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¿Cómo se aplica un modelo de prevención basado en el riesgo?

22 enero, 2020

Según las directrices de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), para llevar a cabo una supervisión eficaz de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con un enfoque basado en el riesgo (modelo SER), las autoridades nacionales deberán tener en cuenta cuatro cuestiones fundamentales: la identificación de los factores de riesgo, la evaluación del riesgo, la supervisión, así como el control, revisión y seguimiento.

Esta supervisión con enfoque riesgo será un proceso continuo y cíclico.

La definición que las AES hacen del modelo SER se refiere a todo el conjunto de procedimientos, procesos, mecanismos y aspectos prácticos que permiten a las autoridades competentes ejercer sus facultades de supervisión de los sistemas de prevención de una manera proporcional a los riesgos de blanqueo identificados.

Visión global de los riesgos inherentes

Para identificar con qué factores de riesgo cuenta cada entidad, es decir, a qué potenciales conductas delictivas se enfrentan, los países aplicarán la proporcionalidad entre el alcance y el tipo de información requerida y la naturaleza y tamaño del negocio de las entidades. También juega un papel importante su perfil de riesgo determinado en función de evaluaciones anteriores, el contexto en el que opera la entidad y la naturaleza del sector financiero al que pertenece (entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, sociedades de inversión, entidades de pago, de dinero electrónico, oficinas de cambio, etc.).

Igualmente considerarán qué tipo de situación hará que se solicite información más exhaustiva.

El tipo y número de fuentes de información a las que recurrirán las autoridades para realizar la identificación variará en función del riesgo de las entidades sometidas a evaluación. En cualquier caso, se incluirá información de organismos sectoriales, como tipologías e información sobre riesgos emergentes; de la sociedad civil, como por ejemplo los índices de percepción de corrupción; de organismos reguladores internacionales; y fuentes de información públicas, como información periodística, entre otras.

Una vez entendidos por parte de las autoridades los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo identificados a nivel nacional es momento de concretar los factores que determinan esos riesgos. Las AES los diferencias entre internos, aquellos asociados a las actividades financieras internas de las entidades objeto de evaluación; externos, para los casos en que la entidad mantenga vínculos con otros Estados miembros o terceros países de manera que esté expuesta a riesgos asociados a estos otros países; y sectoriales.

Con una visión global de todos estos factores, las autoridades ya pueden proceder a realizar la evaluación. Así, se centrarán en el grado en el que esos factores afectan a las entidades y el grado en el que los sistemas y controles de prevención de que disponen son suficientes para mitigar de manera efectiva los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo inherentes a los que están expuestas.

Proporcionalidad

Al supervisar las entidades que se han evaluado, las autoridades deberán adoptar un enfoque proporcional de forma que el alcance de la información requerida, así como la frecuencia y la intensidad de la dedicación supervisora y del diálogo con una entidad deberán tener en cuenta la naturaleza y el tamaño de esta y ser proporcionales al riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo identificado.

Las AES advierten, además, de que el tamaño o la importancia sistémica de una entidad no son, por sí mismos, indicativos de su grado de exposición al riesgo. En este sentido, señalan que las entidades pequeñas que no son sistémicamente importantes pueden presentar un elevado riesgo.

Cooperación con otras autoridades

En el ámbito de su legislación nacional, las autoridades cooperarán e intercambiarán toda la información para asegurar que la supervisión de los sistemas de cumplimiento es eficaz. Y cuando las entidades objeto de evaluación operen a escala transfronteriza, dicha cooperación se extenderá a otros Estados miembros.

Las buenas prácticas en el tercer sector para evitar usos delictivos

10 enero, 2020

Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) son vulnerables al riesgo de abuso para actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. De ahí que para proteger su integridad y reputación frente a posibles usos delictivos deban analizar y valorar los riesgos intrínsecos de las diferentes actividades que desarrollan y enfocar y orientar sus controles en consecuencia. Las áreas o proyectos con riesgos objetivamente más altos centrarán las medidas preventivas.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo ya establece que «el personal con responsabilidades en la gestión de OSFL velará para que éstas no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o para canalizar fondos o recursos a las personas o entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas». Y determina que conservarán «durante al menos diez años» la identificación tanto de las personas que aporten o reciban a título gratuito fondos o recursos de la OFSL como de los titulares reales.

