Basics

La CNMV recomienda públicamente a las cotizadas qué hacer contra la corrupción

27 noviembre, 2019

Tras los últimos casos de corrupción en algunas sociedades cotizadas como Iberdrola, BBVA, FCC o Indra, con actuaciones judiciales iniciadas por la vía penal en algunos casos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dice en un comunicado inusual hecho público el 25 de noviembre estar «preocupada» como encargada que es de supervisar el mercado de valores español.

Y aunque precisa que son casos que «afectan a algunas empresas o son imputables a un número reducido de personas», son situaciones que «pueden comprometer la imagen y reputación del mercado de valores». Por eso pide contención de estas «prácticas de carácter irregular» si se tiene en cuenta que los inversores dan cada vez más importancia a aspectos relacionados con la ética y el cumplimiento en sus decisiones de inversión hace especialmente relevante la cuestión.

Mecanismos de prevención

Por eso la CNMV recuerda que las sociedades cotizadas y emisoras deben tratar de impedir o reducir al máximo la probabilidad de que se produzcan prácticas de carácter irregular y asegurar, en cuanto se detecten, su cese y la exigencia de responsabilidades.

De ahí que apunte como principal necesidad que los órganos de gobierno tengan establecidas políticas y controles adecuados para prevenir la corrupción, así como para la identificación, evaluación, gestión y control de los riesgos y de los potenciales impactos asociados. Asimismo, considera «esencial que se cercioren de que las políticas y controles se aplican con el máximo rigor».

En este sentido, sin restarle responsabilidad al Consejo de Administración, solicita la «máxima involucración» de la Comisión de Auditoría, a la que la normativa vigente atribuye la función de supervisar la eficacia del control interno y de la auditoría interna.

También considera especialmente relevante el papel de los consejeros independientes y de los demás consejeros externos, «ya que a todos ellos les corresponde una función de contrapeso con respecto a los consejeros ejecutivos», recuerda el regulador.

Obligaciones de transparencia

Junto a estas recomendaciones, la CNMV señala además que existen obligaciones de información al mercado recogidas en la normativa cuyo cumplimiento debe supervisar de modo especial la Comisión de Auditoría y el Consejo de Administración.

Así se refiere a la obligación de describir en el estado de información no financiera (EINF) las políticas establecidas a estos efectos, sus resultados en cada ejercicio y los principales riesgos relacionados (art. 49.6 del Código de Comercio, redacción introducida por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre); el deber de las compañías que coticen en mercados regulados de hacer referencia en el informe anual de gobierno corporativo (IAGC) a los principales riesgos, incluidos los derivados de la corrupción, así como a aquellos que, en su caso, se hubieran materializado en el ejercicio (apartados E.3 y E.5).

En todo caso, la información que se incluya en el EINF y en el IAGC debe ser suficiente para que el mercado y los inversores puedan entender el alcance e importancia de los hechos y riesgos correspondientes.

Y aclara que también deberá incluirse en los primeros informes (EINF y IAGC) que se elaboren tras el momento en el que se haya tenido conocimiento de las prácticas irregulares o riesgos correspondientes, con independencia de que hayan trascendido o no públicamente.

Este tipo de información se recogerá además en los folletos que los emisores publiquen con ocasión de la realización de ciertas operaciones sin perjuicio, además, de que las cotizadas estén obligadas a «comunicar a través de la CNMV la información que deba ser considerada de privilegiada por ser susceptible de afectar, en caso de hacerse pública, a los precios de los valores emitidos por la sociedad».

La CNMV insta a los órganos de gobierno de las empresas a «revisar sus políticas y procedimientos en este ámbito, así como su aplicación en la práctica, para asegurarse de que son suficientemente exigentes y se aplican realmente».

Modificaciones en el Código de Buen Gobierno

El regulador está analizando, además, poder reforzar las recomendaciones en este tipo de situaciones. Concretamente, en los trabajos que está llevando a cabo para la revisión parcial del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.

Las modificaciones, que pasarían por un proceso de consulta con el sector, podrían afectar, en especial, a las situaciones que puedan afectar al crédito y reputación de la sociedad (Recomendación 22 ), funciones de la comisión de auditoría (42), política de control y gestión de riesgos (45), función interna de control y gestión de riesgos (46) y supervisión por una comisión del consejo del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de conducta y otros aspectos (53).

