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COVID-19: las microempresas como nuevo medio para blanquear

29 mayo, 2020

El parón en el comercio y en el sector servicios como consecuencia de la pandemia provocada por el COIVD-19 ha obligado al crimen organizado a buscar otras vías para blanquear el dinero que sigue recaudando con sus actividades ilícitas, incluido el negocio de mascarillas. El nuevo método apunta al uso de microempresas y trabajadores independientes, como ha señalado a EFE el director para América Latina y el Caribe, con sede en Panamá, de la ONG internacional Crime Stoppers, Alejo Campos.

Las nuevas estructuras de blanqueo buscan a pequeños empresarios y a trabajadores independientes del sector servicios con historial crediticio y fiscal «intachable» de forma que no generarán alertas en el sistema financiero o en las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Los delincuentes se presentarán como «el mejor socio capitalista para reactivar el negocio» una vez se reabra la economía, o como pequeñas empresas de microfinanzas, nuevas en el lugar o incluso antiguas pero ahora «con mucho dinero para ofrecer». Tampoco sería extraño que planteen directamente el negocio del blanqueo.

Con esta nueva práctica podrían lavar en torno a 20.000 dólares por empresa, una suma que de manera aislada no es elevada y no llamará la atención de los reguladores, pero que si se multiplica por varios miles de asociados representa millones al año.

Según Campos, el crimen organizado apunta ahora a los emprendedores más pequeños porque «otros sectores donde se puede lavar en grande -que obviamente seguirán usando- están ya muy regulados».

Se trata, en suma, de abrir estas vías que no están controladas, aprovechando su vulnerabilidad y que «necesitan dinero en efectivo para reactivarse». «Los que ahora son atacados son aquellos que nunca se han investigado y se necesita entender cuál va a ser la dinámica. Mientras se termine de entender, se habrá lavado bastante dinero si no tomamos las precauciones y las alertas especialmente con la ciudadanía», añade el directivo.

Durante la pandemia, algunos delitos precedentes del blanqueo no pueden desarrollarse al 100 %, pero las redes se adaptan rápido. Por ejemplo, la trata de personas ha disminuido, sobre todo en temas de explotación sexual, porque los aeropuertos y el servicio turístico están cerrados; por contra, el narcotráfico ha continuado, ha buscado nuevas ruta y la corrupción también ha aumentado. Todo ese dinero tiene que seguir blanqueándose.

Junta a estas actividades ilícitas, «el contrabando y la falsificación lo estamos viendo muchísimo en las mascarillas, medicamentos y todos los productos que tienen ver con el COVID-19 o la contención del virus (…) Y esto está generando mucho dinero», constata Campos.

COVID-19: Francia, Austria, Dinamarca y Polonia no rescatarán empresas con sede en paraísos fiscales

28 abril, 2020

Ya son cuatro los Estados miembros que no permitirán que las empresas con sede en territorios offshore reciban dinero de sus paquetes de ayudas para paliar los efectos de la crisis del coronavirus.

Concretamente, Francia, Austria, Dinamarca y Polonia. 

El gobierno francés ha sido el último en unirse a esta lista de países que impedirá que compañías registradas en paraísos fiscales, que pagan pocos u nulos impuestos en los países donde operan, accedan a los 110 mil millones de euros destinados a tal fin.

“No hace falta aclarar que si una empresa tiene su sede fiscal o sus filiales en un paraíso fiscal, aclaro contundentemente, no podrá beneficiarse de las ayudas financieras del Estado”, ha declarado el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire a la emisora France Info.

“Hay reglas que deben seguirse. Si te has beneficiado del tesoro del Estado, no puedes pagar dividendos y no puedes volver a comprar acciones”, afirmó. “Y si tu sede está ubicada en un paraíso fiscal, es evidente que no puedes beneficiarte de la ayuda pública”.

Por su parte, el Parlamento de Austria ha pedido por unanimidad al Gobierno que elabore una ley que bloquee que empresas ubicadas en paraísos fiscales puedan beneficiarse de estas ayudas estatales. La propuesta fue planteada inicialmente por las formaciones políticas que integran la coalición de Gobierno (Partido Popular austríaco y Los Verdes).