Pero además de su obligación normativa, hay una serie de recomendaciones publicadas por el Ministerio de Economía en torno a 3 cuestiones básicas de las OSFL: los órganos de gobierno, la planificación y seguimiento técnico de la actividad y la transparencia financiera.

Evitar la infiltración de criminales en los órganos de gobierno

Si tenemos en cuenta que el órgano de gobierno de estas organizaciones tiene un papel fundamental a la hora de cumplir su misión y establecer un funcionamiento honesto y transparente, la entidad debería contar con procedimientos que aseguraran la idoneidad ética y profesional de los miembros de su Junta Directiva, Patronato, así como en su caso Comités Ejecutivos u otros órganos delegados, otros puestos directivos o personas con responsabilidades (apoderados, directores de oficinas locales…).

El objetivo, como señala el documento ministerial es «evitar la infiltración de criminales».

En este sentido, se recomienda que cada entidad regule las facultades que corresponden a sus órganos de gobierno y representación, delimitando sus obligaciones y responsabilidades, así como el régimen de adopción de acuerdos. Por eso, sería interesante adoptar mecanismos que prevengan los conflictos de interés y las incompatibilidades en los miembros del órgano de gobierno.

Asimismo, el órgano de gobierno debería garantizar que cuenta con un mínimo de miembros suficiente para asegurar la correcta toma de decisiones. También es recomendable que se documenten los acuerdos adoptados en sus reuniones, que deberán celebrarse regularmente.

Planificar a qué se dedica la organización

Determinar claramente cuál es su objeto social, así como conocer quién es su colectivo de beneficiarios son dos factores determinantes para que una entidad minimice sus riesgos de utilización fraudulenta. Y si se establecen unos criterios de selección de proyectos que deberían ser aprobados por el órgano de gobierno, se evitará que se lleven a cabo actividades que no estén relacionadas con sus fines fundacionales.

El riesgo de desvío de fondos para la financiación del terrorismo u otras actividades criminales en zonas con presencia de grupos terroristas o crimen organizado, debería incluirse entre los factores a considerar a la hora de plantearse no acometer el proyecto. En caso de seguir adelante, sería conveniente reforzar el seguimiento y si es posible, hacer verificaciones adicionales in situ.

Es recomendable, además, que el órgano de gobierno apruebe un plan de actividades anuales.

Por lo que respecta a las contrapartes, la entidad debería tener preestablecidos unos criterios de selección, tomar medidas proactivas para verificar su honorabilidad y que no están infiltradas o relacionadas con actividades de blanqueo de capitales o terrorismo.

En caso de cuestaciones, el documento señala que habrá que informar a los potenciales donantes del destino previsto de los fondos y asegurarse de que se emplean con dicho fin. Posteriormente, debería informarse del detalle de las actividades realizadas con los fondos recibidos.

Asimismo, se indica como buena práctica contar con sistemas de seguimiento interno y control de las actividades que, aprobados por el órgano de gobierno, deberían ser capaces de confirmar que los proyectos se ejecutan, que los beneficiarios existen realmente, la recepción de los fondos, así como que se realizan las compras y gastos previstos.

Transparencia financiera

Para facilitar los controles en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las OSFL deberían formalizar procedimientos para que las donaciones o subvenciones que reciben y los fondos que trasladan a sus beneficiarios se realicen a través del sistema bancario. Se trata, en suma, de minimizar el uso de efectivo. Además, se recomienda mantener una cuenta bancaria diferenciada para cada proyecto, una cuestión que facilitará los controles de ejecución.

Previamente, el órgano de gobierno debería aprobar criterios para aceptar donaciones que, en el caso de empresas privadas y de donaciones individuales de mayor cuantía, es aconsejable tener en cuenta la información pública disponible acerca de la posible implicación de dichas empresas -incluidos sus titulares reales o cargos directivos-, en procedimientos delictivos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

El documento de buenas prácticas se refiere también a la idoneidad de que la entidad documente la imputación de los fondos recaudados a las actividades de cada año. Y a que se elabore un presupuesto de ingresos y gastos, con su posterior liquidación. Todo ello aprobado por el órgano de gobierno.