¿En qué consiste el Plan de Acción contra el blanqueo de los 28? Sus debilidades y fortalezas

22 octubre, 2019

El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) reunido en Luxemburgo la segunda semana de octubre debatió los avances en la aplicación del Plan de Acción contra el Blanqueo de Capitales que se estableció en diciembre de 2018. Este documento de medidas no legislativas a corto plazo también pedía a la Comisión que hiciese un examen ex post de los casos recientes de presunto lavado de activos con entidades de crédito europeas implicadas.

Es precisamente este punto el que centró los debates del ECOFIN.

Durante la reunión se revisaron, además, las prioridades estratégicas que guiarán las actuaciones de la Comisión a largo plazo. Este objetivo está en consonancia con la ‘Agenda Estratégica de la UE para 2019-2024’ del Consejo Europeo (documento EUCO 9/19), en la que se insta a mejorar la cooperación y el intercambio de información para combatir el terrorismo y la delincuencia transfronteriza.

Todo ello para que en diciembre de 2019 el Consejo adopte unas Conclusiones.

Y es que aunque en los últimos años el marco jurídico para luchar contra el blanqueo de capitales ha ido mejorando con normas concretas como la quinta Directiva Antiblanqueo, la quinta Directiva sobre Requisitos de Capital y la revisión de los Reglamentos constitutivos de las Autoridades Europeas de Supervisión, hay cuestiones que le restan eficacia como puso Bruselas en evidencia en sus cuatro informes de julio de 2019.

En definitiva, es un problema estructural en cuanto a la capacidad de la Unión para evitar que el sistema financiero se utilice con fines ilícitos.

Por ejemplo, entre estos problemas están las diferencias en la ejecución y la amplia discrecionalidad nacional a la hora de definir las obligaciones de los bancos y otras entidades obligadas; las divergencias en las funciones, competencias y atribuciones de las autoridades y organismos competentes; las diferencias en la naturaleza de las sanciones, su importe o su aplicación; la falta de claridad en materia de supervisión y de responsabilidades de supervisión de las actividades transfronterizas; la insuficiente cooperación entre los supervisores, los supervisores prudenciales, las UIF y las autoridades policiales, incluidos los de terceros países; así como el insuficiente apoyo a las UIF y la coordinación entre ellas.

«Luchar eficazmente contra la corrupción, el tráfico, la evasión fiscal o el terrorismo significa luchar eficazmente contra los flujos ilegales de dinero que financian estas actividades. Dado el carácter cada vez más transfronterizo de la delincuencia, la UE debe adaptar su marco reglamentario para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y la integridad de su sistema financiero», declaró Mika Lintilä, ministro de Hacienda de Finlandia, que actualmente ejerce la Presidencia del Consejo.

4 grandes interrogantes

En este sentido, y con el objetivo de preparar las conclusiones del Consejo, Lintilä remitió a las delegaciones una nota de análisis donde se incorporan cuatro grandes cuestiones para el análisis del ECOFIN: el alcance de las reformas futuras y si deberían limitarse al sector financiero o a alguno de sus subsectores como bancos, empresas de inversión, entidades de pago o aseguradoras; cómo corregir la ineficacia del actual marco normativo generada por las grandes diferencias en la ejecución nacional y en qué casos resultaría más provechosa una mayor armonización a través de un reglamento; cómo subsanar los problemas derivados de una supervisión inadecuada incluyendo el debate sobre la creación o no de un nuevo organismo de la UE; y cómo podría garantizarse una cooperación eficaz entre las distintas autoridades y organismos competentes de la UE, de los Estados miembros y de terceros países

Como respuesta, los ministros de los 28 recalcaron la importancia de aplicar la quinta revisión de la Directiva antiblanqueo, los nuevos requisitos de capital para los bancos (DRC5) y el Sistema Europeo de Supervisión Financiera revisado, así como de intensificar la cooperación y los intercambios de información entre autoridades competentes. También estudiaron la posibilidad de profundizar la armonización de las normas en materia de blanqueo de capitales, en particular transformando la Directiva antiblanqueo en un Reglamento y otorgando a un organismo de la UE tareas específicas de supervisión en este ámbito.

