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5 años de FATCA, la primera ley extraterritorial para combatir la evasión fiscal de los estadounidenses

20 agosto, 2019

Atrás queda el revuelo y las críticas que provocó a nivel internacional la ‘ForeignAccount Tax Compliance Act’ (FATCA), una ley extraterritorial sin precedentes aprobada por Estados Unidos en marzo de 2010 con el objetivo de controlar y combatir la evasión fiscal entre sus residentes fiscales con cuentas bancarias, inversiones e ingresos realizados con entidades financieras extranjeras, incluidos territorios off-shore.

Suponía un serio recorte al secreto bancario con la obligación de intercambiar información financiera entre bancos de todo el mundo.

Su puesta en marcha no fue sencilla y sufrió retrasos. Costó 4 años. Y es que propiciar ese intercambio de información sobre los activos extranjeros en poder de titulares estadounidenses entre grupos y entidades financieras internacionales, requirió implantar una operativa que obligó a coordinar muchas estructuras con el consiguiente gasto económico. Se cifra en 100.000 las entidades que se vieron afectadas por la norma.

Finalmente, en julio de 2014, hace ahora 5 años, la FATCA, conocida en español como la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, echó a andar poniendo el foco también sobre cuentas abiertas con anterioridad a esa fecha.

Así, las instituciones financieras realizaron un proceso de diligencia debida para identificar si la cuenta estaba sujeta a reporte, una gestión que se tradujo en que tuvieron que entrar en contacto con cada cliente para ampliar su información y que estos firmaran los formularios correspondientes: el W-8BEN para certificar la no residencia o ciudadanía de los EE.UU de personas físicas; el W-8BEN-E para determinar las personas jurídicas con responsabilidades fiscales con EE.UU; y el W-9 para personas físicas y jurídicas que son ciudadanos o residentes estadounidenses.

A diferencia de la mayoría de las legislaciones, Estados Unidos tiene como regla de atribución de impuestos la renta universal de sus ciudadanos. De esta forma, con independencia del país en que se genere la renta, reclama el derecho a cobrar impuestos sobre ella, mientras el beneficiario sea ciudadano de este país.

Cómo se organizó

A las instituciones extranjeras consideradas financieras por la FATCA (las Foreign Financial Institutions o FFI) se les imponía la obligación de celebrar un acuerdo de reporte y retención con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) del Departamento del Tesoro de EE.UU respecto a los ciudadanos de este país con cuenta en ellas.

La ley entiende que son FFI aquellas que aceptan depósitos, mantienen activos financieros por cuenta de terceros y se dedica principalmente al negocio de las inversiones y valores.

En el verano de 2013, las FFI comenzaron a inscribirse en un registro online abierto por el IRS. Este requisito se extendía tanto a las oficinas centrales de las entidades como a las sucursales que, a través de una aplicación en Internet disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, accedían a un sitio seguro donde la entidad creaba su perfil o cuenta online con código de acceso, usuario FATCA  y preguntas de seguridad.

El IRS debía analizar todas las inscripciones recibidas y notificar a las entidades su aprobación, fase que llevaba pareja la emisión para el banco del número intermediario de identificación global (GIIN). Concluido este proceso, el IRS publicó un año más tarde la primera lista de FFI que se actualiza mensualmente.

No hay que obviar que para que un grupo financiero internacional fuera considerado participante y pudiera firmar el acuerdo con el IRS, todos sus miembros debían serlo con lo que la decisión local de participar o no estaba asociada no sólo al impacto que FATCA tuviera localmente, sino sobre los negocios globales del grupo.

De forma complementaria a este sistema de registro, a finales de 2012, los principales países de la UE –entre ellos España-, suscribieron acuerdos bilaterales con EE.UU basados en un modelo negociado conjuntamente para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la FACTA.

Se consideraron como la forma más sencilla de adaptarse a esta normativa. En este caso, las entidades financieras tanto de los países firmantes como de EE..UU se comprometían a comunicar a sus autoridades fiscales la información referente a contribuyentes del otro país y, seguidamente, de forma automática, la información se intercambiaba entre las autoridades fiscales.

Las FFI no participantes de esta normativa han tenido que asumir una retención del 30% bruto sobre las rentas pasivas procedentes de EEUU. Esto, en la práctica, según explican los expertos, supone “un eventual aislamiento en transacciones globales, ya que varias entidades internacionales podrían, para simplificar sus procesos, evitar operaciones con bancos no participantes”.

