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El GAFI señala que el sector seguros de vida se sitúa en riesgo bajo

25 octubre, 2018

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha concluido los trabajos para la elaboración de una nueva Guía que aborde el enfoque basado en riesgos para los seguros de vida con el fin de fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en este sector.

Y aunque los riesgos asociados a este sector son menores que los que existen con otros productos financieros u otros sectores comerciales, este documento engloba una serie de recomendaciones para que las entidades conozcan cuáles pueden ser las prácticas delictivas a las que están expuestas y concentren sus recursos donde los riesgos son más altos.

Tras la consulta pública que este organismo abrió en julio de 2018 para recoger la opinión de las entidades aseguradoras, la guía ya ha pasado por el Plenario y está lista para ayudar tanto a las aseguradoras y los intermediarios de seguros del sector privado, como a los supervisores a aplicar un enfoque basado en riesgos destinado a la prevención.

La guía empieza por reconocer que muchos productos de seguros de vida no son lo suficientemente flexibles como para ser el primer instrumento elegido por los blanqueadores. Sin embargo, al igual que ocurre con otros productos de servicios financieros, existe el riesgo de que los fondos utilizados para pagar las primas de los seguros de vida puedan ser producto del delito.

También existe el riesgo, aunque el GAFI reconoce que “limitado”, de que los fondos retirados de los seguros de vida puedan utilizarse para financiar el terrorismo.

La guía proporciona indicaciones y ejemplos de riesgos para una gama de productos de seguros de vida. También advierte de los factores de riesgo inherentes a cada uno de esos productos.

Así, por ejemplo, destaca en la cima del riesgo aquellos productos con potencial de invertir en multiactivos y aquellos con devolución vinculada a un activo financiero subyacente.

En el otro extremo, con riesgo moderado, se sitúan los seguros más tradicionales del ramo relacionados con el fallecimiento y el ahorro del asegurado por un periodo concreto que suele coincidir con el de su jubilación.

Además destaca el GAFI que la evaluación de riesgos debe reflejar la naturaleza, el tamaño y la complejidad del negocio. Se moverá desde una evaluación más simple para aseguradoras e intermediarios menos complejos, hasta una más compleja que tenga en cuenta “el apetito de riesgo” de un gran grupo.

También se destaca el importante papel que juega la participación de la alta dirección. Y la trascendencia de diseñar modelos de control interno.

Fuente: GAFI.

La guía dedica un apartado a la participación de los intermediarios en la distribución de seguros de vida, y cómo afecta a la división de responsabilidades antiblanqueo. E insiste en la necesidad de que las aseguradores tengan en cuenta el factor de su red de distribución y canales al realizar su evaluación de riesgo.

La intensidad de las medidas de mitigación de riesgos, incluyendo los controles de diligencia debida del cliente, estarán en función de cómo sea el peligro real de blanqueo y financiación del terrorismo.

Es crucial la identificación de las partes en el contrato del seguro de vida, donde además del beneficiario se determinará la extensión de los controles a realizar cuando, por ejemplo, esté involucrada una persona expuesta políticamente.

Los países que adopten el contenido del documento deberán prohibir, además, el pago en efectivo de los seguros de vida.

¿De qué se encargan los Inspectores Fiscales sin Fronteras?

10 octubre, 2018

Fortalecer la capacidad de los países en desarrollo de cobrar impuestos de forma eficaz a las
empresas multinacionales es una de las iniciativas que llevan a cabo desde Inspectores Fiscales Sin Fronteras (IFSF). Y se hace con el envío de expertos cualificados.

Según se recoge en el último Informe Anual de IFSF, concretamente entre mayo de 2017 y abril de 2018, esta iniciativa consiguió importantes hitos como un aumento en la recaudación de 414 millones de dólares estadounidenses de ingresos fiscales.

Además, la recaudación obtenida fue cerca de 100 veces superior a los costes del programa, lo que significa que por cada dólar estadounidense invertido, IFSF contribuye a generar 100 en recaudación tributaria.

Fuente: Informe Anual IFSF.

Junto a los datos objetivos, también han evaluado el comportamiento de otros resultados a largo plazo, como la transferencia de conocimientos técnicos, cambios organizativos y cumplimiento tributario.

En su segundo año completo de actividad, IFSF ha completado 10 programas, 34 están en curso como, por ejemplo el piloto sobre delitos fiscales puesto en marcha en febrero de 2018, y prevé implementar otros 20 en un futuro cercano.

El objetivo es alcanzar las 100 misiones de envío de expertos en auditoría tributaria a países en desarrollo para el año 2020.

Cooperación internacional

Inspectores Fiscales sin Fronteras es una iniciativa conjunta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para impulsar la movilización de recursos internos a través de mejoras en los procesos de auditoría e inspecciones tributarias y de reforzar el cumplimiento normativo en países de África, Asia, Europa del Este, Latinoamérica y el Caribe.

Fuente: Informe Anual IFSF.

Fue el 13 de julio 2015 cuando la OCDE y el PNUD presentaron conjuntamente la iniciativa en el seno de la Tercera Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo de Adís Abeba, Etiopía. En abril de 2016, se celebró la primera reunión del Consejo de Gobierno de IFSF.

Once países ya han enviado a funcionarios de su administración tributaria para proporcionar asistencia práctica a los inspectores de países en vías de desarrollo.

De hecho, la ayuda que las administraciones socias ofrecen a los programas IFSF se está ampliando
con nuevos colaboradores, como Bélgica, India y Sudáfrica, que se suman a las ya existentes de Alemania, España, Francia, Italia, Kenia, Nigeria, Países Bajos y Reino Unido.

Y se han identificando oportunidades de cooperación Sur-Sur, donde India, Kenia, Nigeria y Sudáfrica figuran entre los países que actualmente ofrecen los servicios de sus expertos.

Los programas

África sigue siendo una de las principales fuentes de solicitudes de programas.

Y si bien se prevé que cada programa tenga una duración de al menos una semana, su duración puede extenderse, por ejemplo, de 8 a 12 semanas repartidas en un período de 6 a 12 meses.

Fuente: Informe Anual IFSF.

Se persigue desarrollar un modelo para el cambio sistémico que permitirá a los países en desarrollo tomar el liderazgo en el uso de la tributación para generar los ingresos para su desarrollo económico y social.

Se componen de 7 fases: la identificación de una necesidad de asistencia, presentación de la solicitud de esa asistencia, selección de expertos tras el examen de las solicitudes, diseño del programa, implementación, control y supervisión, para terminar con la evaluación y mejora.

Los programas de IFSF responden, por tanto, a las necesidades de las administraciones tributarias anfitrionas y cubren una amplia gama de retos técnicos y sectores industriales.

Los programas en vigor están focalizados en la selección de casos a auditar conforme a criterios de riesgo, en los procedimientos de auditoría y en la negociación de los acuerdos previos sobre precios de transferencia.

Las inspecciones llevadas a cabo bajo el paraguas de los programas de IFSF cubren fundamentalmente cuestiones de precios de transferencia y fiscalidad internacional, incluyendo establecimientos permanentes, validación de pagos por servicios y gestión, y valoración de activos de propiedad intelectual.

Y en cuanto a los sectores industriales, se fija el foco en los más representativos, incluyendo la agricultura, la construcción, los servicios financieros, la tecnología de la información y la comunicación, la industria hotelera y hostelera, la manufactura y la minería.

Asimismo, de forma complementaria a los programas, se lleva a cabo la asistencia con enfoque IFSF para la resolución de casos de forma anónima. Hay una serie de países y jurisdicciones en desarrollo que ejecutan versiones simplificadas de los programas IFSF, donde se resuelven casos
de forma anónima a través de talleres realizados por expertos en auditoría tributaria.

Se configuran como una opción práctica y flexible para aquellos países que necesitan más tiempo para cumplir las exigencias de confidencialidad u otros requisitos prácticos necesarios para poder aplicar los programas completos. En el ejercicio 2017/18, se desarrollaron en nueve países

La nueva obligación para abogados del registro de prestadores de servicios a sociedades

5 septiembre, 2018

Con la entrada en vigor el 4 de septiembre del Real Decreto Ley que traspone la Cuarta Directiva antiblanqueo, se introduce una modificación de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010 en cuanto al Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.

La principal novedad que encierra este epígrafe es que los abogados que presten servicios de asesoramiento a empresas tendrán la obligación de darse de alta en el Registro Mercantil y rendir cuentas.

Disponen para ello del plazo de un año.

El depósito de cuentas se realizará dentro de los 3 primeros meses de cada año.

La falta de inscripción y de depósito puede llevar aparejada una sanción de hasta 60.000 euros ya que tendrán la consideración de infracción leve.

Esta nueva obligación afecta tanto a personas físicas como jurídicas que de forma empresarial o profesional prestan servicios o asesoría a sociedades, ejercen funciones de dirección o de secretarios en consejos de administración, así como que sean socios de una asociación.

También vincula a aquellos profesionales que ejercen funciones de fiduciario en un trust o instrumentos jurídicos similares y de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea. Disponer que otra persona ejerza estos mismos cometidos obliga igualmente al registro.

¿Cómo es la inscripción?

Las personas físicas empresarios o personas jurídicas se inscribirán conforme a lo previsto en el Reglamento del Registro Mercantil. Y en el caso de personas físicas profesionales, la inscripción se hará de forma telemática a través del formulario preestablecido aprobado por el Ministerio de Justicia.

Cuando se produzca un cambio de administradores, así como cualquier modificación del contrato social, las personas jurídicas deberán acudir igualmente al Registro Mercantil para su inscripción.

La norma prevé asimismo que los sujetos obligados que ya estén inscritos tendrán un año de plazo para presentar en el registro una manifestación de estar sometidas a las normas establecidas en esta ley.

Además deberán presentar una manifestación de quienes sean sus titulares reales.

Depósito de cuentas anuales

Según la modificación, las personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios a sociedades estarán sujetas a la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, tal y como se recoge en los artículos 279 a 284 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El depósito se realizará dentro de los 3 primeros meses de cada año.

Se excluyen de esta obligación a los prestadores de servicios a sociedades que sean personas físicas profesionales.

Junto con el depósito de sus cuentas anuales, se incluirá un documento adicional en el que se describan los tipos de servicios prestados y el volumen facturado por ellos en el ejercicio actual y en el anterior, el número de operaciones realizadas, el ámbito territorial donde opera, si se presta este tipo de servicios a no residentes y concretar el ejercicio de que se trate, así como el titular real si existe modificación con respecto del que ya conste en el Registro.

¿Qué ha hecho Andorra para salir de la sombra de los paraísos fiscales?

19 julio, 2018

Desde que en 2010 desapareciera de la lista de paraísos fiscales de la OCDE, Andorra y su sector financiero que contribuye a un 21% del PIB aproximadamente, han ido implementando una serie de medidas que los alejen de una consolidada tradición de opacidad, secreto bancario y beneficios fiscales.

Todo un histórico refugio de fortunas, sobre todo, españolas que tras el escándalo de la entidad BPA abrió un nuevo tiempo.

En los dos últimos años, esto se ha concretado, por ejemplo, en la aprobación de una ley de intercambio automático de información en materia fiscal –la Ley 19/2016-, que ya se ha modificado en dos ocasiones para ampliar el número de jurisdicciones con las que intercambiar en 2018 y 2019.

Con esta ley que regula el marco jurídico necesario para cumplir este compromiso, el primer intercambio de datos se realizará en septiembre de 2018 y se llevará a cabo con 41 países, entre los que se encuentran los estados miembros de la UE.

