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¿Cómo es el blanqueo en las series de éxito? Fariña

30 octubre, 2018

‘Fariña’, como se refieren los narcotraficantes de las costas gallegas a la cocaína, primero fue el título de un libro del periodista Nacho Carretero que se situó en el top ten de ventas con secuestro judicial incluido. Y después adaptado para serie de televisión, tan de éxito, que la producción de Antena 3 la compró la plataforma Netflix.

A lo largo de sus 16 capítulos, la serie recrea la historia real de cómo entre finales de los años setenta y principios de los noventa -hasta la operación ‘Nécora’-, quienes traficaron con tabaco en la ría de Arousa (Pontevedra) dieron el salto a la droga para convertirse en los capos del narco en las Rías Baixas.

Y es que el 80% de la cocaína desembarcaba en Europa por las costas gallegas.

Capos con negocios legales para blanquear

Sus nombres aún son muy reconocibles. Incluso hay clanes que todavía continúan en activo.

Sito Miñanco, Laureano Oubiña o Manuel Charlín son los principales protagonistas de la serie, junto al patriarca Vicente Otero, ‘Terito’, el jefe de la cooperativa en sus inicios como contrabandistas.

Todos ellos, ya con la descarga de cajas de tabaco en las costas, contaban con estructuras organizadas y sociedades que usaban para blanquear los beneficios de la venta del ‘Winston de batea’. Y lo que era fundamental. De una forma directa o indirecta, tenían en nómina a muchas familias de Vilagarcía, Cambados y Vilanova.

Terito’, que como negocio para lavar el dinero tenía un restaurante, controlaba la contabilidad con las entradas y salidas de cada miembro de la cooperativa y gestionaba los sobornos para comprar a políticos, policías e, incluso, jueces.

También, con ayuda de empleados de entidades bancarias, recurría al ingreso de cantidades mensuales fijas -3 millones de las antiguas pesetas- en cuentas de jubilados o, incluso, de fallecidos, que después salían ya como dinero legal.

Oubiña gestionaba una empresa de transporte con camiones que también ponía al servicio del contrabando y después para el tráfico de hachís la ‘fariña’.

Y Charlín era el propietario de una fábrica de conservas dirigida por su hija y que, a su vez, daba empleo a las mujeres de la zona.

Aún con estos negocios a pleno rendimiento, la entrada de dinero superaba los mecanismos de lavado porque su vida era aparentemente sencilla, sin signos de ostentación.

De hecho, en unos de los capítulos, se ve cómo Oubiña pierde más de 20 millones de las antiguas pesetas que guardaba en un depósito de agua que reventó por las fuertes lluvias.

Con Sito Miñanco se cerró el acuerdo con Colombia

José Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’ por su apodo familiar en Cambados, y eje central de la serie, pasó de almacenar el dinero en los botes de detergente de la época a construir una infraestructura que incluía libros de contabilidad duplicados, subcontratas, empresas tapadera y cuentas en Suiza y Panamá.

También presidió el equipo de fútbol local Xuventude de Cambados.

Junto a sus dos socios, Ramiro Martínez Señoráns y Olegario Falcón Piñeiro encabezaron la “ROS S.L.”, una de las mayores organizaciones tabaqueras ilegales de Europa.

De piloto de planeadora fue el primero en la ría que hizo negocios con los narcos de Colombia, concretamente con el cártel de Medellín.

Miñanco llevaba los maletines con el dinero en cash a Panamá para ingresarlo en entidades que funcionaban bajo secreto bancario. En uno de esos primeros viajes conoció a Odalys Rivera, sobrina de un ministro del general Noriega, quien le puso en contacto con los narcos colombianos y que luego se convertiría en su segunda mujer.

Posteriormente, llegó a tener organizaciones bajo su mando hasta con 300 integrantes, barcos en propiedad y contactos de alto nivel. Además, de testaferros y cortafuegos para que ningún cargamento se pudiera vincular con él.

