en la UE, los denominados ‘proveedores de información consolidada’. Asimismo, el texto asigna a la Autoridad Europea de Valores y Mercados un papel en materia de supervisión de centros de negociación de terceros países y abuso de mercado.

La tramitación de este acuerdo provisional pasa por someter su contenido a los representantes permanentes ante la UE para su ratificación. El Parlamento y el Consejo deberán adoptar la propuesta de Reglamento en primera lectura.

Bruselas pide mayor protección para los denunciantes

28 enero, 2019

Según un estudio realizado para la Comisión Europea, la pérdida de beneficios potenciales debido a la falta de protección de los denunciantes o whistleblowers, solo en el ámbito de la contratación pública, se situó en 2017 en una horquilla de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales para el conjunto de la UE.

En la actualidad, la protección de los denunciantes está regulada de manera fragmentada. De hecho, solo diez Estados miembros tienen una legislación integral en este ámbito y a escala de la UE, la legislación específica solo se aplica a ciertos sectores, principalmente los servicios financieros.

El pasado 24 de abril de 2018, junto a la referencia que se incorpora en la Quinta Directiva antiblanqueo, Europa aprobó otra propuesta de Directiva que garantizará un elevado nivel de protección para esta figura.

Para ir más allá, los representantes permanentes del Consejo han acordado con fecha 25 de enero su posición sobre la Directiva, de forma que iniciarán las negociaciones con el Parlamento Europeo para alcanzar un acuerdo antes de que finalice la legislatura.

Las nuevas normas obligan a las organizaciones privadas o públicas con 50 o más empleados y a los poderes públicos a establecer cauces seguros de denuncia. Además, ofrecerán un elevado nivel de protección a los denunciantes contra las represalias y exigirán a las autoridades nacionales que informen debidamente a los ciudadanos y formen a los funcionarios sobre el modo de proceder ante las denuncias.

Aumentar la seguridad jurídica

Entre los elementos de la posición adoptada por el Consejo respecto de la propuesta inicial, y con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica,

  • Sistema de denuncias: los denunciantes deberán utilizar en primer lugar cauces internos en su organización antes de recurrir a cauces externos (establecidos por los poderes públicos), y en último lugar podrán informar al público. No obstante, el principio del sistema de tres etapas prevé excepciones en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público que permiten al denunciante recurrir a cauces externos o incluso informar al público
  • Personas protegidas por las nuevas normas: se han mantenido los elementos de la propuesta de la Comisión, de modo que quedan protegidas numerosas categorías de personas que pueden tener acceso a información sobre infracciones cometidas en un contexto laboral, como por ejemplo empleados (incluidos funcionarios a nivel nacional/local), voluntarios y trabajadores en prácticas, miembros no ejecutivos, accionistas, etc.
  • Obligaciones de información para los poderes públicos y las empresas: dispondrán de un plazo de tres meses para informar al denunciante y tramitar las denuncias, con la posibilidad, en casos debidamente justificados, de prorroga hasta seis meses para los cauces externos
  • Revelación pública de información: el Consejo ha añadido un artículo que establece las condiciones que debe cumplir la persona protegida por las nuevas normas en caso de que esta revele públicamente información
  • Ámbito de aplicación: la posición del Consejo mantiene el propuesto por la Comisión, que abarca aspectos como la contratación pública, los servicios financieros, la prevención de blanqueo de capitales, la salud pública, etc.

Refuerzo desde Europa a la supervisión como respuesta a los últimos casos de blanqueo en entidades financieras

19 diciembre, 2018

La reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, el ECOFIN, celebrada el 4 de diciembre de 2018 en Bruselas aprobó una serie de Conclusiones sobre un plan de acción para luchar de forma más eficaz contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Es la respuesta a los últimos casos de blanqueo detectados e investigados en entidades financieras como el escándalo del grupo holandés ING que después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos el 4 de septiembre, pagará 775 millones de euros para cerrar la investigación por deficiencias en su sistema de prevención y prácticas corruptas entre 2010 y 2016.

Para reforzar la supervisión, a través de ocho objetivos principales recogidos en 11 puntos, las Conclusiones establecen varias acciones no legislativas a corto plazo para mejorar la supervisión de las actividades de lucha contra el blanqueo y estimular la cooperación entre las autoridades competentes. El calendario de implementación se iniciará en enero de 2019 y se prolongará a lo largo de todo el año.

Estas acciones persiguen:

  • determinar qué factores han contribuido a los recientes casos de blanqueo en bancos de la UE, lo que servirá para articular mejor las posibles acciones adicionales a medio y largo plazo
  • determinar los riesgos derivados de esas prácticas ilícitas y también las mejores medidas de supervisión prudencial para hacerles frente
  • mejorar la convergencia en materia de supervisión y tener en cuenta de manera más apropiada, en el proceso de supervisión prudencial, las cuestiones relacionadas con la lucha contra el blanqueo
  • garantizar que los supervisores prudenciales y los supervisores en materia de lucha contra el blanqueo cooperen de forma efectiva
  • aclarar las cuestiones relacionadas con la revocación de la autorización de un banco en caso de que se constaten infracciones graves
  • mejorar la supervisión y el intercambio de información entre las autoridades competentes
  • compartir mejores prácticas y determinar las posibilidades de convergencia entre las autoridades nacionales
  • mejorar la capacidad de las autoridades europeas de supervisión para utilizar mejor los poderes e instrumentos que existen

Supervisión reforzada de los bancos

De manera complementaria, los representantes permanentes de la UE han acordado el 19 de diciembre la posición de negociación del Consejo sobre una propuesta para reforzar la función de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en lo que respecta a los riesgos que representan las actividades de blanqueo para el sector financiero.

La ABE es una autoridad independiente de la UE que trabaja para garantizar un nivel efectivo y coherente de regulación y supervisión prudencial en todo el sector bancario europeo. Sus objetivos generales son mantener la estabilidad financiera en la Unión Europea (UE) y velar por la integridad, la eficiencia y el correcto funcionamiento del sector bancario.

Según el texto acordado, la ABE pasaría a tener las siguientes funciones:

  • recopilar información de las autoridades nacionales competentes sobre las deficiencias detectadas en el contexto de su acción para evitar o combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • mejorar la calidad de la supervisión mediante la elaboración de normas comunes y la coordinación entre las autoridades nacionales de supervisión
  • someter a las autoridades competentes a evaluaciones de riesgos para conocer sus estrategias y recursos destinados a abordar los principales riesgos que surjan en el ámbito del blanqueo de capitales en la UE
  • facilitar la cooperación con los países no pertenecientes a la UE en los casos transfronterizos
  • adoptar decisiones dirigidas directamente a bancos específicos como último recurso si las autoridades nacionales no actúan