COVID-19: Francia, Austria, Dinamarca y Polonia no rescatarán empresas con sede en paraísos fiscales

28 abril, 2020

Ya son cuatro los Estados miembros que no permitirán que las empresas con sede en territorios offshore reciban dinero de sus paquetes de ayudas para paliar los efectos de la crisis del coronavirus.

Concretamente, Francia, Austria, Dinamarca y Polonia. 

El gobierno francés ha sido el último en unirse a esta lista de países que impedirá que compañías registradas en paraísos fiscales, que pagan pocos u nulos impuestos en los países donde operan, accedan a los 110 mil millones de euros destinados a tal fin.

“No hace falta aclarar que si una empresa tiene su sede fiscal o sus filiales en un paraíso fiscal, aclaro contundentemente, no podrá beneficiarse de las ayudas financieras del Estado”, ha declarado el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire a la emisora France Info.

“Hay reglas que deben seguirse. Si te has beneficiado del tesoro del Estado, no puedes pagar dividendos y no puedes volver a comprar acciones”, afirmó. “Y si tu sede está ubicada en un paraíso fiscal, es evidente que no puedes beneficiarte de la ayuda pública”.

Por su parte, el Parlamento de Austria ha pedido por unanimidad al Gobierno que elabore una ley que bloquee que empresas ubicadas en paraísos fiscales puedan beneficiarse de estas ayudas estatales. La propuesta fue planteada inicialmente por las formaciones políticas que integran la coalición de Gobierno (Partido Popular austríaco y Los Verdes).

El gobierno danés, que ha puesto en marcha un plan de rescate económico hasta el mes de julio, según ha explicado su Ministerio de Finanzas en un comunicado, ha subrayado que aquellas empresas que sean danesas pero que tengan sedes en territorios offshore, no podrán acceder a los fondos.

“Las empresas que deseen ser indemnizadas tras la ampliación de los planes de rescate deben pagar los impuestos a los que están sujetas en virtud de los acuerdos internacionales y las normas nacionales”, dice el Ministerio. “Las empresas con sede en paraísos fiscales, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea, no pueden recibir compensación, en la medida en que sea posible aislarlas en virtud de la legislación de la UE y cualquier otra obligación internacional”.

En la misma línea, el gobierno polaco, que desde el 8 de abril ha puesto a disposición de las empresas instaladas en el país un paquete de rescate de 25.000 millones de złotys (5 mil 500 millones de euros al tipo de cambio actual), ha hecho la salvedad de que las que estén en paraísos fiscales deberán pagar los mismos impuestos que una que esté dentro de Polonia.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha calificado los paraísos fiscales como “una pesadilla de las economías modernas” y ha abogado por luchar para acabar por ellos.

Fuente: Agencias.

¿Cómo se evidencian las operaciones inusuales?

24 abril, 2020

El producto del delito relacionado con el lavado de activos puede colarse en los usos cotidianos de la vida. Sin embargo, hay operaciones inusuales que hacen vislumbrar ese tipo de conductas. 

La lupa de los sujetos obligados se detendrá sobre aspectos tales como el movimientos de efectivo (transporte, intercambio, depósito o gasto); aumento de la renta, los activos o las ganancias de capital; posesiones o aumento de riqueza que no guardan proporción con los ingresos legítimos; o préstamos no usuales, entre otros.

También la financiación del terrorismo puede evidenciarse. Y lo hará en relación, por ejemplo, con la recaudación de fondos derivados de organizaciones benéficas u organizaciones sin fines de lucro; el uso de métodos conocidos (movimientos) o procesos (colocación) de blanqueo; o flujos de dinero hacia o desde zonas de conflicto o regiones vecinas.

Cuando se habla de operación “inusual”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) señala que indicará que una operación difiere de lo que es normal en un sector empresarial o para una persona física, teniendo en cuenta sus circunstancias, actividades habituales o renta declarada.

En este contexto, las desviaciones del comportamiento esperado de los clientes pueden indicar riesgo, de forma que cuanto mayor sea esa desviación y más frecuentes las situaciones no usuales, mayor será el riesgo de blanqueo o de financiación del terrorismo.

