¿Cuáles son los controles de la UE para entrar o salir con efectivo?

24 febrero, 2020

A partir del 3 de junio de 2021, los ciudadanos que quieran mover efectivo entre los Estados miembros, tendrán nuevas normas derivadas del Reglamento 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo aprobado el 23 de octubre de 2018.

El objetivo es impedir que las organizaciones delictivas cuyas actividades ilícitas generan elevados importes de efectivo se aprovechen de las lagunas del sistema actual para trasladar y blanquear el dinero.

Así, el Reglamento mejorará el sistema actual de controles reflejando en la legislación de la UE los elementos más recientes de las normas internacionales contra el blanqueo y la financiación del terrorismo elaboradas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En la práctica esto se traduce en que la nueva norma amplia la definición de «efectivo» para abarcar, no solo los billetes y las monedas, sino también otros instrumentos o materias primas de elevada liquidez, como los cheques, los cheques de viaje, las tarjetas de prepago o el oro.

También se hace extensivo al efectivo enviado por correo, o transportado como mercancía o mediante servicios de mensajería.

Y amplía la obligación de todo ciudadano que entre o salga de la UE de declarar a las autoridades aduaneras el efectivo que lleve consigo por valor igual o superior a 10.000 euros. Se exigirá la declaración con independencia de que los viajeros lleven el efectivo en su persona, en su equipaje o en su medio de transporte. A petición de las autoridades tendrán que presentarlo para su control.

Si este efectivo se envía por otros medios, es decir, efectivo no acompañado, las autoridades competentes estarán facultadas para pedir al expedidor o al destinatario que realicen una declaración de revelación de información. Además, podrán llevar a cabo controles de cualquier envío, paquete o medio de transporte que pueda contener efectivo no acompañado.

Los Estados miembros intercambiarán información cuando existan indicios de que el efectivo está vinculado a una actividad delictiva que pudiera afectar negativamente a los intereses financieros de la UE. Esta información se transmitirá también a la Comisión Europea.

El nuevo Reglamento no impedirá a los Estados miembros establecer controles nacionales adicionales sobre los movimientos de efectivo dentro de la Unión con arreglo a su legislación nacional, a condición de que respeten las libertades fundamentales del espacio europeo.

Panamá, Seychelles e Islas Caimán, en la última actualización de la lista de paraísos fiscales

19 febrero, 2020

El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) ha actualizado el 18 de febrero de 2020 la lista de ‘paraísos fiscales’ o de países y territorios no cooperadores en materia fiscal, como se denomina oficialmente. La novedad de esta primera versión de 2020 es que Panamá entra en la lista negra e Islas Caimán, Palaos y Seychelles pasan de la gris a la negra por no cumplir las normas exigidas en el plazo fijado.

Estos 4 países o territorios se suman así a los otros 8 que ya figuraban en la lista negra y reiteran su incumplimiento: Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago, Vanuatu y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Por contra se ha retirado más de la mitad de los países objeto de la elaboración de la lista en 2019 ya que Bruselas considera que cumplen «todas las normas de buena gobernanza fiscal». Entre ellos están Armenia, Antigua y Barbuda, Bahamas, Bermuda, Belize, Islas Vírgenes Británicas, Cabo Verde, Islas Cook, Islas Marshall, Montenegro, St Kitts y Nevis y Vietnam.

Fuente: UE

Las consecuencias para los países y territorios que figuran en la lista, aparte de los daños reputacionales, es que están sujetos a medidas de defensa tanto de la UE como de los Estados miembros. Esto se traduce en que a nivel europeo, se verá afectada la distribución de los fondos. Y a nivel nacional, los Estados miembros también deberán aplicar contramedidas.

Hasta la fecha, como pone de manifiesto Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la UE, se han examinado los regímenes fiscales de 95 países que, en su mayoría, están en línea con los criterios exigidos. En términos generales, estas evaluaciones se hacen con arreglo a tres variables: la transparencia fiscal, la equidad fiscal y una actividad económica real. En los casos de incumplimiento, se insta a las jurisdicciones a que subsanen las deficiencias en un plazo determinado.

