¿En qué consiste el Plan de Acción contra el blanqueo de los 28? Sus debilidades y fortalezas

22 octubre, 2019

El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) reunido en Luxemburgo la segunda semana de octubre debatió los avances en la aplicación del Plan de Acción contra el Blanqueo de Capitales que se estableció en diciembre de 2018. Este documento de medidas no legislativas a corto plazo también pedía a la Comisión que hiciese un examen ex post de los casos recientes de presunto lavado de activos con entidades de crédito europeas implicadas.

Es precisamente este punto el que centró los debates del ECOFIN.

Durante la reunión se revisaron, además, las prioridades estratégicas que guiarán las actuaciones de la Comisión a largo plazo. Este objetivo está en consonancia con la ‘Agenda Estratégica de la UE para 2019-2024’ del Consejo Europeo (documento EUCO 9/19), en la que se insta a mejorar la cooperación y el intercambio de información para combatir el terrorismo y la delincuencia transfronteriza.

Todo ello para que en diciembre de 2019 el Consejo adopte unas Conclusiones.

Y es que aunque en los últimos años el marco jurídico para luchar contra el blanqueo de capitales ha ido mejorando con normas concretas como la quinta Directiva Antiblanqueo, la quinta Directiva sobre Requisitos de Capital y la revisión de los Reglamentos constitutivos de las Autoridades Europeas de Supervisión, hay cuestiones que le restan eficacia como puso Bruselas en evidencia en sus cuatro informes de julio de 2019.

En definitiva, es un problema estructural en cuanto a la capacidad de la Unión para evitar que el sistema financiero se utilice con fines ilícitos.

Por ejemplo, entre estos problemas están las diferencias en la ejecución y la amplia discrecionalidad nacional a la hora de definir las obligaciones de los bancos y otras entidades obligadas; las divergencias en las funciones, competencias y atribuciones de las autoridades y organismos competentes; las diferencias en la naturaleza de las sanciones, su importe o su aplicación; la falta de claridad en materia de supervisión y de responsabilidades de supervisión de las actividades transfronterizas; la insuficiente cooperación entre los supervisores, los supervisores prudenciales, las UIF y las autoridades policiales, incluidos los de terceros países; así como el insuficiente apoyo a las UIF y la coordinación entre ellas.

«Luchar eficazmente contra la corrupción, el tráfico, la evasión fiscal o el terrorismo significa luchar eficazmente contra los flujos ilegales de dinero que financian estas actividades. Dado el carácter cada vez más transfronterizo de la delincuencia, la UE debe adaptar su marco reglamentario para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y la integridad de su sistema financiero», declaró Mika Lintilä, ministro de Hacienda de Finlandia, que actualmente ejerce la Presidencia del Consejo.

4 grandes interrogantes

En este sentido, y con el objetivo de preparar las conclusiones del Consejo, Lintilä remitió a las delegaciones una nota de análisis donde se incorporan cuatro grandes cuestiones para el análisis del ECOFIN: el alcance de las reformas futuras y si deberían limitarse al sector financiero o a alguno de sus subsectores como bancos, empresas de inversión, entidades de pago o aseguradoras; cómo corregir la ineficacia del actual marco normativo generada por las grandes diferencias en la ejecución nacional y en qué casos resultaría más provechosa una mayor armonización a través de un reglamento; cómo subsanar los problemas derivados de una supervisión inadecuada incluyendo el debate sobre la creación o no de un nuevo organismo de la UE; y cómo podría garantizarse una cooperación eficaz entre las distintas autoridades y organismos competentes de la UE, de los Estados miembros y de terceros países

Como respuesta, los ministros de los 28 recalcaron la importancia de aplicar la quinta revisión de la Directiva antiblanqueo, los nuevos requisitos de capital para los bancos (DRC5) y el Sistema Europeo de Supervisión Financiera revisado, así como de intensificar la cooperación y los intercambios de información entre autoridades competentes. También estudiaron la posibilidad de profundizar la armonización de las normas en materia de blanqueo de capitales, en particular transformando la Directiva antiblanqueo en un Reglamento y otorgando a un organismo de la UE tareas específicas de supervisión en este ámbito.