Casos de filtración de información en Unidades de Inteligencia Financiera

19 agosto, 2019

Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana que dirige Santiago Nieto hacía pública su intención de denunciar la divulgación de información de algunas acciones llevadas a cabo por este organismo en el caso del líder petrolero Romero Deschamps. Las filtraciones, «en parte ciertas y en parte falsas», según Nieto, hablaban de que la UIF había presentado denuncias contra Deschamps y su familia, y congelado sus cuentas bancarias.

Fuentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como recogen diferentes medios mexicanos, precisaron que «sí se presentaron querellas ante la Fiscalía General de la República en contra de un líder petrolero. En concreto dos denuncias, «una por lavado de dinero y la otra por enriquecimiento ilícito, pero es falso que la UIF le haya congelado cuentas».

En definitiva, lo que este caso viene a poner en evidencia es cómo las limitaciones a la independencia operativa y autonomía de una UIF en un Estado especialmente sensible a la corrupción pueden llevar a que la inteligencia financiera recibida se divulgue con fines políticos y que la confidencialidad de dicha información se vea comprometida, así como también la reputación internacional de esta Unidad.

Contra la corrupción, independencia y autonomía

Se trata de una cuestión esencial de la que alerta el Grupo Egmont para el que las UIF deberían tener la autoridad y capacidad suficientes para llevar a cabo sus funciones de manera independiente. En esa independencia se incluye, además, la decisión autónoma de analizar, solicitar y/o diseminar información específica.

Esta independencia operativa y la autonomía «son condición fundamental» para lograr un sistema efectivo antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Y es que si estos parámetros están comprometidos, el impacto sobre la lucha y prevención de estas actividades delictivas será significativo.

En México, la UIF es desde 2006 una institución de seguridad nacional y desde 2013 se blinda la información de su personal con el fin de proteger su vida. El último decreto firmado por Nieto garantiza hasta 2024 la confidencialidad de los datos (nombres y información de contacto) de los servidores públicos adscritos a la unidad.

“Al identificar a las y los servidores públicos adscritos a la UIF, los delincuentes podrían amedrentar o coaccionar a las y los mismos para que les proporcionen información de inteligencia”, señala el decreto.

“Cada uno de los integrantes de la UIF constituye un factor clave para la seguridad nacional y la prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, motivo por el cual resulta de suma importancia que los datos relativos a sus servidores públicos sean clasificados como reservados”, añade el documento.

Y precisa que teniendo en cuenta que “los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo están estrechamente vinculados con la delincuencia organizada (…) La divulgación de los nombres, ubicación y datos de contacto de todas las personas que laboran en la UIF (…) constituyen elementos determinantes para proteger su integridad física”.

Otro caso de divulgación de información

En 2014, el Grupo Egmont recibió una queja formal por parte de una UIF miembro relativa a otra Unidad que supuestamente había infringido las obligaciones de confidencialidad de la información recibida de un organismo homólogo. En el escrito se alegaba que la información proporcionada a la UIF fue divulgada públicamente por el presidente del país que recibió la información proveniente de la UIF extranjera.

La UIF infractora estaba directamente sometida a la autoridad del fiscal General y los documentos que presentó esta Unidad en el proceso de esclarecimiento de los hechos indicaron que la información relativa a la inteligencia financiera brindada fue remitida precisamente a la Fiscalía.

Parece que en este caso de independencia operativa limitada el responsable de la divulgación no autorizada fue una empleada de la UIF receptora que le dio la información extranjera a su marido, quien a su vez, trabajaba para el presidente.

El Grupo Egmont recomendó que se modificara la legislación nacional, a fin de garantizar la independencia operativa de la UIF respecto del fiscal General. Como resultado, debido a que no se lograron avances suficientes, la UIF infractora recibió una advertencia de suspensión. Aún en la actualidad, se busca que esta Unidad implemente medidas adicionales para garantizar su independencia operativa y autonomía.

Los ‘fakes’ en la prevención del blanqueo de capitales

3 junio, 2019

Los fraudes o engaños que tienen que sortear una amplia mayoría de sectores socioeconómicas y que popularmente han pasado a denominarse por el término anglosajón de ‘fakes’, se extienden también al ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. En concreto se han detectado supuestas actuaciones del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en su relación con los sujetos obligados.

Por eso, desde el órgano supervisor se apresuran a ofrecer una serie de advertencias y recomendaciones a su público objetivo.

Llamadas de supuestos empleados

Según la información de la que dispone  el SEPBLAC, se han producido llamadas telefónicas a sujetos obligados realizadas por parte de personas que se identifican como empleados del Servicio Ejecutivo en las que se interesan por algunos clientes y solicitan que se adopten determinadas medidas respecto a los mismos y sus operaciones.

