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Nueva revisión de la lista de paraísos fiscales de la UE donde quedan fuera Barbados, Bermudas y Aruba

21 mayo, 2019

El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (ECOFIN) ha vuelto a actualizar la lista de paraísos fiscales que Bruselas consiguió cerrar en diciembre de 2017 tras dos años de negociación con un mapa que, inicialmente, se componía de 17 jurisdicciones no cooperativas y 47 en la ‘lista gris’ propuesta por España donde se sitúan los Estados con compromiso de ‘enmendar’ su legislación tributaria.

En esta ocasión ha decidido retirar a Barbados, Bermudas y Aruba con lo que quedan doce entradas en la lista: Samoa Americana, Belice, Dominica, Fiyi, Guam, Islas Marshall, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vanuatu.

Con esta decisión, Barbados y Bermudas se trasladarán de la ‘lista negra’ a la ‘lista gris’, mientras que Aruba se retirará totalmente de ambas.

Según explica el Consejo, Barbados, con un régimen fiscal  que facilita la existencia de estructuras extraterritoriales que atraen beneficios sin una actividad económica real, «ha contraído compromisos de alto nivel político para atender a las preocupaciones de la UE en relación con la sustitución de sus regímenes preferenciales perjudiciales por una medida de efecto similar».

Aruba y Bermudas, por su parte, ya habrían cumplido sus compromisos. Además, Bermudas mantiene su compromiso de «abordar las preocupaciones de la UE en el ámbito de los fondos de inversión colectiva».

Teniendo en cuenta que el trabajo que se desarrolla con esta relación de paraísos fiscales es un proceso dinámico, el Consejo ha manifestado que hará nuevas actualizaciones en lo que queda de año, aunque ha solicitado un proceso más estable a partir de 2020 con dos revisiones al año.

Fue en marzo de 2019 cuando se llevó a cabo la primera revisión de calado en lo que supuso «un examen exhaustivo de la aplicación de los compromisos contraídos por los terceros países o territorios que forman parte del proceso».

Y es que esta lista es para Bruselas otro instrumento con el que prevenir la elusión fiscal y promover la transparencia fiscal, la equidad tributaria o las normas internacionales contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

La operación del mes: ‘Kampuzo’ con intervención por primera vez en Europa de dos cajeros de bitcoin

8 mayo, 2019

Tras varios meses de investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante diferentes métodos, entre los que destaca la compra-venta de criptomoneda y el uso de cajeros automáticos de moneda virtual, en una operación denominada ‘KAMPUZO’ que ha culminado con la detención de 8 personas. Lo novedoso es la intervención física, por primera vez en Europa, de dos cajeros automáticos de criptomoneda.

Los cajeros estaban ubicados en una empresa situada en Madrid, «constituida con la única finalidad de dar cobertura legal a la actividad ilícita», según señala el Instituto Armado a través de un comunicado, bajo la apariencia de una actividad de compra-venta de material informático, así como punto de recepción de dinero, propio de las empresas recaudadoras de efectivo.

Hay otras 8 personas investigadas, además de 9 sociedades.

Se les acusa de blanqueo de capitales procedentes principalmente del narcotráfico y pertenencia a organización criminal.

Dentro de la actividad con criptomoneda se han intervenido 4 «billeteras frías», o lo que es lo mismo, dispositivos que almacenan parte de la cartera de moneda virtual de un usuario de manera segura, y más de 20 wallet o monederos en los que se ha conseguido identificar el movimiento de más de 9 millones de euros. También se han intervenido 11 vehículos  y 16.800 euros en metálico ocultos en un doble fondo de apertura magnética practicada en un mueble.

Distintos métodos de blanqueo detectados

Esta organización criminal, además de recurrir a la compra venta de bitcoins para blanquear, recogían dinero en efectivo por parte de los denominados Cash-Carriers o Courriers. Ese dinero se «bancarizaba» al ingresarlo en cuentas controladas por la organización. Para dificultar su trazabilidad y control, movían los fondos entre esas cuentas.

También transferían grandes cantidades de dinero a cuentas bancarias de sociedades de la propia organización, procedentes de terceras empresas controladas por otros grupos criminales y su posterior salida inmediata al extranjero, principalmente a Exchanges. De ello se extrae que estarían transformando esos fondos en criptomoneda a través de wallets controlados por el grupo criminal, dificultando su trazabilidad y justificando tales operaciones financieras como “intermediación comercial para la compra de criptomoneda” mediante un negocio real.

No faltaban los testaferros para la apertura y control de sociedades en España. De esta forma conseguían el movimiento de fondos a través de estos negocios y el posible blanqueo de los beneficios obtenidos por su actividad delictiva, así como la ocultación patrimonial, para lo que también empleaban documentación de diferentes personas, suplantándoles la identidad. De hecho, en alguno de los registros practicados, han aparecido DNI de diferentes personas ajenas a esta investigación, tanto sustraídos como falsificados.