En el proceso de listado, hay cuatro fases. En primer lugar, la Comisión revisa los niveles de riesgo de terceros países y los Estados miembros acuerdan los criterios de detección. Seguidamente, son también los 27 quienes evalúan los sistemas fiscales de las jurisdicciones y se inicia el diálogo. En la siguiente fase ya se relacionan los territorios que no se comprometen a abordar las deficiencias identificadas. La última fase consiste en la monitorización continua. La lista se actualiza, al menos una vez al año.

Este proceso, añade Gentiloni, ha llevado a la eliminación de «más de 120 regímenes fiscales perniciosos en todo el mundo, y decenas de países han empezado a aplicar normas de transparencia fiscal».

A partir de esta nueva publicación, la Comisión y los 27 continuarán el diálogo tanto con los considerados paraísos fiscales como con aquellos que se sitúan en la zona gris por tener compromisos pendientes, de cara a la próxima actualización que tendrá lugar en octubre de 2020. Otra prioridad es el seguimiento de los países retirados de la lista para garantizar que aplican en la práctica la buena gobernanza fiscal.

Y es que esta lista sigue siendo un proceso dinámico, que seguirá desarrollándose en los próximos años para seguir el ritmo de la evolución internacional.

Europa pide a Gibraltar más esfuerzos para identificar, investigar y enjuiciar el blanqueo

17 febrero, 2020

En un Informe de evaluación exhaustiva de la efectividad de los sistemas de cumplimiento fechado en diciembre de 2019 y hecho público tras el ‘Brexit’ en febrero de 2020, el Consejo de Europa, a través de su organismo ‘antilavado’ MONEYVAL, pide a Gibraltar que haga un mejor uso de las herramientas y mecanismos de que dispone para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El sector financiero de este territorio británico de Ultramar representa aproximadamente el 20% de su PIB y está formado principalmente por sucursales o filiales de entidades internacionales.

MONEYVAL señala que si bien los supervisores clave del territorio tienen «una sólida comprensión» de los riesgos a nivel sectorial, la que se constata a nivel general se ve afectada por varias deficiencias relacionadas con la Evaluación Nacional de Riesgos. Se refieren, en concreto, al análisis insuficiente de la amenaza transfronteriza a la que Gibraltar tiene que hacer frente como centro financiero internacional.

También se refieren a su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la que destacan que, en los últimos años, ha aumentado su capacidad y ha ampliado la cooperación con las autoridades policiales y de supervisión. Sin embargo, es en la parte analítica de la UIF donde se observa «un uso limitado», con la consiguiente reducción significativa del impacto en el desarrollo de investigaciones sobre blanqueo y otros delitos determinantes.

El informe sí reconoce mejoras en el marco legal que «ahora proporciona una base sólida para que las autoridades detecten, investiguen y enjuicien el blanqueo y la financiación del terrorismo» pero para este organismo europeo, Gibraltar no ha demostrado una investigación y enjuiciamiento efectivos de estos delitos.

Y es que aunque pone de manifiesto que en el último periodo hubo varias condenas por blanqueo de dinero en cuanto a delitos determinantes cometidos en territorio nacional, no las hubo de terceros ni de blanqueo tomado de manera aislada, algo que no parece estar en línea con el perfil de riesgo de esta jurisdicción.

Asimismo se necesitan «mejoras fundamentales» con respecto a la confiscación del producto del delito de lavado de activos y los delitos determinantes asociados.

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley -añade el informe-, demostraron entender bien la posible financiación del terrorismo que puede producirse en un centro financiero internacional como Gibraltar. Sin embargo, la «relativa falta de informes sobre operaciones sospechosas» relacionadas con esta conducta -considerada en el contexto de las transacciones realizadas por las instituciones financieras con jurisdicciones de riesgo- plantea dudas sobre si la ausencia de enjuiciamientos por financiación del terrorismo se ajusta igualmente al perfil de riesgo de la jurisdicción.

En cuanto a los sujetos obligados, el informe señala que su comprensión del riesgo de blanqueo de dinero es «en general satisfactoria», pero difiere entre los sectores y dentro de ellos. No sucede igual con el riesgo de financiación del terrorismo que «no se entiende adecuadamente». Sigue preocupando, además, la calidad de la notificación de las operaciones sospechosas.

