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Las sanciones internacionales en el marco de Naciones Unidas

11 mayo, 2020

Fue en 1968 cuando por vez primera se invocó el artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas (NNUU) para imponer sanciones a Rhodesia.

En la actualidad, los regímenes de sanciones se elevan a 14.

El artículo 41 de la Carta de NNUU prevé que el Consejo de Seguridad pueda adoptar medidas que no impliquen el uso de la fuerza con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Estas medidas coercitivas se adoptan a través de una Resolución y son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros.

Las resoluciones del Consejo de Seguridad por las que se aprueba un determinado régimen de sanciones establecen, a su vez, un Comité ad hoc, encargado de velar por su correcto cumplimiento. Paralelamente, se crea igualmente un grupo o panel de expertos al que se le otorga un mandato determinado pero cuya tarea fundamental es apoyar al Comité en el cumplimiento de su misión. Las decisiones en el seno de los distintos Comités de sanciones se adoptan por unanimidad y cada uno está presidido por un miembro no permanente del Consejo de Seguridad. El grupo de expertos debe presentar, con carácter trimestral o cuatrimestral, un informe al Comité de sanciones correspondiente que, a su vez, informa periódicamente al Consejo de Seguridad.

Tanto los objetivos como las estrategias de los distintos regímenes de sanciones han ido evolucionando con los años. Las sanciones económicas y comerciales en sentido amplio han dado paso a medidas más selectivas como embargos de armas, restricciones financieras o comerciales, prohibiciones de viaje y congelación de activos. Estas sanciones selectivas pretenden evitar consecuencias no deseadas y perjudiciales para la población civil.

Todos los regímenes de sanciones actualmente en vigor se han adoptado en alguno de los siguientes casos: resolución de conflictos, no proliferación, lucha contra el terrorismo, amenazas a regímenes democráticos, casos de violación de Derechos Humanos o para proteger a la población. En contra del carácter punitivo que se les supone muchos regímenes tienen por objeto prestar apoyo a gobiernos y regiones que se esfuerzan por lograr una transición pacífica entre regímenes.

Con carácter general, los objetivos que se persiguen son: modificar un determinado comportamiento por parte de un Estado o entidad no estatal –coercing-, disminuir su capacidad de maniobra o debilitar su posición (para conseguir su derrota militar, facilitar una solución negociada o forzar la conclusión de un acuerdo de paz) –constraining– y denunciar públicamente a todos aquellos que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales –signalling-.

Por su parte, la Unión Europea cuenta con su propio marco de sanciones que se recoge en el artículo 21 del Tratado.

¿Qué es el ‘cuckoo smurfing’?

4 mayo, 2020

Se trata de una forma de lavado de activos que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incorporó en su Informe de Tipologías publicado en 2005, una vez identificada esta práctica fundamentalmente en el Reino Unido. El ‘cuckoo smurfing‘ o pitufeo del cuco (este pájaro pone sus huevos en los nidos de otras aves que son las que los empollan y cuidan a las crías) hace referencia al uso de sistemas alternativos de remesas en los que se transfiere dinero ilícito a través de cuentas de personas que nada tienen que ver con el entorno del crimen organizado y que esperan dinero lícito o pagos desde el exterior.

Por tanto, la diferencia principal con los procedimientos tradicionales de blanqueo es que, en este caso, los terceros que tienen las cuentas bancarias no saben que se está depositando en ellas dinero sucio

Las 4 etapas 

El ‘cuckoo smurfing‘ requiere generalmente la colaboración de alguien que trabaje en una institución financiera. Y suele hacerse en cuatro etapas:

  • El primer paso se produce cuando un cliente entrega fondos a un proveedor de transferencias de remesas para realizar un envío de dinero a un beneficiario, generalmente ubicado en otro país.
  • El siguiente paso tiene que ver con la persona que trabaja en la institución financiera, quien proporciona los detalles de esa operación (nombre del beneficiario, banco, número de cuenta y cantidad de la transferencia) a un asociado en el país extranjero donde se encuentra el beneficiario de la transferencia. El asociado en el extranjero tiene el dinero en efectivo que debe colocarse en el sistema financiero.
  • Este mismo personaje deposita el dinero en efectivo en la cuenta bancaria del beneficiario. De esta forma, éste recibe la suma total de la transferencia y el asociado en el país extranjero consigue «colocar» parte de ese dinero en efectivo de procedencia ilegal en el sistema financiero.
  • Finalmente, el asociado en el país extranjero tiene que conseguir quedarse con los fondos enviados a la remesadora.