Esta investigación da continuidad a la operación ‘Guatuzo’, llevada a cabo por la Guardia Civil el pasado verano, en la que fueron detenidas 23 personas por los mismos delitos, pertenecientes a una organización criminal asentada y con actividad delictiva en España y Colombia, gracias a los lazos familiares existentes entre los investigados.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO, junto con la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Zaragoza, en coordinación con el juzgado de instrucción número 2 de Zaragoza del que es titular la magistrada María Soledad Alejandre.

Nueva resolución de la ONU para combatir la financiación del terrorismo

29 abril, 2019

El 28 de marzo de 2019, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Resolución 2462 en la que se pone de manifiesto la necesidad de combatir la financiación del terrorismo también desde el ámbito penal y con unas unidades de inteligencia financieras potentes y autónomas, al tiempo que reafirma el papel que cumple el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). De hecho, insta «encarecidamente» a todos los Estados a que pongan en práctica las cuarenta recomendaciones revisadas de este organismo.

La ONU ve «con grave preocupación» que los terroristas recaudan fondos por medios tan diversos como el uso indebido de empresas comerciales legítimas, ONG, donaciones y financiación colectiva, así como a través de la explotación de los recursos naturales y el producto de actividades delictivas como el secuestro para obtener rescate, la extorsión, el comercio y tráfico ilícitos de bienes culturales, armas, la trata de personas y el tráfico de drogas.

Además advierte de que los terroristas trasladan y transfieren fondos, incluso a través de las instituciones financieras, usando sociedades pantalla y transportistas de fondos, y aprovechando métodos de pago emergentes, como las tarjetas de prepago, los sistemas de pago por telefonía móvil o los activos virtuales. Sin olvidar que pueden utilizar la delincuencia organizada transnacional en su beneficio como fuente de financiación o de apoyo logístico.

También insta a que a la hora de determinar qué sectores económicos son más vulnerables a la financiación del terrorismo en cada país, se incluya a los servicios no financieros como, por ejemplo, los sectores de la construcción, los productos básicos y los productos farmacéuticos.

Delito grave y sanciones efectivas

El texto de la Resolución, en su primer punto ejecutivo «decide» que todos los Estados tipifiquen como delitos graves, suficientes para que se pueda enjuiciar y sancionar de forma proporcional, efectiva y disuasoria, la provisión o recaudación intencionales, de manera directa o indirecta, de fondos, activos financieros o recursos económicos u otros servicios conexos con la intención de que dichos fondos se utilicen, o con conocimiento de que serán utilizados, en beneficio de terroristas u organizaciones terroristas con cualquier fin, incluidos el reclutamiento, el adiestramiento o los viajes, aun cuando no haya un vínculo específico con un acto terrorista.

Asimismo, recalca que hay que buscar la manera de «superar las dificultades» para obtener pruebas que garanticen sentencias condenatorias por este tipo de delitos y destaca la necesidad de que se apliquen «con eficacia» los mecanismos de congelación de activos y que, incluso, se considere la posibilidad de poner a disposición del público las listas nacionales o regionales de estas sanciones.

Reforzar las UIF

La Resolución se refiere igualmente a la importancia de que se establezcan unidades de inteligencia financiera (UIF) que funcionen de manera independiente y autónoma, y a que se refuerce el acceso a ellas y su capacidad para analizar la información, de forma que elaboren indicadores específicos de riesgo en colaboración con las autoridades competentes y cooperando de forma estratégica con el sector privado, incluidas las instituciones financieras, la industria de la tecnología financiera y las empresas de Internet y las redes sociales en la evolución de las tendencias, las fuentes y los métodos de la financiación del terrorismo.

E insta a que los países establezcan un marco que permita a las UIF, los servicios de inteligencia, las fiscalías y las autoridades judiciales, reunir e intercambiar información sobre la financiación del terrorismo, así como a nivel operacional y de inteligencia financiera en relación con las acciones y las pautas de desplazamiento de los terroristas, incluidos los combatientes terroristas extranjeros, entre ellos los que regresan y se trasladan.

Para ello ofrece una serie de recomendaciones como utilizar la inteligencia financiera suministrada por las UIF, así como la información financiera pertinente obtenida del sector privado; que exista una mayor coordinación interinstitucional; usar la inteligencia financiera y las huellas financieras como instrumentos para detectar redes de terroristas y sus financiadores; y establecer un mecanismo para obtener información incluso sobre cuentas bancarias para facilitar la detección de activos de los terroristas.