MONEYVAL observa que las autoridades de supervisión aplican medidas de concesión de licencias y evaluación para evitar que los delincuentes abusen de las instituciones financieras y de otros sujetos obligados. «Aunque las autoridades competentes aplican un enfoque basado en el riesgo al llevar a cabo su supervisión, es necesario introducir nuevas mejoras en este ámbito. Las sanciones por incumplimiento de los requisitos de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo no se consideran proporcionadas ni disuasorias», destaca.

Por último, entre las medidas adoptadas para prevenir el uso de las personas jurídicas el informe recuerda que este territorio cuenta con un registro de titulares reales y señala que su legislación establece un marco global para la cooperación internacional, que permite a las autoridades prestar asistencia, con comentarios generalmente positivos de los socios internacionales.

A partir de los resultados de esta evaluación, Gibraltar deberá presentar un informe en la primera sesión plenaria de MONEYVAL en 2021.

El Supremo valida la denuncia anónima para descubrir conductas delictivas en las empresas

13 febrero, 2020

La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como notitia criminis en especial en los casos como el analizado en el que la empresa no tenía un programa de cumplimiento normativo interno.

Con este fallo, el Alto Tribunal reconoce la eficacia y utilidad de las denuncias anónimas para poner en conocimiento de los responsables de una empresa o entidades, prácticas delictivas sin necesidad de que se identifique el autor de la denuncia, sino que tendrá eficacia con la puesta en conocimiento del hecho para permitir la investigación interna.

El tribunal recuerda que el ‘canal de denuncias interno’, también denominado ‘whistleblowing’, ha sido incluido en la reciente directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, que protege a las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión. Los Estados miembros dispondrán hasta el 2021 para transponerla y hacerla ley nacional.

El origen de la investigación surge de una denuncia anónima recibida en el departamento de recursos humanos de una empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero que advertía de que se estaban realizando maniobras fraudulentas en las entregas y clasificación de la chatarra, lo que dio pie a una investigación interna que acabó en el descubrimiento de los hechos.

En consecuencia, la Sala avala el uso de las denuncias anónimas para la detección de ilícitos penales que sea corroborada, como aquí ocurrió, con la posterior investigación interna en la empresa y policial: “importancia tiene la denuncia llevada a cabo y en la que, con la inexistencia de un programa de cumplimiento normativo interno, sí que resulta notablemente interesante que en el periodo de los hechos probados se lleve a cabo una mecánica de actuación ‘ad intra’ en el seno de la empresa que ha sido recientemente regulada en el denominado “canal de denuncias interno” o, también denominado ‘whistleblowing’, y que ha sido incluido en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”.

Sobre esta necesidad de implantar los canales de denuncia, y que se vio en este caso con una alta eficacia al constituir el arranque de la investigación como “notitia criminis”,  la doctrina recoge que la Directiva se justifica en la constatación de que los informantes, o denunciantes, son el cauce más importante para descubrir delitos de fraude cometidos en el seno de organizaciones; y la principal razón por la que personas que tienen conocimiento de prácticas delictivas en su empresa, o entidad pública, no proceden a denunciar, es fundamentalmente porque no se sienten suficientemente protegidos contra posibles represalias provenientes del ente cuyas infracciones denuncia.

La denuncia interna, «al modo del canal de denuncias aquí expuesto, provoca la apertura de la investigación que desemboca en el descubrimiento de las operaciones que estaban realizando los recurrentes durante el periodo de tiempo indicado en los hechos probados, y que causó el perjuicio económico que se ha considerado probado”, recoge el texto.

Y es que la implantación de este canal de denuncias forma parte integrante de las necesidades del programa de cumplimiento normativo, ya que con el canal quien pretenda, o planee, llevar a cabo irregularidades sabrá que «desde su entorno más directo puede producirse una denuncia anónima que determinará la apertura de una investigación que cercene de inmediato la misma».