Terceros países de ‘alto riesgo’

También cambiaron impresiones sobre los principales elementos de la metodología revisada de la Comisión para la elaboración de una lista de ‘terceros países de alto riesgo’ en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Los nuevos elementos fundamentales de una metodología perfeccionada están relacionados con la interacción entre los procesos de inclusión en las listas de la UE y del GAFI, una mejor colaboración con los terceros países, y una consulta reforzada a los expertos de los Estados miembros.

El nuevo proyecto de lista de países adoptará la forma de un acto delegado.

Hay que recordar que la quinta Directiva, adoptada en mayo de 2018, establece la obligación de identificar jurisdicciones de terceros países que presentan deficiencias estratégicas que plantean amenazadas importantes para el sistema financiero de la UE.

5 años de FATCA, la primera ley extraterritorial para combatir la evasión fiscal de los estadounidenses

20 agosto, 2019

Atrás queda el revuelo y las críticas que provocó a nivel internacional la ‘ForeignAccount Tax Compliance Act’ (FATCA), una ley extraterritorial sin precedentes aprobada por Estados Unidos en marzo de 2010 con el objetivo de controlar y combatir la evasión fiscal entre sus residentes fiscales con cuentas bancarias, inversiones e ingresos realizados con entidades financieras extranjeras, incluidos territorios off-shore.

Suponía un serio recorte al secreto bancario con la obligación de intercambiar información financiera entre bancos de todo el mundo.

Su puesta en marcha no fue sencilla y sufrió retrasos. Costó 4 años. Y es que propiciar ese intercambio de información sobre los activos extranjeros en poder de titulares estadounidenses entre grupos y entidades financieras internacionales, requirió implantar una operativa que obligó a coordinar muchas estructuras con el consiguiente gasto económico. Se cifra en 100.000 las entidades que se vieron afectadas por la norma.

Finalmente, en julio de 2014, hace ahora 5 años, la FATCA, conocida en español como la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, echó a andar poniendo el foco también sobre cuentas abiertas con anterioridad a esa fecha.

Así, las instituciones financieras realizaron un proceso de diligencia debida para identificar si la cuenta estaba sujeta a reporte, una gestión que se tradujo en que tuvieron que entrar en contacto con cada cliente para ampliar su información y que estos firmaran los formularios correspondientes: el W-8BEN para certificar la no residencia o ciudadanía de los EE.UU de personas físicas; el W-8BEN-E para determinar las personas jurídicas con responsabilidades fiscales con EE.UU; y el W-9 para personas físicas y jurídicas que son ciudadanos o residentes estadounidenses.

A diferencia de la mayoría de las legislaciones, Estados Unidos tiene como regla de atribución de impuestos la renta universal de sus ciudadanos. De esta forma, con independencia del país en que se genere la renta, reclama el derecho a cobrar impuestos sobre ella, mientras el beneficiario sea ciudadano de este país.

Cómo se organizó

A las instituciones extranjeras consideradas financieras por la FATCA (las Foreign Financial Institutions o FFI) se les imponía la obligación de celebrar un acuerdo de reporte y retención con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) del Departamento del Tesoro de EE.UU respecto a los ciudadanos de este país con cuenta en ellas.

La ley entiende que son FFI aquellas que aceptan depósitos, mantienen activos financieros por cuenta de terceros y se dedica principalmente al negocio de las inversiones y valores.

En el verano de 2013, las FFI comenzaron a inscribirse en un registro online abierto por el IRS. Este requisito se extendía tanto a las oficinas centrales de las entidades como a las sucursales que, a través de una aplicación en Internet disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, accedían a un sitio seguro donde la entidad creaba su perfil o cuenta online con código de acceso, usuario FATCA  y preguntas de seguridad.

El IRS debía analizar todas las inscripciones recibidas y notificar a las entidades su aprobación, fase que llevaba pareja la emisión para el banco del número intermediario de identificación global (GIIN). Concluido este proceso, el IRS publicó un año más tarde la primera lista de FFI que se actualiza mensualmente.

