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¿Cómo identificar los riesgos en la compraventa de oro y joyas?

20 mayo, 2019

El oro vuelve a ser un valor en alza a tenor del precio que en la actualidad ha alcanzado el kilo del precioso metal, unos 36.910 euros, cuando hace 10 años costaba alrededor de 21.000. A falta de otros métodos de ahorro, son muchos los que optan por la compra de oro y tener su dinero en lingotes. Esta fiebre del oro, también lleva años alimentando la compraventa y propiciando con ello un mercado derivado de conductas delictivas.

Por eso, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias alerta de los riesgos de blanqueo de capitales en las actividades relacionadas con la compraventa de objetos usados de oro, plata, piedras preciosas o joyas, en los préstamos en prenda o comercio donde una de las partes es una fundición.

Y de lo primero que la Comisión advierte al sector de forma general es de que ponga atención sobre las ventas que realiza una sociedad; o bien cuando una sola persona venda una gran cantidad de joyas; así como en operaciones de compraventa para la fundición en nombre de otra.

Joyas robadas

En el Catálogo de recomendaciones, la Comisión también se refiere de manera explícita a la procedencia ilícita de las joyas y señala que se sospeche de aquellas en venta que no son propiedad del vendedor.

Para detectar si las piezas proceden de un robo, por ejemplo, recomiendan que se atienda a características tales como cantidad, calidad, estado, etc.

Y del vendedor habrá que tener en cuenta, entre otras cuestiones, si es un intermediario o muestra indicios de que no dispone de poder adquisitivo para ser propietario de la pieza que quiere vender.

Tampoco generará confianza en este tipo de negocio que la venta de piezas o la compra para fundición se fragmente en varios días, para evitar que se considere una sola operación, ni que se ofrezcan dos o más joyas idénticas.

Igualmente sospechoso resultará las operaciones en las que se paga sólo el oro cuando son piezas compuestas de gemas o piedras preciosas con valor muy superior al metal y en los casos en que una persona física o jurídica compra para fundir metales preciosos y paga en metálico sin dejar rastro en una entidad financiera.

Empeños en los Montes de Piedad

Para las casas de empeño, la Comisión advierte de los préstamos en los que se dejan en prenda dos o más joyas iguales y, sobre todo, si se trata de una importante cantidad de piezas de joyería y su cantidad y/o calidad no guarda relación con las circunstancias personales del cliente.

En el caso de las subastas, será necesario que cuando se paguen en metálico las piezas logradas, y siempre que el importe sea igual superior a los 1.500 euros, se acredite la identidad del cliente. También habrá que estar atentos a los posibles acuerdos entre el propietario de las joyas y la persona que puja para adquirirla en la subasta, además de cuando se realiza una puja exagerada que no corresponde al valor del objeto.

Las orientaciones del SEPBLAC para operar con trusts

24 abril, 2019

El SEPBLAC ha publicado una Guía que contiene orientaciones para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida a aplicar en las relaciones de negocio u operaciones con fideicomisos o trusts.

El fideicomiso anglosajón o trust es una figura originaria del derecho inglés en virtud de la cual una persona (fiduciario o trustee) controla bienes o derechos con un fin y un tiempo determinado o en beneficio de un tercero. Se trata de un instrumento jurídico que ha experimentado un gran desarrollo y que cumple un importante papel en el tráfico económico internacional.

No obstante, su opacidad lo hace propicio al abuso para evitar impuestos, por ejemplo, ya que suelen constituirse en países de baja o nula tributación. Y está documentado su empleo en esquemas de blanqueo de capitales ya que se crean estructuras en las que el dinero y la identidad de esos bienes se pueden ocultar, como sería el caso de los trusts constituidos por bancos de inversión en otros países o territorios off shore.

Con estos antecedentes y aunque hablamos de un instrumento ajeno al ordenamiento jurídico español, el SEPBLAC ha tenido en cuenta que con la creciente internacionalización de la economía los sujetos obligados pueden establecer relaciones de negocio o intervenir en operaciones con trusts constituidos de acuerdo a la legislación de Estados terceros.

Particularidades en la diligencia debida

Para la identificación formal, los sujetos obligados deberán requerir el documento constitutivo del trust. Es el caso del testamento (will trust o trust under will), la escritura (trust instrument o deed of trust) o la resolución judicial si hablamos de los trusts implícitos. Según advierte el SEPBLAC en su guía, los sujetos obligados solo admitirán trusts reconocidos judicialmente.  

Asimismo, tendrán obligación de identificar y comprobar mediante los documentos fehacientes la identidad de la persona que actúe por cuenta de los beneficiarios o de acuerdo con los términos del trust. En los casos de representación legal o voluntaria del trust, deberá obtenerse copia del documento público acreditativo de los poderes conferidos.