Terceros países de ‘alto riesgo’

También cambiaron impresiones sobre los principales elementos de la metodología revisada de la Comisión para la elaboración de una lista de ‘terceros países de alto riesgo’ en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Los nuevos elementos fundamentales de una metodología perfeccionada están relacionados con la interacción entre los procesos de inclusión en las listas de la UE y del GAFI, una mejor colaboración con los terceros países, y una consulta reforzada a los expertos de los Estados miembros.

El nuevo proyecto de lista de países adoptará la forma de un acto delegado.

Hay que recordar que la quinta Directiva, adoptada en mayo de 2018, establece la obligación de identificar jurisdicciones de terceros países que presentan deficiencias estratégicas que plantean amenazadas importantes para el sistema financiero de la UE.

Suiza libra la lista gris de paraísos fiscales de la UE y Emiratos Árabes sale de la lista negra

11 octubre, 2019

Desde el 10 de octubre de 2019, la lista de países y territorios no cooperadores como se refiere Bruselas a los paraísos fiscales queda compuesta por nueve jurisdicciones después de que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) haya retirado de ella a los Emiratos Árabes Unidos y a las Islas Marshall.

También ha concluido que Suiza, Albania, Costa Rica, Mauricio y Serbia dejan de ser paraísos fiscales. En este caso, libran la lista gris, una especie de limbo del que se sale cumpliendo los compromisos fijados por la UE en anteriores evaluaciones en materia de cooperación fiscal. Todos ellos, como indica el ECOFIN, han aplicado, antes del plazo establecido, todas las reformas necesarias para cumplir los principios de buena gobernanza fiscal de la UE.

Así, el mapa de territorios offshore reconocido por los 28 se queda con Belice, Fiji, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Omán, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

Mejoras en la política fiscal

Tanto los Emiratos Árabes Unidos como las Islas Marshall han aprobado las reformas necesarias para aplicar los compromisos que habían asumido a fin de mejorar, antes de que finalizara 2018, su marco de política fiscal mediante la introducción de requisitos de contenido económico.

En consecuencia, los emiratíes ya cumplen todos los compromisos en materia de cooperación fiscal y se retiran de la lista negra sin pasar al limbo de la gris.

Las Islas Marshall, por su parte, sí pasan a la lista gris, ya que los compromisos del país en relación con el intercambio de información previa solicitud siguen siendo objeto de seguimiento por el Grupo «Código de Conducta» del Consejo, a la espera de los resultados de la revisión del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE.

Criterios de transparencia fiscal

Además, los ministros europeos han examinado la situación de los países y territorios que no están en ninguna de las listas tras desaparecer el 30 de junio de 2019 una excepción que se les había concedido para cumplir con los criterios de transparencia fiscal. La excepción «dos de cada tres» establecía que los países que incumplieran únicamente uno de los tres subcriterios de transparencia fiscal no figurarían en la lista negra.

El ECOFIN ha llegado a la conclusión de que todos los países y territorios afectados cumplían los tres criterios de transparencia fiscal de la UE.

En particular, en lo referente a la situación de Estados Unidos, el Consejo ha convenido en que «su red de acuerdos de intercambio de información es lo suficientemente amplia para abarcar a todos los Estados miembros de la UE, permitiendo de forma efectiva tanto el intercambio de información previa solicitud como el intercambio automático de información en consonancia con las normas internacionales y las respectivas necesidades de ambas partes».

Compliance: la ética ya es el primer motivo para relevar a un CEO

10 octubre, 2019

El relevo de los CEOs al frente de las grandes empresas cotizadas del mundo alcanzó sus cifras más altas el año pasado. Además, por primera vez, el porcentaje de sustituciones de estos altos cargos como consecuencia de cuestiones éticas con un 39% supera al de aquellos que lo han sido como consecuencia de la evolución financiera de la compañía (35%) o de las presiones del consejo (13%).

Fuente: PwC.

Las causas de que esta banda de color amarillo de la tabla vaya ensanchando y haya pasado de un 8% en 2007 al 39% en 2018 habría que buscarlas en que existen mayores exigencias regulatorias y supervisoras y menos tolerancia hacia los problemas éticos dentro de las propias organizaciones. En la actualidad, al CEO de una compañía que se ve envuelta en un escándalo importante, se le suele despedir. Y es que junto a las posibles sanciones económicas está el riesgo reputacional para la organización.