Rastreo de las operaciones financieras

Para aumentar la rastreabilidad y transparencia de las transacciones financieras, la ONU aboga por el uso pleno de las nuevas tecnologías financieras y tecnologías regulatorias que vayan surgiendo «para promover la inclusión financiera y contribuir a la aplicación efectiva» de las medidas antiblanqueo.

Otros medios que apunta para conseguir este fin son:

  • Velar por que las instituciones financieras, incluso dentro del mismo grupo financiero, y las actividades y profesiones no financieras designadas puedan intercambiar información y proporcionar a las autoridades nacionales información detallada sobre las tramas criminales
  • Evaluar los riesgos asociados con el uso de efectivo y de títulos negociables al portador, incluido el transporte ilícito de efectivo a través de las fronteras, y de otros productos financieros, como las tarjetas de valor almacenado y de prepago y los proveedores de sistemas informales de transferencia de fondos (incluidos los sistemas hawala)
  • Evaluar también los posibles riesgos asociados con los activos virtuales y los que plantean los nuevos instrumentos financieros, incluidas las plataformas de financiación colectiva

El papel de las ONG

Finalmente, la ONU reconoce «el papel fundamental» que desempeñan las ONG en las economías y los sistemas sociales nacionales y exhorta a los Estados a que realicen periódicamente evaluaciones del riesgo de su sector sin fines de lucro o actualicen las evaluaciones existentes para determinar qué organizaciones son vulnerables a la financiación del terrorismo y utilizar esa información como base para la aplicación de un enfoque basado en los riesgos.

Y es que hay que recordar que estas organizaciones se han usado incluso como pantalla por los terroristas o en su nombre.

Ahora bien, la Resolución tiene en cuenta que cuando se formulen y apliquen medidas de lucha contra la financiación del terrorismo, se tenga en cuenta los efectos que pueden tener en las actividades de carácter exclusivamente humanitario, incluidas las actividades médicas, que realicen agentes humanitarios imparciales.

España fue uno de los países de la UE que más visas doradas concedió entre 2013 y 2018

9 abril, 2019

Desde 2013 hasta abril de 2018, España aprobó 24.755 residencias a inversionistas y sus familiares. Con la concesión de estas denominadas ‘visas doradas’, es decir, residencias y ciudadanías que se otorgan a los extranjeros a cambio de inversiones sustanciales en el país, España ha ganado 976 millones de euros anuales. Son datos que se recogen en el informe European getaway: inside the murky world of golden visas, elaborado por Transparency International y Global Witness.

La mayoría de los Estados miembros han adoptado regímenes de ciudadanía por inversión (CPI) y de residencia por inversión (RPI). Y, a pesar de que hay poca transparencia en las cifras, según señala la propia UE, en los últimos 10 años los 28 habrían concedido más de 6.000 ciudadanías y 100.000 residencias a través de estos programas.

Nuestro país es uno de los países que más visas doradas ha otorgado —específicamente residencias—, junto a Hungría, Letonia, Portugal y Reino Unido. Y lo ha hecho en su mayoría a personas que provienen de China (7.118), Rusia (4.715), Estados Unidos (4.327), India (3.233) y Venezuela (3.116).

Riesgos de corrupción

Sin embargo, de lo que alertan las organizaciones en su informe es de que estos programas migratorios para inversionistas encierran «serios riesgos de corrupción» fundamentalmente por una insuficiente diligencia debida, porque existen conflictos de interés y un amplio margen de discrecionalidad por parte de los Estados.

En su opinión, el problema de estas visas es que «se convierten en un atractivo para los corruptos ya que a través de ellas, pueden permitirse estilos de vida lujosos, evitar las sospechas de los bancos —gracias a la seguridad que ofrecen los pasaportes europeos—, y escapar más fácilmente de la justicia en sus países de origen». Además, se quejan de que en el caso específico de España, el otorgamiento de este tipo de visados lleva aparejado unos plazos simplificados de tramitación, lo que supone «una diferencia inaceptable para las personas sin medios que se ven abocadas a acudir a la tramitación regular».

El informe indica que las visas doradas comparten tres características asociadas a altos riesgos de corrupción. La primera es el perfil de los solicitantes y la suma de dinero que se necesita para pedirlas. En Chipre, por ejemplo, se requieren hasta 2 millones de euros para obtener la ciudadanía de inversionista; en España, la cifra para conseguir una residencia va de 500.000 a 2 millones de euros.

La segunda característica que citan es la falta de integridad operativa en la gobernanza de estos programas. Y la tercera, la ausencia de estándares y prácticas en toda la UE.