El gobierno danés, que ha puesto en marcha un plan de rescate económico hasta el mes de julio, según ha explicado su Ministerio de Finanzas en un comunicado, ha subrayado que aquellas empresas que sean danesas pero que tengan sedes en territorios offshore, no podrán acceder a los fondos.

“Las empresas que deseen ser indemnizadas tras la ampliación de los planes de rescate deben pagar los impuestos a los que están sujetas en virtud de los acuerdos internacionales y las normas nacionales”, dice el Ministerio. “Las empresas con sede en paraísos fiscales, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea, no pueden recibir compensación, en la medida en que sea posible aislarlas en virtud de la legislación de la UE y cualquier otra obligación internacional”.

En la misma línea, el gobierno polaco, que desde el 8 de abril ha puesto a disposición de las empresas instaladas en el país un paquete de rescate de 25.000 millones de złotys (5 mil 500 millones de euros al tipo de cambio actual), ha hecho la salvedad de que las que estén en paraísos fiscales deberán pagar los mismos impuestos que una que esté dentro de Polonia.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha calificado los paraísos fiscales como “una pesadilla de las economías modernas” y ha abogado por luchar para acabar por ellos.

Fuente: Agencias.

COVID-19: casi un centenar de organizaciones piden protección para los denunciantes

21 abril, 2020

Más de 90 organizaciones de la sociedad civil integradas en el proyecto EAT (Expanding Anonymous Tipping) financiado por la Comisión Europea, han impulsado un documento dirigido a todas las autoridades e instituciones públicas para que protejan a quienes alerten o expongan los daños, abusos y faltas graves que se produzcan durante este período de crisis causado por la pandemia COVID-19 a nivel global.

El escrito fechado el 20 de abril, bajo el título de «Coalición para alertar de forma segura durante el COVID-19 y más allá«, advierte que en esta crisis ya se han visto «ejemplos de malas prácticas y mala gestión» en las instituciones públicas, mercados comerciales y empresas.

Los firmantes subrayan que «cuando se toman decisiones en condiciones de emergencia, a menudo lejos del escrutinio democrático», el papel  de los alertadores es «vital», sobre todo, en momentos tempranos.

Y es que, en su opinión, los denunciantes son «el mecanismo correctivo a prueba de fallos» en cualquier sociedad, especialmente en una crisis sanitaria internacional en la que el derecho del público a saber puede tener consecuencias de vida o muerte.

Alertar irregularidades, añaden, ha demostrado ser «una herramienta poderosa» para luchar y prevenir acciones que socavan el interés público.

De ahí que estas organizaciones hagan un llamamiento a todas las autoridades públicas y a las instituciones corporativas para proteger a los denunciantes, especialmente dicen, a los trabajadores de servicios esenciales como los servicios de salud, atención a mayores y otros servicios sociales y públicos, así como el suministro de alimentos y la logística, entre otros.

Consideran que estas alertas, así como las de todos los ciudadanos, «son vitales para prevenir grandes desastres y reducir los impactos de la crisis» sobre todo en los miembros más vulnerables.

«Es preciso reconocer y proteger a estos importantes trabajadores, así como su derecho a un entorno de trabajo seguro y a alertar las amenazas a la salud y la seguridad públicas, la corrupción y otros abusos», precisa el escrito.

Organizaciones firmantes

COVID-19: recomendaciones de la EBA para evitar los delitos financieros en la pandemia

12 abril, 2020

En la actual pandemia provocada por el COVID-19, teniendo en cuenta que la mayoría de las economías se enfrenta a una recesión, es probable que disminuyan los flujos financieros. Sin embargo, según la experiencia de crisis pasadas, las finanzas ilícitas continuarán fluyendo.

De hecho, ya hay evidencia de mayores niveles de cibercrimen, fraudes y estafas relacionadas con el virus a personas y empresas vulnerables, campañas falsas de recaudación de fondos y redes criminales que venden productos racionados a un precio más alto. Además, como los delincuentes son altamente adaptables, es probable que surjan nuevas técnicas y canales para el lavado de activos.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha advertido de que en el actual marco de flexibilidad a las entidades financieras para que apoyen los préstamos a la economía real, no pueden bajar la guardia en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

«Es esencial para preservar la eficacia y la estabilidad del sistema financiero de la UE», señala la institución con sede en París en su declaración, en la que resalta a las entidades la importancia de continuar estableciendo sistemas y controles efectivos para garantizar que el sistema financiero de la UE no sea objeto de este tipo de abusos.

