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Compliance: la ética ya es el primer motivo para relevar a un CEO

10 octubre, 2019

El relevo de los CEOs al frente de las grandes empresas cotizadas del mundo alcanzó sus cifras más altas el año pasado. Además, por primera vez, el porcentaje de sustituciones de estos altos cargos como consecuencia de cuestiones éticas con un 39% supera al de aquellos que lo han sido como consecuencia de la evolución financiera de la compañía (35%) o de las presiones del consejo (13%).

Fuente: PwC.

Las causas de que esta banda de color amarillo de la tabla vaya ensanchando y haya pasado de un 8% en 2007 al 39% en 2018 habría que buscarlas en que existen mayores exigencias regulatorias y supervisoras y menos tolerancia hacia los problemas éticos dentro de las propias organizaciones. En la actualidad, al CEO de una compañía que se ve envuelta en un escándalo importante, se le suele despedir. Y es que junto a las posibles sanciones económicas está el riesgo reputacional para la organización.

Son datos que se recogen en el informe ‘Sucesión de los CEOs 2018’, elaborado por la consultora PwC en 2018, donde se señala que, en términos generales, fueron relevados el 17,5% de los primeros ejecutivos de las 2.500 empresas cotizadas más grandes del mundo, lo que representa 438 altos directivos.

Se trata del mayor porcentaje registrado desde 2000, año a partir del cual se realiza este estudio. La mayoría de estas sucesiones -el 68%- se hicieron de forma planificada, un 11% como consecuencia de operaciones de M&A y un 20% fueron no planificadas o imprevistas.

La tendencia ha cambiado y así lo demuestra también el dato de que en el año 2000, los CEOs tenían una permanencia en el cargo de 8 o más años y en la última década ha bajado a 5 años.

Cultura del cumplimiento y la ética

En los últimos años, los inversores, los gobiernos, los Consejos de Administración y los medios de comunicación exigen a los CEOs más responsabilidad en cuestiones éticas relacionadas con el fraude, la corrupción o la falta de transparencia, principalmente.

Y aunque en cifras absolutas es escaso el número de consejeros que ha perdido su posición por esta causa (18 en 2016, por ejemplo), lo cierto es que en los últimos 15 años el entorno en el que operan las empresas ha cambiado.

Según los expertos, detrás de ese cambio habría cinco elementos: el público se ha hecho más desconfiado, más crítico y menos indulgente respecto a las malas prácticas corporativas; la regulación en muchos países es más proactiva y sancionadora; cada vez hay más compañías presentes en mercados emergentes, donde los riesgos éticos son mayores; el auge de la comunicación digital está sometiendo a empresas y directivos a mayor exposición y riesgos que nunca; y, por último, el ciclo de las noticias 24 horas, siete días a la semana como altavoz para la información negativa en tiempo real.

El resultado de todos ellas es un mayor escrutinio acerca del comportamiento de los CEOs, una demanda creciente de sistemas judiciales más agiles y un menor margen de error para todos los involucrados.

De ahí la importancia de desarrollar una cultura del cumplimiento en las organizaciones que transmita un mensaje claro y sencillo sobre los comportamientos éticos. Los hechos han probado que es el escudo más eficaz para protegerse de este tipo de escándalos si mantienen controles de máxima calidad y crean una cultura corporativa.

La historia interminable de los paraísos fiscales

12 septiembre, 2019

«Vastas sumas de dinero, que podrían usarse para mejorar la vida de la gente son depositadas en paraísos fiscales o perdidas debido a la corrupción». Con esta afirmación arranca el número correspondiente a septiembre de la revista del Fondo Monetario Internacional (FMI) dedicada a los rincones ocultos de la economía mundial.

Y es que si para algo ha servido la crisis económica del 2008 ha sido para rebajar el nivel de tolerancia de ciertas instancias hacia los paraísos fiscales. Hace una década su expansión no parecía tener freno por parte de los gobiernos hasta que dejaron de salirles las cuentas. Ahora, sin embargo, tras los ‘Papeles de Panamá’ y las filtraciones de Luxemburgo han pasado de percibirse como exóticas atracciones secundarias de la economía mundial reservadas a famosos adinerados y grandes entidades a verse como un grave peligro que perjudica en igual medida a las naciones remitentes de miles de millones de divisas y a las destinatarias de esos fondos.