Hay que tener en cuenta que, en términos generales, las operaciones no habituales relacionadas con el lavado de activos tienen algunas características específicas que hacen posible ocultar y justificar el origen ilegal del dinero, los movimientos de dinero, su posesión o la de los activos con él adquiridos.

Estas características se refieren a cuando ni el origen del dinero es claro ni tampoco las identidades de las partes implicadas; cuando la operación no concuerda con los antecedentes y el perfil de la persona; o cuando no tenga explicación lógica o económica.

También las operaciones no habituales relacionadas con la financiación del terrorismo tienen ciertas peculiaridades que hacen posible ocultar y justificar los flujos de dinero o usar el dinero recaudado.

En concreto, habrá que vigilar las donaciones anónimas a ONG y fundaciones;  el uso de fondos para servicios o materiales que no se ajustan al perfil de la persona u organización; así como el dinero u otros valores disfrazados de ayuda humanitaria.

COVID-19: casi un centenar de organizaciones piden protección para los denunciantes

21 abril, 2020

Más de 90 organizaciones de la sociedad civil integradas en el proyecto EAT (Expanding Anonymous Tipping) financiado por la Comisión Europea, han impulsado un documento dirigido a todas las autoridades e instituciones públicas para que protejan a quienes alerten o expongan los daños, abusos y faltas graves que se produzcan durante este período de crisis causado por la pandemia COVID-19 a nivel global.

El escrito fechado el 20 de abril, bajo el título de «Coalición para alertar de forma segura durante el COVID-19 y más allá«, advierte que en esta crisis ya se han visto «ejemplos de malas prácticas y mala gestión» en las instituciones públicas, mercados comerciales y empresas.

Los firmantes subrayan que «cuando se toman decisiones en condiciones de emergencia, a menudo lejos del escrutinio democrático», el papel  de los alertadores es «vital», sobre todo, en momentos tempranos.

Y es que, en su opinión, los denunciantes son «el mecanismo correctivo a prueba de fallos» en cualquier sociedad, especialmente en una crisis sanitaria internacional en la que el derecho del público a saber puede tener consecuencias de vida o muerte.

Alertar irregularidades, añaden, ha demostrado ser «una herramienta poderosa» para luchar y prevenir acciones que socavan el interés público.

De ahí que estas organizaciones hagan un llamamiento a todas las autoridades públicas y a las instituciones corporativas para proteger a los denunciantes, especialmente dicen, a los trabajadores de servicios esenciales como los servicios de salud, atención a mayores y otros servicios sociales y públicos, así como el suministro de alimentos y la logística, entre otros.

Consideran que estas alertas, así como las de todos los ciudadanos, «son vitales para prevenir grandes desastres y reducir los impactos de la crisis» sobre todo en los miembros más vulnerables.

«Es preciso reconocer y proteger a estos importantes trabajadores, así como su derecho a un entorno de trabajo seguro y a alertar las amenazas a la salud y la seguridad públicas, la corrupción y otros abusos», precisa el escrito.

Organizaciones firmantes

¿En qué consistirá el Registro de Expertos Externos en Compliance?

20 abril, 2020

La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha puesto en marcha el primer registro de peritos judiciales diseñado específicamente para evaluar programas de ‘compliance‘.

El objetivo de esta iniciativa es apoyar a los distintos actores de los Juzgados y Tribunales de Justicia en España con esta nueva figura que facilite la labor de identificación de conocimiento experto, capacitada para emitir una opinión profesional acerca de la idoneidad y adecuada implementación de modelos de compliance en el contexto de las actuaciones judiciales.

Dado el desarrollo normativo y jurisprudencial de los últimos años en este ámbito, ASCOM considera «indispensable» que además del conocimiento profundo sobre cumplimiento, pueda acreditarse el buen manejo de la técnica procesal pericial.

Por ello, para solicitar la inscripción en el Registro de Peritos Expertos en ‘compliance‘ se deben cumplir una serie de requisitos de forma consecutiva:

Acreditar una especialización en ‘compliance‘ a través de la certificación CESCOM, la más prestigiosa del sector y que cuenta con el reconocimiento internacional de la IFCA – International Federation of ‘compliance’ Associations (www.ifa.co). Precisamente, ante la situación creada por el estado de alarma debido a la pandemia del COVID-19, el próximo examen que tendrá lugar el 27 de junio de 2020 se va a celebrar de forma online.