Ante este ‘fake‘, el primer mensaje que quiere recordar el SEPBLAC es que sus actuaciones se realizan «siempre siguiendo un cauce estrictamente formal».

Así, la solicitud de información, documentación o cualquier otro tipo de actuación siempre se realizará por escrito, tal y como se establece en el artículo 21 de la Ley 10/2010.

Inspecciones

También se ha detectado que algunos titulares de actividades económicas están recibiendo la visita de personas que se presentan como vinculadas al SEPBLAC y que pretenden realizar una supuesta inspección u otras actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Hay que tener en cuenta que las inspecciones u otras actuaciones del órgano se realizan igualmente siguiendo un cauce formal. En este caso, la visita de inspección se anuncia por escrito con carácter previo y con antelación suficiente.

Y, además, como aspecto importante, los sujetos obligados deben recordar que no corresponde al SEPBLAC el ejercicio de eventuales competencias sancionadoras ni de ejecución del pago de multas o sanciones.

Utilización de signos identificativos

Otro de los ‘fakes‘ detectados tiene que ver con el uso indebido del nombre, el acrónimo o el logotipo del Servicio Ejecutivo por parte de personas ajenas. «Generalmente, con ello se pretende que los destinatarios entiendan que quién actúa cuenta con un hipotético respaldo o apoyo por parte del SEPBLAC», indican.

Sin embargo, este organismo «nunca respalda o emite opinión alguna sobre la actuación de terceros» que realicen, o digan realizar, funciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Y reiteran que no está permitido «en ningún caso» la utilización de su nombre, acrónimo o logotipo por terceros.

Examen por experto externo

Finalmente, se ha tenido conocimiento de que hay expertos externos que ofrecen sus servicios a sujetos obligados que están exceptuados de la obligación de someter sus medidas de control interno al examen anual de un experto externo.

Y es que no todos los sujetos obligados tienen que someter sus medidas de control interno al examen de un experto externo.

Concretamente, están exentas las personas físicas que realizan, en nombre propio, una actividad empresarial o profesional; los corredores de seguros; las fundaciones, asociaciones, personas que comercian profesionalmente con bienes, y gestores de sistemas de pago, de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados y de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades; así como abogados, asesores, notarios, registradores, promotores inmobiliarios, agentes, loterías y casinos que ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros, salvo que estén integrados en un grupo empresarial que supere dichas cifras.

¿Cómo identificar los riesgos en la compraventa de oro y joyas?

20 mayo, 2019

El oro vuelve a ser un valor en alza a tenor del precio que en la actualidad ha alcanzado el kilo del precioso metal, unos 36.910 euros, cuando hace 10 años costaba alrededor de 21.000. A falta de otros métodos de ahorro, son muchos los que optan por la compra de oro y tener su dinero en lingotes. Esta fiebre del oro, también lleva años alimentando la compraventa y propiciando con ello un mercado derivado de conductas delictivas.

Por eso, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias alerta de los riesgos de blanqueo de capitales en las actividades relacionadas con la compraventa de objetos usados de oro, plata, piedras preciosas o joyas, en los préstamos en prenda o comercio donde una de las partes es una fundición.

Y de lo primero que la Comisión advierte al sector de forma general es de que ponga atención sobre las ventas que realiza una sociedad; o bien cuando una sola persona venda una gran cantidad de joyas; así como en operaciones de compraventa para la fundición en nombre de otra.

Joyas robadas

En el Catálogo de recomendaciones, la Comisión también se refiere de manera explícita a la procedencia ilícita de las joyas y señala que se sospeche de aquellas en venta que no son propiedad del vendedor.

Para detectar si las piezas proceden de un robo, por ejemplo, recomiendan que se atienda a características tales como cantidad, calidad, estado, etc.

Y del vendedor habrá que tener en cuenta, entre otras cuestiones, si es un intermediario o muestra indicios de que no dispone de poder adquisitivo para ser propietario de la pieza que quiere vender.

Tampoco generará confianza en este tipo de negocio que la venta de piezas o la compra para fundición se fragmente en varios días, para evitar que se considere una sola operación, ni que se ofrezcan dos o más joyas idénticas.

Igualmente sospechoso resultará las operaciones en las que se paga sólo el oro cuando son piezas compuestas de gemas o piedras preciosas con valor muy superior al metal y en los casos en que una persona física o jurídica compra para fundir metales preciosos y paga en metálico sin dejar rastro en una entidad financiera.

Empeños en los Montes de Piedad

Para las casas de empeño, la Comisión advierte de los préstamos en los que se dejan en prenda dos o más joyas iguales y, sobre todo, si se trata de una importante cantidad de piezas de joyería y su cantidad y/o calidad no guarda relación con las circunstancias personales del cliente.

