COVID-19: las microempresas como nuevo medio para blanquear

29 mayo, 2020

El parón en el comercio y en el sector servicios como consecuencia de la pandemia provocada por el COIVD-19 ha obligado al crimen organizado a buscar otras vías para blanquear el dinero que sigue recaudando con sus actividades ilícitas, incluido el negocio de mascarillas. El nuevo método apunta al uso de microempresas y trabajadores independientes, como ha señalado a EFE el director para América Latina y el Caribe, con sede en Panamá, de la ONG internacional Crime Stoppers, Alejo Campos.

Las nuevas estructuras de blanqueo buscan a pequeños empresarios y a trabajadores independientes del sector servicios con historial crediticio y fiscal «intachable» de forma que no generarán alertas en el sistema financiero o en las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Los delincuentes se presentarán como «el mejor socio capitalista para reactivar el negocio» una vez se reabra la economía, o como pequeñas empresas de microfinanzas, nuevas en el lugar o incluso antiguas pero ahora «con mucho dinero para ofrecer». Tampoco sería extraño que planteen directamente el negocio del blanqueo.

Con esta nueva práctica podrían lavar en torno a 20.000 dólares por empresa, una suma que de manera aislada no es elevada y no llamará la atención de los reguladores, pero que si se multiplica por varios miles de asociados representa millones al año.

Según Campos, el crimen organizado apunta ahora a los emprendedores más pequeños porque «otros sectores donde se puede lavar en grande -que obviamente seguirán usando- están ya muy regulados».

Se trata, en suma, de abrir estas vías que no están controladas, aprovechando su vulnerabilidad y que «necesitan dinero en efectivo para reactivarse». «Los que ahora son atacados son aquellos que nunca se han investigado y se necesita entender cuál va a ser la dinámica. Mientras se termine de entender, se habrá lavado bastante dinero si no tomamos las precauciones y las alertas especialmente con la ciudadanía», añade el directivo.

Durante la pandemia, algunos delitos precedentes del blanqueo no pueden desarrollarse al 100 %, pero las redes se adaptan rápido. Por ejemplo, la trata de personas ha disminuido, sobre todo en temas de explotación sexual, porque los aeropuertos y el servicio turístico están cerrados; por contra, el narcotráfico ha continuado, ha buscado nuevas ruta y la corrupción también ha aumentado. Todo ese dinero tiene que seguir blanqueándose.

Junta a estas actividades ilícitas, «el contrabando y la falsificación lo estamos viendo muchísimo en las mascarillas, medicamentos y todos los productos que tienen ver con el COVID-19 o la contención del virus (…) Y esto está generando mucho dinero», constata Campos.

Europa traza un nuevo plan de ruta antiblanqueo para los próximos doce meses

13 mayo, 2020

La Comisión Europea ha presentado con fecha 12 de mayo un enfoque global para reforzar la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se trata de «un ambicioso y polifacético plan de acción«, tal y como lo califica Bruselas en un comunicado, en el que se establecen las medidas concretas que adoptará en los próximos doce meses con el fin de mejorar el cumplimiento, la supervisión y la coordinación de normas en esta materia.

El objetivo de este nuevo enfoque global es eliminar las debilidades de la normativa europea que dejó patente el paquete aprobado en julio de 2019 y suprimir los vacíos legales.

Hasta el próximo 29 de julio, autoridades, partes interesadas y ciudadanos podrán expresar su opinión sobre el Plan de Acción en la consulta pública abierta por la Comisión.

6 pilares para un Plan de Acción Global

-Aplicación efectiva de las normas de la UE con el fin de garantizar que las normas nacionales sean lo más rigurosas posible. En paralelo, el Plan de Acción anima a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a hacer pleno uso de sus nuevas competencias supervisoras para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

-Un código normativo único más armonizado que se propondrá para el primer trimestre de 2021. Y es que aunque las actuales normas de la UE sean eficaces, los Estados miembros tienden a aplicarlas de formas muy diversas. Las divergencias en la interpretación provocan vacíos legales que pueden ser aprovechados por los delincuentes.