Además, se indica que se mantenga un presupuesto detallado de cada proyecto, con los ingresos recibidos para ese proyecto y los gastos, especificando la identidad de los beneficiarios, o cuando ello no sea posible, sus características.

Con todo ello se pretende que junto al seguimiento de ejecución técnica de cada proyecto haya una supervisión de la ejecución financiera y sus posibles desviaciones.

¿Dónde está el equilibrio entre la inclusión financiera y la prevención del blanqueo?

26 diciembre, 2019

La diligencia debida con el cliente, el mantenimiento de registros y su seguimiento, las remesas y otros servicios de transferencia de dinero, así como cuestiones relativas a los agentes que desempeñan funciones de cumplimiento en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, son los cuatro aspectos más relevantes de los contenidos en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que tienen que ver con la inclusión financiera.

El objetivo es contar con regímenes reglamentarios preventivos que permitan a personas pobres acceder y utilizar los servicios financieros formales básicos que necesitan para mejorar sus vidas. Sobre todo para los tipos de innovación que un elevado número de hogares financieramente excluidos o desatendidos tiene mayores probabilidades de utilizar, según recoge la Revista Enfoques.

Diligencia debida

En el contexto de la inclusión financiera, las medidas de diligencia debida simplificadas pasan por permitir que exista flexibilidad para definir lo que constituye “documentos, datos o información confiables que procedan de fuentes independientes” para verificar y realizar el seguimiento de las identidades de los clientes.

Así, por ejemplo, se podría permitir que un cliente que no puede proporcionar documentos de identificación emitidos por el Gobierno utilice una carta fidedigna de un jefe comunal o referencias de clientes existentes aunque se conoce que hay jefes que han exigido dinero por este «servicio de verificación»

En cualquier caso, la opción más favorable para los países que no cuentan con sistemas de identificación integrales a nivel nacional o subnacional sería permitir el uso de diversos documentos de fuentes alternativas, de forma que todos los sectores de la población puedan proporcionar algún tipo de verificación de identidad.

Para las poblaciones que se encuentran en zonas aisladas o de escasa población y, por tanto, donde los enfoques convencionales y presenciales de diligencia debida representan un coste inasumible y el riesgo es bajo, la identificación puede ser tan sencilla como usar teléfonos con cámara o software de reconocimiento de voz y aprovechar las mismas tecnologías económicas que permiten la prestación de servicios financieros para lograr también una diligencia de bajo costo.

Además, una vez establecida la relación comercial, será preciso verificar la identidad del cliente y del beneficiario final. Para productos con riesgo menor de lavado de activos, se podría postergar esta verificación, en lugar de llevarla a cabo antes de realizar operaciones.

Con esta medida se facilitaría, por ejemplo, que un cliente abra una cuenta de depósito aunque quede pendiente verificar su identidad. Y algo más importante para la inclusión financiera: «un enfoque por niveles en virtud del cual los clientes pueden abrir una cuenta muy básica, como un monedero móvil sujeto a límites de transacciones bajos con una mínima verificación inicial de la identidad», señala la publicación.

Ahora bien, el proveedor deberá realizar una verificación más extensa antes de que el cliente migre al siguiente nivel de cuenta, que tiene límites de transacciones más altos y mayor funcionalidad.

Por lo que respecta a la frecuencia de actualización de la identificación del cliente, se determinará teniendo en cuenta las funciones y los controles que se aplican al producto financiero en cuestión. En escenarios de riesgo menor que implican una relación comercial permanente, como un monedero móvil sujeto a límites de transacciones bajos, no será es necesario actualizar la información del cliente con la misma frecuencia que se realiza para otras categorías de productos.

En el caso del monedero móvil, por ejemplo, también se podrá reducir el grado de seguimiento y análisis minucioso permanente de las transacciones.

Y si bien recopilar información para entender el propósito y la naturaleza prevista de la relación comercial es un componente importante de la diligencia debida, en los casos donde se busca la inclusión financiera, se permitiría inferir esta información en los casos de riesgo menor. Por ejemplo, si el producto es una cuenta de ahorro básica, se puede inferir que el cliente abre la cuenta para ahorrar dinero.

