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El GRECO avisa a España de que hay que aplicar las leyes anticorrupción

14 noviembre, 2019

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ha hecho público el Informe de su 5ª ronda de evaluación a España sobre la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en el gobierno y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El resumen de sus 19 recomendaciones es que hay que aplicar las leyes anticorrupción.

Este organismo dependiente del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo pide a España que desarrolle una estrategia global contra la corrupción y mejore su marco jurídico para prevenir la corrupción entre el personal con altas funciones ejecutivas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

El informe, que se presentó en el plenario de junio de 2019 junto con otro sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas a España en cuanto a la prevención de la corrupción con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales reconoce los progresos de nuestro país. Así, se refiere a que se han realizado «esfuerzos positivos» en los últimos años para adoptar y modificar las leyes y reglamentos anticorrupción.

Sin embargo, GRECO pide nuevos progresos ya que considera que existe un punto débil en la supervisión y la rendición de cuentas. «Actualmente existe una gran brecha entre la legislación y su aplicación en la práctica», señala.

En 2013, nuestro país puso en marcha una serie de reformas estructurales para promover la integridad en la vida pública en el marco del denominado ‘Plan de regeneración democrática’. Un año más tarde se inició en el Parlamento la tramitación de una proposición de Ley Integral contra la Corrupción y la Protección de Denunciantes aún pendiente, que prevé, entre otras cosas, la creación de una Autoridad Anticorrupción, así como disposiciones más estrictas en materia de transparencia financiera, ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese, actividades de los grupos de interés y sanciones.

Los altos cargos

El Informe recoge que la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado constituye «un esfuerzo notable» para modernizar la política de prevención de la corrupción para los altos cargos, recordando que sus disposiciones regulan la transparencia, la integridad y la prevención de conflictos de intereses, así como la responsabilidad en el cargo.

No obstante, según el órgano europeo, «queda trabajo por hacer en el control de su aplicación práctica, en particular en lo que se refiere a su régimen de asesoramiento, supervisión y ejecución».

Y recomienda realizar «mejoras decididas» en la transparencia y la prevención de conflictos de intereses para funcionarios de alto rango, incluidos asesores políticos, una categoría que actualmente «cae en una zona gris». También establece que la independencia, las competencias y los recursos de la Oficina de Conflictos de Interés y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deben mejorar significativamente.

Además, pide normas y procedimientos «más estrictos» para hacer frente a los riesgos de las denominadas ‘puertas giratorias’ cuando los funcionarios gubernamentales dejan sus funciones para trabajar en el sector privado. Asimismo, se debe revisar el aforamiento.

Protección al denunciante

El GRECO lamenta que en España aún no se haya adoptado «un marco holístico y efectivo» para la protección de los denunciantes. Y manifiesta que esta «delicada cuestión» también es crucial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por ejemplo en cuanto a los mecanismos de protección de la identidad física de los denunciantes que, según el Informe, deberían intensificarse sustancialmente para garantizar que se dé prioridad y se refuerce su confianza.

Finalmente, el organismo confía en que las 19 recomendaciones incluidas en su informe ayuden al gobierno español en su agenda anticorrupción. La aplicación de estas recomendaciones será evaluada en 2021.

Parlamento, jueces y fiscales

Por lo que respecta al Informe de cumplimiento en el que evalúan los progresos realizados en la aplicación de las 11 recomendaciones relativas a parlamentarios, jueces y fiscales emitidas en su informe de evaluación de 2013, GRECO concluye que, teniendo en cuenta los progresos logrados, el nivel de cumplimiento de España ya no es «globalmente insatisfactorio» y, por lo tanto, ya no está sujeto a su procedimiento de incumplimiento.

Así, del total de recomendaciones, nuestro país ha aplicado plenamente dos: la creación de un código de conducta de los jueces de fácil acceso para los ciudadanos, así como la extensión de la caducidad de los procedimientos disciplinarios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han pasado de 6 meses a un año.

Hay otras 8 medidas cumplidas parcialmente como las novedades destinadas a infundir una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial; o, a nivel parlamentario, la necesidad de que se adopte un código de conducta para diputados y senadores. El GRECO espera, además, que se modifique el sistema de nombramientos de vocales del CGPJ y de la cúpula del poder judicial.

 

¿Cómo es el blanqueo en el cine? The Laundromat: Dinero sucio

5 noviembre, 2019

La particularidad de la película ‘The Laundromat’ (La Lavandería) que ha estrenado la plataforma Netflix es que la trama no es una historia de ficción donde se incorporen prácticas delictivas del mundo real, sino que está basada nada menos que en el caso de los ‘Papeles de Panamá’ destapado en 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en el que se filtraron más de 11 millones de documentos del despacho panameño de abogados ‘Mossack y Fonseca’.

Los ‘Papeles de Panamá’ evidenciaron cómo los grandes patrimonios esconden su dinero en jurisdicciones de baja tributación -como se refiere la UE a los paraísos fiscales- ayudados por expertos en ingeniería fiscal.

