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Se publica el primer Manual de cooperación entre Aduanas y las UIF

31 marzo, 2020

El Grupo Egmont y la Organización Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas en inglés) han publicado un Manual de Cooperación entre Aduanas y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de «interrumpir efectivamente las actividades transfronterizas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo».

Se trata del primer manual de estas características enfocado a mejorar la cooperación operacional y estratégica entre los servicios de aduanas y las UIF para identificar, interrumpir y desmantelar las actividades de las organizaciones criminales y terroristas en las fronteras internacionales.

A lo largo de sus 22 páginas, esta guía de orientación destaca los desafíos comunes contra el lavado de activos y relaciona los modus operandi identificados; proporciona estructuras recomendadas para compartir de la forma más idónea la inteligencia financiera, aduanera y otra inteligencia relevante; e intercambia las mejores prácticas para combatir estas actividades delictivas.

Las recomendaciones que brinda el documento a estos organismos se centran en cuestiones relacionadas con el contrabando y ocultamiento de divisas, equivalentes de moneda, piedras y metales preciosos; el blanqueo basado en el comercio transnacional a través de organizaciones criminales y grupos terroristas; y los sistemas de transferencia de dinero u otros alternativos de remesas.

Y es que las administraciones aduaneras y las UIF tienen «una posición única», como señala el secretario General de la WCO, Kunio Mikuriya, para contrarrestar todo este tipo de actividades. Representan dos de los cuatro pilares principales de aplicación de la ley para combatirlas en todo el mundo. Los otros dos pilares son los servicios de Policía (o equivalente) y la autoridad fiscal.

En las últimas décadas, los avances en tecnología, comunicación, transporte y viajes han tenido un profundo efecto complementario en el crecimiento explosivo del comercio mundial que, a su vez, ha llevado a un aumento exponencial en el volumen de transacciones financieras, mejorando así el papel de las entidades financieras y no financieras en el régimen de presentación de informes para las UIF. Esta realidad aumenta la importancia de la difusión de inteligencia financiera por parte de las UIF dentro de la comunidad de aplicación de la ley.

Ahora bien, el valor agregado a la economía mundial a través de un comercio más rápido y eficiente, así como la mayor cantidad de transacciones financieras, va acompañado de un desafío mayor para los servicios aduaneros, las UIF y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

¿En qué consistirá la Guía de Programas de Cumplimiento de la CNMC?

12 marzo, 2020

El compliance se abre paso a otros ámbitos además del penal y el administrativo, asomándose ahora a la competencia. Una prueba más de que estamos ante un elemento imprescindible en todas las organizaciones empresariales.

El 29 de febrero concluyó la consulta pública puesta en marcha por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para aportar comentarios a su propuesta de Guía de programas de cumplimiento de las normas de defensa de la competencia.

El impulso definitivo de las políticas de cumplimiento normativo en este ámbito viene de la mano de dos novedades legislativas: la prohibición de contratar con las administraciones públicas en el caso del empresario sancionado por infracciones graves en materia de competencia y la directiva de whistleblowing.

La CNMC lleva cuatro años explorando las políticas de cumplimiento a través de jornadas públicas de colaboración público-privada, y pone el foco especialmente en la complementariedad entre los elementos disuasorios de la política de defensa de la competencia y las medidas preventivas en el entorno empresarial que permitan a los operadores económicos un esperable grado de seguridad.

Con la publicación de esta guía, la CNMC pretende «dar transparencia» a los criterios básicos que considera relevantes para que un determinado programa de cumplimiento sea eficaz.

Y considera esenciales a la hora de diseñar e implementar este programa que sirva a dos objetivos: la prevención de infracciones y el establecimiento de los medios para detectar y gestionar las infracciones que no hayan podido ser evitadas.

Asimismo, los órganos de administración y principales directivos de la empresa deben «implicarse al máximo», en la medida en que son el reflejo de las políticas de las empresas y de su cultura de trabajo.

También se hace referencia a la formación de todos los trabajadores en función de su ámbito y actividad.