“Resulta, pues, necesaria -añaden los magistrados- la correlación entre el programa de cumplimiento normativo en la empresa para evitar y prevenir los delitos cometidos por directivos y empleados ‘ad intra’, como aquí ocurrió con los tres empleados, a fin de potenciar el control interno y el conocimiento de directivos y empleados de la posibilidad de que dentro de su empresa, y ante el conocimiento de alguna irregularidad, como aquí ocurrió perjudica a la propia empresa, y, al final, a los propios trabajadores, si el volumen de la irregularidad podría poner en riesgo y peligro hasta sus propios puestos de trabajo, pero más por el propio sentimiento de necesidad de la honradez profesional y evitación de actividades delictivas, o meras irregularidades en el seno de la empresa, circunstancia que de haber existido en este caso hubiera cortado la comisión de estos hechos, aunque sin que por su ausencia, por falta de medidas de autoprotección, derive en una exención de responsabilidad penal, como se propone en este caso por el recurrente.”

Asimismo, añade la sentencia, se busca reforzar la protección del whistleblower y el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión e información reconocida en el art. 10 CEDH y 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y con ello incrementar su actuación en el descubrimiento de prácticas ilícitas o delictivas que, como en este caso, se llevó a cabo y propició la investigación policial y el descubrimiento de los hechos.

Los hechos probados recogen que tres trabajadores de una empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector de chatarrería.

De esta manera, los trabajadores, encargados de clasificar la chatarra por categorías y de establecer el porcentaje de descuento por estériles mezclados con la chatarra útil para la transformación en acero, cuando llegaba la carga de chatarra a la empresa transformadora efectuaban un descuento por estériles muy inferior a la cantidad que realmente estaba mezclada con la chatarra útil de manera que su propia empresa pagaba por chatarra convertible estériles inservibles para la transformación.

Ello ocasionó un fraude tasado en la responsabilidad civil de 456.340’27 euros, en el caso de un grupo de acusados, y otra de 340.650’66 euros, en otro grupo.

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos por los acusados que propugnaban su absolución, así como el de la acusación particular en cuanto a la responsabilidad civil fijada en la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Tercera.

Cinco de los acusados fueron condenados por un delito de estafa a la pena de dos años de prisión y a nueve meses de prisión a un sexto como cómplice.

Solo una de cada diez empresas españolas cuenta con un sistema de ‘compliance’

12 febrero, 2020

Dos tercios de las empresas españolas manifiestan carencias graves en materia de compliance penal, solo una de cada diez dispone de un verdadero sistema para su gestión a pesar de que resulta imprescindible con independencia del tamaño y la actividad y, en general, los empresarios muestran un alto grado de desconocimiento sobre los riesgos penales que pueden derivar para la empresa y sus administradores.

Son algunas de las principales conclusiones del Informe “Hacia sistemas de cumplimiento avanzados”, que Grant Thornton ha elaborado a partir de 400 entrevistas a altos directivos de empresas de entre 50 y 500 empleados con sede en España.

El estudio acredita también que solo una de cada cuatro empresas españolas cuenta con un presupuesto específico para la materia, que la mitad destina menos de 10.000 euros anuales y, en general, que muestran una gran variedad de aproximaciones al compliance.

Para Ignacio Ripol, director de Compliance de Grant Thornton, “el reto de las empresas españolas es pasar de una visión negativa del compliance, consistente en evitar potenciales responsabilidades, a establecer una verdadera cultura de cumplimento que consolide los principios éticos de la organización”.

Baja percepción de riesgo

En los últimos 5 años, los procesos sancionadores contra personas jurídicas que se han producido en nuestro país ascienden a 10 con multas superiores a los 900.000 euros. Sin embargo, el estudio revela que el 45% de los empresarios españoles no son conscientes de que carecer de un programa adecuado de compliance puede acarrear responsabilidades a los administradores.

Según Ripol, “un tercio de las acciones contra administradores sociales en nuestro país se fundamentan en incumplimientos legales, de modo que la falta de desarrollo de la función de compliance en nuestro tejido empresarial es una importante amenaza”.