Y aunque esta adaptación cinematográfica no ha sido bendecida por la crítica, lo cierto es que sí ha provocado una demanda judicial por supuesta difamación de los fundadores del despacho, Jürgen Mossack (interpretado por Gary Oldman ) y Ramón Fonseca (al que da vida Antonio Banderas) que quisieron paralizar el estreno.

En su escrito al tribunal denuncian que la cinta les presenta como «abogados despiadados e indiferentes, que están involucrados en el lavado de dinero, evasión de impuestos, sobornos y/u otras conductas criminales» y señalan también que supone «invasión de la privacidad», «publicidad falsa» y «violación de marcas».

Basada en el libro ‘Secrecy World’

‘The Laundromat’, una comedia negra dirigida por el estadounidense Steven Soderberg, el mismo que realizó la saga Ocean’s, está basada en el libro merecedor del premio Pulitzer ‘Secrecy World’, del periodista de investigación Jake Bernstein, en el que se describe cómo en paralelo al sistema financiero establecido fluye otro circuito donde se oculta el dinero y la identidad de las personas que se benefician de actividades delictivas, asesorados por «banqueros, abogados y auditores que pagan por mirar para otro lado».

Y para acercar esta historia tan compleja al espectador de una forma más humana y satírica, Soderbergh utiliza como recurso el personaje de la viuda Ellen Martin (Maryl Streep) que, a partir de un crucero vacacional en el que su marido pierde la vida en un accidente, se convierte en una supuesta víctima del entramado de sociedades pantalla en paraísos fiscales diseñado por el bufete de abogados.

Esta viuda no cejará en el empeño por descubrir quién está detrás de una póliza de seguros falsa que le impide cobrar la indemnización por la muerte de su marido. El final de la madeja, lo que ya conocemos: el mayor de los escándalos de ocultación de dinero de nuestros días orquestado desde ‘Mossack y Fonseca’.

La película finaliza con un alegato de Streep ya sin caracterización contra la elusión fiscal y la necesidad de que la comunidad internacional se comprometa a tomar medidas concretas para evitar que «el dinero se vaya en yates».

Suiza libra la lista gris de paraísos fiscales de la UE y Emiratos Árabes sale de la lista negra

11 octubre, 2019

Desde el 10 de octubre de 2019, la lista de países y territorios no cooperadores como se refiere Bruselas a los paraísos fiscales queda compuesta por nueve jurisdicciones después de que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) haya retirado de ella a los Emiratos Árabes Unidos y a las Islas Marshall.

También ha concluido que Suiza, Albania, Costa Rica, Mauricio y Serbia dejan de ser paraísos fiscales. En este caso, libran la lista gris, una especie de limbo del que se sale cumpliendo los compromisos fijados por la UE en anteriores evaluaciones en materia de cooperación fiscal. Todos ellos, como indica el ECOFIN, han aplicado, antes del plazo establecido, todas las reformas necesarias para cumplir los principios de buena gobernanza fiscal de la UE.

Así, el mapa de territorios offshore reconocido por los 28 se queda con Belice, Fiji, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Omán, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

Mejoras en la política fiscal

Tanto los Emiratos Árabes Unidos como las Islas Marshall han aprobado las reformas necesarias para aplicar los compromisos que habían asumido a fin de mejorar, antes de que finalizara 2018, su marco de política fiscal mediante la introducción de requisitos de contenido económico.

En consecuencia, los emiratíes ya cumplen todos los compromisos en materia de cooperación fiscal y se retiran de la lista negra sin pasar al limbo de la gris.

Las Islas Marshall, por su parte, sí pasan a la lista gris, ya que los compromisos del país en relación con el intercambio de información previa solicitud siguen siendo objeto de seguimiento por el Grupo «Código de Conducta» del Consejo, a la espera de los resultados de la revisión del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE.

Criterios de transparencia fiscal

Además, los ministros europeos han examinado la situación de los países y territorios que no están en ninguna de las listas tras desaparecer el 30 de junio de 2019 una excepción que se les había concedido para cumplir con los criterios de transparencia fiscal. La excepción «dos de cada tres» establecía que los países que incumplieran únicamente uno de los tres subcriterios de transparencia fiscal no figurarían en la lista negra.

El ECOFIN ha llegado a la conclusión de que todos los países y territorios afectados cumplían los tres criterios de transparencia fiscal de la UE.

En particular, en lo referente a la situación de Estados Unidos, el Consejo ha convenido en que «su red de acuerdos de intercambio de información es lo suficientemente amplia para abarcar a todos los Estados miembros de la UE, permitiendo de forma efectiva tanto el intercambio de información previa solicitud como el intercambio automático de información en consonancia con las normas internacionales y las respectivas necesidades de ambas partes».

La operación del mes: estafa de la EMT de València. ¿Había cultura de cumplimiento?

9 octubre, 2019

Los hechos sufridos por la Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) son el contraejemplo de un caso de éxito. Todo funcionó como no hubiera tenido que funcionar con independencia de que los delincuentes tuvieran mayor o menor destreza a la hora de poner en marcha una estafa que ha costado a la empresa 4,4 millones de euros.