Por otro lado, se plasma la exigencia de que exista un canal de denuncias anónimo, un aspecto que será obligatorio en nuestro país para las empresas de más de 50 trabajadores como establece la directiva de whistleblowing.

Para el diseño del programa se nombrará un responsable directo que será, además, el encargado de ejecutarlo. A este compliance officer se le dotará de plenas garantías y recursos humanos y financieros para poder desarrollar sus funciones de forma independiente. Ahora bien, la CNMC recalca que el objetivo del programa de cumplimiento debe ser, en última instancia, trasladar a los trabajadores la primera barrera de control de las prácticas anticompetitivas, «de forma que todos y cada uno de ellos se hagan responsables del cumplimiento de las normas en el ámbito de sus funciones».

Y es que el programa debe servir para proporcionar a cada uno de los trabajadores de la empresa criterios para ayudarlos tanto en la toma de decisiones como en la identificación de riesgos en el ámbito de sus funciones.

En cuanto a la identificación de riesgos, la CNMC señala que el programa de cumplimiento analizará de forma específica el “mapa de riesgos” que señalará las áreas de negocio y de la organización más expuestas a posibles infracciones de las normas de competencia, la probabilidad de que la infracción en cuestión llegue a materializarse y el impacto que la infracción tendría en la empresa y en su personal (sanciones a la empresa, sanciones de los directivos, reputación, prohibición de contratar con las administraciones públicas, indemnizaciones por daños y perjuicios, costes legales, etc.).

Una vez detectados los riesgos, para que el programa sea eficaz, se diseñarán protocolos o mecanismos de actuación que minimicen la materialización del riesgo en el proceso de toma de decisiones ahí donde se ha identificado.

Panamá, Seychelles e Islas Caimán, en la última actualización de la lista de paraísos fiscales

19 febrero, 2020

El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) ha actualizado el 18 de febrero de 2020 la lista de ‘paraísos fiscales’ o de países y territorios no cooperadores en materia fiscal, como se denomina oficialmente. La novedad de esta primera versión de 2020 es que Panamá entra en la lista negra e Islas Caimán, Palaos y Seychelles pasan de la gris a la negra por no cumplir las normas exigidas en el plazo fijado.

Estos 4 países o territorios se suman así a los otros 8 que ya figuraban en la lista negra y reiteran su incumplimiento: Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago, Vanuatu y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Por contra se ha retirado más de la mitad de los países objeto de la elaboración de la lista en 2019 ya que Bruselas considera que cumplen «todas las normas de buena gobernanza fiscal». Entre ellos están Armenia, Antigua y Barbuda, Bahamas, Bermuda, Belize, Islas Vírgenes Británicas, Cabo Verde, Islas Cook, Islas Marshall, Montenegro, St Kitts y Nevis y Vietnam.

Fuente: UE

Las consecuencias para los países y territorios que figuran en la lista, aparte de los daños reputacionales, es que están sujetos a medidas de defensa tanto de la UE como de los Estados miembros. Esto se traduce en que a nivel europeo, se verá afectada la distribución de los fondos. Y a nivel nacional, los Estados miembros también deberán aplicar contramedidas.

Hasta la fecha, como pone de manifiesto Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la UE, se han examinado los regímenes fiscales de 95 países que, en su mayoría, están en línea con los criterios exigidos. En términos generales, estas evaluaciones se hacen con arreglo a tres variables: la transparencia fiscal, la equidad fiscal y una actividad económica real. En los casos de incumplimiento, se insta a las jurisdicciones a que subsanen las deficiencias en un plazo determinado.

En el proceso de listado, hay cuatro fases. En primer lugar, la Comisión revisa los niveles de riesgo de terceros países y los Estados miembros acuerdan los criterios de detección. Seguidamente, son también los 27 quienes evalúan los sistemas fiscales de las jurisdicciones y se inicia el diálogo. En la siguiente fase ya se relacionan los territorios que no se comprometen a abordar las deficiencias identificadas. La última fase consiste en la monitorización continua. La lista se actualiza, al menos una vez al año.

Este proceso, añade Gentiloni, ha llevado a la eliminación de «más de 120 regímenes fiscales perniciosos en todo el mundo, y decenas de países han empezado a aplicar normas de transparencia fiscal».

A partir de esta nueva publicación, la Comisión y los 27 continuarán el diálogo tanto con los considerados paraísos fiscales como con aquellos que se sitúan en la zona gris por tener compromisos pendientes, de cara a la próxima actualización que tendrá lugar en octubre de 2020. Otra prioridad es el seguimiento de los países retirados de la lista para garantizar que aplican en la práctica la buena gobernanza fiscal.

Y es que esta lista sigue siendo un proceso dinámico, que seguirá desarrollándose en los próximos años para seguir el ritmo de la evolución internacional.

Solo una de cada diez empresas españolas cuenta con un sistema de ‘compliance’

12 febrero, 2020

Dos tercios de las empresas españolas manifiestan carencias graves en materia de compliance penal, solo una de cada diez dispone de un verdadero sistema para su gestión a pesar de que resulta imprescindible con independencia del tamaño y la actividad y, en general, los empresarios muestran un alto grado de desconocimiento sobre los riesgos penales que pueden derivar para la empresa y sus administradores.

Son algunas de las principales conclusiones del Informe “Hacia sistemas de cumplimiento avanzados”, que Grant Thornton ha elaborado a partir de 400 entrevistas a altos directivos de empresas de entre 50 y 500 empleados con sede en España.

El estudio acredita también que solo una de cada cuatro empresas españolas cuenta con un presupuesto específico para la materia, que la mitad destina menos de 10.000 euros anuales y, en general, que muestran una gran variedad de aproximaciones al compliance.

Para Ignacio Ripol, director de Compliance de Grant Thornton, “el reto de las empresas españolas es pasar de una visión negativa del compliance, consistente en evitar potenciales responsabilidades, a establecer una verdadera cultura de cumplimento que consolide los principios éticos de la organización”.

Baja percepción de riesgo

En los últimos 5 años, los procesos sancionadores contra personas jurídicas que se han producido en nuestro país ascienden a 10 con multas superiores a los 900.000 euros. Sin embargo, el estudio revela que el 45% de los empresarios españoles no son conscientes de que carecer de un programa adecuado de compliance puede acarrear responsabilidades a los administradores.

Según Ripol, “un tercio de las acciones contra administradores sociales en nuestro país se fundamentan en incumplimientos legales, de modo que la falta de desarrollo de la función de compliance en nuestro tejido empresarial es una importante amenaza”.

Preguntados sobre qué riesgos legales podrían dañar más a sus compañías, los empresarios consideran en primer lugar las sanciones administrativas por incumplimiento de obligaciones legales (54%), seguido de los cambios legislativos en su actividad y de las conductas delictivas de sus empleados o directivos, con un 44% en los dos casos.

Consultados por cuáles son los riesgos legales que consideran más probables que les afecten, los cambios legislativos en su actividad pasan a la primera posición (50%) seguidos de las sanciones administrativas (28%), y, en cambio, solo un 15% considera probable una conducta delictiva de alguno de sus empleados o directivos.

Sobre las áreas en que ven más probable que se produzca una responsabilidad penal, la reciente aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDRP) ha derivado en una toma de conciencia generalizada sobre los riesgos penales del ámbito tecnológico y del específico de la protección de datos, que es en el que la mitad de los encuestados cree que podría incumplir la ley. Le siguen el ámbito laboral (42%) y preocupan también el medioambiental (38%) o el de la corrupción (22,5%).

La pérdida de reputación, principal consecuencia de un mal modelo

Para ocho de cada diez directivos, la pérdida de credibilidad o reputación es el principal impacto de la comisión de delitos por parte de sus organizaciones. Un 71% se muestra preocupado por el coste de las sanciones por esos incumplimientos, y un 57% teme que provoquen distorsiones operativas en su empresa.

El estudio revela asimismo que, en los últimos cinco años, el 4% de las empresas encuestadas reconocen haber hecho frente a algún procedimiento por la comisión de delitos. Dos tercios de las mismas han recibido reclamaciones por cuestiones laborales, y la mitad por temas tributarios.

Por qué tener un programa de cumplimiento

Preguntados por las principales ventajas de contar con programa de compliance, los empresarios sitúan en primer lugar evitar sanciones económicas (22%), daños reputacionales y de imagen (15%) e implantar una cultura ética y de integridad en sus organizaciones (10%). Por detrás de estos beneficios, se sitúan la mejora del servicio al cliente, la credibilidad en el mercado y la responsabilidad con la sociedad.

Además, siete de cada diez directivos correlacionan disponer de políticas y normas éticas con suscitar comportamientos adecuados entre sus empleados.

Sobre los motivos que conducen a las empresas españolas a adoptar programas de prevención de delitos, ocho de cada diez de las que ya cuentan con uno sitúan en primer lugar las motivaciones éticas, seguidas del temor a demandas o sanciones (59%) y las exigencias de sus matrices (49%). En cambio, solo tres de cada diez afirman haberse dotado de un sistema de compliance tras detectar que sus competidores ya contaban con uno.

Radiografía de la adopción del compliance en España

El 75% de los directivos encuestados manifiesta que su sistema de gestión cuenta con un órgano encargado de garantizar el cumplimiento normativo. En tres cuartas partes de los casos, ese órgano es además independiente. En el resto de las ocasiones se reparte en las áreas de administración, legal o de recursos humanos.

Siete de cada diez empresas incorporan a su sistema de compliance bien un código de conducta o un código ético: un instrumento mucho más generalizado a los documentos-resumen de la estrategia y política de compliance (54%), los canales éticos o de denuncias (46%) o a las políticas anticorrupción (42%).

En materia presupuestaria, solo dos de cada diez empresas afirman disponer de un presupuesto específico para cuestiones de ética y compliance, y más de la mitad destinan a esta área menos de 10.000 euros.

Pese a esa dotación presupuestaria relativamente baja, el 70% de las empresas analizadas revisan por lo menos periódicamente sus riesgos. Alrededor de la mitad lo hace con carácter anual, pero todavía hay un 40% que no tiene una periodicidad fija para esas evaluaciones de su modelo de prevención de delitos.

Por último, las empresas españolas también presentan margen de mejora a la hora de brindar a sus empleados formación específica sobre ética, integridad y compliance. Una de cada cuatro no lo ha hecho nunca, si bien el 40% lo hace de forma ocasional y el 30% las realizada anualmente. Además, las que sí llevan a cabo este tipo de formaciones reciben una buena puntuación por parte de sus empleados –7,6 puntos sobre 10–, y, tras las mismas, el 31% de esas plantillas declara que sus organizaciones están muy preparadas para prevenir delitos.

El Plan Anual de Control Tributario 2020 combatirá la elusión fiscal y el fraude

31 enero, 2020

Durante este ejercicio, la Agencia Tributaria pondrá en marcha un Plan de Control que, entre otras novedades, aportará un nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en el ámbito de la fiscalidad internacional, un plan especial de control de bases imponibles negativas pendientes de compensar por las empresas -especialmente aquellas que están pendientes de compensación en años siguientes-, una serie de medidas para luchar contra la economía sumergida e impulsará el control temprano sobre nuevas entidades que puedan estar siendo controladas por contribuyentes con conductas reprochables en el pasado

El texto se ha publicado en el BOE de fecha 21 de enero de 2020.

Grandes empresas y patrimonios

Al tiempo que se realizan las habituales tareas de control sobre las multinacionales, grandes empresas y grupos fiscales, con especial atención a los nuevos modelos de negocio altamente digitalizados, se llevará a cabo la puesta en práctica de un nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en el ámbito de la fiscalidad internacional basado en todo el conjunto de información disponible sobre operaciones vinculadas (intragrupo) con el que actualmente cuenta la Agencia como consecuencia del proyecto BEPS (Erosión de Bases y Traslado de Beneficios) de la OCDE –intercambios automáticos de ciertas rentas y la información derivada del Informe País por País–.

