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Suiza libra la lista gris de paraísos fiscales de la UE y Emiratos Árabes sale de la lista negra

11 octubre, 2019

Desde el 10 de octubre de 2019, la lista de países y territorios no cooperadores como se refiere Bruselas a los paraísos fiscales queda compuesta por nueve jurisdicciones después de que el Consejo haya retirado de ella a los Emiratos Árabes Unidos y a las Islas Marshall.

También ha concluido que Suiza, Albania, Costa Rica, Mauricio y Serbia dejan de ser paraísos fiscales. En este caso, libran la lista gris, una especie de limbo del que se sale cumpliendo los compromisos fijados por la UE en anteriores evaluaciones en materia de cooperación fiscal. Todos ellos, como indica el Consejo, han aplicado, antes del plazo establecido, todas las reformas necesarias para cumplir los principios de buena gobernanza fiscal de la UE.

Así, el mapa de territorios offshore reconocido por los 28 se queda con Belice, Fiji, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Omán, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

Mejoras en la política fiscal

Tanto los Emiratos Árabes Unidos como las Islas Marshall han aprobado las reformas necesarias para aplicar los compromisos que habían asumido a fin de mejorar, antes de que finalizara 2018, su marco de política fiscal mediante la introducción de requisitos de contenido económico.

En consecuencia, los emiratíes ya cumplen todos los compromisos en materia de cooperación fiscal y se retiran de la lista negra sin pasar al limbo de la gris.

Las Islas Marshall, por su parte, sí pasan a la lista gris, ya que los compromisos del país en relación con el intercambio de información previa solicitud siguen siendo objeto de seguimiento por el Grupo «Código de Conducta» del Consejo, a la espera de los resultados de la revisión del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE.

Criterios de transparencia fiscal

Además, los ministros europeos han examinado la situación de los países y territorios que no están en ninguna de las listas tras desaparecer el 30 de junio de 2019 una excepción que se les había concedido para cumplir con los criterios de transparencia fiscal. La excepción «dos de cada tres» establecía que los países que incumplieran únicamente uno de los tres subcriterios de transparencia fiscal no figurarían en la lista negra.

El Consejo ha llegado a la conclusión de que todos los países y territorios afectados cumplían los tres criterios de transparencia fiscal de la UE.

En particular, en lo referente a la situación de Estados Unidos, el Consejo ha convenido en que «su red de acuerdos de intercambio de información es lo suficientemente amplia para abarcar a todos los Estados miembros de la UE, permitiendo de forma efectiva tanto el intercambio de información previa solicitud como el intercambio automático de información en consonancia con las normas internacionales y las respectivas necesidades de ambas partes».

MONEYVAL llama a los Estados a tomar medidas adecuadas para combatir el ‘dinero sucio’

25 septiembre, 2019

El órgano de control para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa, MONEYVAL, ha publicado su Informe Anual correspondiente a 2018 en el que, como titular, hace un llamamiento a los Estados miembros a que pongan en marcha medidas rápidas y adecuadas contra el ‘dinero sucio’ ante el incremento del riesgo de que se produzca este tipo de conducta delictiva.

Tras evaluar activamente a 24 de sus 34 Estados y jurisdicciones, el Informe que se ha conocido públicamente el 25 de septiembre afirma que el impacto de la delincuencia económica, los grupos delictivos organizados y el terrorismo «continuaron percibiéndose en Europa» durante el año pasado. De ahí, que la presidenta de MONEYVAL, la polaca Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, pida con urgencia que, dentro y fuera de Europa, se apliquen «medidas firmes» contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Entre sus recomendaciones, destaca también «aumentar la sensibilidad y eficacia de los fiscales y jueces en la represión del blanqueo de dinero, asociado a los delitos por financiación del terrorismo». Y aconseja «intensificar los esfuerzos para combatir las operaciones financieras ligadas a la esclavitud, el tráfico de personas y el trabajo forzado».

