El GRECO avisa a España de que hay que aplicar las leyes anticorrupción

14 noviembre, 2019

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ha hecho público el Informe de su 5ª ronda de evaluación a España sobre la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en el gobierno y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El resumen de sus 19 recomendaciones es que hay que aplicar las leyes anticorrupción.

Este organismo dependiente del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo pide a España que desarrolle una estrategia global contra la corrupción y mejore su marco jurídico para prevenir la corrupción entre el personal con altas funciones ejecutivas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

El informe, que se presentó en el plenario de junio de 2019 junto con otro sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas a España en cuanto a la prevención de la corrupción con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales reconoce los progresos de nuestro país. Así, se refiere a que se han realizado «esfuerzos positivos» en los últimos años para adoptar y modificar las leyes y reglamentos anticorrupción.

Sin embargo, GRECO pide nuevos progresos ya que considera que existe un punto débil en la supervisión y la rendición de cuentas. «Actualmente existe una gran brecha entre la legislación y su aplicación en la práctica», señala.

En 2013, nuestro país puso en marcha una serie de reformas estructurales para promover la integridad en la vida pública en el marco del denominado ‘Plan de regeneración democrática’. Un año más tarde se inició en el Parlamento la tramitación de una proposición de Ley Integral contra la Corrupción y la Protección de Denunciantes aún pendiente, que prevé, entre otras cosas, la creación de una Autoridad Anticorrupción, así como disposiciones más estrictas en materia de transparencia financiera, ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese, actividades de los grupos de interés y sanciones.

Los altos cargos

El Informe recoge que la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado constituye «un esfuerzo notable» para modernizar la política de prevención de la corrupción para los altos cargos, recordando que sus disposiciones regulan la transparencia, la integridad y la prevención de conflictos de intereses, así como la responsabilidad en el cargo.

No obstante, según el órgano europeo, «queda trabajo por hacer en el control de su aplicación práctica, en particular en lo que se refiere a su régimen de asesoramiento, supervisión y ejecución».

Y recomienda realizar «mejoras decididas» en la transparencia y la prevención de conflictos de intereses para funcionarios de alto rango, incluidos asesores políticos, una categoría que actualmente «cae en una zona gris». También establece que la independencia, las competencias y los recursos de la Oficina de Conflictos de Interés y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deben mejorar significativamente.

Además, pide normas y procedimientos «más estrictos» para hacer frente a los riesgos de las denominadas ‘puertas giratorias’ cuando los funcionarios gubernamentales dejan sus funciones para trabajar en el sector privado. Asimismo, se debe revisar el aforamiento.

Protección al denunciante

El GRECO lamenta que en España aún no se haya adoptado «un marco holístico y efectivo» para la protección de los denunciantes. Y manifiesta que esta «delicada cuestión» también es crucial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por ejemplo en cuanto a los mecanismos de protección de la identidad física de los denunciantes que, según el Informe, deberían intensificarse sustancialmente para garantizar que se dé prioridad y se refuerce su confianza.

Finalmente, el organismo confía en que las 19 recomendaciones incluidas en su informe ayuden al gobierno español en su agenda anticorrupción. La aplicación de estas recomendaciones será evaluada en 2021.

Parlamento, jueces y fiscales

Por lo que respecta al Informe de cumplimiento en el que evalúan los progresos realizados en la aplicación de las 11 recomendaciones relativas a parlamentarios, jueces y fiscales emitidas en su informe de evaluación de 2013, GRECO concluye que, teniendo en cuenta los progresos logrados, el nivel de cumplimiento de España ya no es «globalmente insatisfactorio» y, por lo tanto, ya no está sujeto a su procedimiento de incumplimiento.

Así, del total de recomendaciones, nuestro país ha aplicado plenamente dos: la creación de un código de conducta de los jueces de fácil acceso para los ciudadanos, así como la extensión de la caducidad de los procedimientos disciplinarios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han pasado de 6 meses a un año.

Hay otras 8 medidas cumplidas parcialmente como las novedades destinadas a infundir una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial; o, a nivel parlamentario, la necesidad de que se adopte un código de conducta para diputados y senadores. El GRECO espera, además, que se modifique el sistema de nombramientos de vocales del CGPJ y de la cúpula del poder judicial.

 

¿Cómo es el blanqueo en el cine? The Laundromat: Dinero sucio

5 noviembre, 2019

La particularidad de la película ‘The Laundromat’ (La Lavandería) que ha estrenado la plataforma Netflix es que la trama no es una historia de ficción donde se incorporen prácticas delictivas del mundo real, sino que está basada nada menos que en el caso de los ‘Papeles de Panamá’ destapado en 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en el que se filtraron más de 11 millones de documentos del despacho panameño de abogados ‘Mossack y Fonseca’.

Los ‘Papeles de Panamá’ evidenciaron cómo los grandes patrimonios esconden su dinero en jurisdicciones de baja tributación -como se refiere la UE a los paraísos fiscales- ayudados por expertos en ingeniería fiscal.

Y aunque esta adaptación cinematográfica no ha sido bendecida por la crítica, lo cierto es que sí ha provocado una demanda judicial por supuesta difamación de los fundadores del despacho, Jürgen Mossack (interpretado por Gary Oldman ) y Ramón Fonseca (al que da vida Antonio Banderas) que quisieron paralizar el estreno.

En su escrito al tribunal denuncian que la cinta les presenta como «abogados despiadados e indiferentes, que están involucrados en el lavado de dinero, evasión de impuestos, sobornos y/u otras conductas criminales» y señalan también que supone «invasión de la privacidad», «publicidad falsa» y «violación de marcas».

Basada en el libro ‘Secrecy World’

‘The Laundromat’, una comedia negra dirigida por el estadounidense Steven Soderberg, el mismo que realizó la saga Ocean’s, está basada en el libro merecedor del premio Pulitzer ‘Secrecy World’, del periodista de investigación Jake Bernstein, en el que se describe cómo en paralelo al sistema financiero establecido fluye otro circuito donde se oculta el dinero y la identidad de las personas que se benefician de actividades delictivas, asesorados por «banqueros, abogados y auditores que pagan por mirar para otro lado».

Y para acercar esta historia tan compleja al espectador de una forma más humana y satírica, Soderbergh utiliza como recurso el personaje de la viuda Ellen Martin (Maryl Streep) que, a partir de un crucero vacacional en el que su marido pierde la vida en un accidente, se convierte en una supuesta víctima del entramado de sociedades pantalla en paraísos fiscales diseñado por el bufete de abogados.

Esta viuda no cejará en el empeño por descubrir quién está detrás de una póliza de seguros falsa que le impide cobrar la indemnización por la muerte de su marido. El final de la madeja, lo que ya conocemos: el mayor de los escándalos de ocultación de dinero de nuestros días orquestado desde ‘Mossack y Fonseca’.

La película finaliza con un alegato de Streep ya sin caracterización contra la elusión fiscal y la necesidad de que la comunidad internacional se comprometa a tomar medidas concretas para evitar que «el dinero se vaya en yates».

Criminalizar el blanqueo de capitales evita que el delito sea rentable, según el Supremo

4 noviembre, 2019

La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo presidida por el magistrado Manuel Marchena ha dictado una sentencia en la que destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta en una actividad rentable. Y advierte de que este delito, ejecutado a gran escala, puede menoscabar el sistema económico y afectar al buen funcionamiento del mercado, así como de los mecanismos financieros y bursátiles.

Tal como recoge el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado, el tribunal ha confirmado las penas que la Audiencia Provincial de Barcelona impuso en enero de 2018 a un matrimonio que, durante diez años, blanqueó con sucesivos y numerosos actos de ocultamiento cantidades de dinero obtenidas de su diversificada actividad criminal.

Se trata de Ricardo Mateo, líder de los “Casuals” desde los años 90, una facción de los Boixos Nois del Barça, y su mujer, Eva. El fue condenado a 4 años y medio de prisión y al pago de una multa de 1.300.000 euros, y ella porque era “perfecta conocedora” del “origen ilícito” del dinero a 3 años y 3 meses de prisión y multa de 1.000.000 de euros. La sentencia recurrida ordenó el decomiso de los bienes y del dinero blanqueados.

Los hechos probados en la sentencia ahora confirmada relatan la amplia actividad delictiva de Mateo conocido como ‘Luchó’, condenado por multitud de delitos, entre ellos tráfico de sustancias estupefacientes, robos violentos, extorsiones, etc. Unas actividades delictivas por las que la pareja obtuvo cantidades de dinero, que fue introducido en el mercado económico «con sucesivos y numerosos actos de ocultamiento».

Así, la sentencia detalla la constitución de sociedades, negocios deficitarios como una tienda de camisetas de estética neonazi que a modo de empresa instrumental pagaba “de forma fraudulenta” a Eva como empleada, compras de inmuebles, de joyas, de vehículos de alta gama, falsos premios de lotería, así como el ingreso de 247.000 euros en el mismo banco de Andorra que la familia Pujol.

La sentencia recurrida consideró probado que los acusados blanquearon 673.299 euros.

La Sala rechaza los recursos al considerar que los bienes investigados procedían de la amplia actividad delictiva del condenado y concluye que la prueba en la que se ha basado la Audiencia Provincial “no es que sea abundante, es abrumadora, y ha sido perfectamente analizada por la sentencia recurrida, en un ejercicio de motivación, que es irreprochable”.

Perseguir el blanqueo para que el delito no sea una actividad rentable

La sentencia, cuyo ponente es Julián Sánchez Melgar, destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para cerrar todos los circuitos del dinero, con objeto de evitar el aprovechamiento del delito.

Es el medio, según la Sala, por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal. La Ley pretende, con la criminalización de estas conductas, “que nunca el delito sea una actividad rentable”.

El tribunal considera que el delito de blanqueo es importante “porque el dinero es el flujo vital de los delincuentes y el medio por el que pueden ser aprehendidos, y en segundo lugar, porque mancilla nuestras instituciones financieras y corroe la confianza pública”.

El punto débil del delincuente

Los magistrados argumentan que criminalizar el blanqueo es muy útil porque permite la captura del delincuente, precisamente en función de sus flujos económicos, aspecto éste de gran trascendencia, y en donde está “el punto débil” de las redes delictivas. Y es también muy importante, añade la Sala, porque es muy útil para luchar contra las organizaciones criminales.

La Sala afirma que el bien jurídico que da autonomía al delito es el orden socioeconómico, y dentro de este, los intereses concretos susceptibles de ser tutelados materialmente por el sistema punitivo. Entre otros, el tribunal destaca “el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles”.

La sentencia explica que el blanqueo se vertebra en tres fases sucesivas y enlazadas: la colocación de los capitales en el mercado, la distracción para disimular su origen delictivo y por último la reintegración del dinero, ya blanqueado, que vuelve a su titular.

El tribunal incluye en su sentencia toda la doctrina que ha venido perfilando el Supremo en los últimos años sobre este delito, que no requiere la descripción detallada de la previa actividad delictiva, aunque esa actividad criminal debe concretarse mínimamente. Recuerda también la dificultad de la instrucción judicial para desentrañar los mecanismos de ocultación ideados por quien comete el blanqueo, para dar apariencia de normalidad negocial y actuar así como cobertura para camuflar las ganancias derivadas de actuaciones delictivas.