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Cesa la emisión de billetes de 500 euros para evitar su uso delictivo

5 febrero, 2019

Conocidos en España como los ‘Bin Laden’ porque nunca se veían en las economías domésticas, los billetes de 500 euros que empezaron a emitirse el 1 de enero de 2002 sí han sido muy vistos y conocidos por aquellos que se han servido de ellos para cometer actividades ilícitas. Precisamente por asociarse con prácticas de blanqueo y financiación del terrorismo, el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) tomó la decisión en mayo de 2016 de cesar su producción y emisión a finales de 2018.

Como consecuencia de esta medida, desde el 27 de enero, el Banco de España ha dejado de emitir estos billetes de la primera serie que no se incluirán en la serie ‘Europa’. Ahora bien, el billete de 500€ seguirá siendo de curso legal, es decir, seguirá circulando y mantendrá su valor indefinidamente como medio de pago y depósito de valor. Asimismo, podrá cambiarse en los bancos centrales nacionales del Eurosistema por periodo ilimitado.

Los sectores profesionales, como bancos, compañías de transporte de fondos u oficinas y cambio de moneda, entre otros establecimientos, podrán recircular los billetes de 500 euros.

31 millones de billetes

Con datos referidos a diciembre de 2018 publicados por el Banco de España, el número de billetes de 500 euros puesto en circulación se situó en 31 millones, la misma cifra que un mes antes. Esto supone que permaneció en niveles de febrero del año 2003, bajando además en 7 millones a nivel interanual.

De este modo, el importe de todos los billetes de 500 euros se situó en 15.500 millones de euros, tras la decisión adoptada por BCE a principios de mayo de 2016 de dejar de producir estos billetes.

Por qué se usan para el blanqueo

Hay dos razones fundamentales por las que los billetes de 500 euros se han venido usando para el blanqueo de activos. Y es que como se precisa menos cantidad de divisas para sumar grandes cuantías económicas es más difícil seguir su rastro. En consecuencia, ocupan menos espacio para ocultarlos y se requieren cajas de seguridad más pequeñas.

Por contra, son billetes poco propicios para la falsificación. Para su fabricación se utilizó una tecnología de impresión sofisticada y como elementos de seguridad, junto a los del resto de billetes, incorpora un parche holográfico en el anverso en el que se ve la cifra que muestra el valor del billete y una puerta o una ventana; así como un número que cambia de color en el reverso, de morado a verde oliva o marrón.

La amenaza de Corea del Norte y el seguimiento a Irán, objetivos del GAFI en los próximos 4 meses

12 noviembre, 2018

Los listados públicos con las jurisdicciones no cooperadoras y de alto riesgo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) trasladó a la comunidad internacional al término de su plenario celebrado en París el 23 de octubre incluye en su ‘Public Statement’ (Declaración Pública) la alerta de República Popular Democrática de Corea y el seguimiento a Irán.

En Corea del Norte no es que existan deficiencias significativas en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC-FT), según pone de relieve el GAFI sino que hay una ausencia “total” de voluntad política de sus autoridades en subsanar esta situación.

Armas de destrucción masiva

Hay “serias preocupaciones” con respecto a la amenaza que representan las actividades ilícitas relacionadas con la proliferación de las armas de destrucción masiva y su financiación, señala el GAFI con respecto a Corea del Norte.

Por ello, reiteran el llamamiento a todas las jurisdicciones para que sus instituciones financieras presten especial atención a las posibles relaciones comerciales y transacciones con empresas y bancos de Corea del Norte y, en consecuencia, apliquen contramedidas y sanciones financieras específicas para proteger sus sectores financieros contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y el riesgo de proliferación de armas de destrucción masiva.

Como medidas concretas se solicita a la comunidad internacional el cierre de las sucursales existentes, subsidiarias y oficinas de representación de los bancos de Corea del Norte en sus territorios y terminar las relaciones de corresponsalía con sus bancos, cuando así lo exijan las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

También tendrán que tener en cuenta los indicadores y criterios que el GAFI ha objetivado para identificar e impedir potenciales esquemas orientados a evitar la aplicación de las medidas de congelación y sanciones comerciales.

Seguimiento a Irán

El Plenario del GAFI reconoció a Irán sus esfuerzos legislativos tras la entrada en vigor de la Ley contra la Financiación del Terrorismo y la aprobación de otras leyes sobre lucha contra el blanqueo de capitales y sobre la ratificación de las convenciones internacionales.

Como consecuencia se mantienen suspendidas las contramedidas hasta febrero de 2019, fecha en la que se volverán a evaluar los progresos realizados, pero también advierte a los países que apliquen medidas reforzadas de diligencia debida a las relaciones de negocio y transacciones que se realicen con Irán.