Otra de las prioridades para este órgano es hacer frente a las consecuencias negativas del denominado «de-risking« o eliminación del riesgo, un fenómeno por el que en los últimos años muchos bancos internacionales han roto sus relaciones comerciales con bancos extranjeros para evitar riesgos -en vez de gestionarlo- de posible blanqueo y financiación del terrorismo, lo que precisamente ha provocado un aumento de ese riesgo en algunos países.

El Informe incluye también referencias al escándalo del Danske Bank, el mayor banco de Dinamarca, y que «involucró supuestamente a instituciones financieras por una suma estimada de 200.000 millones de euros».

Moneyval realiza exámenes a 28 Estados del Consejo de Europa. También a Israel, la Santa Sede y los territorios británicos de ultramar de Jersey, Guernesey, Isla de Man y Gibraltar. Durante el año pasado hizo cuatro visitas de evaluación y cuatro de formación. Además, aprobó cuatro informes de su quinta ronda de evaluación, que examina las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Actividades por Estados/Territorios durante 2018

Fuente: MONEYVAL

 

Se prorroga hasta fin de año la inscripción de los abogados en el registro de prestadores de servicios a sociedades

5 septiembre, 2019

Una vez que el 4 de septiembre de 2018 entró en vigor el Real Decreto Ley que trasponía la Cuarta Directiva antiblanqueo, los abogados y otros profesionales que prestan servicios de asesoramiento a empresas quedaron obligados a darse de alta en el Registro Mercantil y rendir cuentas. Era la principal novedad que recogía la modificación de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010 referida al Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.

El plazo para cumplir con esta nueva obligación de declarar se estableció en un año con lo que la inscripción en el Registro debería haberse iniciado el 4 de septiembre de 2019. Además, el depósito de cuentas se fija dentro de los 3 primeros meses de cada año.

Sin embargo, llegado este día sin un formulario digital que se tramitara telemáticamente impidió la inscripción de estos profesionales y, en consecuencia, obligó a ampliar el plazo para hacerlo hasta el 31 de diciembre.

La Dirección General de los Registros y del Notariado dependiente del Ministerio de Justicia dictó una Instrucción con fecha 30 de agosto para regular esta prórroga publicada en el BOE del 4 de septiembre. Y es que la falta de inscripción y de depósito puede llevar aparejada una sanción de hasta 60.000 euros ya que tendrán la consideración de infracción leve.

Esta nueva obligación afecta tanto a personas físicas como jurídicas que de forma empresarial o profesional prestan servicios o asesoría a sociedades, ejercen funciones de dirección o de secretarios en consejos de administración, así como que sean socios de una asociación.

También vincula a aquellos profesionales que ejercen funciones de fiduciario en un trust o instrumentos jurídicos similares y de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea. Disponer que otra persona ejerza estos mismos cometidos obliga igualmente al registro.

¿Cómo es la inscripción?

Las personas físicas empresarios o personas jurídicas se inscribirán conforme a lo previsto en el Reglamento del Registro Mercantil. Y en el caso de personas físicas profesionales, la inscripción se hará de forma telemática a través del formulario preestablecido aprobado por el Ministerio de Justicia.

Cuando se produzca un cambio de administradores, así como cualquier modificación del contrato social, las personas jurídicas deberán acudir igualmente al Registro Mercantil para su inscripción.

La norma prevé asimismo que los sujetos obligados que ya estén inscritos tendrán un año de plazo para presentar en el registro una manifestación de estar sometidas a las normas establecidas en esta ley.

Además deberán presentar una manifestación de quienes sean sus titulares reales.

Depósito de cuentas anuales

Según la modificación, las personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios a sociedades estarán sujetas a la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, tal y como se recoge en los artículos 279 a 284 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El depósito se realizará dentro de los 3 primeros meses de cada año.

Se excluyen de esta obligación a los prestadores de servicios a sociedades que sean personas físicas profesionales.