En el caso de las subastas, será necesario que cuando se paguen en metálico las piezas logradas, y siempre que el importe sea igual superior a los 1.500 euros, se acredite la identidad del cliente. También habrá que estar atentos a los posibles acuerdos entre el propietario de las joyas y la persona que puja para adquirirla en la subasta, además de cuando se realiza una puja exagerada que no corresponde al valor del objeto.

Las orientaciones del SEPBLAC para operar con trusts

24 abril, 2019

El SEPBLAC ha publicado una Guía que contiene orientaciones para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida a aplicar en las relaciones de negocio u operaciones con fideicomisos o trusts.

El fideicomiso anglosajón o trust es una figura originaria del derecho inglés en virtud de la cual una persona (fiduciario o trustee) controla bienes o derechos con un fin y un tiempo determinado o en beneficio de un tercero. Se trata de un instrumento jurídico que ha experimentado un gran desarrollo y que cumple un importante papel en el tráfico económico internacional.

No obstante, su opacidad lo hace propicio al abuso para evitar impuestos, por ejemplo, ya que suelen constituirse en países de baja o nula tributación. Y está documentado su empleo en esquemas de blanqueo de capitales ya que se crean estructuras en las que el dinero y la identidad de esos bienes se pueden ocultar, como sería el caso de los trusts constituidos por bancos de inversión en otros países o territorios off shore.

Con estos antecedentes y aunque hablamos de un instrumento ajeno al ordenamiento jurídico español, el SEPBLAC ha tenido en cuenta que con la creciente internacionalización de la economía los sujetos obligados pueden establecer relaciones de negocio o intervenir en operaciones con trusts constituidos de acuerdo a la legislación de Estados terceros.

Particularidades en la diligencia debida

Para la identificación formal, los sujetos obligados deberán requerir el documento constitutivo del trust. Es el caso del testamento (will trust o trust under will), la escritura (trust instrument o deed of trust) o la resolución judicial si hablamos de los trusts implícitos. Según advierte el SEPBLAC en su guía, los sujetos obligados solo admitirán trusts reconocidos judicialmente.  

Asimismo, tendrán obligación de identificar y comprobar mediante los documentos fehacientes la identidad de la persona que actúe por cuenta de los beneficiarios o de acuerdo con los términos del trust. En los casos de representación legal o voluntaria del trust, deberá obtenerse copia del documento público acreditativo de los poderes conferidos.

La cosa se complica cuando entramos en la identificación de los titulares reales, que podrá realizarse mediante una declaración responsable del fiduciario o del representante legal o voluntario del trust.

Se consideran titulares reales el fideicomitente (settlor, grantor o trustor), esto es, la persona que constituye el trust por acto inter vivos o mortis causa y lo financia con sus bienes; el fiduciario (trustee); el protector, que habrá sido designado por el fideicomitente con facultades de control, incluida, en su caso, la remoción del fiduciario; así como los beneficiarios y cualquier otra persona física que ejerza el control del trust.

Sobre el propósito e índole de la relación de negocio, deberá determinarse el origen de los fondos dotacionales, la regularidad de su constitución y de las facultades atribuidas al fiduciario, su razonabilidad económica y/o jurídica y la inexistencia de cláusulas o previsiones anómalas, exorbitantes o ilegales.

Además, en relación con el fideicomitente, es preciso conocer a qué se dedica y cuál es el origen de los fondos aportados. También si tiene la condición de persona con responsabilidad pública, es nacional o residente de un país, territorio o jurisdicción de riesgo o está sujeto a sanciones financieras internacionales.

Con respecto al fiduciario se deberá determinar el alcance de sus facultades y las modalidades de su retribución, así como su carácter profesional o no. Si es profesional, es decir, abogado, contable o notario, entre otros perfiles, recordar que habrá que tener en cuenta la información sobre las medidas de prevención del blanqueo de capitales aplicadas por el fiduciario en su calidad de sujeto obligado.

Conocer la actividad profesional y determinar la naturaleza de su relación con el trust y el fideicomitente será obligado por lo que respecta a los beneficiarios.

Finalmente, en la obligación de diligencia debida relativa al seguimiento continuo de la relación de negocios, se revisarán las operaciones para garantizar que coinciden con el perfil de riesgo del trust y se garantizará que los documentos, datos e información relativos al trust y a sus titulares reales están actualizados.

Toda la información obtenida en el proceso de debida diligencia se conservará durante un periodo de 10 años desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación.