Basics

Las actuales tendencias en el blanqueo de capitales

29 marzo, 2020

Al igual que ocurre con cualquier otra actividad en la que influye el entorno socioeconómico cambiante, el blanqueo de capitales no es ajeno a esta necesidad de adaptación. La transformación digital es un ejemplo claro de cómo los delincuentes se han visto obligados a innovar en sus métodos para el lavado de activos procedentes de actividades delictivas.

Tradicionalmente, y así lo han reflejado numerosas películas y series televisivas, el blanqueo se ha basado en el uso de negocios con gran utilización de efectivo como puede ser un restaurante o cualquier otro comercio.

Y aunque esta sigue siendo una esfera importante junto a los inmuebles y los préstamos, las tendencias para explotar las debilidades de los sistemas financieros e intentar ir por delante de los investigadores, pasan por el uso de las denominadas cuentas «embudo», las criptomonedas o los sofisticados métodos de los intermediarios profesionales.

Las cuentas “embudo” se refieren a una o varias cuentas bancarias empleadas para los fondos ilegales depositados en una ubicación geográfica que proporciona a los delincuentes acceso inmediato al dinero mediante retiradas en una ubicación diferente.

Y teniendo en cuenta que las criptomonedas han pasado a ser en poco tiempo, un nuevo método de pago y un medio de depositar valor basado en la tecnología blockchain con operaciones más rápidas, más económicas y anónimas, los delincuentes han puesto el foco en este nuevo mercado con oportunidades para el blanqueo.

El atractivo de estos activos virtuales, como advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se basa en su velocidad, en que estén disponibles a nivel mundial, la escasa regulación sobre la materia, la disgregación de los intermediarios financieros sólidamente establecidos y las posibilidades para ocultar la verdadera identidad de los titulares.

De forma paralela, y con el objetivo de ocultar el origen de los fondos y sus beneficiarios finales, se siguen empleando cuentas bancarias extraterritoriales de entidades jurídicas extranjeras para dificultar el rastreo de los flujos de dinero. Sigue habiendo operaciones excesivamente complejas o estructuras de propiedad opacas, como, por ejemplo, entidades jurídicas o fideicomisos secuenciales o de varios niveles en múltiples países, que también abarcan centros financieros.

De ahí que los «facilitadores» e intermediarios profesionales ya no se limiten a establecer medios para el lavado de activos o el fraude fiscal, sino que gestionen de forma activa los fondos ilícitos de sus clientes y lleguen a ofrecer entre sus servicios la posibilidad de blanqueo, como señala la OCDE.

Hasta ahora, este colectivo planificaba y creaba estructuras, en función de las necesidades de sus clientes y su participación terminaba cuando quedaban formadas las entidades y las cuentas abiertas.

Y también son tendencia los grupos de lavado de activos a través de terceros. Forman parte de un mecanismo por el que la organización delictiva usa a un tercero para blanquear el producto de sus delitos al que pagan una tasa o una comisión. Puede establecer medios complejos o sostenibles para “procesar” los fondos ilícitos de sus clientes, sin exponerse a los delitos determinantes que estos cometen ni estar al tanto de tales delitos.

¿Cómo funciona el proceso de financiar el terrorismo?

23 marzo, 2020

Ni las crisis sanitarias como la que vive actualmente el mundo como consecuencia del COVID-19 frena la actividad terrorista. Al contrario. Los malos tiempos son una nueva oportunidad para obtener dinero, sobre todo en el ciberespacio, que financie sus ataques. Ello unido a la fácil propagación de su propaganda gracias a Internet mediante la difusión de material orientado a la radicalización y el extremismo violento.

Ya sea liderada por grupos que perpetran ataques en solitario o en colaboración, lo cierto es que toda actividad terrorista necesita financiación para lograr sus cometidos.

El proceso de financiación del terrorismo comprende cuatro fases: la recaudación de fondos de diversas procedencias para apoyar a la organización terrorista; depósito de los fondos mientras se planifica su uso; transferencia de los fondos en la forma y momento en que se necesite; uso del dinero según sea necesario para promover los objetivos de la organización terrorista.

Los medios habituales de recaudación

El apoyo financiero para el terrorismo suele proceder de tres fuentes principalmente: las donaciones directas; el uso de organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro; y la actividad delictiva.

En el caso de las donaciones directas se trata de fondos legítimos aportados por personas físicas y jurídicas y, en algunos casos, otros países. Este tipo de fuentes abarcan sueldos, prestaciones sociales, donaciones personales y beneficios empresariales. Las personas físicas suelen aportar fondos procedentes de sus fuentes de ingresos o de su entorno pero también es posible que hagan llamamientos para la recaudación tanto a través de Internet como de sus vecindarios o lugares de culto. Estos últimos a pequeña escala.

Los donantes pueden conocer o no el objetivo último al que se destinará este dinero.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) constata que si bien la mayoría de las organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro son legítimas y llevan a cabo una labor importante, este sector puede ser particularmente vulnerable al uso indebido para fines de financiación del terrorismo.

Y es que estas organizaciones orientados a apoyar a las personas más vulnerables resultan muy atractivas para quienes financian el terrorismo porque tienen capacidad para conseguir fondos de una amplia gama de posibles donantes entre su público debido al alcance emocional de ayudar a los que sufren. También muchos gobiernos alientan a hacer este tipo de donaciones por las deducciones fiscales que suponen.

Si las organizaciones benéficas también manejan efectivo, es más difícil rastrear la asignación, el movimiento y el uso de los fondos. Hay que tener en cuenta que muchas ONG tienen presencia en todo el mundo y trabajan en zonas de conflicto donde es posible que operen grupos terroristas.

Asimismo, las donaciones también pueden proceder de la actividad delictiva puesto que algunas organizaciones terroristas cuentan con redes independientes propias para este fin.

El tráfico de drogas, el fraude y la ciberdelincuencia son las actividades ilícitas más habituales relacionadas con la financiación del terrorismo. En el caso de combatientes extranjeros y extremistas violentos autóctonos, se han detectado tipologías como el abuso de programas públicos de asistencia y prestaciones sociales y la creación de reembolsos ficticios.

Normalmente, estos productos de origen delictivo se blanquean antes de destinarlos a objetivos de financiación del terrorismo. Otras veces las organizaciones terroristas que ocupan grandes zonas confiscan los activos financieros públicos y los recursos no monetarios del territorio que está bajo su control como antigüedades, crudo, gas natural, minerales o piedras y metales preciosos. Estos recursos se venden en el mercado negro para disponer de cash en el día a día de la organización terrorista.

El depósito de fondos y la transferencia

Además de disponer de grandes cantidades de dinero en efectivo, los terroristas depositarán los fondos captados a través de cuentas bancarias; tarjetas de prepago; productos básicos de gran valor, como petróleo, obras de arte o antigüedades, productos agrícolas, piedras y metales preciosos, y vehículos usados de alta gama o todoterrenos; así como criptomonedas.

Entre los mecanismos conocidos para la transferencia se incluyen el sector bancario y financiero; el de las remesas, como, por ejemplo, una empresa de servicios monetarios autorizados; sistemas informales de transferencia tipo hawala y agencias de cambio; contrabando de grandes sumas de dinero en efectivo y de los productos ya mencionados; y también los activos virtuales.

En qué usan el dinero

Las organizaciones terroristas usarán el dinero en armas y otro material incluidos los equipos de comunicaciones, pero también en fines administrativos y gastos generales, medios de comunicación y mensajería, captación, adiestramiento y pago de sobornos, apoyo financiero personal y familiar, transporte, o vivienda.

Hay que contar también con que necesitarán fondos para la planificación y preparación de misiones para perpetrar actos terroristas.

Por su parte, los combatientes extranjeros deben tener cubiertos los viajes y, como consecuencia, gastos de pasaporte o visado, así como los equipos de supervivencia, armas y adiestramiento de combate.

Los agentes solitarios y pequeñas células terroristas tienen que cubrir el gasto de armas y materiales, vehículos (comprados o alquilados), recursos financieros mínimos para abastecerse de alimentos, alojamiento, dispositivos de comunicación y transporte.

Algunos de estos usos son gastos tan cotidianos que resulta difícil relacionarlos con el terrorismo.

¿Cuáles son los controles de la UE para entrar o salir con efectivo?

24 febrero, 2020

A partir del 3 de junio de 2021, los ciudadanos que quieran mover efectivo entre los Estados miembros, tendrán nuevas normas derivadas del Reglamento 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo aprobado el 23 de octubre de 2018.

El objetivo es impedir que las organizaciones delictivas cuyas actividades ilícitas generan elevados importes de efectivo se aprovechen de las lagunas del sistema actual para trasladar y blanquear el dinero.