La cosa se complica cuando entramos en la identificación de los titulares reales, que podrá realizarse mediante una declaración responsable del fiduciario o del representante legal o voluntario del trust.

Se consideran titulares reales el fideicomitente (settlor, grantor o trustor), esto es, la persona que constituye el trust por acto inter vivos o mortis causa y lo financia con sus bienes; el fiduciario (trustee); el protector, que habrá sido designado por el fideicomitente con facultades de control, incluida, en su caso, la remoción del fiduciario; así como los beneficiarios y cualquier otra persona física que ejerza el control del trust.

Sobre el propósito e índole de la relación de negocio, deberá determinarse el origen de los fondos dotacionales, la regularidad de su constitución y de las facultades atribuidas al fiduciario, su razonabilidad económica y/o jurídica y la inexistencia de cláusulas o previsiones anómalas, exorbitantes o ilegales.

Además, en relación con el fideicomitente, es preciso conocer a qué se dedica y cuál es el origen de los fondos aportados. También si tiene la condición de persona con responsabilidad pública, es nacional o residente de un país, territorio o jurisdicción de riesgo o está sujeto a sanciones financieras internacionales.

Con respecto al fiduciario se deberá determinar el alcance de sus facultades y las modalidades de su retribución, así como su carácter profesional o no. Si es profesional, es decir, abogado, contable o notario, entre otros perfiles, recordar que habrá que tener en cuenta la información sobre las medidas de prevención del blanqueo de capitales aplicadas por el fiduciario en su calidad de sujeto obligado.

Conocer la actividad profesional y determinar la naturaleza de su relación con el trust y el fideicomitente será obligado por lo que respecta a los beneficiarios.

Finalmente, en la obligación de diligencia debida relativa al seguimiento continuo de la relación de negocios, se revisarán las operaciones para garantizar que coinciden con el perfil de riesgo del trust y se garantizará que los documentos, datos e información relativos al trust y a sus titulares reales están actualizados.

Toda la información obtenida en el proceso de debida diligencia se conservará durante un periodo de 10 años desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación.

Más obligaciones y mayor control sobre los activos virtuales y sus proveedores

15 abril, 2019

Un total de 33 puntos es lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha presentado a los ministros de Finanzas del G20 y a los Bancos Centrales para informar de los trabajos en curso centrados, especialmente, en los activos virtuales en los que se incluyen las criptodivisas; contrarrestar la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva; incrementar la transparencia y la disponibilidad de información sobe la titularidad real; mejorar la efectividad del sistema de justicia penal; la identidad digital, así como el de-risking.

Y en la base para desarrollar sus programas, el GAFI solicita «fortalecer su capacidad y gobernanza».

Nueva definición de activos virtuales

En el Informe publicado el 8 de abril de 2019, se insiste a lo largo de 7 puntos en la necesidad de guardar un equilibrio entre los beneficios que reportan al sistema financiero y a la economía, en general, las innovaciones tecnológicas y los activos virtuales, y los riesgos asociados a su uso en el blanqueo de capitales.

Es una cuestión que el GAFI vigila de cerca con informes internos y monitorización de las medidas adoptadas por los países para contrarrestar la actividad financiera sospechosa o ilegal que involucra activos virtuales. De hecho, ya en octubre de 2018 adoptó cambios en una de sus 40 Recomendaciones e incorporó en su Glosario las definiciones de «activo virtual» y «proveedor de servicios», con el fin de aclarar cómo se aplican los requisitos AML/CFT en este contexto.

Se entiende por activo virtual una representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y puede ser utilizado para fines de pago o inversión.

Es decir, los países deben considerarlos como propiedad, ingresos, fondos u otro valor correspondiente. Y de acuerdo a sus estándares, los países deben identificar, evaluar y comprender los riesgos de lavado de dinero y financiación de terrorismo que surgen de las actividades con estos activos.

Novedades en la Recomendación 15

Asimismo, la Recomendación número 15 modificada requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales como, por ejemplo, los exchanges dedicados a la compraventa de criptoactivos, tengan licencia o estén registrados en la jurisdicción en la que se crean y estén sujetos a sistemas efectivos para monitorizar y garantizar el cumplimiento de las medidas ALD / CFT, al igual que cualquier sujeto obligado.

En febrero de 2019, el organismo publicó además una nota interpretativa adherida a la Recomendación que se incluirá formalmente en el mes de junio y en la que se detalla cómo se deben de aplicar sus estándares a las actividades u operaciones que involucran ese tipo de valor.

“Los países deberían aplicar un enfoque basado en el riesgo para garantizar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Deben exigir que los proveedores de activos virtuales identifiquen, evalúen y tomen medidas efectivas para mitigar estos riesgos”, detalla el GAFI.