El Consejo de Ministros informa el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal

19 octubre, 2018

El Consejo de Ministros en su reunión del 19 de octubre ha informado el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, un texto que contiene modificaciones de diversas normas y figuras tributarias existentes, tanto para incorporar el Derecho comunitario al ordenamiento interno como para reforzar la lucha contra la elusión fiscal compleja y la economía sumergida.

Todas estas medidas en su conjunto permitirán unos ingresos de 828 millones de euros.

Control de las criptodivisas

Entre las medidas contempladas, este anteproyecto de Ley establece nuevas obligaciones para obtener información sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles.

Así, se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia.

Además, se establece la obligación de suministrar información sobre las operaciones con criptomonedas (adquisición, transmisión, permuta, transferencia). También habrá que informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior sobre la tenencia de monedas virtuales situadas en el extranjero.

Lucha contra los paraísos fiscales

El nuevo texto normativo actualizará y ampliará el concepto de paraíso fiscal, atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia. Y se habilitará al Gobierno para actualizar la lista de paraísos. De esta forma, se incluirán, además de países y territorios como ocurría hasta ahora, regímenes fiscales perjudiciales que faciliten el fraude fiscal.

Asimismo, se incorporarán nuevos motivos para la inclusión en dicha lista de paraísos, como territorios donde exista una baja o nula tributación (hasta ahora sólo se incluía el concepto de nula tributación), territorios donde haya opacidad y falta de transparencia, al no existir un efectivo intercambio de información tributaria con España sobre el titular real de los bienes o derechos; o que se faciliten instrumentos que permiten atraer beneficios sin una actividad económica real en el país.

La lista de paraísos fiscales deberá ser actualizada periódicamente, con un enfoque dinámico.

Prohibición de amnistías

Otra medida que contempla este anteproyecto de Ley es la prohibición por ley de amnistías fiscales, es decir, la prohibición de instrumentos extraordinarios de regularización fiscal, impidiendo que haya beneficios tributarios injustificados que suponga una quiebra del deber de contribuir al sostenimiento de gastos del Estado.

Endurecimiento de la limitación en efectivo

La limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasará de 2.500 a 1.000 euros para el supuesto de operaciones entre empresarios, es otra novedad. No obstante, se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados entre particulares, para evitar el impacto de la modificación en las economías domésticas.

Se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Ello persigue endurecer el régimen para restringir estas operaciones que, al ser en efectivo, son más difícilmente rastreables y pueden facilitar comportamientos defraudatorios. La modificación de la limitación de los pagos en efectivo se cuantifica en 218 millones de euros.

Prohibición del ‘software de ocultación de ventas’

También, con el objetivo de no permitir la producción y tenencia de programas y sistemas informáticos que permitan la manipulación de datos contables y de gestión, este anteproyecto establece la prohibición del denominado ‘software de ocultación de ventas’, esto es, programas informáticos que permiten la manipulación de la contabilidad.

Se exigirá que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad de los registros de operaciones. Habilita además la posibilidad de someterlos a certificación por vía reglamentaria y se establece un régimen sancionador específico en los casos de fabricación de estos dispositivos o su tenencia sin la adecuada certificación.

Normas antielusión

El nuevo texto también responde a la necesidad de trasponer la directiva europea antielusión fiscal, conocida como ATAD.

En el caso de España, implica el fortalecimiento del régimen de Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y de la denominada Imposición de Salida (‘Exit Tax’) para reforzar la tributación en España de rentas que se venían localizando en territorios de baja fiscalidad, y así evitar su deslocalización, y para asegurar que las empresas que se trasladen a otro país no dejen de tributar por bases imponibles que legalmente deben quedar gravadas en España.

Con la ‘Exit Tax’ se pretende garantizar que, cuando una empresa traslade sus activos o su residencia fiscal fuera del Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio, aun cuando la plusvalía en cuestión todavía no se haya realizado en el momento de dicho traslado de activos. Así se consigue que tributen en España las plusvalías generadas cuando una sociedad traslada su residencia fiscal al extranjero.