Este es el nuevo enfoque en el que trabaja el FMI que sugiere que los flujos financieros atraídos a los paraísos fiscales no benefician a los países receptores sino a grupos de interés de esas jurisdicciones.

Se estima que el coste de los paraísos fiscales, medido como pérdida de recaudación del impuesto sobre sociedades, oscila entre los 500.000 a 600.000 millones de dólares anuales. De esa recaudación perdida, 200.000 millones corresponden a economías de bajo ingreso, con un impacto como porcentaje del PIB más fuerte que en las economías avanzadas. Todo un agujero si tenemos en cuenta que la asistencia para el desarrollo que reciben del exterior se cifra en 150.000 millones de euros.

A estas pérdidas habría que sumar lo que se deja de recaudar por el impuesto sobre la renta personal porque no pensemos que solo se benefician las empresas. Se cree que el montante económico que personas físicas tienen en paraísos fiscales podría ascender a 36 billones de dólares, lo que se traduce en unas pérdidas de 200.000 millones de dólares anuales.

Sin embargo, como señalan los expertos, el sistema offshore sigue creciendo y enquistándose con la connivencia de poderosos, multinacionales con cientos de subsidiarias en otros países e instituciones. El dinero continúa fugándose de los países pobres a los ricos. De ahí que las jurisdicciones ricas encabecen las listas de estos territorios offshore. Véase el ejemplo en que los tres primeros puestos del Índice de paraísos fiscales corporativos de la Red para la Justicia Fiscal corresponden a las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda y las Islas Caimán, territorios británicos de ultramar.

Como explica el analista Nicholas Shaxson «cuando una jurisdicción encuentra una laguna fiscal o diseña un mecanismo de secreto financiero que logra atraer dinero móvil, otros la copian o superan en una competencia nociva».

La presión de la OCDE

Este organismo que fija las normas sobre impuestos internacionales puso en marcha dos proyectos tras la crisis con los que intentar neutralizar los «fines nefastos» de los paraísos fiscales. Uno es el Estándar de intercambio automático de información entre países que ayuda a las autoridades fiscales a identificar los activos de contribuyentes en el exterior.

Y a pesar de algún vacío, como por ejemplo, que permitiría que personas con determinados pasaportes declaren ser residentes en un paraíso fiscal en vez del país en el que viven, según destaca Shaxson, los resultados de julio de 2019 estiman que 90 países habían compartido información sobre 47 millones de cuentas valoradas en 4,9 billones de euros, que los depósitos en paraísos fiscales se habían reducido en un 20%–25%, y que las declaraciones voluntarias previas a la implementación del estándar habían generado 95.000 millones de euros de recaudación tributaria adicional para miembros de la OCDE y del Grupo de los Veinte, que incluye a las principales economías de mercados emergentes.

El segundo proyecto fue el BEPS (erosión de la base imponible y traslado de ganancias) que, aunque parece que mejoró la transparencia de las multinacionales, la propia OCDE lo habría considerado «un fracaso» sobre todo en lo que se refiere a la economía digitalizada.

El 95% de empresas latinoamericanas considera que el soborno es una «actividad recurrente»

31 agosto, 2019

Según estudios de la organización ‘European Free Alliance’, el coste de la corrupción en la Unión Europea oscila entre los 202 mil millones y 1,072 millones de millones de dólares al año, entre el 1 % y 5 % del PIB de la región.

Y Latinoamérica, por su parte, se sitúa como una de las regiones más afectadas por este fenómeno con el soborno a la cabeza como práctica de las empresas.

Por ejemplo en México la corrupción puede llegar al 9% del PIB, (aproximadamente 103 mil millones de dólares), en Perú estas mismas cifras equivalen al 10% de su presupuesto nacional, con unos 3.600 millones de dólares; en Colombia por corrupción se pierden anualmente 16.000 millones de dólares (50 millones de millones de pesos), cifra cercana al 4% del PIB y en Honduras las pérdidas superan 367.1 millones de dólares al año, casi el 4,3% del PIB (FIDH, 2018).