-También en el primer trimestre de 2021, la Comisión propondrá la creación de un supervisor a escala de la UE. En la actualidad, es cada Estado miembro el que supervisa las normas europeas, lo que puede dar lugar a divergencias.

-Un mecanismo de coordinación y apoyo a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de los 27 que se propondrá entre enero y abril de 2021.

Aplicación del Derecho penal de la UE e intercambio de información que se garantizará con la cooperación judicial y policial basada en instrumentos y disposiciones institucionales europeas. Como la intención es que también el sector privado contribuya en la lucha antiblanqueo, se publicarán orientaciones acerca del papel de las asociaciones público-privadas que aclaren la puesta en común de datos.

-La UE como único actor mundial ante el GAFI, para lo que, en particular, deberá ajustar su enfoque con una nueva metodología respecto de los terceros países que presentan deficiencias en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Metodología perfeccionada

El objetivo de esta nueva metodología es «aportar mayor claridad y transparencia» al proceso de detección de esos terceros países.

Las mejoras están relacionadas con la interacción entre los procesos de inclusión en las listas de la UE y del GAFI; y el refuerzo de la colaboración con los terceros países, así como de la consulta a los expertos de los Estados miembros. El Parlamento Europeo y el Consejo tendrán acceso a toda la información en las distintas fases de los procedimientos.

Lista actualizada

A la espera de que empiece a aplicarse esta nueva metodología, Bruselas ha revisado su lista de terceros países, teniendo en cuenta la evolución de la situación a escala internacional desde 2018. Ahora, la nueva lista «está más en sintonía con las publicadas por el GAFI», señalan, e incluye a Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panamá y Zimbabue.

Como consecuencia de la crisis del coronavirus, el Reglamento que recoge la inclusión de estos nuevos países en la lista no será de aplicación hasta el 1 de octubre de 2020, de forma que todas las partes interesadas dispongan de suficiente tiempo para prepararse. En cambio, la retirada de países entrará en vigor de forma inmediata, tras su publicación en el DOUE. Se trata, en concreto, de Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Guyana, República Democrática Popular de Laos, Sri Lanka y Túnez.

Las sanciones internacionales en el marco de Naciones Unidas

11 mayo, 2020

Fue en 1968 cuando por vez primera se invocó el artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas (NNUU) para imponer sanciones a Rhodesia.

En la actualidad, los regímenes de sanciones se elevan a 14.

El artículo 41 de la Carta de NNUU prevé que el Consejo de Seguridad pueda adoptar medidas que no impliquen el uso de la fuerza con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Estas medidas coercitivas se adoptan a través de una Resolución y son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros.

Las resoluciones del Consejo de Seguridad por las que se aprueba un determinado régimen de sanciones establecen, a su vez, un Comité ad hoc, encargado de velar por su correcto cumplimiento. Paralelamente, se crea igualmente un grupo o panel de expertos al que se le otorga un mandato determinado pero cuya tarea fundamental es apoyar al Comité en el cumplimiento de su misión. Las decisiones en el seno de los distintos Comités de sanciones se adoptan por unanimidad y cada uno está presidido por un miembro no permanente del Consejo de Seguridad. El grupo de expertos debe presentar, con carácter trimestral o cuatrimestral, un informe al Comité de sanciones correspondiente que, a su vez, informa periódicamente al Consejo de Seguridad.

Tanto los objetivos como las estrategias de los distintos regímenes de sanciones han ido evolucionando con los años. Las sanciones económicas y comerciales en sentido amplio han dado paso a medidas más selectivas como embargos de armas, restricciones financieras o comerciales, prohibiciones de viaje y congelación de activos. Estas sanciones selectivas pretenden evitar consecuencias no deseadas y perjudiciales para la población civil.

