MONEYVAL llama a los Estados a tomar medidas adecuadas para combatir el ‘dinero sucio’

25 septiembre, 2019

El órgano de control para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa, MONEYVAL, ha publicado su Informe Anual correspondiente a 2018 en el que, como titular, hace un llamamiento a los Estados miembros a que pongan en marcha medidas rápidas y adecuadas contra el ‘dinero sucio’ ante el incremento del riesgo de que se produzca este tipo de conducta delictiva.

Tras evaluar activamente a 24 de sus 34 Estados y jurisdicciones, el Informe que se ha conocido públicamente el 25 de septiembre afirma que el impacto de la delincuencia económica, los grupos delictivos organizados y el terrorismo «continuaron percibiéndose en Europa» durante el año pasado. De ahí, que la presidenta de MONEYVAL, la polaca Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, pida con urgencia que, dentro y fuera de Europa, se apliquen «medidas firmes» contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Entre sus recomendaciones, destaca también «aumentar la sensibilidad y eficacia de los fiscales y jueces en la represión del blanqueo de dinero, asociado a los delitos por financiación del terrorismo». Y aconseja «intensificar los esfuerzos para combatir las operaciones financieras ligadas a la esclavitud, el tráfico de personas y el trabajo forzado».

Otra de las prioridades para este órgano es hacer frente a las consecuencias negativas del denominado «de-risking« o eliminación del riesgo, un fenómeno por el que en los últimos años muchos bancos internacionales han roto sus relaciones comerciales con bancos extranjeros para evitar riesgos -en vez de gestionarlo- de posible blanqueo y financiación del terrorismo, lo que precisamente ha provocado un aumento de ese riesgo en algunos países.

El Informe incluye también referencias al escándalo del Danske Bank, el mayor banco de Dinamarca, y que «involucró supuestamente a instituciones financieras por una suma estimada de 200.000 millones de euros».

Moneyval realiza exámenes a 28 Estados del Consejo de Europa. También a Israel, la Santa Sede y los territorios británicos de ultramar de Jersey, Guernesey, Isla de Man y Gibraltar. Durante el año pasado hizo cuatro visitas de evaluación y cuatro de formación. Además, aprobó cuatro informes de su quinta ronda de evaluación, que examina las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Actividades por Estados/Territorios durante 2018

Fuente: MONEYVAL

 

La historia interminable de los paraísos fiscales

12 septiembre, 2019

«Vastas sumas de dinero, que podrían usarse para mejorar la vida de la gente son depositadas en paraísos fiscales o perdidas debido a la corrupción». Con esta afirmación arranca el número correspondiente a septiembre de la revista del Fondo Monetario Internacional (FMI) dedicada a los rincones ocultos de la economía mundial.

Y es que si para algo ha servido la crisis económica del 2008 ha sido para rebajar el nivel de tolerancia de ciertas instancias hacia los paraísos fiscales. Hace una década su expansión no parecía tener freno por parte de los gobiernos hasta que dejaron de salirles las cuentas. Ahora, sin embargo, tras los ‘Papeles de Panamá’ y las filtraciones de Luxemburgo han pasado de percibirse como exóticas atracciones secundarias de la economía mundial reservadas a famosos adinerados y grandes entidades a verse como un grave peligro que perjudica en igual medida a las naciones remitentes de miles de millones de divisas y a las destinatarias de esos fondos.

Este es el nuevo enfoque en el que trabaja el FMI que sugiere que los flujos financieros atraídos a los paraísos fiscales no benefician a los países receptores sino a grupos de interés de esas jurisdicciones.

Se estima que el coste de los paraísos fiscales, medido como pérdida de recaudación del impuesto sobre sociedades, oscila entre los 500.000 a 600.000 millones de dólares anuales. De esa recaudación perdida, 200.000 millones corresponden a economías de bajo ingreso, con un impacto como porcentaje del PIB más fuerte que en las economías avanzadas. Todo un agujero si tenemos en cuenta que la asistencia para el desarrollo que reciben del exterior se cifra en 150.000 millones de euros.

A estas pérdidas habría que sumar lo que se deja de recaudar por el impuesto sobre la renta personal porque no pensemos que solo se benefician las empresas. Se cree que el montante económico que personas físicas tienen en paraísos fiscales podría ascender a 36 billones de dólares, lo que se traduce en unas pérdidas de 200.000 millones de dólares anuales.

Sin embargo, como señalan los expertos, el sistema offshore sigue creciendo y enquistándose con la connivencia de poderosos, multinacionales con cientos de subsidiarias en otros países e instituciones. El dinero continúa fugándose de los países pobres a los ricos. De ahí que las jurisdicciones ricas encabecen las listas de estos territorios offshore. Véase el ejemplo en que los tres primeros puestos del Índice de paraísos fiscales corporativos de la Red para la Justicia Fiscal corresponden a las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda y las Islas Caimán, territorios británicos de ultramar.

Como explica el analista Nicholas Shaxson «cuando una jurisdicción encuentra una laguna fiscal o diseña un mecanismo de secreto financiero que logra atraer dinero móvil, otros la copian o superan en una competencia nociva».

La presión de la OCDE

Este organismo que fija las normas sobre impuestos internacionales puso en marcha dos proyectos tras la crisis con los que intentar neutralizar los «fines nefastos» de los paraísos fiscales. Uno es el Estándar de intercambio automático de información entre países que ayuda a las autoridades fiscales a identificar los activos de contribuyentes en el exterior.

Y a pesar de algún vacío, como por ejemplo, que permitiría que personas con determinados pasaportes declaren ser residentes en un paraíso fiscal en vez del país en el que viven, según destaca Shaxson, los resultados de julio de 2019 estiman que 90 países habían compartido información sobre 47 millones de cuentas valoradas en 4,9 billones de euros, que los depósitos en paraísos fiscales se habían reducido en un 20%–25%, y que las declaraciones voluntarias previas a la implementación del estándar habían generado 95.000 millones de euros de recaudación tributaria adicional para miembros de la OCDE y del Grupo de los Veinte, que incluye a las principales economías de mercados emergentes.

El segundo proyecto fue el BEPS (erosión de la base imponible y traslado de ganancias) que, aunque parece que mejoró la transparencia de las multinacionales, la propia OCDE lo habría considerado «un fracaso» sobre todo en lo que se refiere a la economía digitalizada.

Los datos de la corrupción en España

10 septiembre, 2019

La delincuencia económica, necesariamente vinculada al crimen organizado, la delincuencia transnacional o el blanqueo de capitales a gran escala, continúan siendo uno de los focos de mayor atención de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. De hecho, la criminalidad organizada es uno de sus principales retos, a la vista de la complejidad y gravedad de estas conductas delictivas.

De hecho, en 2018 se presentaron algunas importantes acusaciones contra complejas organizaciones criminales que, «al socaire de las ventajas que les ofrece la globalización, utilizan con maestría los circuitos por los que transitan sus beneficios, sirviéndose de los más sofisticados mecanismos para lo que cuentan con asesoramiento experto legal y financiero, principal o únicamente dirigido a la ocultación de los productos del crimen frente a la actuación del Estado».

Son datos recogidos en la Memoria de la Fiscalía 2018 presentados por la fiscal General del Estado, María José Segarra, en la Apertura del Año Judicial el 9 de septiembre en la sede del Tribunal Supremo.

La Memoria recoge que durante el año 2018 los procedimientos judiciales en trámite relacionados con corrupción ascendieron a 678, lo que representa un incremento del 11,3% con respecto al 2017 año en el que hubo 609 procedimientos.

No obstante, este porcentaje no representa un aumento real de la delincuencia en los ámbitos de la corrupción y la criminalidad organizada sino que se han abierto piezas separadas con las que se pretende «simplificar y agilizar» unas investigaciones en las que, en muchas ocasiones, se conectan la delincuencia económica, la criminalidad organizada y la corrupción política.

Segarra se refirió al incremento de actividad de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada «como muestra de su compromiso» en esta materia. Y apostó por una reforma en profundidad de la legislación sobre protección de denunciantes y testigos, que amplíe los supuestos para su aplicación, concrete las medidas que garanticen su indemnidad y centralice su gestión.

También pidió reformas para exigir responsabilidad al Tribunal de Cuentas para mejorar el control en el mal uso del dinero público.

En cuanto a los procesos penales nuevos, la Fiscalía Especial incoó 89 procedimientos durante 2018. De ese total, 55 provienen de la separación de causas penales ya existentes. En ese sentido, la cifra real de nuevos procedimientos asciende a 34, en comparación con los 49 de 2017.