Insta igualmente a las jurisdicciones miembros a cooperar con información de los delitos que se cometan y apunta a que sean los supervisores de los proveedores los que intercambien información «de manera rápida y constructiva con sus contrapartes extranjeras”.

Por lo que respecta a las sanciones para los proveedores en caso de incumplimiento de la normativa, señala nuevamente a los supervisores. Serán los que tengan poderes para imponerlas tanto disciplinarias como financieras, incluida la facultad de retirar, restringir o suspender la licencia o el registro. También acota que las naciones deberán ejercer sanciones «efectivas, proporcionales y disuasorias», ya sean penales, civiles o administrativas, no solo para proveedores, sino también para sus directores y altos directivos.

¿Cuáles son las operaciones de riesgo en el sector de la joyería y el arte?

26 marzo, 2019

La compraventa de joyas y de arte son desde hace años mercados proclives a ser usados para el lavado de dinero, entre otras cuestiones, porque es un sector en el que es frecuente el uso de intermediarios y testaferros, hay dificultades para identificar al cliente, se hacen pagos en metálico o que pueden estar financiadas con fondos procedentes de paraísos fiscales y en las subastas se realizan pujas desorbitadas o sistemáticas para adquirir la mayor cantidad de objetos posibles.

Ante el riesgo que supone este tipo de prácticas para introducir fondos ilícitos en el sistema financiero, y teniendo en cuenta que la Ley 10/2010 establece como sujetos obligados a las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos, así como con objetos de arte o antigüedades, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha elaborado, a modo de ejemplo, un Catálogo de operaciones de riesgo.

En definitiva, son alertas y recomendaciones para contribuir a que su operativa de negocio cumpla con las obligaciones tendentes a prevenir y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por eso, el documento se centra en los riesgos relacionados con la identificación del cliente, con los pagos y cómo se comporta, así como con los características de la operación que realiza con las joyas y las obras de arte.

Atención a quién es el cliente

Cuando se vaya a iniciar la relación de negocio, habrá riesgo en las operaciones que impliquen a personas sobre las que haya dudas en relación con la veracidad de los datos comunicados en su identificación personal, en los de su actividad o del origen de los fondos a utilizar como medio de pago; a aquellas que no quieran aportar documentos de identificación o que presenten fotocopia y fotografía que no coincida con la apariencia física de quien lo aporta o que esté caducada; y, lógicamente, a las personas físicas o jurídicas de nacionalidad o con residencia en paraísos fiscales o países no cooperantes.

También alerta la Comisión de potenciales clientes con domicilio desconocido o que aporten los datos de un apartado de correos, sedes compartidas y despachos profesionales; de las «personas de responsabilidad pública» y de operaciones en las que intervengan sociedades, fundaciones y ONG que no se correspondan con la actividad de la empresa o los objetivos de la entidad.

En el caso de que intervengan terceros, el foco se centrará principalmente en clientes que están siendo dirigidos por otros y ni siquiera conocen sobre los detalles de la operación; y en quienes actúan en nombre de menores de edad, personas con discapacidad y con falta de capacidad económica para tales adquisiciones. Puede darse el caso contrario, es decir, el cliente que adquiere directamente los bienes y que muestra claros indicios de falta de capacidad económica para asumir el coste de la transacción.

Asimismo, existirá riesgo tanto en el trato con un representante en el que la identidad del titular o beneficiario real permanece oculta, como en la compra y exportación de objetos de alto valor por cuenta y orden de potenciales clientes extranjeros desconocidos o de difícil identificación.

Observar cómo se comporta y qué medio de pago usa

Ni que decir tiene que hará levantar sospechas aquel cliente que intente inducir al empleado para que no cumpla con su obligación de registrar la operación cuando falten datos de identificación o de la transacción. También en los casos en los que, sin justificación, existan divergencias entre el domicilio que figura en los datos de quien se presenta como comprador y aquél en el que va a producirse la entrega.

Tampoco habrá que fiarse de los que no demuestran demasiado interés por los detalles de lo que están comprando o que adquieren bienes de alto valor sin verlos antes y sin conocimientos ni experiencia en el sector. Con material de mucho valor, hay que tener en cuenta, además, que sean acordes con el perfil conocido del cliente.

Y ojo a los pagos en efectivo o por endoso de otros medios de pago transferibles cuando son sustanciosos, así como en las operaciones financiadas con fondos procedentes de paraísos fiscales y en las que se solicitan fraccionamientos para eludir el deber de identificación y/o el de conservación de documentación.

La Comisión considera igualmente operación de riesgo cuando clientes/proveedores de los artículos muestran especial interés en que los flujos de fondos no se anoten en cuentas bancarias o que se anoten en cuentas a nombre de otras personas/sociedades interpuestas.