Precisamente con el objetivo de identificar el panorama del soborno corporativo en América Latina, como forma de apoyar el proceso de toma de decisiones para combatir este fenómeno, en los sectores público y privado, el 30 de julio de 2019 se hizo público el primer Estudio sobre las prácticas empresariales contra el soborno en el que se contado con una muestra de 2.963 empresas ubicadas en siete países de la región: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú.

El estudio analizó el nivel de conocimiento de los empresarios respecto a las iniciativas obligatorias y voluntarias diseñadas para combatir la corrupción y el soborno. También permitió comprobar el nivel de esfuerzo realizado por las empresas para combatirlo, estableciendo, adicionalmente, la frecuencia de los comportamientos percibidos, asociados al soborno.

Perciben que existe el soborno generalizado

El 95% de las empresas consideró que en su país se lleva a cabo el soborno. Así, la percepción sobre el hábito frente al soborno en el ambiente externo es de que se trata de una «actividad recurrente en su entorno». Sin embargo, el porcentaje disminuye cuando se les cuestionó sobre la existencia de sobornos en su propio sector económico (76%); además, el 47% de la muestra indicó que una de las presiones más fuertes para ofrecer sobornos en el sector privado es que la competencia lo hace.

Lo anterior sugiere que las organizaciones perciben el soborno como una actividad que se lleva a cabo por fuera de sus fronteras organizacionales y fuera de su control. Cuando se les preguntó por el sector económico más propenso al soborno, la mayoría de la muestra regional eligió al sector de la construcción (34%) seguido del de administración pública, defensa y seguridad social (20%).

Otro hallazgo sobre la percepción del soborno en el ambiente externo fueron las modalidades más utilizadas para sobornar, entre las que se encontró en primer lugar las contribuciones políticas (64%), en segundo lugar, el pago para agilizar trámites (67%) y en tercer lugar el cierre de negocios y contratos (47%).

Los directivos participantes consideraron que se paga de media un 26.2% adicional de manera secreta para asegurar un contrato o negocio.

Los empresarios desconocen qué hacer

Sobre el conocimiento de las iniciativas obligatorias y voluntarias para combatir el soborno, los principales resultados del estudio muestran que el 63,5% de las empresas participantes desconoce los mecanismos voluntarios para el combate del soborno y casi la mitad (49,8%) los relacionados con la corrupción.

La iniciativa voluntaria contra la corrupción más conocida por los participantes fue la certificación ISO 37001 acerca del sistema de gestión antisoborno.

Solo el 15% de la muestra regional manifestó haber realizado capacitaciones acerca de la prevención del soborno y actos de corrupción a sus empleados, contratistas o empleados de sus contratistas.

Asimismo, el documento revela que el 46,5% de las empresas manifiesta no hacer nada en evaluación de riesgos de soborno y el 38,7% no hace nada en el área de recursos humanos, lo que contrasta con la política de sanciones, ya que un 46% de la muestra manifiesta tener sanciones a empleados que incurran en intentos o en actos de soborno, lo que en opinión de los autores, muestra «una cultura punitiva, reactiva y poco preventiva».

Entre los países del estudio en general las tendencias son similares, sin embargo en cuanto a conocimiento y esfuerzo Perú muestra mejores indicadores liderando la región, mientras que Argentina se muestra rezagada frente a los otros países.

Infografía: ¿Cómo se implementa el Estándar de Intercambio Automático de Información Financiera?

11 mayo, 2018

Desarrollado por la OCDE, el Estándar supone un paso importante hacia el fin del secreto bancario y una mayor transparencia fiscal internacional. España, como miembro del early adopters group, empezó el pasado mes de septiembre de 2017 a intercambiar con otras jurisdicciones su información financiera en materia fiscal.

Infografía: ¿Por qué es difícil evitar el blanqueo y el fraude a través de criptomonedas tipo bitcoin?

26 marzo, 2018

En el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018, Hacienda advierte de que la utilización por el crimen organizado de criptomonedas tipo bitcoin como medios de pago, es “uno de los desafíos más exigentes en la actualidad”.

Para afrontar esta amenaza, las unidades de investigación de la Agencia Tributaria potenciarán el uso de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes.