El Plan Anual de Control Tributario 2020 combatirá la elusión fiscal y el fraude

31 enero, 2020

Durante este ejercicio, la Agencia Tributaria pondrá en marcha un Plan de Control que, entre otras novedades, aportará un nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en el ámbito de la fiscalidad internacional, un plan especial de control de bases imponibles negativas pendientes de compensar por las empresas -especialmente aquellas que están pendientes de compensación en años siguientes-, una serie de medidas para luchar contra la economía sumergida e impulsará el control temprano sobre nuevas entidades que puedan estar siendo controladas por contribuyentes con conductas reprochables en el pasado

El texto se ha publicado en el BOE de fecha 21 de enero de 2020.

Grandes empresas y patrimonios

Al tiempo que se realizan las habituales tareas de control sobre las multinacionales, grandes empresas y grupos fiscales, con especial atención a los nuevos modelos de negocio altamente digitalizados, se llevará a cabo la puesta en práctica de un nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en el ámbito de la fiscalidad internacional basado en todo el conjunto de información disponible sobre operaciones vinculadas (intragrupo) con el que actualmente cuenta la Agencia como consecuencia del proyecto BEPS (Erosión de Bases y Traslado de Beneficios) de la OCDE –intercambios automáticos de ciertas rentas y la información derivada del Informe País por País–.

La herramienta «permitirá un mejor análisis de riesgos», señala el departamento ministerial, a través de la elaboración de indicadores, índices y modelos, así como la identificación de pautas de comportamiento de alto riesgo fiscal cuyo examen se deberá beneficiar también de la información que reciba la Agencia sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva, o ‘DAC 6’.

En relación con el control de los grandes patrimonios, Hacienda volverá a ampliar el número de contribuyentes propuestos para inspección, en una selección enfocada a supuestos que presenten importantes rasgos de opacidad o deslocalización. Contarán con la coordinación de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, que también realizará actuaciones de investigación directa, así como la propuesta, impulso y seguimiento de nuevas líneas de selección de contribuyentes.

Ocultación de actividad

Seguirá potenciándose una estrategia «coordinada, continua e intensa» de lucha contra la ocultación de ingresos, con personaciones apoyadas por empleados del área de auditoría informática de la AEAT en las sedes donde se realiza la actividad económica y líneas de actuación contra los sistemas informáticos que permiten ocultar las ventas reales. De igual forma, se prestará atención específica al posible acceso a la información cruzada disponible en las plataformas de venta por internet de bienes y servicios, en relación con el proveedor inicial de los mismos.

A su vez, el contraste entre los datos declarados por los contribuyentes y la información recibida en la AEAT a través del sistema de Suministro Inmediato de Información, ha llevado a la definición de una línea específica de control en relación con supuestos de elusión del recargo de equivalencia en el IVA. La Agencia verificará que los minoristas estén correctamente censados en el régimen de recargo de equivalencia y exigirá a sus proveedores el ingreso del recargo si no lo han repercutido.

También en el ámbito de la lucha contra la economía sumergida, en 2020 se incorporarán nuevos colectivos con actividad económica, empresarial o profesional, como receptores de las cartas informativas con comparativas de ratios de actividad propios y de cada sector.

De igual forma, el control de las tramas de fraude en el IVA se verá reforzado con la puesta en disposición de una nueva herramienta diseñada a nivel europeo para la detección temprana de redes sospechosas.

Control de no declarantes

Por otra parte, en el presente año está prevista una potenciación del control de los contribuyentes no declarantes, tanto en lo referente al IRPF, anticipando los controles gracias a las fuentes de información interna e internacional, como en Sociedades e IVA gracias a la depuración censal.

También se intensificará el control de las rentas obtenidas por artistas y deportistas no residentes que realizan actividades en territorio español por las que obtienen rentas que en muchos casos deben tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Las rentas objeto de control no son únicamente aquellas percibidas por su actuación profesional en España, sino también otras estrechamente vinculadas con esa participación profesional en nuestro país.

Lucha contra el narcotráfico y el contrabando

En el ámbito de la lucha contra el tráfico de droga y otros ilícitos, destaca la creación de una estructura de Oficinas de Inteligencia Marítima.

También se reforzarán las acciones operativas y la vigilancia marítima en las áreas de mayor riesgo de introducción de ‘narcolanchas’ tras el incremento de infracciones y atestados por delito de contrabando que se ha producido el pasado año a partir de la prohibición y limitación de uso de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad.