El agente habrá lavado de esta forma los fondos y tendrá activos legítimos para reemplazar los obtenidos ilegalmente que fueron depositados en la cuenta del beneficiario.

Fuente: GAFI

El GAFI recomienda que los bancos dispongan de controles para identificar a los depositantes que pagan en efectivo en cuentas de terceros. Además, advierte de que monitoricen depósitos en efectivo «inusuales» que sean ingresados en sucursales donde el cliente no tenga su cuenta.

Además, explica a las entidades que aunque la existencia de estos depósitos no es necesariamente razón para reconsiderar la relación con un cliente, sí podría ser señal de blanqueo y, por lo tanto, «debe ser analizada cuidadosamente». Los órganos supervisores, por su parte, necesitarán información sobre el depositante, por lo que los bancos deberían tratar de identificar los depósitos en efectivo hechos por terceros y conservar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

¿Cómo se evidencian las operaciones inusuales?

24 abril, 2020

El producto del delito relacionado con el lavado de activos puede colarse en los usos cotidianos de la vida. Sin embargo, hay operaciones inusuales que hacen vislumbrar ese tipo de conductas. 

La lupa de los sujetos obligados se detendrá sobre aspectos tales como el movimientos de efectivo (transporte, intercambio, depósito o gasto); aumento de la renta, los activos o las ganancias de capital; posesiones o aumento de riqueza que no guardan proporción con los ingresos legítimos; o préstamos no usuales, entre otros.

También la financiación del terrorismo puede evidenciarse. Y lo hará en relación, por ejemplo, con la recaudación de fondos derivados de organizaciones benéficas u organizaciones sin fines de lucro; el uso de métodos conocidos (movimientos) o procesos (colocación) de blanqueo; o flujos de dinero hacia o desde zonas de conflicto o regiones vecinas.

Cuando se habla de operación “inusual”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) señala que indicará que una operación difiere de lo que es normal en un sector empresarial o para una persona física, teniendo en cuenta sus circunstancias, actividades habituales o renta declarada.

En este contexto, las desviaciones del comportamiento esperado de los clientes pueden indicar riesgo, de forma que cuanto mayor sea esa desviación y más frecuentes las situaciones no usuales, mayor será el riesgo de blanqueo o de financiación del terrorismo.

Hay que tener en cuenta que, en términos generales, las operaciones no habituales relacionadas con el lavado de activos tienen algunas características específicas que hacen posible ocultar y justificar el origen ilegal del dinero, los movimientos de dinero, su posesión o la de los activos con él adquiridos.

Estas características se refieren a cuando ni el origen del dinero es claro ni tampoco las identidades de las partes implicadas; cuando la operación no concuerda con los antecedentes y el perfil de la persona; o cuando no tenga explicación lógica o económica.

También las operaciones no habituales relacionadas con la financiación del terrorismo tienen ciertas peculiaridades que hacen posible ocultar y justificar los flujos de dinero o usar el dinero recaudado.

En concreto, habrá que vigilar las donaciones anónimas a ONG y fundaciones;  el uso de fondos para servicios o materiales que no se ajustan al perfil de la persona u organización; así como el dinero u otros valores disfrazados de ayuda humanitaria.

¿En qué consistirá el Registro de Expertos Externos en Compliance?

20 abril, 2020

La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha puesto en marcha el primer registro de peritos judiciales diseñado específicamente para evaluar programas de ‘compliance‘.

El objetivo de esta iniciativa es apoyar a los distintos actores de los Juzgados y Tribunales de Justicia en España con esta nueva figura que facilite la labor de identificación de conocimiento experto, capacitada para emitir una opinión profesional acerca de la idoneidad y adecuada implementación de modelos de compliance en el contexto de las actuaciones judiciales.

Dado el desarrollo normativo y jurisprudencial de los últimos años en este ámbito, ASCOM considera «indispensable» que además del conocimiento profundo sobre cumplimiento, pueda acreditarse el buen manejo de la técnica procesal pericial.

Por ello, para solicitar la inscripción en el Registro de Peritos Expertos en ‘compliance‘ se deben cumplir una serie de requisitos de forma consecutiva:

Acreditar una especialización en ‘compliance‘ a través de la certificación CESCOM, la más prestigiosa del sector y que cuenta con el reconocimiento internacional de la IFCA – International Federation of ‘compliance’ Associations (www.ifa.co). Precisamente, ante la situación creada por el estado de alarma debido a la pandemia del COVID-19, el próximo examen que tendrá lugar el 27 de junio de 2020 se va a celebrar de forma online.