Desde 2015, con la introducción del artículo 31 bis en el Código Penal, las empresas han pasado a tener responsabilidad penal y la atenuación de la pena por conductas delictivas solo es posible con un modelo de prevención de delitos que incluya vigilancia, en mayúsculas, y una cultura de cumplimiento. Y es que los programas de compliance están para que una empresa desarrolle su actividad y sus negocios dentro de la legalidad y la normativa vigente.

En el caso de la EMT, la cuestión está en determinar si sus responsables hicieron los deberes para que las operaciones financieras de esta entidad se han hecho como tocan, según la normativa vigente y con la diligencia debida.

La estafa

El 24 de septiembre, la Policía Nacional recibía una denuncia por parte de la empresa tras detectar un agujero de más de 4 millones de euros como consecuencia de haber realizado ocho transferencias a una cuenta de Bank of China con sede en Hong Kong  desde una de sus cuentas bancarias.

El 27 de septiembre, se despedía a la jefa de Administración por su implicación con estas transferencias de dinero y «haber incumplido su deber de custodiar información sensible», como señaló el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi.

Esta empleada habría sido víctima de una estafa que la llevó a participar del fraude que se inició con la recepción de un correo electrónico falsificado. El autor del mail era, supuestamente, el presidente de la empresa y el propósito, realizar una operación económica con una empresa china.

Lo siguiente fueron contactos telefónicos con un supuesto intermediario que le solicitó documentación para llevar a cabo la operación. Entre esa documentación estaban las firmas y los DNI escaneados del gerente y la responsable de Gestión de la empresa, apoderados de la cuenta bancaria. Los estafadores colocaron esas firmas en un correo electrónico que enviaron a la empleada autorizando las órdenes de pago y que ella envió al banco.

Tal y como señala Grezzi, «en ningún momento la extrabajadora puso en conocimiento de ningún superior todos estos hechos».

La EMT se puso en contacto con la entidad bancaria para pedirle el bloqueo de las transferencias y presentó una denuncia de forma telemática ante la Policía de Hong Kong para que siga el rastro del dinero.

Fuente: Las Provincias

El hecho está siendo investigado judicialmente sin que todavía haya trascendido si se considera un ciberataque o un delito tradicional. Sí se sabe de la existencia de varios informes alertando de la falta de control en los movimientos bancarios.

Que finalmente la EMT sea imputada o no podría depender de que tenga un modelo integral y transversal para cubrir sus responsabilidades penales como persona jurídica. Además, en caso de ser condenada, el Código Penal establece penas que contemplan hasta la disolución de las empresas investigadas si antes no han redactado protocolos que busquen acabar con la corrupción, pública o entre particulares.

MONEYVAL llama a los Estados a tomar medidas adecuadas para combatir el ‘dinero sucio’

25 septiembre, 2019

El órgano de control para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa, MONEYVAL, ha publicado su Informe Anual correspondiente a 2018 en el que, como titular, hace un llamamiento a los Estados miembros a que pongan en marcha medidas rápidas y adecuadas contra el ‘dinero sucio’ ante el incremento del riesgo de que se produzca este tipo de conducta delictiva.

Tras evaluar activamente a 24 de sus 34 Estados y jurisdicciones, el Informe que se ha conocido públicamente el 25 de septiembre afirma que el impacto de la delincuencia económica, los grupos delictivos organizados y el terrorismo «continuaron percibiéndose en Europa» durante el año pasado. De ahí, que la presidenta de MONEYVAL, la polaca Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, pida con urgencia que, dentro y fuera de Europa, se apliquen «medidas firmes» contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Entre sus recomendaciones, destaca también «aumentar la sensibilidad y eficacia de los fiscales y jueces en la represión del blanqueo de dinero, asociado a los delitos por financiación del terrorismo». Y aconseja «intensificar los esfuerzos para combatir las operaciones financieras ligadas a la esclavitud, el tráfico de personas y el trabajo forzado».

Otra de las prioridades para este órgano es hacer frente a las consecuencias negativas del denominado «de-risking« o eliminación del riesgo, un fenómeno por el que en los últimos años muchos bancos internacionales han roto sus relaciones comerciales con bancos extranjeros para evitar riesgos -en vez de gestionarlo- de posible blanqueo y financiación del terrorismo, lo que precisamente ha provocado un aumento de ese riesgo en algunos países.

El Informe incluye también referencias al escándalo del Danske Bank, el mayor banco de Dinamarca, y que «involucró supuestamente a instituciones financieras por una suma estimada de 200.000 millones de euros».

Moneyval realiza exámenes a 28 Estados del Consejo de Europa. También a Israel, la Santa Sede y los territorios británicos de ultramar de Jersey, Guernesey, Isla de Man y Gibraltar. Durante el año pasado hizo cuatro visitas de evaluación y cuatro de formación. Además, aprobó cuatro informes de su quinta ronda de evaluación, que examina las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Actividades por Estados/Territorios durante 2018

Fuente: MONEYVAL