Mantenimiento de registros

Para evitar el alto coste y los numerosos problemas prácticos que requiere el mantenimiento de registros, y que no disminuyen en proporción al tamaño de la transacción sino que pueden llegar a aumentar, por ejemplo, en el caso de la prestación de servicios a distancia a los clientes, es igualmente necesaria la flexibilidad que haga posible que los órganos reguladores acepten sistemas prácticos y económicos para las instituciones microfinancieras o para la red más extensa y diversa de agentes de monederos móviles que reciben depósitos o realizan giros en efectivo.

Concretamente, la entidad podrá escanear documentos y guardar copias electrónicas o mantener fotocopias físicas; o bien, registrar los detalles en forma manual.

En cuanto al grado de seguimiento, debería determinarse por el riesgo asociado con los segmentos de clientes y con los productos o servicios que utilizan. Así, en las instituciones microfinancieras donde el conocimiento personal de los empleados permite identificar las transacciones sospechosas, se realizaría un seguimiento manual eficaz en función del costo; por el contrario, en el caso de un operador de red móvil que ofrece monederos móviles a través de una red extensa de agentes, el control se haría mediante sistemas sofisticados de seguimiento electrónico de las transacciones y detección de patrones.

Remesas transfronterizas

El dinero que las personas que perciben ingresos en un país envían a través de empresas de transferencia de dinero a un hogar o una comunidad distante con ingresos más bajos son fundamentales para su supervivencia.

Por esta razón, el GAFI admite que una diligencia debida «excesivamente estricta y desproporcionada» en relación con los riesgos en el ámbito de las remesas y otros servicios de transferencia de dinero representan una amenaza para la inclusión financiera y el riesgo de que los clientes pobres queden relegados a los medios informales de traslado de fondos. Esta cuestión compromete, a su vez, la capacidad de los países de rastrear las operaciones e identificar patrones sospechosos.

En la nota interpretativa de la Recomendación sobre las transferencias electrónicas se indica que, para lograr los objetivos de la Recomendación, los “países deben contar con la capacidad de rastrear todas las transferencias electrónicas”, pero que también deberían tener en cuenta “el riesgo de conducir las transacciones a la clandestinidad y la importancia de la inclusión financiera. La intención del GAFI no es imponer estándares rígidos u ordenar un solo proceso de operación que afecte negativamente el sistema de pago”.

En la práctica, para transferencias electrónicas transfronterizas (tanto basadas en cuentas como para operaciones ocasionales) cuyo importe sea inferior a 1.000 dólares o euros, los países reducirán los requisitos de información al nombre de quien origina la transferencia o remitente de la remesa, el nombre del beneficiario o receptor de la remesa y el número de cuenta del remitente y del receptor (si la transferencia se realiza de una cuenta a otra), o bien un número de referencia único para la transacción.

No será necesario verificar esta información, salvo que la transacción le resulte sospechosa o inusual al proveedor.

Los requisitos serán menores para las transferencias electrónicas internas.

Uso de agentes para el cumplimiento

¿Cómo prevenir operaciones de riesgo en casinos y juego online?

23 diciembre, 2019

El origen de los casinos ha estado inevitablemente ligado a la expansión del crimen organizado, sobre todo en EE.UU, que vio en este sector un negocio propicio para el blanqueo de dinero procedente de sus actividades ilícitas. De forma paulatina, los controles normativos se han ido endureciendo a nivel internacional hasta llegar al momento actual donde el foco ya no se sitúa tanto en el propio negocio como tal sino en los jugadores y en los empleados.

Y es que en la medida que, como sucede en España, los casinos son sujetos obligados, es al sector a quien corresponde por ley cumplir con una serie de obligaciones para prevenir conductas u operaciones que tengan como finalidad el blanqueo.

Para facilitar este cumplimiento, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en colaboración con asociaciones del sector, ha elaborado un Catálogo de operaciones de riesgo donde se describe una serie de ejemplos a partir de 3 premisas: el perfil del cliente en función de la información de que disponga el casino, su actividad usual según sus antecedentes operativos y las actividades de juego y compraventa de fichas que son habituales en un casino.

La falta de coherencia es lo que debe hacer saltar las alarmas en todos los casos.

Cuándo sospechar de que los jugadores no quieren ser identificados

En su decálogo sobre los riesgos relacionados con la identificación formal, la Comisión llama la atención sobre los jugadores sobre los que existan dudas de que intenta ingresar al casino o casino on-line, canjear fichas, recibir certificados o transferencias de supuestas ganancias con nombre falso o aportando datos erróneos. Tampoco serán de confianza los clientes que pretendan utilizar pasaportes de países no muy comunes, con una fotografía o una descripción que no coincida con su apariencia, o que esté caducado.

El jugador que decide no completar una operación o modifica su cuantía porque tiene que identificarse o aquel que se niega a aportar los documentos o datos personales adicionales que le requiera el casino para esas operaciones deberán levantar sospechas.

Facilitar el mismo domicilio o número de teléfono que otro con quien no parezca guardar relación y estar nacionalizado o ser residente en paraísos fiscales, son elementos que deberán percibirse con riesgo por parte del casino. Además, cada entidad, en función de otras variables de riesgo geográfico, podrá determinar a qué nacionales o residentes de otros territorios les aplica las mismas medidas.

Otro de los ejemplos que destaca la Comisión es el caso de un jugador de quien se percibe que está siendo dirigido por un tercero, especialmente cuando se evidencia que no conoce los detalles concretos del juego u operación de canje que está llevando a cabo.

En la modalidad online, los riesgos se centran en los jugadores sobre los que existan dudas respecto a la identidad con la que operan en un sitio web de juego, así como en usuarios de una misma dirección online que utilizan varias identidades o cuentas para jugar.

Sus comportamientos de riesgo

Los riegos relacionados con las características de la operación o de cómo se comporta el cliente del casino cuentan con lista propia que se encabeza con el ejemplo de que un jugador compre gran cantidad de fichas en efectivo de baja denominación, participe de modo limitado en el juego y solicite el cambio de fichas por billetes de alta denominación.

También puede darse el caso de que para comprar las fichas la persona intente mezclar moneda verdadera con otra falsa y presente los billetes especialmente descolocados, muy sucios, húmedos, mohosos o con olor a producto químico. La solicitud de certificados del casino, cheques o transferencias por canje de fichas, así como la transferencias del importe de las fichas o depósitos en cuentas de juego online a cuentas bancarias de terceros o de territorios de riesgo, serán igualmente comportamientos susceptibles de ser controlados.

En esta operativa, el casino deberá sospechar del jugador que compra fichas y después solicita al casino que transfiera el dinero del canje de fichas a otro de los casinos que la cadena en otro país con una legislación más permisiva.

Será posible encontrarse, además, con personas que realizan de forma reiterada en el tiempo operaciones de compraventa de fichas por importes inferiores o muy cercanos a los umbrales legalmente establecidos (actualmente 2.000€) para evitar por parte de los casinos la identificación o conservación de documentos.

Otros recurrirán a actuar concertadamente para compensar pérdidas y ganancias; a perder reiteradamente a favor de otros jugadores con los que habitualmente juegan; a entregar fichas a uno o más jugadores de forma concertada; o a hacer operaciones de cambio de moneda y grandes apuestas que no guardan relación con su trayectoria en el casino o con su perfil económico.

En el caso de las apuestas deportivas, al tiempo que habrá de estar vigilantes ante los patrones con signos de posibles acuerdos previos sobre el desenlace o el resultado, se considerarán operaciones sospechosas aquellas poco comunes con ganancias en eventos ya iniciados donde la mayoría de las posibilidades indicaban que se va a perder la apuesta; en las que se apuesta un elevado volumen de dinero sobre eventos de escasa relevancia deportiva.

Qué resulta llamativo en el caso de los empleados

Lo más evidente sobre lo que la Comisión hace llamar la atención es, en el caso de empleados del casino, quienes exteriorizan un nivel de vida superior al que le permitiría su sueldo o circunstancias familiares o que muestra cambios repentinos en su forma de vida.

Será sospechoso también que un empleado se resista o no quiera cambiar en sus responsabilidades profesionales, especialmente si son favorables.

Ojo con el que, en comparación con sus compañeros y sin que haya ninguna razón aparente, ha tramitado operaciones infrecuentemente elevadas, con importes inusualmente altos, con nacionales o residentes de países de riesgo o que den lugar a un elevado número de transferencias y/o cheques de ganancias.