Junto con el depósito de sus cuentas anuales, se incluirá un documento adicional en el que se describan los tipos de servicios prestados y el volumen facturado por ellos en el ejercicio actual y en el anterior, el número de operaciones realizadas, el ámbito territorial donde opera, si se presta este tipo de servicios a no residentes y concretar el ejercicio de que se trate, así como el titular real si existe modificación con respecto del que ya conste en el Registro.

La operación del mes: cae una ‘subcontrata’ de blanqueo para otras organizaciones criminales

14 agosto, 2019

Más de 70 millones de euros es la cantidad que habría blanqueado una organización criminal desarticulada por la Policía Nacional y la Guardia Civil en el marco de una investigación iniciada en 2017. La novedad reside en que actuaba a modo de ‘subcontrata’ para otros grupos criminales tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -centrados en el narcotráfico-.

La organización, asentada en las provincias de Madrid y Toledo, estaba constituida por blanqueadores profesionales dedicados en exclusiva a esta labor, y ofrecían sus servicios a cambio de importantes comisiones de entre el 10 % y 15 %. Los “clientes” eran organizaciones criminales con necesidad de introducir en el circuito legal el dinero que habían obtenido con sus actividades ilícitas -como en el caso de las organizaciones de tráfico de drogas colombianas- o bien, por la evasión de dinero con destino a sus países de origen por parte de organizaciones asiáticas.

Como mecanismo para el blanqueo, los investigados habían constituido un gran número de empresas con diversos objetos sociales como la exportación-importación, gestión inmobiliaria o compraventa de oro y otros metales preciosos como plata o platino. Estas sociedades estaban a nombre de testaferros que prestaban su identidad a cambio de dinero, disponiendo así de cuentas bancarias en diversas entidades con las que operar.

Los agentes han detenido a 28 personas, 22 de ellas en España y seis en Holanda, y se investiga a 19 sociedades mercantiles. Además, se han bloqueado más de 70 inmuebles y productos bancarios.

Blanqueo en tres fases. Más de 60 millones de euros a países asiáticos

En el caso de las organizaciones de origen asiático, que querían evadir el dinero fuera de España y eludir el pago de impuestos, el servicio que prestaban los detenidos pasaba por tres fases hasta que el dinero era colocado en China, Hong Kong y Taiwán principalmente.

En la primera fase los empresarios contactaban con la organización para entregarles el dinero en efectivo. Seguidamente, los blanqueadores acudían a diversos receptadores y pequeños delincuentes a los que adquirían joyas procedentes de robos en viviendas con el dinero a blanquear. Estas joyas eran fundidas en lingotes, y estos, vendidos a empresas de mayoristas del sector que abonaban el dinero mediante transferencias bancarias. Mediante este sistema de compra y fundido de oro, la organización desarticulada habría adquirido más de 2.000 kilos de oro en el mercado negro, procedente de robos con fuerza.

La segunda fase era la difuminación entre las sociedades con la ejecución de transferencias continuadas entre sus propias empresas, simulando operaciones comerciales mediante facturación falsa con el fin de ocultar el origen y dificultar la trazabilidad de los movimientos.

La última fase consistía en emitir transferencias internacionales, destinando el dinero que había circulado por varias empresas de la organización a una de las empresas que tenía como objeto social la importación y exportación. Con esta última simulaban operaciones comerciales de adquisición de mercancías con los países donde debía ser colocado el dinero. Cuando los servicios de prevención de blanqueo de los bancos emisores les requerían justificación de estos movimientos, aportaban contratos y facturas falsificadas ad hoc para esta justificación.

Préstamos privados y simulaciones comerciales

Otro de los procedimientos detectados para blanquear el dinero consistía en la concesión de préstamos, procedimiento utilizado principalmente con una organización de narcotraficantes de origen colombiano. La organización investigada simulaba operaciones de crédito-préstamos que eran formalizados en contratos privados entre empresas gestionadas por la organización de blanqueadores y las de narcotraficantes. Al ordenarse los recibos de devolución o cancelación anticipada, estos préstamos nunca eran devueltos.