Incluye asimismo medidas para reforzar el control de los operadores del juego, que deberán colaborar en la lucha contra el fraude, y se combatirá el fraude en las actividades de juego, incluido el que se puede producir en las apuestas deportivas.

La operación del mes: multa de 675 millones de euros a ING por no prevenir el blanqueo

7 septiembre, 2018

Después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos el 4 de septiembre, el grupo ING pagará 775 millones de euros para cerrar la investigación a su filial holandesa, ING Netherlands, por deficiencias en su sistema de prevención de blanqueo de capitales y prácticas corruptas entre 2010 y 2016.

Esta cantidad se corresponde con el pago de una multa de 675 millones de euros como reflejo de “la gravedad, alcance y duración de las deficiencias detectadas”, así como de otros 100 millones de euros en concepto de restitución por el menor gasto implementado en personal y procesos por parte de ING Netherlands y que tuvieron como consecuencia los movimientos de capital blanqueado por valor de cientos de millones de euros.

Y es que, según la Oficina holandesa Antifruade y los reguladores, ING habría incurrido en una serie de deficiencias en las políticas destinadas a prevenir delitos económicos, entre las que se incluían una falta de monitorización de las transacciones y falta de recursos.

En esos 6 años, un buen número de clientes de la entidad, particulares y empresas, habría usado los servicios bancarios para potenciales actividades criminales. Entre las operaciones sospechosas, las más significativas incluyó el pago de varios millones de dólares en sobornos a la hija del presidente de Uzbekistán, Gulnara Karimova.

No se han encontrado evidencias o indicios de que empleados o exempleados hubieran cooperado de manera activa con los clientes ni tampoco hay evidencias de que se hayan beneficiado de esas operaciones.

La entidad ha indicado en un comunicado que la ejecución de las políticas de prevención de delitos económicos y financieros dio como resultado la finalización de la relación con miles de clientes de ING durante el periodo investigado. Ahora bien, las deficiencias identificadas han puesto de manifiesto que esos clientes usaron sus cuentas para, entre otras cosas, blanquear dinero durante una serie de años.

En cuanto al personal, ING ha señalado que las deficiencias detectadas en el periodo investigado no son atribuibles a individuos en particular, sino a deficiencias colectivas en todos los niveles de gestión, por lo que la entidad naranja ha iniciado una serie de medidas contra una serie de empleados y exempleados en cargos de alta dirección con responsabilidad en la salvaguarda y ejecución de las políticas de prevención de delitos económicos y financieros.

Entre estas medidas se incluye la retención de retribuciones variables y la suspensión de funciones. Asimismo, los miembros de la junta ejecutiva de ING Group han considerado apropiado renunciar a su remuneración variable correspondiente al ejercicio 2018.

“Como banco tenemos la obligación de garantizar que nuestras operaciones cumplen los estándares más altos, especialmente en lo que se refiere a que los delincuentes hagan un uso indebido del sistema financiero. No cumplir dichos estándares es inaceptable e ING asume toda la responsabilidad”, declaró Ralph Hamers, consejero delegado de ING.

“Estas cantidades tendrán un impacto combinado de 775 millones de euros en los resultados netos de ING Group en el tercer trimestre de 2018”, informó el banco, subrayando que esta circunstancia no afecta la solidez de la entidad o la ejecución de su estrategia.

Como consecuencia del escándalo, el director financiero del banco holandés, Koos Timmermans, ha dimitido de todos sus cargos, incluido el de miembro del consejo de administración.

“Lamentamos los errores encontrados y nos tomamos esto muy en serio”, ha subrayado el presidente de la junta supervisora de ING, Hans Wijers. “Dada la seriedad del asunto, las reacciones entre los accionistas desde que se hizo público y el propio interés del banco, hemos llegado a la conclusión de que es apropiado tomar responsabilidades a nivel ejecutivo”, ha añadido.