Deberán ser proporcionales a los riesgos de financiación del terrorismo y las amenazas que implican para el sistema financiero internacional.

Hay que recordar que las sanciones económicas y financieras impuestas por la UE se levantaron el 16 de enero de 2016, fecha en la que se confirmó que Irán había adoptado las medidas especificadas en materia nuclear señaladas por el Consejo de Seguridad de NN.UU.

Estas normas han supuesto que los 28 estados miembros hayan eliminado la exigencia de solicitud de autorización y de notificación de las transferencias electrónicas con Irán, si bien se mantiene la obligación de congelación de fondos y recursos económicos de las personas y entidades que permanecen en la lista de conformidad con la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad.

Ahora bien, aún se prevé la necesidad de autorización previa para la provisión, directa o indirectamente, de financiación o asistencia financiera en determinados supuestos.

El GAFI “confía” en que para el Plenario de febrero de 2019, hayan entrado en vigor las nuevas normas en el país árabe porque de lo contrario, “decidirá sobre las medidas apropiadas y necesarias”.

Por otra parte, en la lista ‘Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process’ (Documento de cumplimiento), el GAFI incluye a otros 11 países con deficiencias estratégicas que se encuentran sometidos a un Plan de Acción. Son Bahamas, Bostwana, Etiopía, Ghana, Pakistán, Serbia, Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez, y Yemen.

¿Cómo es el blanqueo en las series de éxito? Fariña

30 octubre, 2018

‘Fariña’, como se refieren los narcotraficantes de las costas gallegas a la cocaína, primero fue el título de un libro del periodista Nacho Carretero que se situó en el top ten de ventas con secuestro judicial incluido. Y después adaptado para serie de televisión, tan de éxito, que la producción de Antena 3 la compró la plataforma Netflix.

A lo largo de sus 16 capítulos, la serie recrea la historia real de cómo entre finales de los años setenta y principios de los noventa -hasta la operación ‘Nécora’-, quienes traficaron con tabaco en la ría de Arousa (Pontevedra) dieron el salto a la droga para convertirse en los capos del narco en las Rías Baixas.

Y es que el 80% de la cocaína desembarcaba en Europa por las costas gallegas.

Capos con negocios legales para blanquear

Sus nombres aún son muy reconocibles. Incluso hay clanes que todavía continúan en activo.

Sito Miñanco, Laureano Oubiña o Manuel Charlín son los principales protagonistas de la serie, junto al patriarca Vicente Otero, ‘Terito’, el jefe de la cooperativa en sus inicios como contrabandistas.

Todos ellos, ya con la descarga de cajas de tabaco en las costas, contaban con estructuras organizadas y sociedades que usaban para blanquear los beneficios de la venta del ‘Winston de batea’. Y lo que era fundamental. De una forma directa o indirecta, tenían en nómina a muchas familias de Vilagarcía, Cambados y Vilanova.

Terito’, que como negocio para lavar el dinero tenía un restaurante, controlaba la contabilidad con las entradas y salidas de cada miembro de la cooperativa y gestionaba los sobornos para comprar a políticos, policías e, incluso, jueces.

También, con ayuda de empleados de entidades bancarias, recurría al ingreso de cantidades mensuales fijas -3 millones de las antiguas pesetas- en cuentas de jubilados o, incluso, de fallecidos, que después salían ya como dinero legal.

Oubiña gestionaba una empresa de transporte con camiones que también ponía al servicio del contrabando y después para el tráfico de hachís la ‘fariña’.

Y Charlín era el propietario de una fábrica de conservas dirigida por su hija y que, a su vez, daba empleo a las mujeres de la zona.

Aún con estos negocios a pleno rendimiento, la entrada de dinero superaba los mecanismos de lavado porque su vida era aparentemente sencilla, sin signos de ostentación.

De hecho, en unos de los capítulos, se ve cómo Oubiña pierde más de 20 millones de las antiguas pesetas que guardaba en un depósito de agua que reventó por las fuertes lluvias.

Con Sito Miñanco se cerró el acuerdo con Colombia

José Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’ por su apodo familiar en Cambados, y eje central de la serie, pasó de almacenar el dinero en los botes de detergente de la época a construir una infraestructura que incluía libros de contabilidad duplicados, subcontratas, empresas tapadera y cuentas en Suiza y Panamá.

También presidió el equipo de fútbol local Xuventude de Cambados.

Junto a sus dos socios, Ramiro Martínez Señoráns y Olegario Falcón Piñeiro encabezaron la “ROS S.L.”, una de las mayores organizaciones tabaqueras ilegales de Europa.

