En el marco del inminente ‘Brexit’ y con rango de Tratado Internacional, España y el Reino Unido han suscrito un acuerdo sobre Gibraltar en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros que se traduce en una serie de compromisos firmes, de forma que este territorio amplíe su ventaja competitiva cuando abandone Europa.

No en vano es el primer Tratado que firman ambos Estados desde el de Utrecht en 1713.

El texto, que requiere su aprobación por el Consejo de Ministros y por razón de la materia está sujeto a aprobación parlamentaria, «constituye una pieza esencial» para que la salida de Gibraltar de la UE con arreglo al Acuerdo de Retirada y al Protocolo negociado «tenga lugar de manera ordenada y conforme a los intereses españoles en materia fiscal y de lucha contra el fraude y la evasión de impuestos», según ha señalado el Gobierno español.

Este Protocolo menciona los cuatro memorandos de entendimiento sobre Gibraltar firmados el pasado 21 de noviembre sobre derecho de los ciudadanos, tabaco, cooperación en materia ambiental y cooperación en materia policial y aduanera, así como el Acuerdo Fiscal firmado por el ministro de Exteriores, Josep Borrell con el ministro británico de la presidencia encargado del ‘Brexit’, David Lidington, y que ha sido negociado bilateralmente con el Reino Unido.

Aún en el caso de un ‘Brexit’ sin acuerdo el 30 de marzo, al no firmarse el Acuerdo de Retirada, y según precisa el departamento ministerial, el tratado fiscal «sigue siendo igualmente útil, pues asegura a España un alto grado de cooperación de las autoridades fiscales competentes cuando el derecho de la Unión Europea deje de aplicarse en Gibraltar».

A efectos prácticos, entre otras cuestiones, supondrá que las personas físicas que pasen más de la mitad del año en España y las empresas con la mayoría de activos o ingresos en territorio español pagarán impuestos en España. 

Hay que resaltar que Gibraltar cuenta con 55.000 empresas registradas, aproximadamente.

Objetivos del acuerdo

De forma general, este acuerdo pretende:

  • La reducción y eliminación del fraude fiscal y los efectos perjudiciales para la hacienda española derivados de las características del régimen fiscal de Gibraltar
  • El establecimiento de unas reglas claras para resolver más fácilmente los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas
  • Evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España

Para ello, el Acuerdo establece un régimen reforzado de cooperación administrativa entre las respectivas administraciones tributarias. Este régimen incluye el intercambio de información sobre determinadas categorías de rentas y activos de especial importancia para la lucha contra el fraude en la zona. Asimismo, se prevé la adaptación dinámica de este régimen especial de cooperación  a los nuevos  estándares de la Unión Europea y la OCDE en materia de transparencia, cooperación administrativa, prácticas fiscales perjudiciales y de lucha contra el blanqueo de capitales.

El acuerdo establece además una serie de normas para resolver los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas, con el objetivo de resolver los problemas de falsas residencias en Gibraltar de personas físicas que residen realmente en España.

Respecto a las Personas jurídicas y otras entidades gibraltareñas, se establece su residencia fiscal en España cuando las mismas tengan una relación significativa con España, bien por la localización de la mayoría de sus activos o la obtención de la mayor parte de sus ingresos en nuestro país, o bien cuando la mayoría de sus propietarios o su directivos son residentes fiscales en España.