Son datos que se recogen en el informe ‘Sucesión de los CEOs 2018’, elaborado por la consultora PwC en 2018, donde se señala que, en términos generales, fueron relevados el 17,5% de los primeros ejecutivos de las 2.500 empresas cotizadas más grandes del mundo, lo que representa 438 altos directivos.

Se trata del mayor porcentaje registrado desde 2000, año a partir del cual se realiza este estudio. La mayoría de estas sucesiones -el 68%- se hicieron de forma planificada, un 11% como consecuencia de operaciones de M&A y un 20% fueron no planificadas o imprevistas.

La tendencia ha cambiado y así lo demuestra también el dato de que en el año 2000, los CEOs tenían una permanencia en el cargo de 8 o más años y en la última década ha bajado a 5 años.

Cultura del cumplimiento y la ética

En los últimos años, los inversores, los gobiernos, los Consejos de Administración y los medios de comunicación exigen a los CEOs más responsabilidad en cuestiones éticas relacionadas con el fraude, la corrupción o la falta de transparencia, principalmente.

Y aunque en cifras absolutas es escaso el número de consejeros que ha perdido su posición por esta causa (18 en 2016, por ejemplo), lo cierto es que en los últimos 15 años el entorno en el que operan las empresas ha cambiado.

Según los expertos, detrás de ese cambio habría cinco elementos: el público se ha hecho más desconfiado, más crítico y menos indulgente respecto a las malas prácticas corporativas; la regulación en muchos países es más proactiva y sancionadora; cada vez hay más compañías presentes en mercados emergentes, donde los riesgos éticos son mayores; el auge de la comunicación digital está sometiendo a empresas y directivos a mayor exposición y riesgos que nunca; y, por último, el ciclo de las noticias 24 horas, siete días a la semana como altavoz para la información negativa en tiempo real.

El resultado de todos ellas es un mayor escrutinio acerca del comportamiento de los CEOs, una demanda creciente de sistemas judiciales más agiles y un menor margen de error para todos los involucrados.

De ahí la importancia de desarrollar una cultura del cumplimiento en las organizaciones que transmita un mensaje claro y sencillo sobre los comportamientos éticos. Los hechos han probado que es el escudo más eficaz para protegerse de este tipo de escándalos si mantienen controles de máxima calidad y crean una cultura corporativa.

2021 será la fecha límite para trasponer la nueva Directiva de protección de denunciantes de corrupción

9 octubre, 2019

Después que en abril de 2019, la Eurocámara consiguiera aprobarla in extremis antes de las elecciones de mayo y que, además, lo hiciera por una clamorosa mayoría de 591 votos a favor, con 29 en contra y 33 abstenciones, la directiva que protege la figura del denunciante de irregularidades ha recibido la luz verde del Consejo de ministros de la UE.

Una vez se publique en el Diario Oficial de la UE, la nueva norma entrará en vigor a los 20 días y los Estados miembros dispondrán hasta el 2021 para transponerla y hacerla ley nacional.

Con ello, es de esperar que dejen de perderse entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales de beneficios potenciales en todo el territorio europeo. Y esto solo en el ámbito de la contratación pública. En eso cifra la Comisión Europea lo que supone la falta de protección de los denunciantes o ‘whistleblowers’, según recoge en un estudio realizado en 2017.

Y aunque sea el sector de la contratación pública el de mayor concentración, las irregularidades o prácticas corruptas se extienden a otros como los servicios financieros, el blanqueo de capitales, la seguridad de los productos y de los transportes, la seguridad nuclear, la salud pública, el consumo o la protección de datos. Es decir, que la nueva norma tendrá un ámbito de aplicación amplio que garantice un nivel elevado de protección a quienes denuncien sea cual sea el tipo de conducta delictiva.

Para ello, la directiva aprobada exigirá que se establezcan cauces seguros para poder denunciar infracciones tanto dentro de una organización –privada o pública– como a las autoridades públicas. Además, brindarán a los denunciantes un elevado nivel de protección contra las represalias y exigirán a las autoridades nacionales que informen debidamente a los ciudadanos y formen a los funcionarios sobre el modo de proceder ante las denuncias.

Cauces de denuncia internos y externos

Las empresas con más de cincuenta trabajadores y los municipios de más de 10.000 habitantes tendrán la obligación de establecer cauces de denuncia efectivos y eficaces, de forma que el denunciante contará tanto con cauces internos como externos a pesar de que el texto establece una jerarquía y anima a utilizar en primer lugar los de su organización «lo que contribuirá a desarrollar una cultura empresarial sana», señala.

En cualquier caso, los denunciantes no quedarán sin protección si deciden recurrir directamente a los cauces externos que los poderes públicos están obligados a establecer.

Amplia protección

La directiva brinda protección a numerosas categorías de personas: por ejemplo, a aquellas que pueden tener acceso a información sobre infracciones cometidas en un contexto laboral, como empleados –incluidos los funcionarios de la administración nacional o local–, voluntarios y trabajadores en prácticas, miembros no ejecutivos, accionistas, etc.

Y ofrece, además, salvaguardias para proteger de represalias –como la suspensión, la degradación o la intimidación– a los denunciantes. También están protegidas las personas que presten asistencia a los denunciantes, como sus compañeros de trabajo o sus familias.

El nuevo texto incluye también una lista de todas las medidas de apoyo que se establecerán a favor de los denunciantes.

Finalmente, se establece la obligación de dar respuesta al denunciante y tramitar su denuncia en el plazo de tres meses (con la posibilidad, en casos debidamente justificados, de prorrogarlo hasta seis meses para los cauces externos).

La operación del mes: estafa de la EMT de València. ¿Había cultura de cumplimiento?

9 octubre, 2019

Los hechos sufridos por la Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) son el contraejemplo de un caso de éxito. Todo funcionó como no hubiera tenido que funcionar con independencia de que los delincuentes tuvieran mayor o menor destreza a la hora de poner en marcha una estafa que ha costado a la empresa 4,4 millones de euros.

Desde 2015, con la introducción del artículo 31 bis en el Código Penal, las empresas han pasado a tener responsabilidad penal y la atenuación de la pena por conductas delictivas solo es posible con un modelo de prevención de delitos que incluya vigilancia, en mayúsculas, y una cultura de cumplimiento. Y es que los programas de compliance están para que una empresa desarrolle su actividad y sus negocios dentro de la legalidad y la normativa vigente.

En el caso de la EMT, la cuestión está en determinar si sus responsables hicieron los deberes para que las operaciones financieras de esta entidad se han hecho como tocan, según la normativa vigente y con la diligencia debida.

La estafa

El 24 de septiembre, la Policía Nacional recibía una denuncia por parte de la empresa tras detectar un agujero de más de 4 millones de euros como consecuencia de haber realizado ocho transferencias a una cuenta de Bank of China con sede en Hong Kong  desde una de sus cuentas bancarias.

El 27 de septiembre, se despedía a la jefa de Administración por su implicación con estas transferencias de dinero y «haber incumplido su deber de custodiar información sensible», como señaló el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi.

Esta empleada habría sido víctima de una estafa que la llevó a participar del fraude que se inició con la recepción de un correo electrónico falsificado. El autor del mail era, supuestamente, el presidente de la empresa y el propósito, realizar una operación económica con una empresa china.

Lo siguiente fueron contactos telefónicos con un supuesto intermediario que le solicitó documentación para llevar a cabo la operación. Entre esa documentación estaban las firmas y los DNI escaneados del gerente y la responsable de Gestión de la empresa, apoderados de la cuenta bancaria. Los estafadores colocaron esas firmas en un correo electrónico que enviaron a la empleada autorizando las órdenes de pago y que ella envió al banco.

Tal y como señala Grezzi, «en ningún momento la extrabajadora puso en conocimiento de ningún superior todos estos hechos».

La EMT se puso en contacto con la entidad bancaria para pedirle el bloqueo de las transferencias y presentó una denuncia de forma telemática ante la Policía de Hong Kong para que siga el rastro del dinero.

Fuente: Las Provincias

El hecho está siendo investigado judicialmente sin que todavía haya trascendido si se considera un ciberataque o un delito tradicional. Sí se sabe de la existencia de varios informes alertando de la falta de control en los movimientos bancarios.

Que finalmente la EMT sea imputada o no podría depender de que tenga un modelo integral y transversal para cubrir sus responsabilidades penales como persona jurídica. Además, en caso de ser condenada, el Código Penal establece penas que contemplan hasta la disolución de las empresas investigadas si antes no han redactado protocolos que busquen acabar con la corrupción, pública o entre particulares.