Los agentes también detectaron la simulación de operaciones comerciales. Los blanqueadores, tras recibir el dinero y hacerlo circular entre sus empresas lo transferían a las sociedades de los «clientes», justificándolo, falsamente, como el pago de servicios o adquisición de bienes. La mercantil “cliente” adquiría seguidamente bienes inmuebles.

La investigación reveló, asimismo que la organización desarticulada contactaba con personas de origen colombiano residentes principalmente en Holanda, de las que recibía grandes cantidades de dinero en efectivo. Más de dos millones de euros de este grupo fueron blanqueados para, posteriormente, ser invertidos en el mercado inmobiliario de Madrid y Toledo.

‘Mauritius Leaks’, el nuevo escándalo fiscal del verano

5 agosto, 2019

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha desvelado un nuevo escándalo fiscal que se suma a una dilatada lista encabezada por los ‘Panama Papers’ en 2016. La investigación del ‘Mauritius Leaks’ está basada en 200.000 registros confidenciales filtrados de la oficina en la República de Mauricio de la firma legal Conyers Dill & Pearman con sede en Bermudas y revela cómo esta antigua colonia francesa se ha transformado en un próspero centro financiero off-shore, a costa de sus vecinos africanos y otros países como India.

Mauricio, una isla en el Índico que no llega a los 2.000 kilómetros, se ha convertido en un paraíso fiscal que alcanza un vasta área geográfica y una gran diversidad de sectores empresariales, desde programas de ayuda humanitaria hasta servicios de planificación de viajes online.

A través del diseño de un “sofisticado sistema financiero”, se desviaron ingresos fiscales de las naciones pobres a las arcas de corporaciones occidentales y oligarcas africanos. Los archivos datan de principios de los años 1990 al 2017.

Según los datos del ICIJ, para desviar estos ingresos se aprovecharon “los oscuros acuerdos internacionales» que permiten a las multinacionales pagar impuestos en Mauricio y no en las naciones africanas donde los obtuvieron. Además, ha creado mecanismos para ofrecer a las grandes empresas una tasa del 3 por ciento sobre los ingresos que podrían asignar a sus filiales mauricianas que supuestamente prestan servicios a entidades relacionadas en África, con las que ha negociado tratados fiscales.

Sus tratados fiscales con países africanos garantizan que las inversiones realizadas en estos territorios (beneficios/ganancias de capital de las inversiones) puedan canalizarse a través de Mauricio a países ricos con pocos o ningún impuesto pagado.

Esta jurisdicción tiene otra ventaja añadida y es su opacidad, ya que las transacciones están ocultas en informes financieros confidenciales.