Y a las autoridades supervisoras de los Estados miembros les dice, en virtud de la cuarta directiva (Directiva EU 2015/849),  que tomen el protagonismo que les corresponde para seguir compartiendo información sobre los riesgos emergentes de blanqueo y consideren cómo adaptar temporalmente el uso de sus herramientas de supervisión  para garantizar el cumplimiento continuo por parte de las instituciones financieras y de crédito.

La EBA insta a que se trabaje de forma conjunta -supervisores, entidades, Unidades de Inteligencia Financiera y autoridades policiales y judiciales-, para identificar y crear conciencia de los nuevos mecanismos para llevar a cabo delitos financieros en estos tiempos.

Y, cuando sea necesario, que actualicen sus evaluaciones de riesgo. Citan como ejemplo productos financieros que se vuelven menos atractivos para propósitos de blanqueo debido a rendimientos decrecientes o técnicas de lavado con mayor riesgo de detección, como el reembolso anticipado de préstamos.

Sobre la diligencia debida, la EBA les recuerda que deben seguir monitorizando las transacciones y prestar especial atención a cualquier patrón inusual o sospechoso en el comportamiento de sus clientes y de sus flujos financieros.

Añade que deberían tomar medidas basadas en el riesgo para establecer el origen legítimo de flujos financieros inesperados, como son los que provienen de clientes en sectores que se sabe están afectados por la recesión económica y las medidas de mitigación de COVID-19. Podrían ser clientes con negocios en el sector retail que utilizan gran cantidad de dinero en efectivo, empresas involucradas en el comercio internacional y empresas fantasmas en sectores que, a pesar de la situación de parón económico, mantendrían un volumen similar de flujos financieros en ausencia de actividad económica real.

Se publica el primer Manual de cooperación entre Aduanas y las UIF

31 marzo, 2020

El Grupo Egmont y la Organización Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas en inglés) han publicado un Manual de Cooperación entre Aduanas y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de «interrumpir efectivamente las actividades transfronterizas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo».

Se trata del primer manual de estas características enfocado a mejorar la cooperación operacional y estratégica entre los servicios de aduanas y las UIF para identificar, interrumpir y desmantelar las actividades de las organizaciones criminales y terroristas en las fronteras internacionales.

A lo largo de sus 22 páginas, esta guía de orientación destaca los desafíos comunes contra el lavado de activos y relaciona los modus operandi identificados; proporciona estructuras recomendadas para compartir de la forma más idónea la inteligencia financiera, aduanera y otra inteligencia relevante; e intercambia las mejores prácticas para combatir estas actividades delictivas.

Las recomendaciones que brinda el documento a estos organismos se centran en cuestiones relacionadas con el contrabando y ocultamiento de divisas, equivalentes de moneda, piedras y metales preciosos; el blanqueo basado en el comercio transnacional a través de organizaciones criminales y grupos terroristas; y los sistemas de transferencia de dinero u otros alternativos de remesas.

Y es que las administraciones aduaneras y las UIF tienen «una posición única», como señala el secretario General de la WCO, Kunio Mikuriya, para contrarrestar todo este tipo de actividades. Representan dos de los cuatro pilares principales de aplicación de la ley para combatirlas en todo el mundo. Los otros dos pilares son los servicios de Policía (o equivalente) y la autoridad fiscal.

En las últimas décadas, los avances en tecnología, comunicación, transporte y viajes han tenido un profundo efecto complementario en el crecimiento explosivo del comercio mundial que, a su vez, ha llevado a un aumento exponencial en el volumen de transacciones financieras, mejorando así el papel de las entidades financieras y no financieras en el régimen de presentación de informes para las UIF. Esta realidad aumenta la importancia de la difusión de inteligencia financiera por parte de las UIF dentro de la comunidad de aplicación de la ley.

Ahora bien, el valor agregado a la economía mundial a través de un comercio más rápido y eficiente, así como la mayor cantidad de transacciones financieras, va acompañado de un desafío mayor para los servicios aduaneros, las UIF y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.