Fuente: Informe Anual 2017 Andorran Banking

La tipificación del delito fiscal en su Código Penal es otro hito destacable. El legislador andorrano diferencia entre un tipo básico y un tipo agravado, este último subyacente del delito de blanqueo y utilizando como elementos agravantes el importe defraudado (a partir de 150.000 euros) o cometer los hechos en el marco de una organización criminal.

También se aprobó la Ley 14/2017 de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo para trasponer la cuarta Directiva antiblanqueo, así como la Ley 10/2017 de intercambio de información mediante solicitud previa y de intercambio de información espontáneo en materia fiscal que modifica la Ley 3/2009.

Además de sus reformas legislativas, durante el año pasado, Andorra salió bien parada ante la supervisión de las instituciones europeas e internacionales.

Ya cerrando 2017 superó el examen de la UE de manera que no se vio incluida en la controvertida lista de jurisdicciones no cooperantes aunque sí se mantiene en la lista gris junto a otros 53 Estados que han mostrado propósito de enmienda en cuanto a su política fiscal y tributaria.

Se enfrentó con éxito al plenario del Moneyval que aprobó el informe de la 5ª evaluación. Y la OCDE, por su parte, premió los esfuerzos de esta plaza financiera y la incluyó en la lista de países más transparentes del ranking del Global Forum sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscal.

¿Cómo afronta el sector financiero los retos tecnológicos en la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo?

11 julio, 2018

El dinero se ha digitalizado y la moneda de curso legal, materializada en billetes, ha pasado a un segundo plano frente a los millones de transacciones diarias que conviven en el sector financiero mundial.

En este contexto, el 94% de los profesionales del sector admite desconocer la aplicación práctica de la tecnología en la regulación.

el 64,7% de las entidades bancarias no contempla alertas diferenciadas para blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y solo el 12% de las entidades tiene completamente automatizada la supervisión de operaciones sospechosas.

Son datos que se desprenden del Informe publicado por la empresa Vector Management Consulting, en el que señala que la tecnología se posiciona como protagonista en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por parte del sector financiero.

Este estudio incorpora los resultados de una encuesta que proporciona una visión sobre cómo los profesionales del sector financiero están abordando los cambios operativos para responder al cumplimiento normativo en materia de blanqueo.

Otra de las conclusiones relevantes que aporta es que para operar de forma eficiente ya no sirven las herramientas y los métodos de trabajo del siglo pasado, sino que se hace “necesario” incrementar las labores de análisis que aportan un valor añadido al negocio con la ayuda de la tecnología y de procesos de supervisión de operaciones más ágiles.

Teniendo en cuenta que el blanqueo de capitales representa entre el 2% y el 3% del PIB mundial, la clave para prevenirlo es “reportar operativas sospechosas con análisis desarrollados de forma adecuada por las entidades”, dice la consultora. Muchas de esas tareas no requieren una inteligencia deductiva o analítica, sino que simplemente requieran acciones monitorizadas.

En estos primeros pasos tan rutinarios los robots pueden ser de gran ayuda, permitiendo que el analista dedique más tiempo a acciones de calidad, como el análisis de indicios de operaciones sospechosas que puedan poner en peligro a las entidades. Sin embargo, según el informe, en la actualidad solo el 12% de las entidades tienen completamente automatizado la supervisión de operaciones sospechosas.

 Principales retos 

  • Mejorar las obligaciones de información de los operadores, de manera interna y hacia las autoridades
  • Reforzar los servicios de reclamaciones y protección al inversor de los supervisores financieros (banca, valores, seguros)
  • Recuperar la confianza de ahorradores y usuarios de servicios financieros
  • Regular con coherencia y estudio profundo previo los productos financieros complejos de alto riesgo
  • Favorecer la innovación y formación en tecnología ‘blockchain’ a través de entornos controlados de pruebas