5 empresas que usaron Mauricio

  1. Golden Agri-Resources Limited es una de las mayores productoras de aceite de palma del mundo. Cotiza en la Bolsa de Singapur pero está incorporada en Mauricio. Según los datos de la investigación, se usó entre 2013 y 2017 para garantizar al menos 2.276 mil millones de dólares en préstamos a filiales en Indonesia, Hong Kong y Singapur, e invertir en empresas en Liberia y Alemania
  2. Trident Enterprises Limited. La empresa ‘DAC Aviation International’, con sede en Canadá, alquila vuelos humanitarios para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y las misiones de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea. Financió la compra de dos aviones a través de la compañía de Mauricio ‘Trident Enterprises Ltd’. Dos de esos aviones fueron vendidos a MG Kenya Leasing Limited y en régimen de lease back (venta con arrendamiento financiero posterior) llegaron hasta la compañía de Mauricio, que luego los alquiló a ‘Dac Aviation (EA) Limited’, una compañía de Kenia y subsidiaria de DAC Aviation International.
  3. Holdings Mauritius Limited y SSM Investments Mauritius Limited. En 2010, Craig Cogut, fundador y CEO de la firma de inversión con sede en Connecticut, ‘Pegasus Capital Advisors’, pidió a los abogados Conyers Dill & Pearman antecedentes sobre las empresas mauricias ‘SSM Holdings Mauritius Limited’ y ‘SSM Investments Mauritius Limited’. Cogut quería invertir en ‘Six Senses’, una cadena de hoteles y spas de lujo con sede en Bangkok que estaba utilizando varias empresas en Mauricio para estructurar sus múltiples inversiones. Sería el principio de una gran amistad.
  4. MakeMyTrip Limited. Conocida como «la compañía de viajes online más grande de la India» y con su oficina corporativa ubicada cerca de Nueva Delhi, ‘MakeMyTrip’, tiene su sede en Mauricio. Tiene varias filiales también en EE.UU, Singapur o Malasia. En 2010, la compañía enumeró sus acciones en la NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, la segunda bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de EE.UU) con el nombre en código ‘Proyecto Karma’. Una vez asesorados por el bufete Conyers Dill & Pearman sobre la legislación en Mauricio, la empresa en este territorio obtuvo un certificado de residencia fiscal, que le permitía beneficiarse de un tratado de doble imposición con la India.
  5. Persianas Limited. Esta compañía mauriciana se utilizó en relación con «una estructura de inversión que involucra activos de ‘Persianas Group’ en Nigeria», según se recoge en documentos de Conyers Dill & Pearman. Es un grupo empresarial nigeriano de desarrollo y gestión de bienes raíces que posee varios centros comerciales en Lagos y otras ciudades bajo la denominación ‘The Palms’. En 2012, ‘Snap Blu Ltd.’, otra compañía registrada en Mauricio propiedad del empresario nigeriano Adetayo Amusan, transfirió sus acciones en Persianas a la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo de finanzas privadas del Banco Mundial. Una de las firmas de abogados que facilitaron el acuerdo fue Udo Udoma & Belo-Osagie, que en ese momento estaba dirigida por el ministro nigeriano de planificación y gestión del presupuesto, Udoma Udo Udoma.

¿Fracaso de la OCDE?

Con este nuevo caso de evasión fiscal, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por su sigla en inglés) ha puesto en tela de juicio las medias desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para luchar contra la evasión fiscal y califica de «anticuado e injusto» el actual sistema tributario internacional.

Desde 2013, la OCDE lleva planteando una serie de reformas que pasan por el intercambio automático de información entre autoridades fiscales o la exigencia de que las multinacionales presenten informes país por país sobre el lugar en el que operan. Sin embargo, según datos de la ICRICT, el 40% de los beneficios obtenidos en el extranjero por las multinacionales de todo el mundo se transfieren, artificialmente, a paraísos fiscales.

En el caso de Mauricio, la Comisión destaca que de entrada esta jurisdicción “dice aceptar las reglas del juego” establecidas por la OCDE para no ser denunciada como poco cooperativa pero puede operar en zonas grises debido a que las normas en vigor «permiten las manipulaciones técnicas».

Sus prácticas fiscales nocivas ya fueron objeto de análisis por la OCDE y también la UE la evaluó como territorio offshore. En la actualidad, integra la lista gris de paraísos fiscales, es decir, Estados que se comprometen a modificar su legislación tributaria. Hizo los ajustes necesarios en su régimen fiscal para cumplir con los requisitos y ser considerada como una jurisdicción que cumple con las normas.

“Como país en desarrollo, Mauricio también puede decir que sólo está imitando a países de la OCDE como Irlanda, Luxemburgo, Suiza e incluso el Reino Unido, que diseñaron el juego y sus reglas, y que no son denunciados por la OCDE ni por la Unión Europea”, afirma la ICRICT. En su opinión, “los intentos de la OCDE de poner fin a esta situación han fracasado hasta ahora en gran medida. La jurisdicción de Mauricio ha sido un actor clave en el mundo de la evasión fiscal internacional, explotando las mismas debilidades del sistema que estos países”.