Por otro lado, durante 2018 se formularon 41 Escritos de Acusación, 5 menos que en 2017. Los delitos por los que se formuló acusación con más frecuencia son los siguientes, de los que suelen además coincidir varios en un mismo caso:

  • Cohecho: 75
  • Malversación de caudales públicos: 32
  • Prevaricación administrativa: 31
  • Delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y contrabando: 25
  • Fraude contra la Administración: 24
  • Blanqueo de capitales: 18
  • Crimen organizado: 15
  • Defraudaciones: 8

Asimismo, se dictaron 28 sentencias en primera instancia en causas judiciales en las que ha intervenido la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. De ese total, 23 han sido condenatorias y 5 absolutorias. En 2017 se dictaron 34 sentencias.

La Memoria también recoge la cifra de las Comisiones Rogatorias Pasivas que «ha mantenido la tónica de los últimos años»: 24 en 2015, 25 en 2016, 35 en 2017 y 30 en el 2018.

Su procedencia es principalmente de países europeos, concretamente Rusia, Ucrania, Suiza, Italia, Portugal, Liechtenstein, Polonia y Reino Unido, y otras nacionalidades Brasil, México, Perú, Argentina, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Ecuador y Argelia.

La mayor parte viene referida a delitos de blanqueo de capitales (10), crimen organizado (4), corrupción (5), y cohecho (4).

De las 30 comisiones rogatorias, las cumplimentadas durante el mismo ejercicio 2018 ascienden a 20.

Se prorroga hasta fin de año la inscripción de los abogados en el registro de prestadores de servicios a sociedades

5 septiembre, 2019

Una vez que el 4 de septiembre de 2018 entró en vigor el Real Decreto Ley que trasponía la Cuarta Directiva antiblanqueo, los abogados y otros profesionales que prestan servicios de asesoramiento a empresas quedaron obligados a darse de alta en el Registro Mercantil y rendir cuentas. Era la principal novedad que recogía la modificación de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010 referida al Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.

El plazo para cumplir con esta nueva obligación de declarar se estableció en un año con lo que la inscripción en el Registro debería haberse iniciado el 4 de septiembre de 2019. Además, el depósito de cuentas se fija dentro de los 3 primeros meses de cada año.

Sin embargo, llegado este día sin un formulario digital que se tramitara telemáticamente impidió la inscripción de estos profesionales y, en consecuencia, obligó a ampliar el plazo para hacerlo hasta el 31 de diciembre.

La Dirección General de los Registros y del Notariado dependiente del Ministerio de Justicia dictó una Instrucción con fecha 30 de agosto para regular esta prórroga publicada en el BOE del 4 de septiembre. Y es que la falta de inscripción y de depósito puede llevar aparejada una sanción de hasta 60.000 euros ya que tendrán la consideración de infracción leve.

Esta nueva obligación afecta tanto a personas físicas como jurídicas que de forma empresarial o profesional prestan servicios o asesoría a sociedades, ejercen funciones de dirección o de secretarios en consejos de administración, así como que sean socios de una asociación.

También vincula a aquellos profesionales que ejercen funciones de fiduciario en un trust o instrumentos jurídicos similares y de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea. Disponer que otra persona ejerza estos mismos cometidos obliga igualmente al registro.

¿Cómo es la inscripción?

Las personas físicas empresarios o personas jurídicas se inscribirán conforme a lo previsto en el Reglamento del Registro Mercantil. Y en el caso de personas físicas profesionales, la inscripción se hará de forma telemática a través del formulario preestablecido aprobado por el Ministerio de Justicia.

Cuando se produzca un cambio de administradores, así como cualquier modificación del contrato social, las personas jurídicas deberán acudir igualmente al Registro Mercantil para su inscripción.

La norma prevé asimismo que los sujetos obligados que ya estén inscritos tendrán un año de plazo para presentar en el registro una manifestación de estar sometidas a las normas establecidas en esta ley.

Además deberán presentar una manifestación de quienes sean sus titulares reales.

Depósito de cuentas anuales

Según la modificación, las personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios a sociedades estarán sujetas a la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, tal y como se recoge en los artículos 279 a 284 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El depósito se realizará dentro de los 3 primeros meses de cada año.

Se excluyen de esta obligación a los prestadores de servicios a sociedades que sean personas físicas profesionales.

Junto con el depósito de sus cuentas anuales, se incluirá un documento adicional en el que se describan los tipos de servicios prestados y el volumen facturado por ellos en el ejercicio actual y en el anterior, el número de operaciones realizadas, el ámbito territorial donde opera, si se presta este tipo de servicios a no residentes y concretar el ejercicio de que se trate, así como el titular real si existe modificación con respecto del que ya conste en el Registro.