Asimismo, habrá que completar con éxito el curso de Especialización en Peritaje para Expertos en ‘compliance‘ impartido por ASCOM, con 62 horas de formación y el desarrollo de un caso práctico final expuesto ante un tribunal de reconocidos juristas en la materia. El programa se compone de tres módulos: cuestiones procesales, metodología de evaluación del sistema y el último práctico sobre el informe pericial de compliance.

El profesorado está formado por un grupo de profesionales y juristas con amplia experiencia en ‘compliance‘:

– Francisco Bonatti, secretario de la Junta Directiva de ASCOM

– Francisco Caamaño, exministro de Justicia

– Alain Casanovas, miembro de la Junta Directiva de ASCOM

– Ignacio Diez-Picazo, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid

– Ángel Juanes, ex vicepresidente del Tribunal Supremo

– Soledad Llamas, subdirectora de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Control Interno en el Canal de Isabel II

– Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

– Yolanda Pérez, senior manager del área de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC) en KPMG Asesores, S.L.

– Álvaro Pinilla, coordinador del área de formación del SEPBLAC

– Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

– Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional

– Ángeles Villegas, magistrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

COVID-19: recomendaciones de la EBA para evitar los delitos financieros en la pandemia

12 abril, 2020

En la actual pandemia provocada por el COVID-19, teniendo en cuenta que la mayoría de las economías se enfrenta a una recesión, es probable que disminuyan los flujos financieros. Sin embargo, según la experiencia de crisis pasadas, las finanzas ilícitas continuarán fluyendo.

De hecho, ya hay evidencia de mayores niveles de cibercrimen, fraudes y estafas relacionadas con el virus a personas y empresas vulnerables, campañas falsas de recaudación de fondos y redes criminales que venden productos racionados a un precio más alto. Además, como los delincuentes son altamente adaptables, es probable que surjan nuevas técnicas y canales para el lavado de activos.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha advertido de que en el actual marco de flexibilidad a las entidades financieras para que apoyen los préstamos a la economía real, no pueden bajar la guardia en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

«Es esencial para preservar la eficacia y la estabilidad del sistema financiero de la UE», señala la institución con sede en París en su declaración, en la que resalta a las entidades la importancia de continuar estableciendo sistemas y controles efectivos para garantizar que el sistema financiero de la UE no sea objeto de este tipo de abusos.

Y a las autoridades supervisoras de los Estados miembros les dice, en virtud de la cuarta directiva (Directiva EU 2015/849),  que tomen el protagonismo que les corresponde para seguir compartiendo información sobre los riesgos emergentes de blanqueo y consideren cómo adaptar temporalmente el uso de sus herramientas de supervisión  para garantizar el cumplimiento continuo por parte de las instituciones financieras y de crédito.

La EBA insta a que se trabaje de forma conjunta -supervisores, entidades, Unidades de Inteligencia Financiera y autoridades policiales y judiciales-, para identificar y crear conciencia de los nuevos mecanismos para llevar a cabo delitos financieros en estos tiempos.

Y, cuando sea necesario, que actualicen sus evaluaciones de riesgo. Citan como ejemplo productos financieros que se vuelven menos atractivos para propósitos de blanqueo debido a rendimientos decrecientes o técnicas de lavado con mayor riesgo de detección, como el reembolso anticipado de préstamos.

Sobre la diligencia debida, la EBA les recuerda que deben seguir monitorizando las transacciones y prestar especial atención a cualquier patrón inusual o sospechoso en el comportamiento de sus clientes y de sus flujos financieros.

Añade que deberían tomar medidas basadas en el riesgo para establecer el origen legítimo de flujos financieros inesperados, como son los que provienen de clientes en sectores que se sabe están afectados por la recesión económica y las medidas de mitigación de COVID-19. Podrían ser clientes con negocios en el sector retail que utilizan gran cantidad de dinero en efectivo, empresas involucradas en el comercio internacional y empresas fantasmas en sectores que, a pesar de la situación de parón económico, mantendrían un volumen similar de flujos financieros en ausencia de actividad económica real.