Asimismo, habrá que completar con éxito el curso de Especialización en Peritaje para Expertos en ‘compliance‘ impartido por ASCOM, con 62 horas de formación y el desarrollo de un caso práctico final expuesto ante un tribunal de reconocidos juristas en la materia. El programa se compone de tres módulos: cuestiones procesales, metodología de evaluación del sistema y el último práctico sobre el informe pericial de compliance.

El profesorado está formado por un grupo de profesionales y juristas con amplia experiencia en ‘compliance‘:

– Francisco Bonatti, secretario de la Junta Directiva de ASCOM

– Francisco Caamaño, exministro de Justicia

– Alain Casanovas, miembro de la Junta Directiva de ASCOM

– Ignacio Diez-Picazo, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid

– Ángel Juanes, ex vicepresidente del Tribunal Supremo

– Soledad Llamas, subdirectora de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Control Interno en el Canal de Isabel II

– Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

– Yolanda Pérez, senior manager del área de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC) en KPMG Asesores, S.L.

– Álvaro Pinilla, coordinador del área de formación del SEPBLAC

– Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

– Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional

– Ángeles Villegas, magistrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

Las actuales tendencias en el blanqueo de capitales

29 marzo, 2020

Al igual que ocurre con cualquier otra actividad en la que influye el entorno socioeconómico cambiante, el blanqueo de capitales no es ajeno a esta necesidad de adaptación. La transformación digital es un ejemplo claro de cómo los delincuentes se han visto obligados a innovar en sus métodos para el lavado de activos procedentes de actividades delictivas.

Tradicionalmente, y así lo han reflejado numerosas películas y series televisivas, el blanqueo se ha basado en el uso de negocios con gran utilización de efectivo como puede ser un restaurante o cualquier otro comercio.

Y aunque esta sigue siendo una esfera importante junto a los inmuebles y los préstamos, las tendencias para explotar las debilidades de los sistemas financieros e intentar ir por delante de los investigadores, pasan por el uso de las denominadas cuentas «embudo», las criptomonedas o los sofisticados métodos de los intermediarios profesionales.

Las cuentas “embudo” se refieren a una o varias cuentas bancarias empleadas para los fondos ilegales depositados en una ubicación geográfica que proporciona a los delincuentes acceso inmediato al dinero mediante retiradas en una ubicación diferente.

Y teniendo en cuenta que las criptomonedas han pasado a ser en poco tiempo, un nuevo método de pago y un medio de depositar valor basado en la tecnología blockchain con operaciones más rápidas, más económicas y anónimas, los delincuentes han puesto el foco en este nuevo mercado con oportunidades para el blanqueo.

El atractivo de estos activos virtuales, como advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se basa en su velocidad, en que estén disponibles a nivel mundial, la escasa regulación sobre la materia, la disgregación de los intermediarios financieros sólidamente establecidos y las posibilidades para ocultar la verdadera identidad de los titulares.

De forma paralela, y con el objetivo de ocultar el origen de los fondos y sus beneficiarios finales, se siguen empleando cuentas bancarias extraterritoriales de entidades jurídicas extranjeras para dificultar el rastreo de los flujos de dinero. Sigue habiendo operaciones excesivamente complejas o estructuras de propiedad opacas, como, por ejemplo, entidades jurídicas o fideicomisos secuenciales o de varios niveles en múltiples países, que también abarcan centros financieros.

De ahí que los «facilitadores» e intermediarios profesionales ya no se limiten a establecer medios para el lavado de activos o el fraude fiscal, sino que gestionen de forma activa los fondos ilícitos de sus clientes y lleguen a ofrecer entre sus servicios la posibilidad de blanqueo, como señala la OCDE.

Hasta ahora, este colectivo planificaba y creaba estructuras, en función de las necesidades de sus clientes y su participación terminaba cuando quedaban formadas las entidades y las cuentas abiertas.

Y también son tendencia los grupos de lavado de activos a través de terceros. Forman parte de un mecanismo por el que la organización delictiva usa a un tercero para blanquear el producto de sus delitos al que pagan una tasa o una comisión. Puede establecer medios complejos o sostenibles para “procesar” los fondos ilícitos de sus clientes, sin exponerse a los delitos determinantes que estos cometen ni estar al tanto de tales delitos.