Obras de arte y antigüedades

El riesgo en esta clase de transacciones se presenta, por ejemplo, cuando se generan plusvalías aparentes en la compraventa de obras de arte nacionales e internacionales no acordes con los precios del mercado ni con los plazos de su generación. Los casos en que los intervinientes no muestren demasiado interés en obtener un mejor precio por la operación o que una vez adquirido el bien busque su rápida reventa, serán puestos también en cuarentena.

Las alarmas saltarán, asimismo, en subastas donde se detecte un acuerdo previo entre el vendedor y la persona que se quede con el bien subastado sin importar las subidas de precio, como señala la Comisión, o ante pujas sistemáticas y desorbitadas para adquirir la mayor cantidad de objetos.

Joyas, piedras y metales preciosos

En este caso habrá que diferenciar entre el comercio minorista y la relación con distribuidores y proveedores, si bien el denominador común será que de las características de la operación, se desprendan connotaciones poco habituales en el comercio o ajenas a los usos profesionales de este sector.

Llamará la atención las grandes compras de joyas, relojes de marca de lujo o relojes joya por parte del cliente final. Y en las relaciones profesionales, que no ofrezcan identificación de las empresas, así como de las transacciones de compraventa de metales o piedras preciosas. La Comisión incluye además en el Catálogo de operaciones de riesgo cuando los objetos de las transacciones comerciales sean metales preciosos, piedras preciosas o gemas, en estado de materia prima y se desprendan sospechas de que el país del proveedor o del cliente es un paraíso fiscal; y de que el producto proceda de países en conflictos bélicos.

¿Qué es el compliance tributario?

26 diciembre, 2018

El desarrollo y la fuerte implantación del concepto ‘compliance‘ en las organizaciones de nuestro país durante los últimos años ha estado vinculada al ámbito penal. Ha sido la respuesta lógica tras la incorporación del artículo 31 bis en el Código Penal como consecuencia de la reforma practicada en 2015 en lo relativo a la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Posteriormente vinieron las primeras sentencias del Tribunal Supremo en las que se apunta la importancia de que las empresas implanten protocolos de ‘compliance‘ que, en este caso, han quedado sistematizados en la norma UNE 19601 donde se establecen los requisitos para este sistema de gestión que atenúe e incluso exonere la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Casi a la par que quedaba aprobado este sistema de prevención de delitos, se iniciaron los trabajos para hacer lo propio en el ámbito de las obligaciones tributarias, cada vez más complejas, y la responsabilidad de los órganos de gobierno de las empresas cotizadas.

Y aunque el Ordenamiento Jurídico español no contempla mecanismos específicos para que las entidades establezcan manuales o criterios de actuación en el ámbito del control de las obligaciones y de la responsabilidad tributaria, es probable que en los primeros meses del 2019 se apruebe una norma que evite la responsabilidad penal y las sanciones administrativas por incumplimientos tributarios.

El doble objetivo del futuro estándar 

La Asociación Española de Normalización (UNE), a través del Subcomité Técnico CTN 307 SC2 Compliance tributario ha redactado este proyecto de norma, la UNE 19602, que permitirá a las entidades establecer controles y estándares mínimos de cumplimiento con el objetivo de limitar su responsabilidad tributaria.

Han participado 32 entidades, entre las que hay empresas incluso de las cotizadas, Administraciones Públicas, bufetes, universidades o asociaciones de profesionales del sector.

Desde el punto de vista interno, el objetivo de la futura UNE es, por tanto, ofrecer pautas a las organizaciones para implantar un sistema de cumplimiento que minimice sus riesgos tributarios y, en caso de que se produzcan, facilitar la creación de mecanismos de detección y corrección, así como pautas de aprendizaje para evitarlos en el futuro.

Externamente, certificarse con la UNE 19602 podrá ser un elemento de prueba para demostrar, ante la Agencia Tributaria o los tribunales, la voluntad de la organización de cumplir con sus obligaciones fiscales. O lo que es lo mismo, si hay un incumplimiento, serviría para contrarrestar la percepción de que ha existido voluntad de defraudar y, en su caso, podría propiciar una rebaja de la sanción o, incluso, evitar que el asunto acabe judicializado.

El BOE de 7 de diciembre de 2018 ha publicado la Resolución de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se somete a información pública el proyecto de norma UNE que la Asociación Española de Normalización está tramitando.

Según explica Paloma García, directora de Normalización de la UNE, protegerá de las contingencias que pueden surgir en torno al pago de impuestos y que “van más allá de la posibilidad de cometer un delito contra la Hacienda Pública”. Como ejemplos, añade otros problemas como las infracciones administrativas derivadas del impago de liquidaciones o la presentación de una autoliquidación con errores y que, tras su corrección, la cuota resultante sea mayor que la prevista.

Es la llegada para quedarse del ‘compliance‘ tributario.