Durante el periodo investigado por las autoridades holandesas, Timmermans, que se unió a la compañía en 1996, fue vicepresidente de la junta directiva de la división de banca y, durante varios años, responsable de las operaciones de la firma en Países Bajos. En 2014 pasó a ser el máximo responsable de la división de mercados, mientras que en 2017 fue nombrado director financiero.

Por su parte, el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, aseguró en Bruselas, con respecto a este caso, que se debe “hacer más” contra los movimientos ilegales de capitales. “Entendemos que es una responsabilidad compartida de las autoridades nacionales y las instituciones de la Unión Europea”, en referencia al Banco Central Europeo.

El Gobierno aprueba la transposición de la Cuarta Directiva

1 septiembre, 2018

El Consejo de Ministros del 31 de agosto de 2018 ha aprobado un Real Decreto de urgencia para aprobar la trasposición de la Directiva 2015/849 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -la Cuarta Directiva-, cuya aprobación por parte de España estaba sometida a un periodo de ultimátum otorgado por la Comisión Europea.

Y es que el plazo para que los Estados miembros la traspusieran daba como fecha límite antes del 26 de junio de 2017 ya que la normativa se aprobó el 20 de mayo de 2015 y entró en vigor el 26 de junio de 2016.

Hasta el momento, España solo había traspuesto el texto de forma parcial, si bien quedaban elementos pendientes, por lo que Bruselas le envió a finales de julio un ultimátum de dos meses bajo la amenaza de llevar al Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Cuando ya está aprobada la Quinta Directiva, el nuevo Real Decreto modifica la Ley 10/2010 con el fin de incorporar las obligaciones adicionales en materia de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades, al tiempo que se endurece el régimen de sanciones y el establecimiento de canales de denuncia.

La normativa nacional española así como las normas de la Unión Europea en esta materia encuentran en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) su fuente de inspiración primigenia y se habían abordado mediante modificaciones realizadas en años anteriores.

Novedades

  • Los sujetos obligados deberán incorporar la obligación de aplicar medidas de diligencia debida reforzadas respecto de aquellos países que la Comisión Europea ha determinado que tienen deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención
  • Dar una nueva regulación al régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública, que se endurece en relación con las personas con responsabilidad pública domésticas, yendo más allá de lo exigido por las Recomendaciones de GAFI
  • Reducir de 15.000 a 10.000 euros el umbral en el que los comerciantes de bienes que utilizan el efectivo como medio de pago están obligados a cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales
  • Adaptar los límites sancionadores a los umbrales máximos establecidos por la normativa de la UE, incorporando además nuevas normas en materia de publicidad y nuevos tipos infractores
  • Establecer un sistema de comunicación o denuncia de infracciones tanto públicos como en el ámbito de los propios sujetos obligados que tenga naturaleza confidencial
  • Crear la obligación de registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.

Según ha indicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, la nueva norma incrementa los requerimientos de datos de las personas que transfieren fondos de un país de la UE a otro para identificar su origen.

“Se trata, fundamentalmente, de trabajar con las entidades bancarias, con todas esas instituciones que pueden captar recursos en un país y en otro y cuyo origen no es del todo conocido. Actúa sobre la licitud pidiendo muchísimos más datos de aquella persona que está trasladando esos fondos de un país a otro, de una entidad a otra”, ha explicado Celaá.

Las 45 grandes empresas públicas españolas no aprueban en transparencia

20 julio, 2018

Según el primer Índice de Transparencia de las Empresas Públicas (INDEP) que se acaba de hacer público, el nivel de transparencia y apertura informativa de las 45 grandes empresas públicas estatales “es manifiestamente mejorable”, ya que la nota media general obtenida, un 45,3 sobre 100, no llega al aprobado.

El INDEP, elaborado por la organización Transparencia Internacional España, ha utilizado un conjunto de sesenta indicadores para valorar si la información requerida está o no disponible para el público, pero no entra a evaluar la calidad de la información ni tampoco la calidad de la gestión de las empresas.