Todos los regímenes de sanciones actualmente en vigor se han adoptado en alguno de los siguientes casos: resolución de conflictos, no proliferación, lucha contra el terrorismo, amenazas a regímenes democráticos, casos de violación de Derechos Humanos o para proteger a la población. En contra del carácter punitivo que se les supone muchos regímenes tienen por objeto prestar apoyo a gobiernos y regiones que se esfuerzan por lograr una transición pacífica entre regímenes.

Con carácter general, los objetivos que se persiguen son: modificar un determinado comportamiento por parte de un Estado o entidad no estatal –coercing-, disminuir su capacidad de maniobra o debilitar su posición (para conseguir su derrota militar, facilitar una solución negociada o forzar la conclusión de un acuerdo de paz) –constraining– y denunciar públicamente a todos aquellos que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales –signalling-.

Por su parte, la Unión Europea cuenta con su propio marco de sanciones que se recoge en el artículo 21 del Tratado.

¿Qué es el ‘cuckoo smurfing’?

4 mayo, 2020

Se trata de una forma de lavado de activos que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incorporó en su Informe de Tipologías publicado en 2005, una vez identificada esta práctica fundamentalmente en el Reino Unido. El ‘cuckoo smurfing‘ o pitufeo del cuco (este pájaro pone sus huevos en los nidos de otras aves que son las que los empollan y cuidan a las crías) hace referencia al uso de sistemas alternativos de remesas en los que se transfiere dinero ilícito a través de cuentas de personas que nada tienen que ver con el entorno del crimen organizado y que esperan dinero lícito o pagos desde el exterior.

Por tanto, la diferencia principal con los procedimientos tradicionales de blanqueo es que, en este caso, los terceros que tienen las cuentas bancarias no saben que se está depositando en ellas dinero sucio

Las 4 etapas 

El ‘cuckoo smurfing‘ requiere generalmente la colaboración de alguien que trabaje en una institución financiera. Y suele hacerse en cuatro etapas:

  • El primer paso se produce cuando un cliente entrega fondos a un proveedor de transferencias de remesas para realizar un envío de dinero a un beneficiario, generalmente ubicado en otro país.
  • El siguiente paso tiene que ver con la persona que trabaja en la institución financiera, quien proporciona los detalles de esa operación (nombre del beneficiario, banco, número de cuenta y cantidad de la transferencia) a un asociado en el país extranjero donde se encuentra el beneficiario de la transferencia. El asociado en el extranjero tiene el dinero en efectivo que debe colocarse en el sistema financiero.
  • Este mismo personaje deposita el dinero en efectivo en la cuenta bancaria del beneficiario. De esta forma, éste recibe la suma total de la transferencia y el asociado en el país extranjero consigue «colocar» parte de ese dinero en efectivo de procedencia ilegal en el sistema financiero.
  • Finalmente, el asociado en el país extranjero tiene que conseguir quedarse con los fondos enviados a la remesadora.

El agente habrá lavado de esta forma los fondos y tendrá activos legítimos para reemplazar los obtenidos ilegalmente que fueron depositados en la cuenta del beneficiario.

Fuente: GAFI

El GAFI recomienda que los bancos dispongan de controles para identificar a los depositantes que pagan en efectivo en cuentas de terceros. Además, advierte de que monitoricen depósitos en efectivo «inusuales» que sean ingresados en sucursales donde el cliente no tenga su cuenta.

Además, explica a las entidades que aunque la existencia de estos depósitos no es necesariamente razón para reconsiderar la relación con un cliente, sí podría ser señal de blanqueo y, por lo tanto, «debe ser analizada cuidadosamente». Los órganos supervisores, por su parte, necesitarán información sobre el depositante, por lo que los bancos deberían tratar de identificar los depósitos en efectivo hechos por terceros y conservar las grabaciones de las cámaras de seguridad.