La herramienta «permitirá un mejor análisis de riesgos», señala el departamento ministerial, a través de la elaboración de indicadores, índices y modelos, así como la identificación de pautas de comportamiento de alto riesgo fiscal cuyo examen se deberá beneficiar también de la información que reciba la Agencia sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva, o ‘DAC 6’.

En relación con el control de los grandes patrimonios, Hacienda volverá a ampliar el número de contribuyentes propuestos para inspección, en una selección enfocada a supuestos que presenten importantes rasgos de opacidad o deslocalización. Contarán con la coordinación de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, que también realizará actuaciones de investigación directa, así como la propuesta, impulso y seguimiento de nuevas líneas de selección de contribuyentes.

Ocultación de actividad

Seguirá potenciándose una estrategia «coordinada, continua e intensa» de lucha contra la ocultación de ingresos, con personaciones apoyadas por empleados del área de auditoría informática de la AEAT en las sedes donde se realiza la actividad económica y líneas de actuación contra los sistemas informáticos que permiten ocultar las ventas reales. De igual forma, se prestará atención específica al posible acceso a la información cruzada disponible en las plataformas de venta por internet de bienes y servicios, en relación con el proveedor inicial de los mismos.

A su vez, el contraste entre los datos declarados por los contribuyentes y la información recibida en la AEAT a través del sistema de Suministro Inmediato de Información, ha llevado a la definición de una línea específica de control en relación con supuestos de elusión del recargo de equivalencia en el IVA. La Agencia verificará que los minoristas estén correctamente censados en el régimen de recargo de equivalencia y exigirá a sus proveedores el ingreso del recargo si no lo han repercutido.

También en el ámbito de la lucha contra la economía sumergida, en 2020 se incorporarán nuevos colectivos con actividad económica, empresarial o profesional, como receptores de las cartas informativas con comparativas de ratios de actividad propios y de cada sector.

De igual forma, el control de las tramas de fraude en el IVA se verá reforzado con la puesta en disposición de una nueva herramienta diseñada a nivel europeo para la detección temprana de redes sospechosas.

Control de no declarantes

Por otra parte, en el presente año está prevista una potenciación del control de los contribuyentes no declarantes, tanto en lo referente al IRPF, anticipando los controles gracias a las fuentes de información interna e internacional, como en Sociedades e IVA gracias a la depuración censal.

También se intensificará el control de las rentas obtenidas por artistas y deportistas no residentes que realizan actividades en territorio español por las que obtienen rentas que en muchos casos deben tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Las rentas objeto de control no son únicamente aquellas percibidas por su actuación profesional en España, sino también otras estrechamente vinculadas con esa participación profesional en nuestro país.

Lucha contra el narcotráfico y el contrabando

En el ámbito de la lucha contra el tráfico de droga y otros ilícitos, destaca la creación de una estructura de Oficinas de Inteligencia Marítima.

También se reforzarán las acciones operativas y la vigilancia marítima en las áreas de mayor riesgo de introducción de ‘narcolanchas’ tras el incremento de infracciones y atestados por delito de contrabando que se ha producido el pasado año a partir de la prohibición y limitación de uso de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad.

Control en fase recaudatoria

Hacienda realizará una especial vigilancia patrimonial de los deudores condenados por delito fiscal o contrabando al objeto de detectar conductas de vaciamiento patrimonial y posibles insolvencias punibles, al tiempo que se seguirán impulsando las actuaciones de investigación para realizar derivaciones de responsabilidad y se reforzarán las visitas y personaciones de los funcionarios del Área de Recaudación.

Prevención

Junto al desarrollo de la estrategia ‘Right from the start’ orientada a facilitar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias por los contribuyentes que inician actividades económicas, como novedad en 2020 se impulsará un control temprano que permita detectar situaciones de riesgo censal en nuevos contribuyentes, vigilando especialmente aquellas entidades que puedan estar siendo controladas de manera efectiva por contribuyentes con conductas tributarias que fueron reprochables en el pasado, a efectos de prevenir posibles incumplimientos tributarios futuros.