Así, el Reglamento mejorará el sistema actual de controles reflejando en la legislación de la UE los elementos más recientes de las normas internacionales contra el blanqueo y la financiación del terrorismo elaboradas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En la práctica esto se traduce en que la nueva norma amplia la definición de «efectivo» para abarcar, no solo los billetes y las monedas, sino también otros instrumentos o materias primas de elevada liquidez, como los cheques, los cheques de viaje, las tarjetas de prepago o el oro.

También se hace extensivo al efectivo enviado por correo, o transportado como mercancía o mediante servicios de mensajería.

Y amplía la obligación de todo ciudadano que entre o salga de la UE de declarar a las autoridades aduaneras el efectivo que lleve consigo por valor igual o superior a 10.000 euros. Se exigirá la declaración con independencia de que los viajeros lleven el efectivo en su persona, en su equipaje o en su medio de transporte. A petición de las autoridades tendrán que presentarlo para su control.

Si este efectivo se envía por otros medios, es decir, efectivo no acompañado, las autoridades competentes estarán facultadas para pedir al expedidor o al destinatario que realicen una declaración de revelación de información. Además, podrán llevar a cabo controles de cualquier envío, paquete o medio de transporte que pueda contener efectivo no acompañado.

Los Estados miembros intercambiarán información cuando existan indicios de que el efectivo está vinculado a una actividad delictiva que pudiera afectar negativamente a los intereses financieros de la UE. Esta información se transmitirá también a la Comisión Europea.

El nuevo Reglamento no impedirá a los Estados miembros establecer controles nacionales adicionales sobre los movimientos de efectivo dentro de la Unión con arreglo a su legislación nacional, a condición de que respeten las libertades fundamentales del espacio europeo.

Europa pide a Gibraltar más esfuerzos para identificar, investigar y enjuiciar el blanqueo

17 febrero, 2020

En un Informe de evaluación exhaustiva de la efectividad de los sistemas de cumplimiento fechado en diciembre de 2019 y hecho público tras el ‘Brexit’ en febrero de 2020, el Consejo de Europa, a través de su organismo ‘antilavado’ MONEYVAL, pide a Gibraltar que haga un mejor uso de las herramientas y mecanismos de que dispone para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El sector financiero de este territorio británico de Ultramar representa aproximadamente el 20% de su PIB y está formado principalmente por sucursales o filiales de entidades internacionales.

MONEYVAL señala que si bien los supervisores clave del territorio tienen «una sólida comprensión» de los riesgos a nivel sectorial, la que se constata a nivel general se ve afectada por varias deficiencias relacionadas con la Evaluación Nacional de Riesgos. Se refieren, en concreto, al análisis insuficiente de la amenaza transfronteriza a la que Gibraltar tiene que hacer frente como centro financiero internacional.

También se refieren a su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la que destacan que, en los últimos años, ha aumentado su capacidad y ha ampliado la cooperación con las autoridades policiales y de supervisión. Sin embargo, es en la parte analítica de la UIF donde se observa «un uso limitado», con la consiguiente reducción significativa del impacto en el desarrollo de investigaciones sobre blanqueo y otros delitos determinantes.

El informe sí reconoce mejoras en el marco legal que «ahora proporciona una base sólida para que las autoridades detecten, investiguen y enjuicien el blanqueo y la financiación del terrorismo» pero para este organismo europeo, Gibraltar no ha demostrado una investigación y enjuiciamiento efectivos de estos delitos.

Y es que aunque pone de manifiesto que en el último periodo hubo varias condenas por blanqueo de dinero en cuanto a delitos determinantes cometidos en territorio nacional, no las hubo de terceros ni de blanqueo tomado de manera aislada, algo que no parece estar en línea con el perfil de riesgo de esta jurisdicción.

Asimismo se necesitan «mejoras fundamentales» con respecto a la confiscación del producto del delito de lavado de activos y los delitos determinantes asociados.

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley -añade el informe-, demostraron entender bien la posible financiación del terrorismo que puede producirse en un centro financiero internacional como Gibraltar. Sin embargo, la «relativa falta de informes sobre operaciones sospechosas» relacionadas con esta conducta -considerada en el contexto de las transacciones realizadas por las instituciones financieras con jurisdicciones de riesgo- plantea dudas sobre si la ausencia de enjuiciamientos por financiación del terrorismo se ajusta igualmente al perfil de riesgo de la jurisdicción.

En cuanto a los sujetos obligados, el informe señala que su comprensión del riesgo de blanqueo de dinero es «en general satisfactoria», pero difiere entre los sectores y dentro de ellos. No sucede igual con el riesgo de financiación del terrorismo que «no se entiende adecuadamente». Sigue preocupando, además, la calidad de la notificación de las operaciones sospechosas.