La CNMV recomienda públicamente a las cotizadas qué hacer contra la corrupción

27 noviembre, 2019

Tras los últimos casos de corrupción en algunas sociedades cotizadas como Iberdrola, BBVA, FCC o Indra, con actuaciones judiciales iniciadas por la vía penal en algunos casos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dice en un comunicado inusual hecho público el 25 de noviembre estar «preocupada» como encargada que es de supervisar el mercado de valores español.

Y aunque precisa que son casos que «afectan a algunas empresas o son imputables a un número reducido de personas», son situaciones que «pueden comprometer la imagen y reputación del mercado de valores». Por eso pide contención de estas «prácticas de carácter irregular» si se tiene en cuenta que los inversores dan cada vez más importancia a aspectos relacionados con la ética y el cumplimiento en sus decisiones de inversión hace especialmente relevante la cuestión.

Mecanismos de prevención

Por eso la CNMV recuerda que las sociedades cotizadas y emisoras deben tratar de impedir o reducir al máximo la probabilidad de que se produzcan prácticas de carácter irregular y asegurar, en cuanto se detecten, su cese y la exigencia de responsabilidades.

De ahí que apunte como principal necesidad que los órganos de gobierno tengan establecidas políticas y controles adecuados para prevenir la corrupción, así como para la identificación, evaluación, gestión y control de los riesgos y de los potenciales impactos asociados. Asimismo, considera «esencial que se cercioren de que las políticas y controles se aplican con el máximo rigor».

En este sentido, sin restarle responsabilidad al Consejo de Administración, solicita la «máxima involucración» de la Comisión de Auditoría, a la que la normativa vigente atribuye la función de supervisar la eficacia del control interno y de la auditoría interna.

También considera especialmente relevante el papel de los consejeros independientes y de los demás consejeros externos, «ya que a todos ellos les corresponde una función de contrapeso con respecto a los consejeros ejecutivos», recuerda el regulador.

Obligaciones de transparencia

Junto a estas recomendaciones, la CNMV señala además que existen obligaciones de información al mercado recogidas en la normativa cuyo cumplimiento debe supervisar de modo especial la Comisión de Auditoría y el Consejo de Administración.

Así se refiere a la obligación de describir en el estado de información no financiera (EINF) las políticas establecidas a estos efectos, sus resultados en cada ejercicio y los principales riesgos relacionados (art. 49.6 del Código de Comercio, redacción introducida por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre); el deber de las compañías que coticen en mercados regulados de hacer referencia en el informe anual de gobierno corporativo (IAGC) a los principales riesgos, incluidos los derivados de la corrupción, así como a aquellos que, en su caso, se hubieran materializado en el ejercicio (apartados E.3 y E.5).

En todo caso, la información que se incluya en el EINF y en el IAGC debe ser suficiente para que el mercado y los inversores puedan entender el alcance e importancia de los hechos y riesgos correspondientes.

Y aclara que también deberá incluirse en los primeros informes (EINF y IAGC) que se elaboren tras el momento en el que se haya tenido conocimiento de las prácticas irregulares o riesgos correspondientes, con independencia de que hayan trascendido o no públicamente.

Este tipo de información se recogerá además en los folletos que los emisores publiquen con ocasión de la realización de ciertas operaciones sin perjuicio, además, de que las cotizadas estén obligadas a «comunicar a través de la CNMV la información que deba ser considerada de privilegiada por ser susceptible de afectar, en caso de hacerse pública, a los precios de los valores emitidos por la sociedad».

La CNMV insta a los órganos de gobierno de las empresas a «revisar sus políticas y procedimientos en este ámbito, así como su aplicación en la práctica, para asegurarse de que son suficientemente exigentes y se aplican realmente».

Modificaciones en el Código de Buen Gobierno

El regulador está analizando, además, poder reforzar las recomendaciones en este tipo de situaciones. Concretamente, en los trabajos que está llevando a cabo para la revisión parcial del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.

Las modificaciones, que pasarían por un proceso de consulta con el sector, podrían afectar, en especial, a las situaciones que puedan afectar al crédito y reputación de la sociedad (Recomendación 22 ), funciones de la comisión de auditoría (42), política de control y gestión de riesgos (45), función interna de control y gestión de riesgos (46) y supervisión por una comisión del consejo del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de conducta y otros aspectos (53).