De piloto de planeadora fue el primero en la ría que hizo negocios con los narcos de Colombia, concretamente con el cártel de Medellín.

Miñanco llevaba los maletines con el dinero en cash a Panamá para ingresarlo en entidades que funcionaban bajo secreto bancario. En uno de esos primeros viajes conoció a Odalys Rivera, sobrina de un ministro del general Noriega, quien le puso en contacto con los narcos colombianos y que luego se convertiría en su segunda mujer.

Posteriormente, llegó a tener organizaciones bajo su mando hasta con 300 integrantes, barcos en propiedad y contactos de alto nivel. Además, de testaferros y cortafuegos para que ningún cargamento se pudiera vincular con él.

El Consejo de Ministros informa el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal

19 octubre, 2018

El Consejo de Ministros en su reunión del 19 de octubre ha informado el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, un texto que contiene modificaciones de diversas normas y figuras tributarias existentes, tanto para incorporar el Derecho comunitario al ordenamiento interno como para reforzar la lucha contra la elusión fiscal compleja y la economía sumergida.

Todas estas medidas en su conjunto permitirán unos ingresos de 828 millones de euros.

Control de las criptodivisas

Entre las medidas contempladas, este anteproyecto de Ley establece nuevas obligaciones para obtener información sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles.

Así, se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia.

Además, se establece la obligación de suministrar información sobre las operaciones con criptomonedas (adquisición, transmisión, permuta, transferencia). También habrá que informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior sobre la tenencia de monedas virtuales situadas en el extranjero.

Lucha contra los paraísos fiscales

El nuevo texto normativo actualizará y ampliará el concepto de paraíso fiscal, atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia. Y se habilitará al Gobierno para actualizar la lista de paraísos. De esta forma, se incluirán, además de países y territorios como ocurría hasta ahora, regímenes fiscales perjudiciales que faciliten el fraude fiscal.

Asimismo, se incorporarán nuevos motivos para la inclusión en dicha lista de paraísos, como territorios donde exista una baja o nula tributación (hasta ahora sólo se incluía el concepto de nula tributación), territorios donde haya opacidad y falta de transparencia, al no existir un efectivo intercambio de información tributaria con España sobre el titular real de los bienes o derechos; o que se faciliten instrumentos que permiten atraer beneficios sin una actividad económica real en el país.

La lista de paraísos fiscales deberá ser actualizada periódicamente, con un enfoque dinámico.

Prohibición de amnistías

Otra medida que contempla este anteproyecto de Ley es la prohibición por ley de amnistías fiscales, es decir, la prohibición de instrumentos extraordinarios de regularización fiscal, impidiendo que haya beneficios tributarios injustificados que suponga una quiebra del deber de contribuir al sostenimiento de gastos del Estado.

Endurecimiento de la limitación en efectivo

La limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasará de 2.500 a 1.000 euros para el supuesto de operaciones entre empresarios, es otra novedad. No obstante, se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados entre particulares, para evitar el impacto de la modificación en las economías domésticas.

Se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Ello persigue endurecer el régimen para restringir estas operaciones que, al ser en efectivo, son más difícilmente rastreables y pueden facilitar comportamientos defraudatorios. La modificación de la limitación de los pagos en efectivo se cuantifica en 218 millones de euros.

Prohibición del ‘software de ocultación de ventas’

También, con el objetivo de no permitir la producción y tenencia de programas y sistemas informáticos que permitan la manipulación de datos contables y de gestión, este anteproyecto establece la prohibición del denominado ‘software de ocultación de ventas’, esto es, programas informáticos que permiten la manipulación de la contabilidad.

Se exigirá que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad de los registros de operaciones. Habilita además la posibilidad de someterlos a certificación por vía reglamentaria y se establece un régimen sancionador específico en los casos de fabricación de estos dispositivos o su tenencia sin la adecuada certificación.

Normas antielusión

El nuevo texto también responde a la necesidad de trasponer la directiva europea antielusión fiscal, conocida como ATAD.

En el caso de España, implica el fortalecimiento del régimen de Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y de la denominada Imposición de Salida (‘Exit Tax’) para reforzar la tributación en España de rentas que se venían localizando en territorios de baja fiscalidad, y así evitar su deslocalización, y para asegurar que las empresas que se trasladen a otro país no dejen de tributar por bases imponibles que legalmente deben quedar gravadas en España.

Con la ‘Exit Tax’ se pretende garantizar que, cuando una empresa traslade sus activos o su residencia fiscal fuera del Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio, aun cuando la plusvalía en cuestión todavía no se haya realizado en el momento de dicho traslado de activos. Así se consigue que tributen en España las plusvalías generadas cuando una sociedad traslada su residencia fiscal al extranjero.