MONEYVAL observa que las autoridades de supervisión aplican medidas de concesión de licencias y evaluación para evitar que los delincuentes abusen de las instituciones financieras y de otros sujetos obligados. «Aunque las autoridades competentes aplican un enfoque basado en el riesgo al llevar a cabo su supervisión, es necesario introducir nuevas mejoras en este ámbito. Las sanciones por incumplimiento de los requisitos de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo no se consideran proporcionadas ni disuasorias», destaca.

Por último, entre las medidas adoptadas para prevenir el uso de las personas jurídicas el informe recuerda que este territorio cuenta con un registro de titulares reales y señala que su legislación establece un marco global para la cooperación internacional, que permite a las autoridades prestar asistencia, con comentarios generalmente positivos de los socios internacionales.

A partir de los resultados de esta evaluación, Gibraltar deberá presentar un informe en la primera sesión plenaria de MONEYVAL en 2021.

¿Cómo se aplica un modelo de prevención basado en el riesgo?

17 enero, 2020

Según las directrices de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), para llevar a cabo una supervisión eficaz de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con un enfoque basado en el riesgo (modelo SER), las autoridades nacionales deberán tener en cuenta cuatro cuestiones fundamentales: la identificación de los factores de riesgo, la evaluación del riesgo, la supervisión, así como el control, revisión y seguimiento.

Esta supervisión con enfoque riesgo será un proceso continuo y cíclico.

La definición que las AES hacen del modelo SER se refiere a todo el conjunto de procedimientos, procesos, mecanismos y aspectos prácticos que permiten a las autoridades competentes ejercer sus facultades de supervisión de los sistemas de prevención de una manera proporcional a los riesgos de blanqueo identificados.

Visión global de los riesgos inherentes

Para identificar con qué factores de riesgo cuenta cada entidad, es decir, a qué potenciales conductas delictivas se enfrentan, los países aplicarán la proporcionalidad entre el alcance y el tipo de información requerida y la naturaleza y tamaño del negocio de las entidades. También juega un papel importante su perfil de riesgo determinado en función de evaluaciones anteriores, el contexto en el que opera la entidad y la naturaleza del sector financiero al que pertenece (entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, sociedades de inversión, entidades de pago, de dinero electrónico, oficinas de cambio, etc.).

Igualmente considerarán qué tipo de situación hará que se solicite información más exhaustiva.

El tipo y número de fuentes de información a las que recurrirán las autoridades para realizar la identificación variará en función del riesgo de las entidades sometidas a evaluación. En cualquier caso, se incluirá información de organismos sectoriales, como tipologías e información sobre riesgos emergentes; de la sociedad civil, como por ejemplo los índices de percepción de corrupción; de organismos reguladores internacionales; y fuentes de información públicas, como información periodística, entre otras.

Una vez entendidos por parte de las autoridades los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo identificados a nivel nacional es momento de concretar los factores que determinan esos riesgos. Las AES los diferencias entre internos, aquellos asociados a las actividades financieras internas de las entidades objeto de evaluación; externos, para los casos en que la entidad mantenga vínculos con otros Estados miembros o terceros países de manera que esté expuesta a riesgos asociados a estos otros países; y sectoriales.

Con una visión global de todos estos factores, las autoridades ya pueden proceder a realizar la evaluación. Así, se centrarán en el grado en el que esos factores afectan a las entidades y el grado en el que los sistemas y controles de prevención de que disponen son suficientes para mitigar de manera efectiva los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo inherentes a los que están expuestas.

Proporcionalidad

Al supervisar las entidades que se han evaluado, las autoridades deberán adoptar un enfoque proporcional de forma que el alcance de la información requerida, así como la frecuencia y la intensidad de la dedicación supervisora y del diálogo con una entidad deberán tener en cuenta la naturaleza y el tamaño de esta y ser proporcionales al riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo identificado.

Las AES advierten, además, de que el tamaño o la importancia sistémica de una entidad no son, por sí mismos, indicativos de su grado de exposición al riesgo. En este sentido, señalan que las entidades pequeñas que no son sistémicamente importantes pueden presentar un elevado riesgo.

Cooperación con otras autoridades

En el ámbito de su legislación nacional, las autoridades cooperarán e intercambiarán toda la información para asegurar que la supervisión de los sistemas de cumplimiento es eficaz. Y cuando las entidades objeto de evaluación operen a escala transfronteriza, dicha cooperación se extenderá a otros Estados miembros.