No hay que obviar que para que un grupo financiero internacional fuera considerado participante y pudiera firmar el acuerdo con el IRS, todos sus miembros debían serlo con lo que la decisión local de participar o no estaba asociada no sólo al impacto que FATCA tuviera localmente, sino sobre los negocios globales del grupo.

De forma complementaria a este sistema de registro, a finales de 2012, los principales países de la UE –entre ellos España-, suscribieron acuerdos bilaterales con EE.UU basados en un modelo negociado conjuntamente para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la FACTA.

Se consideraron como la forma más sencilla de adaptarse a esta normativa. En este caso, las entidades financieras tanto de los países firmantes como de EE..UU se comprometían a comunicar a sus autoridades fiscales la información referente a contribuyentes del otro país y, seguidamente, de forma automática, la información se intercambiaba entre las autoridades fiscales.

Las FFI no participantes de esta normativa han tenido que asumir una retención del 30% bruto sobre las rentas pasivas procedentes de EEUU. Esto, en la práctica, según explican los expertos, supone “un eventual aislamiento en transacciones globales, ya que varias entidades internacionales podrían, para simplificar sus procesos, evitar operaciones con bancos no participantes”.

Casos de filtración de información en Unidades de Inteligencia Financiera

19 agosto, 2019

Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana que dirige Santiago Nieto hacía pública su intención de denunciar la divulgación de información de algunas acciones llevadas a cabo por este organismo en el caso del líder petrolero Romero Deschamps. Las filtraciones, «en parte ciertas y en parte falsas», según Nieto, hablaban de que la UIF había presentado denuncias contra Deschamps y su familia, y congelado sus cuentas bancarias.

Fuentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como recogen diferentes medios mexicanos, precisaron que «sí se presentaron querellas ante la Fiscalía General de la República en contra de un líder petrolero. En concreto dos denuncias, «una por lavado de dinero y la otra por enriquecimiento ilícito, pero es falso que la UIF le haya congelado cuentas».

En definitiva, lo que este caso viene a poner en evidencia es cómo las limitaciones a la independencia operativa y autonomía de una UIF en un Estado especialmente sensible a la corrupción pueden llevar a que la inteligencia financiera recibida se divulgue con fines políticos y que la confidencialidad de dicha información se vea comprometida, así como también la reputación internacional de esta Unidad.

Contra la corrupción, independencia y autonomía

Se trata de una cuestión esencial de la que alerta el Grupo Egmont para el que las UIF deberían tener la autoridad y capacidad suficientes para llevar a cabo sus funciones de manera independiente. En esa independencia se incluye, además, la decisión autónoma de analizar, solicitar y/o diseminar información específica.

Esta independencia operativa y la autonomía «son condición fundamental» para lograr un sistema efectivo antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Y es que si estos parámetros están comprometidos, el impacto sobre la lucha y prevención de estas actividades delictivas será significativo.

En México, la UIF es desde 2006 una institución de seguridad nacional y desde 2013 se blinda la información de su personal con el fin de proteger su vida. El último decreto firmado por Nieto garantiza hasta 2024 la confidencialidad de los datos (nombres y información de contacto) de los servidores públicos adscritos a la unidad.

“Al identificar a las y los servidores públicos adscritos a la UIF, los delincuentes podrían amedrentar o coaccionar a las y los mismos para que les proporcionen información de inteligencia”, señala el decreto.

“Cada uno de los integrantes de la UIF constituye un factor clave para la seguridad nacional y la prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, motivo por el cual resulta de suma importancia que los datos relativos a sus servidores públicos sean clasificados como reservados”, añade el documento.

Y precisa que teniendo en cuenta que “los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo están estrechamente vinculados con la delincuencia organizada (…) La divulgación de los nombres, ubicación y datos de contacto de todas las personas que laboran en la UIF (…) constituyen elementos determinantes para proteger su integridad física”.

Otro caso de divulgación de información

En 2014, el Grupo Egmont recibió una queja formal por parte de una UIF miembro relativa a otra Unidad que supuestamente había infringido las obligaciones de confidencialidad de la información recibida de un organismo homólogo. En el escrito se alegaba que la información proporcionada a la UIF fue divulgada públicamente por el presidente del país que recibió la información proveniente de la UIF extranjera.