Incluye asimismo medidas para reforzar el control de los operadores del juego, que deberán colaborar en la lucha contra el fraude, y se combatirá el fraude en las actividades de juego, incluido el que se puede producir en las apuestas deportivas.

La operación del mes: multa de 675 millones de euros a ING por no prevenir el blanqueo

7 septiembre, 2018

Después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos el 4 de septiembre, el grupo ING pagará 775 millones de euros para cerrar la investigación a su filial holandesa, ING Netherlands, por deficiencias en su sistema de prevención de blanqueo de capitales y prácticas corruptas entre 2010 y 2016.

Esta cantidad se corresponde con el pago de una multa de 675 millones de euros como reflejo de “la gravedad, alcance y duración de las deficiencias detectadas”, así como de otros 100 millones de euros en concepto de restitución por el menor gasto implementado en personal y procesos por parte de ING Netherlands y que tuvieron como consecuencia los movimientos de capital blanqueado por valor de cientos de millones de euros.

Y es que, según la Oficina holandesa Antifruade y los reguladores, ING habría incurrido en una serie de deficiencias en las políticas destinadas a prevenir delitos económicos, entre las que se incluían una falta de monitorización de las transacciones y falta de recursos.

En esos 6 años, un buen número de clientes de la entidad, particulares y empresas, habría usado los servicios bancarios para potenciales actividades criminales. Entre las operaciones sospechosas, las más significativas incluyó el pago de varios millones de dólares en sobornos a la hija del presidente de Uzbekistán, Gulnara Karimova.

No se han encontrado evidencias o indicios de que empleados o exempleados hubieran cooperado de manera activa con los clientes ni tampoco hay evidencias de que se hayan beneficiado de esas operaciones.

La entidad ha indicado en un comunicado que la ejecución de las políticas de prevención de delitos económicos y financieros dio como resultado la finalización de la relación con miles de clientes de ING durante el periodo investigado. Ahora bien, las deficiencias identificadas han puesto de manifiesto que esos clientes usaron sus cuentas para, entre otras cosas, blanquear dinero durante una serie de años.

En cuanto al personal, ING ha señalado que las deficiencias detectadas en el periodo investigado no son atribuibles a individuos en particular, sino a deficiencias colectivas en todos los niveles de gestión, por lo que la entidad naranja ha iniciado una serie de medidas contra una serie de empleados y exempleados en cargos de alta dirección con responsabilidad en la salvaguarda y ejecución de las políticas de prevención de delitos económicos y financieros.

Entre estas medidas se incluye la retención de retribuciones variables y la suspensión de funciones. Asimismo, los miembros de la junta ejecutiva de ING Group han considerado apropiado renunciar a su remuneración variable correspondiente al ejercicio 2018.

“Como banco tenemos la obligación de garantizar que nuestras operaciones cumplen los estándares más altos, especialmente en lo que se refiere a que los delincuentes hagan un uso indebido del sistema financiero. No cumplir dichos estándares es inaceptable e ING asume toda la responsabilidad”, declaró Ralph Hamers, consejero delegado de ING.

“Estas cantidades tendrán un impacto combinado de 775 millones de euros en los resultados netos de ING Group en el tercer trimestre de 2018”, informó el banco, subrayando que esta circunstancia no afecta la solidez de la entidad o la ejecución de su estrategia.

Como consecuencia del escándalo, el director financiero del banco holandés, Koos Timmermans, ha dimitido de todos sus cargos, incluido el de miembro del consejo de administración.

“Lamentamos los errores encontrados y nos tomamos esto muy en serio”, ha subrayado el presidente de la junta supervisora de ING, Hans Wijers. “Dada la seriedad del asunto, las reacciones entre los accionistas desde que se hizo público y el propio interés del banco, hemos llegado a la conclusión de que es apropiado tomar responsabilidades a nivel ejecutivo”, ha añadido.

Durante el periodo investigado por las autoridades holandesas, Timmermans, que se unió a la compañía en 1996, fue vicepresidente de la junta directiva de la división de banca y, durante varios años, responsable de las operaciones de la firma en Países Bajos. En 2014 pasó a ser el máximo responsable de la división de mercados, mientras que en 2017 fue nombrado director financiero.

Por su parte, el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, aseguró en Bruselas, con respecto a este caso, que se debe “hacer más” contra los movimientos ilegales de capitales. “Entendemos que es una responsabilidad compartida de las autoridades nacionales y las instituciones de la Unión Europea”, en referencia al Banco Central Europeo.