Control en fase recaudatoria

Hacienda realizará una especial vigilancia patrimonial de los deudores condenados por delito fiscal o contrabando al objeto de detectar conductas de vaciamiento patrimonial y posibles insolvencias punibles, al tiempo que se seguirán impulsando las actuaciones de investigación para realizar derivaciones de responsabilidad y se reforzarán las visitas y personaciones de los funcionarios del Área de Recaudación.

Prevención

Junto al desarrollo de la estrategia ‘Right from the start’ orientada a facilitar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias por los contribuyentes que inician actividades económicas, como novedad en 2020 se impulsará un control temprano que permita detectar situaciones de riesgo censal en nuevos contribuyentes, vigilando especialmente aquellas entidades que puedan estar siendo controladas de manera efectiva por contribuyentes con conductas tributarias que fueron reprochables en el pasado, a efectos de prevenir posibles incumplimientos tributarios futuros.

España mejora 4 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019

24 enero, 2020

La 25 edición del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que ha hecho pública Transparencia Internacional (TI) con datos referidos a 2019 sitúa a España en la posición 30 entre los 180 países evaluados, junto con Portugal, Barbados y Qatar.

En el ámbito de la UE, nuestro país se ubica en el puesto número 13.

Y es que mientras que en 2018 España obtuvo 58/100 puntos, este año sube 4 puntos con un resultado de 62/100. Aún con todo, TI destaca que nos encontramos por debajo de Estonia, país al que superábamos en 2012 y que ha aumentado su puntuación de manera significativa en los últimos años.

Entre 2012 y 2018, la calificación de España cayó en 7 puntos. Con la mejora de este año, aunque sigue por debajo de la puntuación que tenía hace 7 años, la diferencia es menor: este año obtuvo 3 puntos menos que los que logró en 2012, cuando su puntuación fue de 65.

En su opinión, «una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y su competitividad».

El IPC 2019 mide exclusivamente la percepción de la corrupción en el sector público de 180 países y territorios, a los que se asigna una puntuación de 0 (corrupción elevada) a 100 (sin corrupción). De acuerdo con el análisis de los datos globales, más de dos tercios de los países estudiados han obtenido menos de 50 puntos, y la calificación media se sitúa en 43 puntos.

Fuente: TI

El mapa de la corrupción

En la primera posición del Índice se encuentran Dinamarca y Nueva Zelanda, con 87 puntos, seguidos por Finlandia, que este año obtuvo 86 puntos. Los últimos puestos son ocupados por Somalia, Sudán del Sur y Siria, con 9, 12 y 13 puntos sobre 100, respectivamente. En cuanto a las regiones, Europa Occidental y la Unión Europea tienen las mejores puntuaciones (66 puntos de media), y África es la que cuenta con la puntuación media más baja (32 puntos de media).

Desde 2012, solo 22 países han registrado mejoras significativas en sus puntuaciones. Entre ellos, se encuentran Estonia, Grecia y Guyana. Por el contrario, en 21 países, como Australia, Canadá y Nicaragua, las puntuaciones han empeorado de manera significativa.

Fuente: TI

A mayor regulación menor corrupción

A la vista de los resultados de esta edición del IPC, TI concluye que existe una relación directa entre dinero, política y corrupción. En consecuencia, los países que obtienen un buen resultado en el IPC cumplen altos estándares en sus respectivas regulaciones sobre la financiación de las campañas electorales, así como con procesos amplios y participativos de consultas.

Los países con las regulaciones más exhaustivas en financiación de los partidos políticos y campañas electorales y con mayor transparencia respecto de estos aspectos, tienen una puntuación media de 70 en el IPC. Por el contrario, los países donde las regulaciones no existen o su cumplimiento es deficiente obtienen una media de 34 y 35, respectivamente.

El 60% de los países que mejoraron significativamente sus puntuaciones en el IPC desde 2012 también fortalecieron sus regulaciones sobre las donaciones para campañas políticas.

Los países con procesos de consulta amplios y transparentes tienen una media de 61 puntos en el IPC. Y cuando existe poca o ninguna consulta, la puntuación media es de solo 32.

Una amplia mayoría de países que empeoraron significativamente sus puntuaciones en el IPC desde 2012 no impulsan la participación de los actores políticos, sociales y empresariales más importantes en los procesos de toma de decisiones.

¿En qué consiste la consulta pública lanzada por Europa sobre el marco regulatorio de los criptoactivos?

23 enero, 2020

Cuenta atrás para la regularización de los criptoactivos desde Europa. Hasta el 12 de marzo tendrán de plazo los ciudadanos y organizaciones europeas que estén interesados en contribuir a la consulta pública puesta en marcha por la Comisión Europea sobre la regulación de los criptoactivos en la que son «especialmente bienvenidas» las opiniones de los Estados miembros, las autoridades nacionales competentes, los participantes del mercado del sector de criptoactivos y del sector de servicios financieros, señala Bruselas en su presentación.

El cuestionario, que consta de 4 apartados, está disponible en inglés, alemán y francés aunque las respuestas pueden contestarse en cualquiera de los idiomas de los Estados miembros. En una parte más general, la consulta contiene una serie de preguntas destinadas a obtener comentarios y feedback sobre el uso que los ciudadanos de a pie hacen de los activos criptográficos. Los otros tres apartados están dirigidos principalmente a las autoridades públicas, el mercado financiero y el sector.

Así, la segunda parte busca hacer una clasificación de los criptoactivos recogiendo tanto los que ya están incluidos en la legislación de la UE (instrumentos financieros y dinero electrónico) como los que no. Precisamente, el tercer apartado se centra en estos último con el objetivo de determinar si se necesita un marco regulatorio para ellos. Las respuestas también ayudarán a identificar los principales riesgos que plantean. La última parte de la consulta ya se enfoca hacia una serie de cuestiones bien definidas relacionadas con elementos específicos de la legislación de la UE.

Promover las finanzas digitales

En lo que pretende ser un entorno más favorable a la innovación que mejore la resistencia operativa digital del sistema financiero, este nuevo marco regulatorio tiene como objetivo la profundización del Mercado Único para los servicios financieros digitales, la promoción de un sector financiero basado en datos en la UE, al tiempo que se abordan sus riesgos y se garantiza una igualdad de condiciones.

Y es que entre las directrices políticas para la nueva Comisión fijadas por su presidenta Ursula von der Leyen, «es crucial» que Europa capte todo el potencial de la era digital y fortalezca su industria y su capacidad de innovación, dentro de límites seguros y éticos. La digitalización y la tecnología están transformando significativamente el sistema financiero europeo y la forma en que proporciona sus servicios a las empresas y a los ciudadanos.

Casi dos años después de que la Comisión adoptara el ‘Plan de Acción Fintech’ en 2018, ya se han implementado en gran medida las acciones establecidas en él.

La tecnología blockchain en el sector financiero

En la introducción de la consulta, la Comisión recuerda que tiene «un interés político declarado y confirmado» en desarrollar y promover la adopción de esta tecnología en toda la UE. Blockchain es una tecnología transformadora junto con la Inteligencia Artificial, por ejemplo.

Como una de las principales aplicaciones de blockchain para las finanzas, los criptoactivos se definen para los fines de esta consulta como «un activo digital que puede depender de la criptografía y que existe en un libro mayor distribuido», es decir, el registro contable de todas y cada una de las transacciones que realiza una entidad dentro de una blockchain.

Desde el lanzamiento del bitcoin en 2009, se han emitido miles de activos criptográficos, con diferentes características y funciones. En una taxonomía básica de los criptoactivos se podrían diferenciar tres categorías principales: ‘tokens de pago’ que pueden servir como medio de intercambio o pago; ‘tokens de inversión’ que llevan aparejadas ciertas ganancias; y ‘tokens de utilidad’ que permiten el acceso a un producto o servicio específico.

Estamos ante un mercado donde se abren camino también diferentes actores, como los proveedores de billeteras que ofrecen el almacenamiento seguro de criptoactivos o plataformas comerciales que facilitan las transacciones entre los participantes.

La incursión de las «monedas estables»

Además ha surgido un subtipo de activos criptográficos denominado “stablecoins” o «monedas estables» que ya empieza a llamar la atención de público y reguladores de todo el mundo. Buscan introducirse entre los consumidores al incorporar características destinadas a estabilizar su «precio» (el valor al que los consumidores pueden intercambiar sus monedas). Como subraya un reciente informe del G78, si esas «monedas estables» fueran aceptadas por grandes redes de clientes y comerciantes, y por lo tanto alcanzaran una escala global, plantearían desafíos adicionales en términos de estabilidad financiera, transmisión de la política monetaria y soberanía monetaria.

¿Cómo se aplica un modelo de prevención basado en el riesgo?

17 enero, 2020

Según las directrices de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), para llevar a cabo una supervisión eficaz de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con un enfoque basado en el riesgo (modelo SER), las autoridades nacionales deberán tener en cuenta cuatro cuestiones fundamentales: la identificación de los factores de riesgo, la evaluación del riesgo, la supervisión, así como el control, revisión y seguimiento.

Esta supervisión con enfoque riesgo será un proceso continuo y cíclico.

La definición que las AES hacen del modelo SER se refiere a todo el conjunto de procedimientos, procesos, mecanismos y aspectos prácticos que permiten a las autoridades competentes ejercer sus facultades de supervisión de los sistemas de prevención de una manera proporcional a los riesgos de blanqueo identificados.

Visión global de los riesgos inherentes

Para identificar con qué factores de riesgo cuenta cada entidad, es decir, a qué potenciales conductas delictivas se enfrentan, los países aplicarán la proporcionalidad entre el alcance y el tipo de información requerida y la naturaleza y tamaño del negocio de las entidades. También juega un papel importante su perfil de riesgo determinado en función de evaluaciones anteriores, el contexto en el que opera la entidad y la naturaleza del sector financiero al que pertenece (entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, sociedades de inversión, entidades de pago, de dinero electrónico, oficinas de cambio, etc.).

Igualmente considerarán qué tipo de situación hará que se solicite información más exhaustiva.

El tipo y número de fuentes de información a las que recurrirán las autoridades para realizar la identificación variará en función del riesgo de las entidades sometidas a evaluación. En cualquier caso, se incluirá información de organismos sectoriales, como tipologías e información sobre riesgos emergentes; de la sociedad civil, como por ejemplo los índices de percepción de corrupción; de organismos reguladores internacionales; y fuentes de información públicas, como información periodística, entre otras.

Una vez entendidos por parte de las autoridades los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo identificados a nivel nacional es momento de concretar los factores que determinan esos riesgos. Las AES los diferencias entre internos, aquellos asociados a las actividades financieras internas de las entidades objeto de evaluación; externos, para los casos en que la entidad mantenga vínculos con otros Estados miembros o terceros países de manera que esté expuesta a riesgos asociados a estos otros países; y sectoriales.

Con una visión global de todos estos factores, las autoridades ya pueden proceder a realizar la evaluación. Así, se centrarán en el grado en el que esos factores afectan a las entidades y el grado en el que los sistemas y controles de prevención de que disponen son suficientes para mitigar de manera efectiva los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo inherentes a los que están expuestas.

Proporcionalidad

Al supervisar las entidades que se han evaluado, las autoridades deberán adoptar un enfoque proporcional de forma que el alcance de la información requerida, así como la frecuencia y la intensidad de la dedicación supervisora y del diálogo con una entidad deberán tener en cuenta la naturaleza y el tamaño de esta y ser proporcionales al riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo identificado.

Las AES advierten, además, de que el tamaño o la importancia sistémica de una entidad no son, por sí mismos, indicativos de su grado de exposición al riesgo. En este sentido, señalan que las entidades pequeñas que no son sistémicamente importantes pueden presentar un elevado riesgo.

Cooperación con otras autoridades

En el ámbito de su legislación nacional, las autoridades cooperarán e intercambiarán toda la información para asegurar que la supervisión de los sistemas de cumplimiento es eficaz. Y cuando las entidades objeto de evaluación operen a escala transfronteriza, dicha cooperación se extenderá a otros Estados miembros.

Las buenas prácticas en el tercer sector para evitar usos delictivos

10 enero, 2020

Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) son vulnerables al riesgo de abuso para actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. De ahí que para proteger su integridad y reputación frente a posibles usos delictivos deban analizar y valorar los riesgos intrínsecos de las diferentes actividades que desarrollan y enfocar y orientar sus controles en consecuencia. Las áreas o proyectos con riesgos objetivamente más altos centrarán las medidas preventivas.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo ya establece que «el personal con responsabilidades en la gestión de OSFL velará para que éstas no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o para canalizar fondos o recursos a las personas o entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas». Y determina que conservarán «durante al menos diez años» la identificación tanto de las personas que aporten o reciban a título gratuito fondos o recursos de la OFSL como de los titulares reales.