Entre otros resultados, el INDEP muestra que solo 19 de estas empresas (lo que representa un 42%) han superado los 50 puntos sobre 100. Las 26 restantes quedan por debajo del aprobado.

Hay que tener en cuenta que las empresas evaluadas acumulan un volumen de facturación global de 25.000 millones de euros, el 2,3% del PIB español y el 98% del sector empresarial estatal, y una inversión total en activos de 227.000 millones de euros (22% del PIB).

En consecuencia, “se hace necesario un mayor y mejor conocimiento por parte de la ciudadanía de lo que hacen, gastan, e invierten estas grandes empresas españolas, que cuentan en conjunto con cerca de 140.000 trabajadores”, señala Transparencia Internacional España. Necesitan aumentar su actual nivel de apertura informativa y rendición de cuentas a la sociedad española.

Solo tres notables

La empresa que ha obtenido una mayor puntuación ha sido el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) con 74,2, seguido de ADIF, con 73,3.

Además de estas dos, Ingeniería y Economía del Transporte obtiene una valoración de notable, en concreto, 72,5 puntos.

Algo por debajo en la Tabla hay otras trece empresas que obtienen una puntuación de bien (entre 60 y 70), entre las que figuran: ICO, AENA, RENFE o Correos.

Otras tres empresas se encuadran en el aprobado mientras que se elevan a seis las que se sitúan en un Suspenso alto (puntuación igual o superior a 40), nueve las que obtienen una puntuación superior a 30, y las once restantes que obtienen puntuaciones inferiores a 30.

Por otra parte, es destacar el alto nivel de dispersión entre las puntuaciones finales, ya que entre la primera y la última empresa del ranking hay una diferencia de casi 60 puntos porcentuales.

Áreas medidas

En lo relativo a las seis Áreas de transparencia evaluadas, hay que destacar que en ninguna de ellas la puntuación media global supera los 50 puntos sobre 100, esto es, en ninguna se alcanza el aprobado.

Las áreas son las siguientes:

  • Transparencia activa e información sobre la empresa
  • Relaciones con la sociedad, usuarios o partes interesadas y calidad de servicios
  • Transparencia económico-financiera
  • Transparencia en las contrataciones y convenios
  • Derecho de acceso a la información
  • Prevención de la corrupción y cumplimiento en transparencia y buen gobierno

Las que quedan más cerca del aprobado son, por una parte, el área correspondiente a relaciones con la sociedad, usuarios y calidad de servicios, cuya puntuación media alcanza 49,7; también se queda cerca el área sobre transparencia en las contrataciones y convenios, en la que obtienen una valoración media de 49,3.

Cerca de estas puntuaciones queda el área información sobre la empresa, con una puntuación de 48,6. A un nivel ya inferior queda el área sobre transparencia económico-financiera, con una puntuación de 44, y las dos que quedan claramente por debajo de las anteriores son: derecho a acceso a la información, en la que obtienen una puntuación media de 36,1, y finalmente prevención de la corrupción y cumplimiento de transparencia y buen gobierno, en la que obtienen 30,6 sobre 100.

Otra característica significativa en esta primera edición del INDEP ha sido el nivel de mejora que han experimentado un buen número de empresas durante el período de evaluación, esto es, desde el momento en que se les envió el Cuestionario con la evaluación provisional por parte de Transparencia Internacional España, hasta la fecha en que las empresas han podido remitir finalmente los Cuestionarios debidamente cumplimentados a esta organización, una vez añadidos los correspondientes indicadores respecto a la evaluación previa.

Concretamente la puntuación media inicial fue de 28,6 (sobre 100), mientras que la puntuación definitiva ha sido de 45,3, nota media final que “en todo caso resulta claramente insuficiente, por no llegar al aprobado, y por ello manifiestamente mejorable de cara al futuro”, concluye la organización encargada del estudio.