Preguntados sobre qué riesgos legales podrían dañar más a sus compañías, los empresarios consideran en primer lugar las sanciones administrativas por incumplimiento de obligaciones legales (54%), seguido de los cambios legislativos en su actividad y de las conductas delictivas de sus empleados o directivos, con un 44% en los dos casos.

Consultados por cuáles son los riesgos legales que consideran más probables que les afecten, los cambios legislativos en su actividad pasan a la primera posición (50%) seguidos de las sanciones administrativas (28%), y, en cambio, solo un 15% considera probable una conducta delictiva de alguno de sus empleados o directivos.

Sobre las áreas en que ven más probable que se produzca una responsabilidad penal, la reciente aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDRP) ha derivado en una toma de conciencia generalizada sobre los riesgos penales del ámbito tecnológico y del específico de la protección de datos, que es en el que la mitad de los encuestados cree que podría incumplir la ley. Le siguen el ámbito laboral (42%) y preocupan también el medioambiental (38%) o el de la corrupción (22,5%).

La pérdida de reputación, principal consecuencia de un mal modelo

Para ocho de cada diez directivos, la pérdida de credibilidad o reputación es el principal impacto de la comisión de delitos por parte de sus organizaciones. Un 71% se muestra preocupado por el coste de las sanciones por esos incumplimientos, y un 57% teme que provoquen distorsiones operativas en su empresa.

El estudio revela asimismo que, en los últimos cinco años, el 4% de las empresas encuestadas reconocen haber hecho frente a algún procedimiento por la comisión de delitos. Dos tercios de las mismas han recibido reclamaciones por cuestiones laborales, y la mitad por temas tributarios.

Por qué tener un programa de cumplimiento

Preguntados por las principales ventajas de contar con programa de compliance, los empresarios sitúan en primer lugar evitar sanciones económicas (22%), daños reputacionales y de imagen (15%) e implantar una cultura ética y de integridad en sus organizaciones (10%). Por detrás de estos beneficios, se sitúan la mejora del servicio al cliente, la credibilidad en el mercado y la responsabilidad con la sociedad.

Además, siete de cada diez directivos correlacionan disponer de políticas y normas éticas con suscitar comportamientos adecuados entre sus empleados.

Sobre los motivos que conducen a las empresas españolas a adoptar programas de prevención de delitos, ocho de cada diez de las que ya cuentan con uno sitúan en primer lugar las motivaciones éticas, seguidas del temor a demandas o sanciones (59%) y las exigencias de sus matrices (49%). En cambio, solo tres de cada diez afirman haberse dotado de un sistema de compliance tras detectar que sus competidores ya contaban con uno.

Radiografía de la adopción del compliance en España

El 75% de los directivos encuestados manifiesta que su sistema de gestión cuenta con un órgano encargado de garantizar el cumplimiento normativo. En tres cuartas partes de los casos, ese órgano es además independiente. En el resto de las ocasiones se reparte en las áreas de administración, legal o de recursos humanos.

Siete de cada diez empresas incorporan a su sistema de compliance bien un código de conducta o un código ético: un instrumento mucho más generalizado a los documentos-resumen de la estrategia y política de compliance (54%), los canales éticos o de denuncias (46%) o a las políticas anticorrupción (42%).

En materia presupuestaria, solo dos de cada diez empresas afirman disponer de un presupuesto específico para cuestiones de ética y compliance, y más de la mitad destinan a esta área menos de 10.000 euros.

Pese a esa dotación presupuestaria relativamente baja, el 70% de las empresas analizadas revisan por lo menos periódicamente sus riesgos. Alrededor de la mitad lo hace con carácter anual, pero todavía hay un 40% que no tiene una periodicidad fija para esas evaluaciones de su modelo de prevención de delitos.

Por último, las empresas españolas también presentan margen de mejora a la hora de brindar a sus empleados formación específica sobre ética, integridad y compliance. Una de cada cuatro no lo ha hecho nunca, si bien el 40% lo hace de forma ocasional y el 30% las realizada anualmente. Además, las que sí llevan a cabo este tipo de formaciones reciben una buena puntuación por parte de sus empleados –7,6 puntos sobre 10–, y, tras las mismas, el 31% de esas plantillas declara que sus organizaciones están muy preparadas para prevenir delitos.