Pero además de su obligación normativa, hay una serie de recomendaciones publicadas por el Ministerio de Economía en torno a 3 cuestiones básicas de las OSFL: los órganos de gobierno, la planificación y seguimiento técnico de la actividad y la transparencia financiera.

Evitar la infiltración de criminales en los órganos de gobierno

Si tenemos en cuenta que el órgano de gobierno de estas organizaciones tiene un papel fundamental a la hora de cumplir su misión y establecer un funcionamiento honesto y transparente, la entidad debería contar con procedimientos que aseguraran la idoneidad ética y profesional de los miembros de su Junta Directiva, Patronato, así como en su caso Comités Ejecutivos u otros órganos delegados, otros puestos directivos o personas con responsabilidades (apoderados, directores de oficinas locales…).

El objetivo, como señala el documento ministerial es «evitar la infiltración de criminales».

En este sentido, se recomienda que cada entidad regule las facultades que corresponden a sus órganos de gobierno y representación, delimitando sus obligaciones y responsabilidades, así como el régimen de adopción de acuerdos. Por eso, sería interesante adoptar mecanismos que prevengan los conflictos de interés y las incompatibilidades en los miembros del órgano de gobierno.

Asimismo, el órgano de gobierno debería garantizar que cuenta con un mínimo de miembros suficiente para asegurar la correcta toma de decisiones. También es recomendable que se documenten los acuerdos adoptados en sus reuniones, que deberán celebrarse regularmente.

Planificar a qué se dedica la organización

Determinar claramente cuál es su objeto social, así como conocer quién es su colectivo de beneficiarios son dos factores determinantes para que una entidad minimice sus riesgos de utilización fraudulenta. Y si se establecen unos criterios de selección de proyectos que deberían ser aprobados por el órgano de gobierno, se evitará que se lleven a cabo actividades que no estén relacionadas con sus fines fundacionales.

El riesgo de desvío de fondos para la financiación del terrorismo u otras actividades criminales en zonas con presencia de grupos terroristas o crimen organizado, debería incluirse entre los factores a considerar a la hora de plantearse no acometer el proyecto. En caso de seguir adelante, sería conveniente reforzar el seguimiento y si es posible, hacer verificaciones adicionales in situ.

Es recomendable, además, que el órgano de gobierno apruebe un plan de actividades anuales.

Por lo que respecta a las contrapartes, la entidad debería tener preestablecidos unos criterios de selección, tomar medidas proactivas para verificar su honorabilidad y que no están infiltradas o relacionadas con actividades de blanqueo de capitales o terrorismo.

En caso de cuestaciones, el documento señala que habrá que informar a los potenciales donantes del destino previsto de los fondos y asegurarse de que se emplean con dicho fin. Posteriormente, debería informarse del detalle de las actividades realizadas con los fondos recibidos.

Asimismo, se indica como buena práctica contar con sistemas de seguimiento interno y control de las actividades que, aprobados por el órgano de gobierno, deberían ser capaces de confirmar que los proyectos se ejecutan, que los beneficiarios existen realmente, la recepción de los fondos, así como que se realizan las compras y gastos previstos.

Transparencia financiera

Para facilitar los controles en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las OSFL deberían formalizar procedimientos para que las donaciones o subvenciones que reciben y los fondos que trasladan a sus beneficiarios se realicen a través del sistema bancario. Se trata, en suma, de minimizar el uso de efectivo. Además, se recomienda mantener una cuenta bancaria diferenciada para cada proyecto, una cuestión que facilitará los controles de ejecución.

Previamente, el órgano de gobierno debería aprobar criterios para aceptar donaciones que, en el caso de empresas privadas y de donaciones individuales de mayor cuantía, es aconsejable tener en cuenta la información pública disponible acerca de la posible implicación de dichas empresas -incluidos sus titulares reales o cargos directivos-, en procedimientos delictivos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

El documento de buenas prácticas se refiere también a la idoneidad de que la entidad documente la imputación de los fondos recaudados a las actividades de cada año. Y a que se elabore un presupuesto de ingresos y gastos, con su posterior liquidación. Todo ello aprobado por el órgano de gobierno.

Además, se indica que se mantenga un presupuesto detallado de cada proyecto, con los ingresos recibidos para ese proyecto y los gastos, especificando la identidad de los beneficiarios, o cuando ello no sea posible, sus características.

Con todo ello se pretende que junto al seguimiento de ejecución técnica de cada proyecto haya una supervisión de la ejecución financiera y sus posibles desviaciones.