La UIF infractora estaba directamente sometida a la autoridad del fiscal General y los documentos que presentó esta Unidad en el proceso de esclarecimiento de los hechos indicaron que la información relativa a la inteligencia financiera brindada fue remitida precisamente a la Fiscalía.

Parece que en este caso de independencia operativa limitada el responsable de la divulgación no autorizada fue una empleada de la UIF receptora que le dio la información extranjera a su marido, quien a su vez, trabajaba para el presidente.

El Grupo Egmont recomendó que se modificara la legislación nacional, a fin de garantizar la independencia operativa de la UIF respecto del fiscal General. Como resultado, debido a que no se lograron avances suficientes, la UIF infractora recibió una advertencia de suspensión. Aún en la actualidad, se busca que esta Unidad implemente medidas adicionales para garantizar su independencia operativa y autonomía.

Los ‘fakes’ en la prevención del blanqueo de capitales

3 junio, 2019

Los fraudes o engaños que tienen que sortear una amplia mayoría de sectores socioeconómicas y que popularmente han pasado a denominarse por el término anglosajón de ‘fakes’, se extienden también al ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. En concreto se han detectado supuestas actuaciones del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en su relación con los sujetos obligados.

Por eso, desde el órgano supervisor se apresuran a ofrecer una serie de advertencias y recomendaciones a su público objetivo.

Llamadas de supuestos empleados

Según la información de la que dispone  el SEPBLAC, se han producido llamadas telefónicas a sujetos obligados realizadas por parte de personas que se identifican como empleados del Servicio Ejecutivo en las que se interesan por algunos clientes y solicitan que se adopten determinadas medidas respecto a los mismos y sus operaciones.

Ante este ‘fake‘, el primer mensaje que quiere recordar el SEPBLAC es que sus actuaciones se realizan «siempre siguiendo un cauce estrictamente formal».

Así, la solicitud de información, documentación o cualquier otro tipo de actuación siempre se realizará por escrito, tal y como se establece en el artículo 21 de la Ley 10/2010.

Inspecciones

También se ha detectado que algunos titulares de actividades económicas están recibiendo la visita de personas que se presentan como vinculadas al SEPBLAC y que pretenden realizar una supuesta inspección u otras actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Hay que tener en cuenta que las inspecciones u otras actuaciones del órgano se realizan igualmente siguiendo un cauce formal. En este caso, la visita de inspección se anuncia por escrito con carácter previo y con antelación suficiente.

Y, además, como aspecto importante, los sujetos obligados deben recordar que no corresponde al SEPBLAC el ejercicio de eventuales competencias sancionadoras ni de ejecución del pago de multas o sanciones.

Utilización de signos identificativos

Otro de los ‘fakes‘ detectados tiene que ver con el uso indebido del nombre, el acrónimo o el logotipo del Servicio Ejecutivo por parte de personas ajenas. «Generalmente, con ello se pretende que los destinatarios entiendan que quién actúa cuenta con un hipotético respaldo o apoyo por parte del SEPBLAC», indican.

Sin embargo, este organismo «nunca respalda o emite opinión alguna sobre la actuación de terceros» que realicen, o digan realizar, funciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Y reiteran que no está permitido «en ningún caso» la utilización de su nombre, acrónimo o logotipo por terceros.

Examen por experto externo

Finalmente, se ha tenido conocimiento de que hay expertos externos que ofrecen sus servicios a sujetos obligados que están exceptuados de la obligación de someter sus medidas de control interno al examen anual de un experto externo.

Y es que no todos los sujetos obligados tienen que someter sus medidas de control interno al examen de un experto externo.

Concretamente, están exentas las personas físicas que realizan, en nombre propio, una actividad empresarial o profesional; los corredores de seguros; las fundaciones, asociaciones, personas que comercian profesionalmente con bienes, y gestores de sistemas de pago, de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados y de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades; así como abogados, asesores, notarios, registradores, promotores inmobiliarios, agentes, loterías y casinos que ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros, salvo que estén integrados en un grupo empresarial que supere dichas cifras.