Medidas propuestas

Para contrarrestarlo, Transparency International y Global Witness proponen precisamente establecer unos estándares para los programas que incluyan diligencia debida y transparencia; que se identifiquen y evalúen los riesgos de estos programas para toda la UE, y se hagan las correcciones necesarias; trabajar en la ampliación de la normativa antiblanqueo para que puedan aplicarse a todos los involucrados en la industria de las visas doradas; establecer mecanismos para reunir y coordinar la información sobre las solicitudes, las inversiones y las denegaciones; e iniciar procedimientos legales contra los Estados Miembros cuyos programas puedan menoscabar la seguridad colectiva del resto de países de la UE.

La UE recomienda su eliminación progresiva

Con el fin de estrechar el cerco a la criminalidad financiera, la comisión especial sobre delitos financieros, evasión y fraude fiscal de la UE (TAX3) emitió una serie de recomendaciones aprobadas por la Eurocámara el 26 de marzo de 2019 donde se incluye la intención de eliminar progresivamente estos programas porque, en su opinión, los beneficios económicos potenciales de estos regímenes “no compensan los graves riesgos” de seguridad, blanqueo de capitales y evasión fiscal que suponen. Y mira especialmente a Malta y Chipre, dadas “las escasas exigencias a los solicitantes”.

Hasta que la medida desaparezca, la TAX3 solicita que los Estados miembros exijan la presencia física en el país como condición para beneficiarse de los regímenes y garantizar “adecuadamente” que se aplican las medidas reforzadas de diligencia debida a los solicitantes.

Y es que señalan que las inversiones realizadas en el marco de estos programas “no fomentan necesariamente la economía real del Estado miembro” que concede la ciudadanía o residencia y que “a menudo no exigen que los solicitantes pasen tiempo en el territorio en el que se realiza la inversión y que, incluso cuando existe formalmente este requisito, normalmente no se comprueba su cumplimiento”.

Entienden que la obligación de considerar a los solicitantes de CPI y RPI como de alto riesgo durante su proceso de diligencia debida, no exime a los Estados miembros de su responsabilidad de establecer y llevar a cabo por sí mismos una diligencia debida reforzada. Y lamentan el hecho de que la opacidad que rodea al origen del dinero conectado con los regímenes de CPI y RPI ha aumentado “considerablemente” los riesgos políticos, económicos y de seguridad para los países europeos.

La operación del mes: la ‘Lavandería Troika’

18 marzo, 2019

Hasta 4,6 mil millones de dólares procedentes de Rusia se habrían movido y blanqueado para el crimen organizado y una serie de políticos corruptos a través de la denominada ‘Lavandería Troika’, un caso que ha visto la luz como consecuencia de la investigación periodística internacional del Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en la que han participado 21 medios de comunicación, entre ellos el español ‘El Periódico’.

La investigación sobre esta red se ha realizado a partir de la obtención de un archivo con un 1,3 millones de transferencias y explica cómo Troika Dialog, el primer banco de inversión en Rusia, orquestó, entre 2006 y 2012, un esquema que incluía tres empresas registradas en las Islas Vírgenes y Panamá que, a su vez, interpusieron en torno a 75 compañías offshore que operaban de forma habitual con el Deutsche Bank o con la entidad lituana ŪKIO Bankas para introducir el dinero en el sistema financiero europeo.

Y a pesar de que gran parte de las transferencias que aparecen en el archivo que obra en poder de OCCRP se realizaron desde ŪKIO Bankas, el Banco de Lituania, que debería haber ejercido una labor de supervisión, no identificó este entramado.

Algunas de esas cuentas se abrieron a nombre de personas físicas, incluyendo trabajadores temporales con pocos recursos económicos.

Como ejemplo de la operativa, destaca el caso concreto de la anciana de 80 años, identificada como Anna Kurepina, familiar de Vladímir Artyakov, exgobernador de la región de Samara y actual vicepresidente de Rostec, la empresa pública rusa de tecnología y armamento. Según revela ‘El Periódico’, entre el 2008 y el 2009, Kuperina recibió en concepto de préstamos un total de 13.120.000 euros de la empresas Delco Network SA (12.720.000 euros) y de Dino Capital SA (400.000 euros). Todo el dinero llegó en 27 transferencias a la cuenta que la mujer tenía en Caixa Girona.

Con ese dinero, compró unas propiedades de lujo en la Costa Brava que, posteriormente vendió al hijo de Artyakov en una transacción que se realizó en Rusia por importe de 10 millones de euros.

Transparencia International defiende la necesidad de contar con una autoridad supervisora en la Unión Europea que tenga capacidades de investigación y sanción, y considera indispensables medidas como la mejora de la capacidad técnica, en el ámbito nacional y europeo, para identificar los flujos de fondos ilícitos; ampliar la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades nacionales de Europa y otros continentes; eliminar la posibilidad de registrar empresas anónimas; y acabar con paraísos fiscales como los territorios británicos de ultramar.